Transformaciones Económicas en la España del Siglo XIX
La economía de algunos países de Europa se transformó profundamente en el siglo XIX: la industria desplazó a la agricultura, y la producción y el intercambio de bienes crecieron de forma espectacular. La mecanización y el uso de energía cambiaron las formas de producción y se consolidó la propiedad privada. Todo ello transformó la estructura económica y la organización de la sociedad.
España conoció importantes transformaciones en su economía, pero no se industrializó plenamente. A finales del siglo XIX, mantenía una economía predominantemente agraria, con un sector industrial limitado y poco capaz de competir en el mercado exterior. El mercado interior no demandaba productos industriales y se autoabastecía; existía una fuerte dependencia tecnológica del extranjero, con duras crisis agrícolas y una escasa aportación de capitales nacionales.
Se distinguen dos etapas:
- Hasta 1840: economía estancada (destrucción durante guerras, tensiones políticas y elevado déficit público).
- Desde 1840: lento crecimiento.
Desamortización y Cambios Agrarios
En el Antiguo Régimen, la compra y venta de tierras era muy limitada, ya que gran parte eran tierras inalienables: manos muertas de la Iglesia o de los municipios, o vinculación a mayorazgos, además de tener limitados los derechos sobre ellas. Así, se impondrá una reforma de la estructura agraria para poner la tierra en manos de propietarios con libertad para comprar, vender, arrendar y cultivar sin trabas feudales, para obtener más productividad y rentabilidad.
Uno de los principales objetivos de la revolución liberal fue precisamente la liberalización del mercado de la tierra. Para ello era necesario adoptar tres medidas de gran trascendencia: la abolición del régimen señorial, la desvinculación de los mayorazgos y la desamortización de las tierras de la Iglesia y de los municipios.
La desamortización supone la incautación estatal de bienes raíces de propiedad colectiva, eclesiástica o civil, que tras ser nacionalizados se ponen a la venta por subasta, pasando a una propiedad nueva, privada, con plena libertad de uso.
Los primeros inicios se habían dado ya en el siglo XVIII, con las críticas de Carlos III a la amortización de bienes raíces, y durante la Guerra de la Independencia, así como en el Trienio Liberal, pero sólo se culminaron a partir de 1837.
Abolición del Régimen Señorial
La ley de 26 de agosto de 1837 determinó la abolición definitiva de los señoríos, como instituciones típicamente feudales. En la práctica, esto supuso que la mayoría de las tierras de los señoríos se convirtieran en propiedad plena de los antiguos señores. En consecuencia, la antigua nobleza no sólo no perdió sus tierras, sino que incluso aumentó sus propiedades al adueñarse de tierras sobre las cuales no tenía derechos claros en el Antiguo Régimen.
Desvinculación de los Mayorazgos
No llegó a plantearse en las Cortes de Cádiz, pero sí en el Trienio Liberal (Ley de 1820), aunque se derogó tras la restauración del absolutismo. En 1836 se restableció dicha ley, por la cual se suprimían los mayorazgos, con lo que las propiedades inalienables vinculadas a ellos se convirtieron en propiedades plenas y libres en poder del titular de la familia o linaje, quien a partir de entonces las podría vender, donar, dividir o, incluso, perder si las embargaban por deudas.
Las Desamortizaciones
El objetivo era que las tierras amortizadas se pusieran a la venta para convertirse en propiedades individuales y libres. Para ello, en 1835 se disolvieron las órdenes religiosas y sus fincas se declararon propiedad del Estado. El proceso de desamortización fue largo y se desarrolló en dos fases, ya en el reinado de Isabel II, a cada una de las cuales se denomina con el nombre del ministro que las puso en marcha: la desamortización de Mendizábal y la de Madoz.
Desamortización Eclesiástica de Mendizábal (1837)
Se desarrolló en una etapa de gobierno progresista, con Mendizábal en la cartera de Hacienda. Consistió en la venta por subasta de tierras expropiadas a la Iglesia. Los objetivos eran:
- Sanear la Hacienda. Parte del pago se podía efectuar con títulos de deuda pública.
- Financiar la guerra civil contra los carlistas.
- Convertir a los compradores en adeptos para la causa liberal, que necesitaba apoyo social frente a la amenaza carlista.
Resultados: se amortizó el 60% de las propiedades de la Iglesia, y los burgueses acapararon las compras de tierras.
Desamortización General de Madoz (1855)
Coincidió con un nuevo gobierno progresista. Incluyó las tierras de la Iglesia que aún no se habían vendido, más las tierras de los municipios. Los objetivos de esta nueva desamortización fueron distintos:
- Amortizar la deuda pública, en lo que coincidía con la anterior.
- Modernizar la economía, destinando parte de los ingresos obtenidos en la construcción de las infraestructuras necesarias de ferrocarriles, canales y obras públicas.
Consecuencias:
- Sociales: Los mayores beneficiados fueron las clases adineradas, el clero pasó a depender del Estado, la gran nobleza no perdió su base económica, la alta burguesía se convirtió en terrateniente, los municipios perdieron sus propiedades y los más perjudicados fueron los campesinos, que en muchos casos perdieron sus arriendos, y proliferaron los jornaleros.
- Económicas: Aumentó el latifundismo y, aun cuando aumentó la superficie de tierras puestas en cultivo, no lo hizo en los niveles esperados.
Expansión Agraria del Siglo XIX
Se produjo un aumento en la producción de cereales. Ante los cereales extranjeros más baratos, se optó por una política proteccionista. Tuvo lugar una lenta integración de los mercados. Se desarrolló una agricultura de exportación, sobre todo en vinos de calidad, pero también de aceite, cítricos y carne de vacuno.
Todo ello permitió un incremento de la superficie dedicada a cereal, viñedo, olivar y cultivos mediterráneos, disminuyendo los barbechos y eriales. Provocó una transformación de la ganadería.
El fin de siglo supuso una profunda crisis agrícola: a la eliminación de parte de las exportaciones (productos de otros países más baratos), se unieron las importaciones de productos agrícolas baratos, lo que supuso el abandono de tierras, el ascenso del paro y la caída de la producción y el consumo. La respuesta fue más proteccionismo y altos aranceles. Esta crisis se hizo extensiva a los cultivos mediterráneos y al sector ganadero.
Peculiaridades de la Incorporación de España a la Revolución Industrial
Las razones de que en España no se desarrollase un proceso de plena industrialización en el siglo XIX fueron diversas:
- La posición geográfica de España, excéntrica y periférica, que implicaba costes de transporte más elevados con los países europeos.
- Atraso agrario y la escasa capacidad de compra de la inmensa mayoría de la población española. Con unos ingresos escasos, los campesinos empleaban una parte muy elevada de su salario en la compra de alimentos, quedando poca disponibilidad salarial para la adquisición de productos manufacturados. Por ello, la industria tenía escasa demanda y pocos incentivos para aumentar la producción.
- Capitales absorbidos por la Hacienda. La existencia de una deuda pública a elevado interés absorbió mucho capital. Sin duda, la mayor rentabilidad y el menor riesgo de la deuda desincentivó la inversión industrial. Así, hubo que recurrir al capital extranjero para la inversión en ferrocarriles, minería e incluso deuda. A esto se suma la tardía consolidación de la Banca en España.
- Desfavorable dotación de energía y de materias primas fundamentales para el desarrollo industrial. En España, las minas de carbón eran abundantes, pero el producto era de mala calidad y de bajo poder calorífico. El mineral de hierro de los yacimientos de Vizcaya no fue apto para la producción de acero antes de la difusión del convertidor Bessemer (1855). Además, el agua es un recurso escaso y estacional en gran parte del país.
- La desestabilización política. La inversión, origen de la producción y del empleo, requiere estabilidad política, mientras que en España la tónica fueron las guerras, los pronunciamientos, los cambios de constitución e incluso de régimen político.
Modernización de las Infraestructuras: El Impacto del Ferrocarril
Ya hemos comentado los cambios producidos en agricultura y ganadería durante el siglo XIX y cómo, a pesar de los cambios, España seguía siendo un país agrario.
La industria presenta dos regiones (País Vasco y Cataluña) y tres sectores: el textil, la siderurgia y la minería.
- La industria textil algodonera catalana vio triplicada su producción entre los años 1830 y 1840. En la década siguiente empieza a utilizarse el vapor. A partir de 1861, la industria textil algodonera de Cataluña se sitúa a la cabeza de España. Desde Cataluña se pedirán medidas proteccionistas para salvaguardar su industria.
- La industria siderometalúrgica presenta tres etapas:
- Hegemonía andaluza (1830-1861): en Marbella funcionaron los primeros Altos Hornos que explotaban el hierro de la zona utilizando carbón vegetal.
- Hegemonía asturiana (1861-1879): utilizan el carbón mineral de la región, más energético y barato.
- Hegemonía vasca (1880-1890): Bilbao, gracias a la abundancia de mineral de hierro de buena calidad, importa carbón coke inglés y exporta hierro de excelente calidad.
- En minería, España disfruta de una posición privilegiada en metales: plomo, mercurio, hierro y cobre. En 1868, el Estado desamortiza las minas, que vende a particulares a cambio de una renta anual. Esto atrae a numerosas empresas extranjeras que, en la etapa 1868-1900, convierten a España en el primer exportador de metal.
El ferrocarril marcará la pauta del progreso económico del siglo XIX, dado el efecto dinamizador sobre la economía, tanto por la producción como por la ampliación y unificación de mercados que conlleva. La ausencia de capital y tecnologías propias facilitará la presencia de capital y empresas extranjeras, con licencias para su construcción y explotación. Solamente en el País Vasco y en Cataluña, la burguesía local realiza inversiones para la creación de una infraestructura comarcal de vías.
Los primeros proyectos se producen en el Sur, entre 1829 y 1833. En 1844 se regula el tendido general de la red ferroviaria.
Primera fase: construcción de segmentos. Primer trayecto: Mataró-Barcelona, inaugurado en 1848, al que sigue, en 1851, entre Madrid y Aranjuez. En 1855 se construye el tramo Gijón-Sama de Langreo.
Segunda fase: Planes nacionales. La ley de ferrocarriles de 1855 permite el crecimiento de las compañías ferroviarias. La configuración de la red, que se produce sobre el esquema existente de carreteras, representa un modelo radial, con Madrid como centro. En 1844 se toma la decisión de implantar un ancho de vía mayor al europeo, tanto por motivos técnicos como militares. Amplias zonas permanecen al margen: Galicia, este peninsular, de las primeras líneas.
Efectos del ferrocarril sobre la economía:
La ley de 1855 fue el referente normativo de la construcción de la red y algunos de sus aspectos condicionaron la historia económica de los cien años siguientes.
- En primer lugar, consolidó una estructura radial de la red con centro en Madrid, dificultando las comunicaciones entre las zonas más industriales y dinámicas.
- En segundo lugar, fijó un ancho entre carriles mayor que el de la mayoría de las líneas europeas, obstaculizando así los intercambios con el resto de Europa. Las causas de esta decisión fueron técnicas: la posibilidad de instalar calderas de vapor más grandes para aumentar la potencia de las locomotoras y poder superar mayores pendientes.
- La instalación del ferrocarril en España constituye toda una revolución en el transporte de mercancías, al facilitar el traslado de productos perecederos y posibilitar, ante todo, la interconexión de mercados locales, que se especializan y procuran la comercialización de sus productos; articulando el país y creando un mercado nacional, que multiplicó los puestos de trabajo.
- En tercer lugar, la ley autorizó a las compañías constructoras, mayoritariamente extranjeras, a importar libres de aranceles aduaneros todos los materiales necesarios para la construcción de la red ferroviaria. Esta franquicia arancelaria ha sido considerada como otra oportunidad perdida para incentivar el crecimiento industrial de España, ya que no se produjo un aumento de la demanda interior sobre el sector siderúrgico o de maquinaria para construir la red.