Evolución política en la España Republicana
La evolución política en la España Republicana se caracterizó por la falta de unidad entre los grupos afines a la República. Al producirse el levantamiento militar del 18 de julio de 1936, el presidente del gobierno Casares Quiroga ordenó disolver las guarniciones rebeldes y eximir a los soldados de la obediencia a sus jefes, pero dimitió al temer la revolución que defendían algunos sectores. Martínez Barrio fue nombrado presidente del gobierno y fracasó en sus intentos negociadores con los rebeldes, por lo que dimitió a las pocas horas. José Giral se convirtió en el nuevo presidente del gobierno el 19 de julio y ordenó la distribución de armas a los sindicatos y partidos obreros para intentar atajar la sublevación, lo que llevó a una ruptura en la unidad de mando de la República y el poder quedó en manos de estos grupos. En los meses siguientes, se produjeron sacas y paseos realizados por ‘checas’, integradas en buena parte por anarquistas y en menor medida por otras organizaciones. Tras el Alzamiento, la CNT-FAI, apoyados por gran parte de la UGT y del POUM, iniciaron una colectivización de tierras e industrias que pasaban a autogestionarse por los trabajadores. En septiembre de 1936, Giral fue sustituido por Largo Caballero, secretario general de la UGT, quien formó un gobierno de concentración integrado por republicanos, socialistas, nacionalistas vascos y catalanes, y comunistas, e incorporando a 4 ministros anarcosindicalistas. El llamado ‘Gobierno de la Victoria’, que decidió su traslado a Valencia, dirigió todos sus esfuerzos a recuperar el poder del Estado, haciendo desaparecer casi todas las Juntas y los Comités, aprobó el Estatuto de Autonomía del País Vasco y organizó el Ejército Popular Regular. El gobierno tuvo que enfrentarse a conflictos internos entre comunistas y anarquistas, lo que llevó a los ‘hechos de mayo’ de 1937, una pequeña guerra civil en donde socialistas y comunistas se enfrentaron en lucha callejera con los anarquistas de la CNT y la FAI, y el POUM troskista. Esta crisis y la pérdida de Málaga llevaron a los comunistas a exigir la destitución de Largo Caballero. El nuevo gobierno del socialista Juan Negrín se mantuvo hasta el final de la guerra, con una influencia creciente de los comunistas. Tras la dimisión de Azaña como Presidente de la República, Negrín era partidario de la resistencia a ultranza, confiado en que el inminente estallido de la II Guerra Mundial favorecería a la República y permitiría contar con el apoyo de las potencias occidentales. Más tarde intentó buscar una salida a la guerra basada en su programa de los Trece Puntos de la Victoria, que fue rechazado por Franco. Ante la inminente derrota militar y la falta de alimentos y abastecimientos, la República se rindió.
Estado Franquista
El Estado Franquista se estableció tras la Guerra Civil española, en la que las fuerzas franquistas vencieron a las fuerzas republicanas. A partir del 24 de julio de 1936, una Junta de Defensa Nacional formada por militares se constituyó en Burgos y comenzó una brutal represión para sembrar el terror y eliminar toda resistencia. El general Franco, elegido por los generales como líder, se convirtió en el Jefe del Gobierno del Estado y Generalísimo de los Ejércitos Españoles el 1 de octubre de 1936. El ejército fue el eje sobre el que giró la vida política y se concentró y unificó el mando político y militar en la figura de Franco. Las medidas adoptadas por el Estado Franquista incluyeron la suspensión de la Constitución de 1931, la abolición de la libertad de expresión y la actividad de partidos políticos y sindicatos, la suspensión de la reforma agraria, el despido de funcionarios sospechosos de simpatizar con la República, la prohibición del divorcio, el matrimonio civil y la educación mixta, y la obligatoriedad de la enseñanza de la religión. La Iglesia también tuvo una influencia importante en el gobierno de Franco, publicando la Pastoral Colectiva de los Obispos en apoyo de los sublevados y calificando el alzamiento como una ‘cruzada cristiana’. En 1937, se promulgó el Decreto de Unificación, que integró en un único partido todas las fuerzas políticas que apoyaban al régimen franquista, configurando así el estado totalitario. Franco se convirtió en el Jefe del Estado, del Ejército y del Partido. El partido adoptó el saludo fascista de brazo en alto y el uniforme de camisa azul de la Falange y la boina roja de los requetés carlistas. En enero de 1938, el primer gobierno de Franco en Burgos concentró en él la Jefatura del Estado y la presidencia del gobierno, y se estableció un régimen totalitario a través de una dictadura militar. La represión selectiva y sistemática continuó durante todo el franquismo.
Régimen de Franco
El régimen de Franco en España fue establecido tras la Guerra Civil, y se caracterizó por la concentración de poder en manos del general Franco, quien se convirtió en el ‘Caudillo’. El Estado se convirtió en uno centralizado y unitario, donde todas las instituciones estaban subordinadas a Franco y los ciudadanos vieron restringidos sus derechos. Los sindicatos fueron eliminados y reemplazados por un sindicalismo vertical controlado por el Estado. Para institucionalizar el régimen, se promulgaron una serie de leyes conocidas como ‘leyes fundamentales’.
Durante la Guerra Civil y la década de los cuarenta, en España se aprobaron numerosas leyes con el objetivo de establecer un ‘Estado Nacional-Sindicalista’ inspirado en el fascismo italiano. Esta ideología era contraria al parlamentarismo, a los partidos políticos y a los sindicatos, y defendía el estado totalitario. Entre las leyes aprobadas se encuentra el Decreto de Unificación (1937), que creó la FET de las JONS, y el Fuero del Trabajo (1938), que fijaba la legislación social del franquismo y creaba un sindicato único bajo la jefatura de la Falange. La Ley de Organización Sindical (1940) prohibía el sindicalismo de clase y otorgaba el monopolio de las relaciones laborales al Sindicato Vertical. La Ley Constitutiva de las Cortes (1942) establecía unas Cortes elegidas por sufragio indirecto por las llamadas corporaciones y por Franco, quien tenía toda la potestad legislativa. El Fuero de los Españoles (1945) recogía los derechos y deberes de los españoles, aunque en la práctica no estaban garantizados debido a la censura. La Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado (1947) establecía que España era un ‘Reino’, pero la jefatura del Estado correspondía de forma vitalicia al ‘Caudillo’, quien se reservaba el derecho de designar a su sucesor ‘a título de rey o de regente’. La Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958) definía a España como estado monárquico, tradicional y católico, alejándola del totalitarismo pero también de la democracia.
Durante los años sesenta, el régimen franquista en España se enfrentó a importantes cambios económicos y sociales, lo que provocó su evolución hacia la llamada ‘democracia orgánica’. Esta forma de gobierno se caracterizó por la representación del pueblo a través de los ‘tercios’: municipios, sindicatos y familias, en lugar del sufragio universal. En 1966, se aprobó la Ley Orgánica del Estado, que se sometió a referéndum y definió al Estado español como una ‘democracia orgánica’. Esta ley separó los cargos de Jefe de Estado y Presidente del Gobierno, aunque la medida no se hizo efectiva hasta 1973. En 1969, se aprobó la Ley de Sucesión, que designó a Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco y estableció una nueva monarquía fiel al régimen. Además, el régimen implementó otras leyes y medidas para modernizar el país y adaptarse a los principios del Concilio Vaticano II, como la creación del Tribunal de Orden Público en 1963, la Ley de Prensa en 1966 que estableció una tímida libertad de expresión con numerosos controles y sanciones, la Ley de Libertad Religiosa en 1967 que permitió el culto privado y público de otras religiones además del catolicismo, la Ley de la Seguridad Social en 1967 que amplió los mecanismos de cobertura social con cargo al Estado, y la Ley de Educación en 1970 que reformó el sistema educativo y amplió la escolarización obligatoria hasta los 14 años. En resumen, durante los años sesenta, se llevaron a cabo cambios mínimos en España, manteniendo la negación de la democracia y la represión hacia las opiniones discrepantes. La oposición clandestina continuó creciendo mientras el régimen intentaba modernizarse y adaptarse a las nuevas exigencias internas y externas.