Los gobiernos de la democracia en España
En las elecciones de octubre de 1982, el Partido Socialista Obrero Español obtuvo la mayoría absoluta, tras una campaña en la que se presentaba como motor del cambio que necesitaba el país. Felipe González fue elegido presidente del gobierno y el PSOE se mantuvo en el poder durante cuatro legislaturas. En 1982, con un censo de 26,8 millones de votantes y una asistencia a las urnas del 80% del electorado, el PSOE obtuvo 10 millones de votos y Alianza Popular, la mitad. El tercer partido en número de escaños fue Convergència i Unió, que consiguió 12. Por detrás se situaron el UCD, que solo obtuvo 11 escaños y acabó desapareciendo poco después, y el Partido Comunista de España, que logró 4 escaños y que promovería posteriormente una federación de grupos de izquierda con el nombre de Izquierda Unida. El cambio socialista se concretó en un amplio programa de reformas cuya prioridad era la lucha contra la crisis económica, la racionalización de las administraciones públicas y el avance hacia el estado del bienestar. La reconversión industrial fue un proceso de adaptación de los sectores productivos a las exigencias del mercado internacional y del ingreso en la CEE. Permitió su saneamiento financiero y su adaptación tecnológica, pero provocó la reducción de la capacidad industrial y del empleo. El cierre de empresas y el aumento del paro desencadenaron importantes conflictos laborales como el de Altos Hornos del Mediterráneo y de los astilleros de Galicia, Andalucía y País Vasco. Las reformas económicas estuvieron acompañadas de reformas sociales. Cabe destacar la despenalización de ciertos supuestos del aborto y, sobre todo, la reforma educativa con la Ley de Reforma Universitaria en 1983 que reconocía la autonomía de las universidades y con la LODE en 1985 que extendió la educación gratuita hasta los 14 años. En 1983, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales 14 artículos de la LOAPA. La ley fue derogada y con los artículos válidos se aprobó la Ley de Proceso Autonómico. La plena integración de España en la Comunidad Económica Europea era uno de los objetivos prioritarios del programa socialista. El 12 de junio de 1985 se firmó el Tratado de Adhesión a la CEE con el consenso de todos los partidos. Con su incorporación el 1 de enero de 1986 se había alcanzado uno de los grandes hitos pendientes de la historia española más reciente. Por otro lado, el gobierno socialista tuvo que hacer frente al terrorismo de ETA, con más de cien muertos durante la legislatura, y a la vez emprender una reforma del ejército para acabar con el peligro del golpismo. Asimismo, para abordar el tema terrorista se propició el Pacto de Ajuria Enea en 1988 con todas las fuerzas políticas democráticas vascas contrarias al terrorismo. A la fuerte oposición de CCOO a algunas medidas del gobierno, se unió en 1988 a UGT. El resultado fue la convocatoria de una huelga general el 14 de diciembre de 1988, que se celebró con notable éxito de participación. Por primera vez, un sindicato socialista, la UGT, figuraba como inspirador de una huelga frente a un gobierno del mismo signo político. Como respuesta a la grave situación de tensión, el gobierno respondió con una serie de medidas sociales y laborales entre 1990 y 1995 donde se universalizó la asistencia sanitaria gratuita, se fortaleció el sistema de protección contra el desempleo y se consolidó y garantizó el sistema público de pensiones mediante el Pacto de Toledo. La situación más grave se produjo a raíz de algunos casos de corrupción atribuidos a personas vinculadas con el gobierno. A la corrupción se sumó la llamada guerra sucia contra el terrorismo, que comportó una cierta tolerancia de las autoridades con los GAL, grupos de pistoleros relacionados con sectores de la policía y la extrema derecha que había perpetrado una treintena de atentados contra presuntos miembros de la ETA entre 1983 y 1987. Además, se inició hacia 1992 una recesión económica de carácter mundial que comportó un incremento de la inflación y del paro. Las elecciones de marzo de 1996 fueron ganadas por el Partido Popular, aunque en número de votos hubo una escasa diferencia con el PSOE donde el PP obtuvo 9.7 millones y el PSOE 9.4 millones. José María Aznar fue elegido presidente del gobierno, pero al no tener la mayoría absoluta, tuvo que buscar apoyo en las formaciones nacionalistas. La acción de gobierno del Partido Popular tuvo una orientación centrista para mantener apoyo de sus socios nacionalistas. El ejecutivo procedió a una política social que asegurase el estado de bienestar e inició el diálogo con sindicatos y empresarios. El mayor logro económico fue alcanzar las condiciones que exigía la Unión Europea para el ingreso de España en el primer grupo de países que habrían de implantar el euro como moneda única en el año 2002. Una de las cuestiones más complejas que tuvo que afrontar el gobierno fue su relación con el partido nacionalista vasco y su actuación frente al terrorismo de ETA. Las movilizaciones de protesta adquirieron un carácter masivo y de fuerte denuncia no solo contra ETA sino contra todo el entorno político abertzale. Los partidos nacionalistas interpretaron que se estaba produciendo un frente de los partidos no nacionalistas y decidieron un cambio de alianzas, que condujo a la sustitución de Pacto de Ajuria por el Pacto de Lizarra en 1998 que incorporaba a la izquierda abertzale y excluía todo acuerdo con los partidos no nacionalistas. Las elecciones legislativas del año 2000 adjudicaron al Partido Popular la mayoría absoluta en el parlamento. Al contar con la mayoría absoluta, pudo desarrollar su programa sin cortapisas y modificar sensiblemente la legislación de la etapa socialista, elaborando una serie de nuevas leyes entre los años 2000 y 2002 como la Ley de Extranjería, que regulaba la entrada y la estancia en España de los extranjeros, la Ley Orgánica de las Universidades, que reducía la autonomía universitaria, la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza que reestructuraba las enseñanzas medias y la Ley de Partidos que ilegalizaba a los partidos que condenasen explícitamente el ejercicio de la violencia para la consecución de sus fines políticos. Otra medida fue la supresión del servicio militar obligatorio y la creación de un ejército profesional, que acabó siendo aprobado en el año 2001. El PP también tuvo que hacer frente a cuestiones que levantaron una gran polémica social y erosionaron su gobierno. Entre estas cabe citar el Plan Hidrológico Nacional, que preveía grandes reservas de unas cuencas fluviales a otras y el desastre ecológico provocado por el hundimiento del Prestige frente a las costas gallegas. Además, la imposición de una reforma del subsidio de paro sin haber previamente negociado con los sindicatos provocó una nueva huelga general el 20 de junio de 2002, cuyo éxito significó su retirada. De este modo, España dio su apoyo a la invasión de Irak como respuesta a los atentados de Nueva York del 2001. La oposición de la opinión pública española a la intervención militar se hizo patente en la proliferación de manifestaciones contrarias a la guerra. Para las elecciones del 2004, José María Aznar propuso su renovación en la candidatura a la presidencia del gobierno eligiendo a Mariano Rajoy. Pero el 11 de marzo diversos trenes de las cercanías de Atocha en Madrid alterarían dramáticamente la campaña electoral. En un primer momento, el gobierno atribuyó los atentados del 11-M a ETA, cuando muchas pistas indicaban una orientación islamista vinculada a la organización terrorista Al-Qaeda. Las previsiones que auguraban una nueva victoria del Partido Popular no se cumplieron, el PSOE consiguió un mayor número de votos y José Luis Rodríguez Zapatero fue elegido presidente del gobierno. Las primeras medidas adoptadas por el nuevo gabinete fue la retirada inmediata de las tropas españolas en Irak. Esta decisión supuso un distanciamiento respecto a EEUU y un retorno al alineamiento con la política exterior europea. Del mismo modo, el gobierno se comprometió a retirar el Plan Hidrológico Nacional y a reformar las dos leyes educativas aprobadas por los populares. También llevó a cabo una importante labor legislativa, de carácter cívico y social, que incidió en aspectos fundamentales de la modernización de la sociedad española, como la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y la Ley de Dependencia. En política tuvo una gran importancia el proceso de renovación de algunos estatutos de autonomía como los de Cataluña con el objetivo de incrementar el autogobierno de las comunidades autónomas. En las elecciones celebradas en marzo del 2008, el PSOE revalidó el triunfo y consiguió una segunda legislatura para Rodríguez Zapatero. La participación de España en la Unión Europea ha representado un gran avance en la proyección internacional de nuestro país. El proceso de ingreso de España en la OTAN iniciado durante la presidencia de Calvo Sotelo fue ratificado por el gobierno de Felipe González. El resultado del referéndum prometido por los socialistas en marzo de 1986 fue favorable a la adhesión total de España en la OTAN bajo las condiciones propuestas por el gobierno socialista. Desde su entrada en CEE, España se convirtió en el punto de mira principal de referencia para la proyección comunitaria hacia la América Latina y se multiplicaron las relaciones económicas con esos países. Para profundizar los vínculos políticos y avanzar hacia una comunidad de naciones se han desarrollado las llamadas Cumbres Iberoamericanas, la primera de las cuales tuvo lugar en México en 1991. España también ha continuado su tradicional proyección mediterránea y ha fomentado la celebración de conferencias para fomentar la cooperación entre países de ambos lados de ese mar. La primera Conferencia del Mediterráneo se celebró en 1995 y en el año 2008 donde Barcelona fue nombrada sede del Secretariado de la Unión Mediterráneo.