Entre la muerte de Franco y la aprobación de la Constitución de 1978 transcurrieron tres años de profundas reformas políticas en medio de grandes dificultades: una aguda crisis económica, una conflictividad social que amenazaba con frustrar la evolución hacia la democracia, una profunda tensión social, la provocación terrorista y la actitud desafiante del ejército. Sin embargo se consiguió desmantelar la legalidad y las instituciones franquistas hasta anularlas. Se instauró la democracia por la firme voluntad de los responsables políticos de los principales partidos. A la muerte del dictador la población española y las fuerzas políticas se alineaban a favor de tres alternativas políticas: continuar el régimen dictatorial, posición defendida por el “Búnker”; la ruptura democrática que propugnaba de forma inmediata la ruptura con la dictadura, defendida por la izquierda antifranquista; y la reforma política que pretendía la liberación del régimen hasta su equiparación con las democracias occidentales, propuesta por los llamados aperturistas con el rey a la cabeza (fue la que se impuso).En Noviembre de 1975, tras la muerte de Franco, Juan Carlos I, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Estado, asumía ante las Cortes franquistas, la jefatura del Estado y juraba lealtad a los principios del Movimiento Nacional y a las leyes Fundamentales. El nuevo rey dejó entrever en su discurso vagamente su voluntad democrática. Su primera medida fue el indulto concedido a destacados opositores. El nuevo y joven rey levantaba suspicacias tanto entre los reaccionarios, que dudaban de su fidelidad al régimen, como entre la oposición, que veía en él la reposición de la desacreditada monarquía borbónica. La figura del rey fue esencial (aunque no única) porque fue capaz de renunciar al enorme poder heredado de Franco.
El rey decidíó mantener en el cargo al que había sido el último presidente de Franco, Arias Navarro. Sin embargo este mantuvo el talante represivo y fue incapaz de impulsar la reforma política que el rey le había encargado. En Julio de 1976, el rey nombró nuevo presidente del gobierno a Adolfo Suárez, perteneciente al aparato del Movimiento Nacional. Formó un gabinete con jóvenes franquistas, pero reformistas. Su primera medida fue la amnistía general para todos los presos políticos. La pieza clave de toda su labor fue la ley de Reforma Política, que establecía el procedimiento para la creación de unas nuevas cortes, elegidas por sufragio universal directo, cuyo cometido sería emprender las reformas que ellas considerasen oportunas. La ley fue aprobada por las Cortes franquistas y después sometida a referéndum que también la apoyó. Después el gobierno modificó la ley de Asociaciones Políticas para que todos los partidos pudieran legalizarse. El problema estaba en el PCE, por el miedo a que pretendiera implantar un sistema totalitario subordinado a la Uníón Soviética. El PCE presionaba aduciendo que había sido quien más había luchado durante el franquismo. Finalmente se legalizó. El ministro de la Marina dimitíó, el Consejo Superior del Ejército emitíó un comunicado de repulsa y los líderes comunistas en el exilio volvieron (Rafael Alberti y la Pasionaria). Las elecciones democráticas se celebraron en Junio de 1977 y el número de formaciones políticas que concurrieron fue muy elevado. Las principales fueron: Uníón de Centro Democrático (UCD), coalición de partidos de centro derecha; Alianza Popular (AP), formada por la derecha pura, integrada por destacados dirigentes del franquismo; Partido Socialista Obrero Español (PSOE), bajo la dirección de Felipe González; el Partido Comunista de España (PCE), radical de izquierdas; el nacionalismo catalán con Ezquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Pacte Democrátic per Catalunya (PDC); el nacionalismo vasco con el Partido Nacionalista Vasco (PNV), conservador e integrado por antiguos dirigentes de ETA que habían renunciado a la lucha armada. La victoria fue finalmente de la UCD, siendo el PSOE la principal fuerza de la oposición.La transición no estuvo ausente de problemas. La aguda crisis económica internacional surgida en 1973 por la subida espectacular del precio del petróleo se prolongó durante toda la transición. Crecíó el déficit exterior al disminuir los ingresos y aumentar los gastos. Se disparó la inflación por el aumento de los costes de protección. Cayeron los beneficios de las empresas al disminuir las exportaciones y el consumo interior. Aumentó el paro, a lo que contribuyó también el cese de la emigración a Europa y el retorno de parte de los emigrantes. El terrorismo fue otro problema importante, tanto de extrema derecha (AAA y BVE) como de extrema izquierda (ETA y GRAPO). La extrema derecha luchaba sobre todo contra los comunistas. Los GRAPO atentaban contra un estado opresor que pretendía engañar al pueblo con una democracia ficticia. La ETA (antifranquista y antiespañola) seguía luchando contra el nuevo estado invasor y represivo en el País Vasco. Todos ellos intentaban desestabilizar la situación del país.
La transición política española desde el franquismo hacia la democracia ha sido el primer periodo de la historia de España en que unos cambios políticos semejantes se han hecho de forma pacífica sin que mediar revolución social alguna. Ello fue posible por la voluntad política de los partidos y personas y por la nueva estructura social y económica de España. Con la mejora del estilo de vida era difícil que la población optase por una ruptura violenta. Las consecuencias de esta transición han sido la actual democracia de 1978 y los 36 años de democracia ininterrumpida subsiguientes. También España se ha incorporado de pleno derecho a las instituciones europeas más relevantes: OTAN y UE.