Guerra de sucesión americana

6. Paz de Westfalia, (1648)


Una vez terminada la Guerra de Treinta Años los once tratados de la paz firmados en las ciudades de Münster y Osnabrück confirmaron el final de las múltiples guerras religiosas que destrozaban Europa desde el año 1617. La Paz de Westfalia significó el declive y la derrota posterior de la Monarquía de los Habsburgo (Casa de Austria), lo cual desencadenó el proceso del particularismo alemán y la prepotencia creciente de Francia. En uno de los tratados fue reconocida la independencia de Holanda por parte de España. Al Emperador se le restringíó esencialmente su potestad por parte de la Dieta o Reichstag, así como se determinó la incorporación de antiguos dominios imperiales a Francia y Suecia. Los cantones suizos también consiguieron su independencia, al igual que algunos reinos alemanes: Sajonia, Baviera, Prusia. Generalmente, los Tratados de Westfalia no significaron la paz definitiva, puesto que España decidíó aprovechar las tendencias de la guerra civil provocadas por la Fronda francesa y rompíó las negociaciones pacíficas con Luis XIV al comenzar las ofensivas en Flandes y Cataluña, siendo ésta el objetivo de los intereses franceses. En fin, la Paz de Westfalia era la demostración más evidente del triunfo de los postulados de Augsburgo de 1555 que declaraban el principio de la paz religiosa -cuius regio, eius et religio- y la derrota completa del concepto de la Monarchia cristiana decantado por el emperador Carlos V.

7. Decretos de Nueva Planta


Los Decretos de Nueva Planta constituyen un conjunto de leyes de carácter constitucional, introducidas por Felipe V, mediante las cuales se plateaba una profunda reforma de los sistemas político y administrativo existente en la Monarquía Hispánica durante los reinados precedentes. Tal reforma afectó, esencial aunque no exclusivamente, a los reinos que formaban la Corona de Aragón. Una vez finalizada la Guerra de Sucesión, Felipe V, el primer rey español de la Casa de Borbón, modificará el testamento de su antecesor el rey Carlos II, de la dinastía de los Habsburgo (Casa de Austria), en el cual, el Monarca español expresaba su voluntad de que no fuesen modificadas las leyes, fueros, constituciones y costumbres que regían, de forma diferenciada, los diferentes Reinos de la Monarquía. Felipe V, por el contrario, buscaba conseguir, para el conjunto de España, la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales. Con los Decretos de Nueva Planta se introducía un conjunto de modificaciones de carácter sustancial en el régimen constitucional tradicional, mediante el cual la Monarquía Católica de España se organizaba como un conglomerado de reinos, y se pretendía, con estas reformas, establecer un régimen político único y universal para todos. Las razones de esta decisión, muy importante para la Historia de España, se determinan, esencialmente, por las vicisitudes de la Guerra de Sucesión y el nombramiento de Felipe de Anjou como sucesor de Carlos II. Los territorios de la Corona de Aragón consideraron que, la forma en la que se había realizado la sucesión de Carlos II, ante la ausencia de descendencia, constituía un contrafuero, puesto que en tal proceso no habían participado las Cortes del Reino. Se pensaba, además, que la sucesión debía recaer, antes que en Felipe de Anjou, en el archiduque Carlos de Austria, de la misma dinastía que el difunto Monarca, considerándole como su descendiente más directo. Por ello, durante la Guerra de Sucesión, los Reinos de la Corona de Aragón apoyaron al bando del archiduque Carlos, negando, de este modo, la validez de la línea sucesoria de Felipe de Anjou. A esto contribuía la imagen negativa que, en la Corona de Aragón, existía en cuanto a los usos y costumbres centralizadores impuestos por la Casa de Borbón en Francia. En este sentido, Cataluña recordaba la experiencia negativa que, respecto de su propia constitución, había tenido hacía casi cincuenta años, cuando, rechazando su
vinculación con la Monarquía Católica, había optado por la francesa. La actitud de la Corona de Aragón durante la Guerra de Sucesión obligó a las tropas de Felipe de Anjou a considerar esta zona como territorio y zona de conquista, siendo tratados, más adelante, como reinos rebeldes. Por otro lado, la monarquía vencedora manténía la creencia de que, tradicionalmente, aquellos territorios aragoneses habían planteado continuos problemas y dificultades administrativas para el desarrollo de la acción regia en ellos, incluso con la monarquía anterior que había sido respetuosa con sus privilegios políticos. Y se pensaba, además, que tales privilegios jurídicopolíticos, supónían una ofensa comparativa respecto de la Corona de Castilla, cuyos súbditos creían soportar una mayor presión fiscal. Por todo ello, Felipe V, una vez que se proclama vencedor de la guerra y es reconocido Rey de todos los territorios que compónían la Monarquía
Hispánica, elabora y publica los mencionados Decretos en los que se aboga por un modelo centralizador y único, aunque algunas de sus propuestas también modificaban la Constitución de Castilla. La reforma comenzó en el Reino de Valencia, donde estuvo protagonizada, principalmente, por Melchor Rafael de Macanaz. Se emprendieron un conjunto de modificaciones en la Audiencia, en el municipio y en el sistema de percepción de rentas reales, suspendiendo los porcentajes que se cobraban en los puertos secos entre Valencia y Castilla, por el tráfico de mercancías. En la Corona de Aragón, aunque los fueros tradicionales habían sido abolidos en 1707, en pleno conflicto sucesorio, esta medida no fue efectiva hasta después de la derrota definitiva del ejército austracista en Villaviciosa, el 10 de Diciembre de 1710.


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