El Reinado de Isabel II (1833-1868)

La Regencia de María Cristina (1833-1840)

La Constitución de 1837

En 1833 se inició un proceso de cambio y revolución, en un contexto de guerra civil, que supuso la implantación definitiva del estado liberal. Moderados, progresistas, unionistas y demócratas pugnaron entre ellos para imponer su propio modelo, pero fueron los moderados quienes consiguieron un mayor protagonismo. Su impronta marcó de forma decisiva el sistema liberal español, que se vio dificultado por unos factores que complicaron el desarrollo constitucional.

Las Cortes abrieron sus puertas en octubre de 1836 y se decantaron por redactar una nueva constitución, aprobada en junio de 1837. Reconocía el principio de soberanía nacional (el poder emana del pueblo… del voto). Dentro del poder legislativo, las Cortes son bicamerales (Congreso y Senado). El sufragio es censitario masculino (varones mayores de 25 con cierta capacidad económica). El poder ejecutivo está compuesto por la Corona, el Consejo de Ministros y el Jefe de Gobierno. Y dentro del poder judicial, los tribunales.

El Estado es aconfesional (libertad de culto), pero se establece la financiación del culto y clero, para contentar a la Iglesia por la desamortización de Mendizábal y la supresión del diezmo. En cuanto a las fuerzas armadas, encontramos a la Milicia Nacional. Y en cuanto a los derechos individuales, se establece la Ley de Imprenta que suspendió la censura previa, la libertad de expresión y la libertad de asociación.

La reforma agraria de Mendizábal (desamortización) significó un gran impulso y tuvo 3 componentes esenciales: la abolición de los señoríos, la desvinculación de los mayorazgos y la desamortización de bienes del clero regular y secular.

La vigencia de esta Constitución fue de 1837 a 1845. Tras la Vicalvarada se inició el bienio progresista y se restauró esta constitución mientras no se redactaba una nueva, que fue la de 1856. Con ella se consolidó definitivamente el régimen constitucional-liberal en España.

La I Guerra Carlista (1833-1840)

En 1833, tras la muerte de Fernando VII, los partidarios de Carlos María Isidro iniciaron una insurrección armada ante la actitud poco firme del gobierno de la reina regente. Hubo un enfrentamiento entre los partidos del antiguo régimen (Dios, Patria, Rey y Fueros), que eran los llamados carlistas, y los partidarios del proceso reformista liberal, los isabelinos.

Los carlistas eran partidarios de Carlos María Isidro y le apoyaban el clero, el campesinado y la pequeña nobleza. Las zonas que lo apoyaban eran las rurales del norte y las potencias absolutistas.

La parte isabelina contó con el apoyo de la alta nobleza y de la jerarquía eclesiástica, así como también del campesinado y de las clases populares urbanas. Las principales potencias que la apoyaron fueron Francia y Gran Bretaña.

La debilidad del carlismo propició discrepancias entre los transaccionistas, partidarios de alcanzar un acuerdo con los liberales, y los intransigentes, defensores de continuar la guerra. Finalmente, el general Maroto acordó la firma del Convenio de Vergara (1839) con el general liberal Espartero.

La Década Moderada (1844-1854)

La Constitución de 1845

La Constitución de 1845 estableció:

• Soberanía compartida del Rey y las Cortes.
• Libertades y derechos individuales restringidos, principalmente la libertad de expresión, de prensa y de reunión.
• Sistema bicameral: un Senado no electivo (de designación real) y un Congreso de Diputados elegidos por sufragio censitario.
• Centralización administrativa y uniformidad de todo el territorio.
• Confesionalidad católica del Estado y obligación de mantener el culto y clero.
• Administración local y provincial bajo control del Poder Ejecutivo: designación y control de los ayuntamientos y diputaciones por el Gobierno central.
• Supresión de la Milicia Nacional.
• Creación de la Guardia Civil, cuerpo militar del Estado cuya función es mantener el orden en las zonas rurales (creada por el Duque de Ahumada).

Se reformó la hacienda por el ministro Mon Santillán, refundiendo los antiguos impuestos en cuatro. Ante el fraude fiscal, fue necesario establecer un impuesto indirecto muy impopular: los consumos.

La vigencia de esta Constitución fue de 1845 a 1854. Fue derogada tras la Vicalvarada y, entre 1856 y 1858, se volvió a restituir.

El Concordato con la Santa Sede (1851)

Para mejorar las relaciones del Estado con la Iglesia, muy interesada por las desamortizaciones, se firmó un Concordato con la Santa Sede en 1851, por el que el papado reconocía a Isabel II y aceptaba el proceso desamortizador. El Estado se comprometía al sostenimiento de la Iglesia y le otorgaba competencias en educación y moral pública.

Para aumentar los ingresos del Estado y modernizar la hacienda, se llevó a cabo una reforma fiscal para poner fin a la discreción de las Cortes. Se aprobaron el Código Penal y el Código Civil. Por otro lado, se procedió a la reforma de la Administración Pública del Estado y de la administración provincial y municipal con un sistema jerárquico de control.

Otra serie de medidas completaron este proceso: se estableció un sistema nacional de Instrucción Pública que regulaba los diferentes niveles de enseñanza y elaboraba los planes de estudio. Para el mantenimiento del orden público se creó la Guardia Civil como principal fuerza policial armada. Y para no depender del ejército de soldados, se impuso el servicio militar obligatorio. También se adoptó un único sistema de pesos y medidas: el sistema métrico decimal.

El Bienio Progresista (1854-1856)

La acción se inició en Vicálvaro con el pronunciamiento del general O’Donnell, un moderado descontento. La incorporación de los progresistas al movimiento, que publicaron el Manifiesto de Manzanares de contenido reformista, desencadenó la revuelta popular en las ciudades.

La emergente alianza entre progresistas y moderados condujo a la formación de la Unión Liberal, reflejo del acuerdo entre O’Donnell y Espartero. Las nuevas Cortes redactaron una constitución en 1856 que no llegó a publicarse.

El gobierno progresista impulsó importantes reformas que dieron lugar a una etapa de desarrollo y expansión económica. Las Cortes aprobaron una nueva ley de desamortización civil y eclesiástica, obra de Pascual Madoz. También se aprobó la Ley General de Ferrocarriles, que regulaba e incentivaba la construcción de líneas ferroviarias. Todo ello atrajo a inversores extranjeros.

Esta legislación se completó con nuevas iniciativas como la puesta en marcha del sistema de telégrafo, la ampliación de la red de carreteras, el fomento de las sociedades por acciones y de la actividad bancaria, y el desarrollo de la minería.

El nuevo gobierno tuvo que afrontar graves problemas sociales: una crisis de subsistencias que afectó especialmente a las clases populares y acentuó el malestar social. El descontento social provocó también una muy importante conflictividad obrera, especialmente en Cataluña, que pedían la reducción de los impuestos de consumos y la mejora de los salarios.

Ante la conflictividad social de los primeros meses de 1856, algunos jefes militares promovieron duras medidas represivas que, amparadas por el Ministro de Guerra O’Donnell, provocaron el enfrentamiento con el gobierno de Espartero, que estaba en desacuerdo. La intervención de la reina a favor de O’Donnell, al que nombró nuevo jefe del Ejecutivo, ratificó el cambio y se proclamó el estado de guerra. Finalmente, O’Donnell puso fin al bienio, cerró las Cortes, suprimió la milicia, destituyó ayuntamientos y diputaciones, y anuló la libertad de prensa.