El reinado de Carlos IV. La Guerra de la Independencia.
El reinado de Carlos IV (1788-1808) fue un periodo muy inestable condicionado por la Revolución francesa. Aunque el rey mantuvo inicialmente a ministros de su padre (primero a Floridablanca y después a Aranda), la ineficacia de sus medidas provocaron su destitución y aupó al poder a Manuel Godoy. Tras la ejecución de Luis XVI se anuló los Pactos de Familia y se declaró la guerra a la Convención (1793-1795). Los malos resultados de este conflicto forzaron la firma de la Paz de Basilea (1795) y un cambio de estrategia. Godoy volvió a la alianza franco-española contra Inglaterra por el Tratado de San Ildefonso (1796). Esta colaboración condujo a la derrota en la batalla de Trafalgar (1805), donde la flota española fue destruida. Pese a todo, Godoy renovó el pacto con Francia por el Tratado de Fontainebleau (1807). Una alianza que autorizaba el paso de tropas francesas por el territorio español para conquistar Portugal pero que en realidad permitía a Napoleón posicionar su ejército para hacerse con toda la península.
A comienzos de 1808, España atravesaba una triple crisis económica, militar y política. La primera debido a la inflación y endeudamiento del Estado por las guerras y la caída del comercio colonial. La segunda por la presencia de tropas francesas, cuyas intenciones empezaban a ser evidentes. Y la tercera por la impopularidad de Carlos IV y sobre todo Godoy, únicos responsables de esta situación.
Todo esto condujo al Motín de Aranjuez (marzo 1808), cuando simpatizantes del príncipe Fernando hicieron caer a Godoy y abdicar a Carlos IV. Napoleón aprovechó esta crisis dinástica para atraer a la familia real a Bayona, presentándose como mediador en el conflicto.
Se sucedieron entonces de forma casi simultánea dos hechos que desencadenarían la guerra de la Independencia: el levantamiento del pueblo de Madrid contra las tropas francesas (2 mayo), que fue rápida y duramente reprimido; y las Abdicaciones de Bayona (5 mayo), cuando bajo presión Fernando VII renunció al trono en favor de su padre y este en Napoleón, que a su vez se lo cedió a su hermano José Bonaparte.
La guerra de la Independencia (1808-1813) supuso el enfrentamiento de dos bandos: por un lado, la España ocupada, dirigida por José I y regulada por el Estatuto de Bayona (julio 1808). Contó con el apoyo de los afrancesados, una minoría de españoles que colaboraron con el régimen bonapartista. En el otro estaba la España no ocupada, que rechazaba a José I y defendía el regreso de Fernando VII, cautivo en Francia. Aquí el vacío de poder obligó a la formación de Juntas locales y provinciales para gobernar en nombre del rey y resistir a los franceses. Para coordinar sus esfuerzos, en septiembre de 1808 se creó una Junta Suprema Central, presidida por Floridablanca. Los patriotas se dividian en dos grandes grupos ideológicos: los liberales y los absolutistas.
Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812
Durante la guerra de la Independencia (1808-1813) se produjo en España una revolución política. En el territorio no ocupado, el vacío de poder fue cubierto por juntas locales y provinciales, encargadas de gobernar sus respectivas zonas. Para coordinar sus esfuerzos, en septiembre de 1808 se formó en Aranjuez una Junta Suprema Central, presidida por Floridablanca y que asumía el poder en nombre de Fernando VII. Ante la demanda de reformas en las provincias, la Junta empezó a plantear desde 1809 la necesidad de convocar Cortes generales y extraordinarias. Incluso se nombró una comisión para su organización, presidida por Jovellanos. Todo esto mientras se veía obligada a trasladarse ante el avance de las tropas francesas. Primero a Sevilla y después a Cádiz.
Desacreditada por las derrotas militares, la Junta se disolvió en enero de 1810 y traspasó sus poderes a un Consejo de Regencia formado por cinco miembros, todos de ideología conservadora. Su labor se redujo a la convocatoria de Cortes, cuyos miembros serian elegidos mediante un complejo sufragio universal indirecto.
La mayoría de los diputados de las Cortes, que incluían a delegados de las colonias, pertenecían a las clases medias urbanas (abogados, funcionarios, profesores, comerciantes). Le seguían clérigos (casi un tercio), militares y nobles. Las clases populares no tuvieron representante. Entre ellos se distinguían tres tendencias ideológicas: los absolutistas, que deseaban mantener el orden absolutista (obispo de Orense); los reformistas, partidarios de conservar el Antiguo Régimen pero con reformas al estilo del despotismo ilustrado (Jovellanos); y los liberales, que eran mayoría, y querian convertir España en una monarquía constitucional (Agustín Argüelles, conde de Toreno).
La primera sesión se celebró el 24 de septiembre de 1810 y en ella se asumió la soberania nacional, el poder legislativo y se fijó como objetivo la elaboración de una Constitución. Su funcionamiento se prolongó hasta mayo de 1814, cuando fue abolida por Fernando VIT.
A lo largo de su existencia, las Cortes realizaron una importante labor legislativa de carácter liberal.
Desde el reconocimiento de derechos y libertades (reunión, imprenta, prohibición de la tortura) a la abolición de instituciones de origen feudal (los señoríos, la servidumbre, los gremios, la Mesta), Entre ellas también destacan la supresión de la Inquisición o la desamortización de los bienes municipales y de las órdenes militares. Ninguna de estas medidas tuvo aplicación práctica por el estado de guerra.
La reforma política más importante de las Cortes de Cádiz fue la Constitución de 1812, la primera de la historia de España. Se trata de un texto largo, formado por casi 384 artículos, y que se inspiraba en la Constitución francesa de 1791. Sin embargo, fue concebida como un compromiso entre liberales y absolutistas (hay concesiones en ambos lados). Sus aspectos más significativos son:
- Soberanía nacional. La soberanía reside en la nación, que incluye a los habitantes de las colonias.
- División de poderes. El poder legislativo reside en las Cortes unicamerales, elegidas por mandato de dos años. El poder ejecutivo recae en el rey, que elige a sus ministros. Sin embargo, su autoridad estaba limitada (su gobierno debía ser ratificado por las Cortes, no podía disolverlas y su derecho de veto era suspensivo). El poder judicial recaía en los jueces.
- Reconocimiento de derechos individuales muy variados: igualdad ante la ley, libertad de expresión, de imprenta, garantías penales y procesales o inviolabilidad del domicilio. Los militares y eclesiásticos contaban con un fuero propio.
- Sufragio universal masculino e indirecto. Un sistema muy complejo en el que podían votar los varones mayores de 25 años, excluidos los miembros del clero regular. Solo podían ser elegidos los diputados con un determinado nivel de renta (elegibilidad censitaria).
- Confesionalidad del Estado. El catolicismo es reconocido como la religión oficial del Estado y la única permitida, negando la libertad de culto. Fue una clara concesión al sector absolutista, similar al reconocimiento de las propiedades de la nobleza pese la abolición de los señoríos.
Otros aspectos incluidos en la Constitución fue la creación de la Milicia Nacional, un cuerpo armado integrado por ciudadanos para mantener el orden público y defender el régimen constitucional; o la organización del Estado, concebido de forma unitaria y dividido en provincias (Plan Bauzá, 1813). La Constitución tendría una vigencia muy corta (1812-1814, 1820-1823, 1836-1837) pero una gran influencia en textos posteriores, tanto en España como fuera (inspiraría las de Portugal y Piamonte).
El reinado de Fernando VII. La cuestión sucesoria.
Por el Tratado de Valençay (diciembre 1813) Fernando VII recuperó de Napoleón el trono español. A principios de 1814 regresó
a España y se dirigió a Valencia, donde recibió el apoyo de un grupo de diputados absolutistas. Estos le entregaron el Manifiesto de los Persas (abril 1814), un texto que defendia la vuelta al absolutismo y la derogación de la obra de las Cortes de Cádiz. Tras garantizarse los apoyos, el rey dio un golpe de Estado y promulgó el Decreto de Valencia (mayo 1814), en el que declaraba ilegal la convocatoria de Cortes y anulaba toda su labor. El ejército al mando del general Eguía tomó el control de Madrid, disolvió las Cortes, encarceló a liberales y derogó la Constitución de 1812, restaurando así el Antiguo Régimen. De este modo se iniciaba el reinado de Fernando VII (1814-1833), un período que distingue tres grandes etapas:
* En el Sexenio absolutista (1814-1820) se restauró el absolutismo y las instituciones del Antiguo Régimen (sociedad estamental, señoríos, censura, Inquisición). El rey tuvo que enfrentarse a una grave crisis económica (bancarrota), social (hambruna) y política (independencia de las colonias americanas). En este contexto, muchos militares liberales apoyados por sociedades secretas conspiraron para restablecer la Constitución de 1812. En esta etapa se produjeron diversos intentos de golpes de Estado, conocidos como pronunciamientos, para acabar con el absolutismo: Espoz y Mina en Pamplona (1814), Porlier en Coruña (1815) o Lacy en Barcelona (1817). Todos ellos fracasaron y fueron duramente reprimidos. Pero en enero de 1820 el coronel Rafael del Riego se levantó en Cabezas de San Juan (Sevilla) y la insurrección tuvo el apoyo de las principales guarniciones del país. En consecuencia, Fernando VII se vio obligado a jurar la Constitución de 1812.
* En el Trienio Liberal (1820-1823) se restauró la obra de las Cortes de Cádiz. En esta etapa, los liberales se dividieron en dos grupos: los doceañistas (antiguos diputados de Cádiz que se habían moderado, como Argüelles o Martínez de la Rosa, y que defendían el sufragio censitario y Cortes bicamerales) y los exaltados o veinteañistas (políticos jóvenes que deseaban mantener el sufragio universal y Cortes unicamerales, como Calatrava o Mendizábal). Hasta 1822 gobernaron los doceañistas y después los exaltados. Entre las medidas más importantes de esta etapa están la redacción de un Código Penal o la desamortización de los monasterios y conventos disueltos. El Trienio fue un período convulso debido al acoso de las fuerzas absolutistas y el boicot del rey. Se formaron partidas absolutistas (voluntarios reales) en País Vasco, Navarra y Cataluña, e incluso una Regencia en Urgel en nombre del rey. Finalmente, en abril de 1823 produjo la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luís, un ejército organizado por Francia por orden de la Santa Alianza (Congreso de Verona 1822), para poner fin al régimen liberal.
*La Década Ominosa (1823-1830). Recuperado el poder, Fernando VII desató una feroz represión contra los liberales. Sin embargo, y por presión de las potencias extranjeras, solo se produjo un restablecimiento parcial del Antiguo Régimen. Se mantuvieron medidas del Trienio, como la supresión de la Inquisición, y se emprendieron otras de modernización administrativa (creación del Consejo de Ministros, reforma fiscal del ministro López Ballesteros) y económicas (fundación del Banco de San Fernando, la bolsa de Madrid, aprobación del Código de Comercio). Esto no gustó a un sector de los absolutistas, los llamados «ultras» o «apostólicos», que acusaron al rey de ser demasiado aperturista y se fueron aproximando a su hermano y heredero, Carlos María Isidro.
Los últimos años del reinado de Fernando VII estuvieron marcados por la cuestión sucesoria. En 1713, Felipe V había aprobado en España una ley de sucesión basada en la Ley Sálica francesa, y que prácticamente imposibilitaba reinar a las mujeres. En 1830 Fernando VII decidió derogarla con la Pragmática Sanción, para que en caso de tener una hija esta no quedase excluida del trono. Esto acababa con las aspiraciones a la Corona del hermano del rey. Poco después nació la princesa Isabel. En los Sucesos de la Granja (septiembre 1832), partidarios de Carlos María Isidro aprovecharon una grave enfermedad del rey para presionarle y que anulase la Pragmática Sanción. Pero tras su recuperación, Fernando VII confirmó los derechos de su hija, expulsó a su hermano a Portugal y formó un gobierno con Cea Bermúdez, un absolutista reformista. Tras su muerte, Carlos María Isidro publicó el Manifiesto de Abrantes (octubre 1833), en el que se autoproclamaba rey como Carlos V.
4.4 El proceso de independencia de las colonias americanas. legado.
Uno de los acontecimientos más importantes de la historia de España del siglo XIX fue el proceso de independencia de las colonias americanas. Sus causas fueron muy diversas:
* Sociales: existía un creciente malestar entre los criollos, los descendientes de españoles nacidos en América. Suponían el 20% de la población, tenían extensas propiedades y controlaban la riqueza de las colonias, pero no podían acceder a los principales cargos políticos, que estaban reservados a funcionarios peninsulares. Asimismo, el clero americano, perjudicado por las reformas borbónicas, también se puso del lado de la independencia.
* Políticas: el rechazo a las reformas borbónicas del siglo XVIII, de tipo centralista, y que tenían por objetivo aumentar los impuestos y el control comercial, reforzar el poder real y disminuir la influencia de la Iglesia (sobre todo de jesuitas). En el siglo XIX se añadió también el rechazo de los criollos a algunas de las medidas liberales de las Cortes de Cádiz, como la igualdad con los indígenas. En general, los procesos de independencia tuvieron un carácter clasista y conservador.
*Económicas: las colonias deseaban libertad económica para poder comerciar con otros países. El monopolio con la Península perjudicaba a los productores y consumidores americanos. En 1796 Godoy abrió la puerta a permitir el comercio con países aliados, pero ya era demasiado tarde.
*Ideológicas: la difusión de las ideas de la Ilustración y el ejemplo de las independencias de los Estados Unidos (1776) o Haití (1804) también tuvieron cierta influencia.
Debemos señalar que el proceso de independencia fue dirigido y llevado a cabo por las élites criollas. Aunque en el siglo XVIII se habían producido algunas revueltas indígenas (Túpac Amaru II, 1780) estas iban tan en contra de la dominación española como de la criolla y no prosperaron. En general, los indígenas, negros o mestizos no jugaron un papel relevante en la independencia, salvo en México. El primer intento de independencia se produjo en 1806. Ese año, el militar criollo Francisco Miranda intentó invadir Venezuela con apoyo de Reino Unido; y los británicos de hacerse con Buenos Aires. Ambos fracasaron. El proceso de independencia se produjo entre 1808 y 1825, y distingue dos fases:
* La primera fase (1808-1814). Tras la invasión napoleónica, en las colonias se formaron Juntas como en la Península. Aprovechando esta situación, algunas de ellas como las de Buenos Aires (el doctor José Francia, 1810) o Caracas (Simón Bolívar, 1811) se negaron a obedecer a las autoridades peninsulares y declararon su independencia. En México el proceso independentista fue algo diferente. Estuvo dirigido por sacerdotes rurales, primero por Miguel Hidalgo y luego por José María Morelos, Además tuvo un gran contenido social, pues incluyó a campesinos indios y mestizos que trabajaban en las haciendas. Pero todos estos movimientos fracasaron por las divisiones internas, la falta de un proyecto claro y sobre todo, el regreso de Fernando VII al trono.
* La segunda fase (1815-1825). En esta fase, los rebeldes tuvieron la ayuda militar y económica del Reino Unido y Estados Unidos. La primera en proclamar su independencia fue Argentina en 1816, liderada por José de San Martín. Este derrotó a las tropas realistas en la batalla de Chacabuco, lo que permitió la independencia de Chile (1818). Tras esto, el movimiento de liberación se extendió por todo el continente. Simón Bolívar lideró la independencia de Colombia (1819), Venezuela (1821) y Ecuador (1822), El general Agustín de Iturbide, la independencia de México (1822) y Antonio José de Sucre la de Perú (batalla de Ayacucho, 1824). Hacia 1825, el imperio español se reducía a Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
La independencia tuvo grandes consecuencias para ambas partes. Para América supuso el nacimiento de quince nuevos Estados que tuvieron diversas trayectorias, guerras civiles y fronterizas y pasaron a estar en la órbita comercial de Reino Unido y Estados Unidos. Para España supuso su declive definitivo como potencia internacional y la pérdida de mercados y recursos, lo que agravó la crisis económica del país y lastraría su industrialización.
Finalmente, debemos mencionar el legado español en América, que es rico y variado, fruto de tres siglos de unión política, económica, social y cultural. El más destacado es sin duda el castellano, el cuarto idioma más hablado del mundo, con unos 550 millones de personas y que da unidad a toda la región. También ciertas estructuras políticas (como instituciones o fronteras internas) y económicas (tipos de cultivo, ganado, explotación de recursos, sistema de propiedad de la tierra) son herencia de la dominación española. Y la propia sociedad hispanoamericana, caracterizada por un mestizaje fruto de los matrimonios mixtos que no se dio, por ejemplo, en las colonias anglosajonas de Norteamérica.
5.1 Isabel II: las regencias. Guerras carlistas. Grupos políticos
El reinado de Isabel II se inició en 1833, pero no fue efectivo hasta 1843 por su minoría de edad. En estos diez años hubo dos regencias, la de su madre María Cristina de Borbón (1833-1840) y la del general Espartero (1840-1843). En ellos se produjo la implantación definitiva del Estado liberal.
La resistencia al liberalismo estuvo representada por el carlismo. A la muerte de Fernando VII se produjo una pugna por el trono entre Isabel II y su tío Carlos María Isidro, que en el Manifiesto de Abrantes (1833) se autoproclamó Carlos V. Esto fue el inicio de una guerra civil que enfrentó dos concepciones políticas opuestas. El carlismo deseaba una monarquía absoluta, católica y tradicional («Dios, Patria, Rey») y mantener los fueros, y el liberalismo la soberanía nacional, la división de poderes y el centralismo estatal. El carlismo tuvo sus principales focos en País Vasco y Navarra, y contó con el apoyo de la Iglesia, la pequeña nobleza rural y amplios sectores del campesinado. La reina fue respaldada por la burguesía y clases urbanas, la alta nobleza y la mayor parte del ejército. La primera guerra carlista (1833-1839) fue muy violenta (más de 200.000 muertos) y distinguió tres etapas. La primera (1833-1835) fue de iniciativa carlista, que pese a su inferioridad numérica puso en jaque al bando isabelino gracias al papel de sus mandos, como Zumalacárregui o Ramón Cabrera. En la segunda (1835-1837), las victorias liberales (batalla de Luchana, 1836) y el fracaso de la Expedición Real (1837) sobre Madrid provocaron su repliegue. Y en la tercera (1838-1839), la previsible derrota llevó a parte de sus filas a buscar una negociación. La guerra terminó con la firma del Convenio de Vergara (1839) entre los generales Maroto y Espartero. Los carlistas reconocerían a Isabel como reina a cambio de respetar los fueros e integrar a sus militares en el ejército liberal. Una paz que no fue reconocida por don Carlos y abriría la puerta a nuevos conflictos en el futuro.
Durante la regencia de María Cristina (1833-1840) se consolidó la división de los liberales en dos grupos: el Partido Moderado y el Partido Progresista. Eran agrupaciones de notables, de carácter burgués y liderados por militares (espadones). No tenían organización permanente, ni disciplina de partido y no representaban a las clases populares, que vivían al margen de la vida política. El Partido Moderado era apoyado por las clases altas y defendía la soberanía compartida, sufragio censitario muy restringido, derechos individuales limitados, la confesionalidad del Estado y defensa de la autoridad y el orden. El Partido Progresista, apoyado por las clases medias-bajas urbanas, defendía la soberanía nacional, reducir el poder real, mayores libertades, un sufragio censitario más amplio y la aconfesionalidad del Estado. Sus respectivos líderes fueron los generales Narváez y Espartero.
María Cristina inició su regencia manteniendo el último gobierno de Fernando VII, dirigido por el absolutista reformista Cea Bermúdez. Su acción más destacada fue la división provincial del ministro Javier de Burgos (1833), que continua en la actualidad. Pero el estallido de la guerra carlista y la necesidad de apoyos, obligó a la regente a reemplazarlo por el liberal moderado Martínez de la Rosa. Su medida más importante fue el Estatuto Real de 1834, una carta otorgada que no hacía referencia a la soberanía nacional. En su lugar era la Corona la que «cedía» al pueblo ciertos derechos, muy restringidos, y establecía unas Cortes consultivas, formadas por una Cámara de Procuradores elegida por sufragio censitario (0,15% de la población) y una Cámara de Próceres de nombramiento real. La resistencia de la regente a las reformas provocó el Motin de los Sargentos de La Granja en 1836. Un levantamiento de oficiales que la obligó a restaurar la Constitución de 1812 y formar un gobierno progresista al mando de José María Calatrava y con Juan Álvarez Mendizábal como ministro de Hacienda, Sus medidas liquidaron el Antiguo Régimen en España. Entre ellas, la desamortización de del clero, la abolición del régimen señorial y la Constitución de 1837.
Un texto progresista, similar al de Cádiz (soberanía nacional, división de poderes y amplias libertades) que para atraerse a los moderados recogía aspectos como Cortes bicamerales (Congreso y Senado) o mayor poder de la Corona (derecho de veto, convocar y disolver las cámaras). También se aumentó el sufragio al 5% de la población. Pero un nuevo intento de la regente de limitar las reformas (Ley de Ayuntamientos, 1840) provocó una revuelta que forzó su renuncia en octubre de 1840. Comenzó entonces la regencia del general Espartero (1840-1843), que intensificó las reformas progresistas. Su autoritarismo provocó la conspiración de los moderados y la oposición de su propio partido, sobre todo tras el bombardeo de Barcelona en 1842 por un motín ante su política arancelaria. Su dimisión se produjo tras el exitoso pronunciamiento del general Narváez en 1843. Las Cortes decidieron entonces adelantar la mayoría de edad de la reina, con solo trece años.
5.2 Isabel II: reinado efectivo. grupos politicos y constituciones.
El reinado efectivo de Isabel II se desarrolló desde la proclamación de su mayoría de edad en 1843 hasta la Revolución Gloriosa de 1868. El principal rasgo de este período fue el predominio absoluto de los moderados. Esto se debió a un sufragio censitario muy restringido, la manipulación electoral y la intervención de la reina en la vida política, que apoyó a los sectores más conservadores evitando el acceso al poder de los progresistas, lo que les condujo al retraimiento y la conspiración.
Los principales grupos políticos ya habían surgido en el período de las regencias. Eran agrupaciones de notables, de carácter burgués y liderados por militares (espadones). No tenían organización permanente, ni disciplina de partido y no representaban a las clases populares, que vivían al margen de la política. El Partido Moderado, apoyado por las clases altas, defendía la soberanía compartida, sufragio censitario muy restringido, derechos individuales limitados y la confesionalidad del Estado. El Partido Progresista, apoyado por las clases medias-bajas urbanas, defendía la soberanía nacional, reducir el poder real, mayores libertades, un sufragio censitario más amplio y la aconfesionalidad del Estado. En el reinado efectivo de Isabel II aparecieron dos nuevos partidos. El Partido Demócrata, escisión del progresista en 1849 que defendía la soberanía nacional, el sufragio universal y amplias derechos (reunión, asociación, libertad religiosa) y la intervención estatal en asuntos sociales, como la enseñanza. Sus base social fueron las clases populares e intelectuales. Y la Unión Liberal, fundado en 1858 por el general O’Donnell como partido de centro entre moderados y progresistas. Combinó aspectos conservadores (soberanía compartida, Cortes bicamerales) y progresistas (mayor libertad de expresión, intervención económica o cierta descentralización). Su principal apoyo social vino de las clases medias. Por su parte, los republicanos fueron minoritarios y no crearon un partido hasta la caída de Isabel II en 1868.
El reinado efectivo de Isabel II distingue tres etapas. En la Década Moderada (1844-1854) el general Narváez dirigió el país con mano de hierro gracias a la Constitución de 1845, un texto conservador y elitista, que establecía la soberanía compartida, Cortes bicamerales elegidas por un sufragio censitario muy restringido (0,8% de la población), amplios poderes a la Corona, derechos recortados (como la libertad de imprenta, que podía ser limitada por leyes posteriores) y la confesionalidad católica del Estado. Los moderados aprobaron la creación de la Guardia Civil (1844), la Ley de Ayuntamientos (1845), la reforma fiscal (1845), el Código Penal (1848) y firmaron el Concordato de 1851, que restableció las relaciones con la Iglesia. El principal conflicto de esta etapa fue la segunda guerra carlista (1846-1849), que estalló debido al fracaso del matrimonio entre Isabel II y el pretendiente carlista (Carlos VI).
El descontento por el autoritarismo y centralismo de los moderados llevó al general O’Donnell (con apoyo de progresistas y demócratas) a hacer un pronunciamiento en junio de 1854 (la Vicalvarada). Los rebeldes publicaron el Manifiesto del Manzanares, que tuvo un gran respaldo social y forzó a la reina a dar el gobierno a Espartero. Se inició así el Bienio Progresista (1854-1856), una etapa en que se restauraron las libertades y destacó por su legislación económica: la desamortización de Madoz, la Ley de Ferrocarriles de 1855 o la creación del Banco de España en 1856. Hubo incluso un proyecto de Constitución en 1856 (la non nata) que no se llegó a aprobar. Era un texto parecido al de 1837, que recuperaba la soberanía nacional, derechos individuales, la Milicia Nacional y, como novedad, la aconfesionalidad del Estado y tolerancia religiosa. El aumento de las protestas sociales y las disputas dentro del gobierno fueron aprovechados por Isabel II para dar de nuevo el gobierno a los moderados.
En la etapa final del reinado (1856-1868) se alternaron en el poder la Unión Liberal de O’Donnell y los moderados, que pasaron a estar controlados por su rama más autoritaria y confesional (los neocatólicos). Este período se caracterizó por un fuerte crecimiento económico y una política exterior colonial y de prestigio (Marruecos, Santo Domingo, México y Cochinchina). Desde 1863, la bonanza económica llegó a su fin y el autoritarismo fue en aumento (Noche de San Daniel, Sublevación del cuartel de San Gil). Por el Pacto de Ostende (agosto 1866), progresistas y demócratas acordaron derrocar a Isabel II y establecer un régimen democrático. La muerte de O’Donnell y Narváez aisló aún más a la reina y en septiembre de 1868 el pronunciamiento de Topete dio inicio a la Revolución Gloriosa, que supuso la caída de los Borbones y el inicio del Sexenio Revolucionario (1868-1874).
5.3 El Sexenio Revolucionario: ctcion 1869, amadeo, I republica.
La última etapa del reinado de Isabel II (1833-1868) estuvo marcada por el autoritarismo de los moderados (Noche de San Daniel), la crisis económica y el desprestigio de la reina. En junio de 1866 se produjo la Sublevación del cuartel de San Gil, para acabar con la monarquía. Su fracaso y la dura represión posterior llevó a los progresistas de Juan Prim y los demócratas de Cristino Martos a firmar el Pacto de Ostende en agosto de 1866, para derrocar a Isabel II e instaurar un régimen democrático. Las muertes de O’Donnell y de Narváez terminaron por aislar a la reina, y en septiembre de 1868 el almirante Topete dio un pronunciamiento junto con Prim y el general Francisco Serrano, nuevo líder de la Unión Liberal. En su manifiesto «España con honra», los sublevados reclamaban la expulsión de la reina y el establecimiento de un Gobierno provisional que democratizase el país. Pronto se formaron Juntas Revolucionarias en diversas ciudades y cuando el ejército realista fue derrotado en Alcolea por las tropas de Serrano, Isabel II partió hacia el exilio. Con el único destronamiento de la monarquía de la historia España triunfaba la Revolución Gloriosa de 1868 y se iniciaba el Sexenio Revolucionario (1868-1874), un período muy convulso que distingue cuatro etapas:
* El Gobierno provisional (1868-1871), presidido por Serrano e integrado por unionistas y progresistas. Entre sus primeras medidas estuvo la disolución de las Juntas Revolucionarias y la convocatoria a Cortes Constituyentes mediante sufragio universal masculino. Estas promulgaron la Constitución de 1869, la primera democrática de nuestra historia, y que establecia la soberanía nacional, una estricta división de poderes, amplias libertades individuales (de expresión, reunión, asociación, enseñanza y, por primera vez, religiosa, aunque el Estado se comprometió a financiar el clero). El ejecutivo recayó en el rey (con un poder limitado) y el legislativo en Cortes bicamerales elegidas por sufragio universal masculino. Aprobada la Constitución, el gobierno se centró en la elección de un nuevo rey, algo que no resultó fácil y que se convirtió en un asunto internacional. Aunque se descartaba la vuelta de los Borbones, Cánovas del Castillo formó el Partido Alfonsino, en defensa de los derechos del hijo de Isabel II. Al final prevaleció el candidato italiano Amadeo de Saboya, apoyado por Prim y los progresistas. En paralelo a todo esto, se había iniciado en Cuba una guerra por su independencia (Grito de Yara) que se prolongaría diez años.
* El reinado de Amadeo I (1871-1873) fue muy inestable, sobre todo por la falta de apoyos del rey, cuya elección fue acogida con frialdad por la opinión pública española. Además, la muerte de Prim al poco de llegar a España le dejó sin su principal valedor. A esto se sumó la oposición de los que consideraban ilegítima la nueva dinastía, como los alfonsinos, la Iglesia o los carlistas (partidarios de Carlos VII y que iniciaron la tercera guerra carlista, 1872-1876). La situación se deterioró con la ruptura de los progresistas (Partido Constitucionalista de Sagasta y Partido Radical de Ruiz Zorrilla), la crisis económica y la agitación obrera. Como resultado, se produjeron tres elecciones y seis gobiernos en dos años. El rey terminó abdicando en las Cortes en febrero de 1873. Entonces el Congreso y Senado, reunidos en Asamblea Nacional, proclamaron la Primera República.
* La Primera República (1873-1874) duró solo once meses y atravesó numerosos problemas. Sobre todo por sus escasos apoyos (fue aprobada por unas Cortes sin mayoría republicana) y la oposición (sobre todo los alfonsinos de Cánovas, a los que se unieron los antiguos unionistas y progresistas). También por la crisis económica de 1873, las guerras cubana y carlista, el deterioro de la situación en el campo y la división de los republicanos en federalistas y unitarios. El primer presidente fue Estanislao Figueras, que suprimió las quintas, abolió la esclavitud en Puerto Rico y convocó elecciones a Cortes constituyentes. Estas dieron el triunfo a los federalistas y la presidencia recayó en Pi y Margall. Se elaboró un proyecto de Constitución en 1873 que no se llegó a aprobar, por la división de los federalistas en dos corrientes (transigentes e intransigentes) y el estallido de la rebelión cantonal en Andalucía y Levante. Tras su dimisión le sucedió Nicolás Salmerón, que envió al ejército para reprimir las revueltas cantonales y obreras (Alcoy). Tras negarse a firmar sentencias de muerte a soldados desertores, dimitió, y le sucedió Emilio Castelar, republicano unitario y conservador, que obtuvo plenos poderes de las Cortes para restaurar el orden en el país. Pero en enero de 1874 el general Pavía dio un golpe de Estado y disolvió las Cortes republicanas.
* La dictadura del general Serrano (1874). Pavía entregó el poder ejecutivo al general Serrano, que mantuvo la fachada republicana pero gobernó de forma autoritaria. Puso fin a la revuelta cantonal y logró avances en la carlista. Mientras, Cánovas preparó el regreso de los Borbones en la figura del principe Alfonso, Este se dirigió al país el 1 de diciembre de 1874 en el Manifiesto de Sandhurst. Pero fue el pronunciamiento del general Martinez Campos, el 29 de diciembre, lo que acabó con el Sexenio y dio inicio al régimen de la Restauración (1874-1931).