La
Primera Guerra Carlista se inició en la muerte de Fernando VII (1833). Este conflicto enfrentó a los carlistas, partidarios de los derechos dinásticos de Carlos María Isidro hermano Fernando VII, y los isabelinos, defensores de los derechos al trono de su hija Isabel. Este enfrentamiento se debió a que la madre de Isabel, María Cristina, promulgó anteriormente la Pragmática Sanción (1930) que modificaba la ley y convertía a Isabel en heredera. En cambio, los carlistas defendían la ley sálica, ley de origen francés que impedía el acceso de las mujeres al trono.
En 1833 los rebeldes proclamaron rey al príncipe Carlos María Isidro y confiarle la defensa del absolutismo y de la sociedad tradicional. Comenzaba así una larga guerra civil que enfrentó a los defensores del Antiguo Régimen y los partidarios de iniciar un proceso reformista de carácter liberal.
El antiguo Régimen era defendido por los carlistas tenían una ideología tradicionalista y antiliberal, su lema era «Dios, Patria y Fueros». Los liberales estaban en contra del absolutismo y contaban con buena parte de la alta nobleza y de los funcionarios y con un sector de la jerarquía eclesiástica.
Francisco Martínez de la Rosa, un liberal moderado, inició unas primeras reformas muy limitadas. En 1834 propuso el Estatuto Real (un conjunto de reglas para convocar unas cortes que seguían siendo las mismas de la AR pero ligeramente adaptadas al nuevo tiempo), pero estas reformas fueron insuficientes. La guerra civil y la desastrosa situación económica provocaron sublimaciones que exigirían ampliación de libertades políticas y sufragio, y reclamaban la entrega de poder a los progresistas. En 1836 una revuelta contra la regente le obligó a aceptar la Constitución de 1812, aunque se redactó una nueva carta magna (Constitución de 1837) con cambios respecto de la de 1812 que la hacía más moderada (soberanía nacional, declaración de derechos los ciudadanos, división de poderes y la no confesionalidad del Estado). En esta constitución se hicieron algunas leyes revolucionarias:
Ley de imprenta (1836) (hizo desaparecer la censura previa), Ley electoral (1837) (fijó un sistema de sufragio censitario que tenían el derecho al voto los machos + grandes de 25 años que pagaran un mínimo de 200 reales de contribución directo). Finalizada la primera guerra carlista (1839), un gobierno dirigido por el moderado Pérez de Castro limitó las reformas en la participación de las clases medias urbanas promulgando una Ley de Ayuntamiento (supresión del derecho de los ciudadanos de elegir alcaldes). Hubo revueltas populares y María Cristina se obligó a renunciar a la regencia. Entonces las Cortes eligieron como regente al general Espartero, que contaba con el apoyo de los liberales progresista en nombre de la libertad; gobernó hasta 1843 de manera dictatorial, reprimiendo a los moderados y sin someterse nunca al parlamento. Se ganó el rechazo de todos. Algunos sectores liberal progresistas (demócratas), que lo dieron inicialmente, se enfrentaron a él pues no aceptaban las reformas autoritarias y represivas, aunque se hiciera en nombre del liberalismo. En 1843 se inició una sublevación militar encabezada por Narváez.
Espartero huyó, se exilió en Londres y no regresó a España hasta 1849.
Década Moderada (1844-1854)
En las elecciones de 1844 realizadas con sufragio censitario, dieron la mayoría de votos a los moderados que formaron un nuevo gobierno presidido por el general Ramón María Narváezque puso fin a la regencia de Espartero. Proclamaba mayor de edad a los 13 años, Isabel II a sumir al trono de España (1843) y encargo la formación del gobierno al partido moderado, liderado por Narváez. Con el apoyo de burgueses conservadores, el partido moderado gobernó durante 10 años con mano dura. Anuló la constitución de 1837 y redactó otra nueva en el 1845 que recogió las ideas básicas del moderantismo:
soberanía conjunta entre el rey y las cortes, ampliación de los poderes del ejecutivo y disminución de las atribuciones de legislativo; y se acordó el mantenimiento del culto y del clero. En esta etapa se realizaron algunas reformas Político administrativa importantes: Ley fiscal, Código Civil y Penal, Ley de sociedades por acciones. Los políticos moderados intentaron un acercamiento a la Iglesia, enemistada con el régimen liberal desde la desamortización de 1836, se firmó un concordato o convenio de colaboración con el Vaticano por el que la Iglesia recuperaba muchos de sus privilegios y era autorizada para intervenir en la enseñanza.
En 1844 se creó la Guardia Civil, cuerpo policial de carácter militar destinado a mantener el orden en las zonas rurales y que, en la práctica, aseguraba el derecho a la propiedad de los terratenientes en el campo. Los gobiernos favorecieron los negocios financieros en los que participaban políticos y personajes relacionados con el poder y miembros de la familia real. La corrupción y el autoritarismo de los gobiernos hizo que las clases populares dieran su apoyo a un levantamiento liberal de carácter progresista (1854).
El Bienio Progresista (1854-1856)
El año 1854 se inició con un pronunciamiento militar de
Vicálvaro
Su instigador fue el general Leopoldo O’Donnell, líder del partido Unión Liberal.
Este alzamiento, de carácter revolucionario, no pretendía destronar a la reina Isabel II (enemiga del constitucionalismo) sino forzarla a admitir las reformas democráticas interrumpidas en 1844. Comenzó una nueva etapa política que duró dos años, en que comenzó a elaborar una nueva carta constitucional, que finalmente no fue puesta en práctica: «non-nata»
Isabel II pidió al general progresista Espartero que formara gobierno, con el que volvieron a adoptar las medidas radicales que habían caracterizado la etapa de la regencia de Espartero (como expulsión de los jesuitas y la ampliación de una segunda desamortización (1855 ) que supuso el embargo de bienes comunales de los municipios.