La Constitución de 1978: Principios, Instituciones y Autonomías

El Congreso elegido nombró una ponencia para que redactara un borrador de la nueva Constitución, formada por tres diputados de UCD, un socialista, un comunista, un nacionalista catalán y un diputado de AP. Fue un proceso largo. Querían que quedaran reflejados con detalle los derechos y las libertades políticas y sociales del individuo; también deseaban que fuera una Constitución suficientemente abierta para que pudiera adaptarse a la ideología deseada de cualquier partido democrático que llegara a gobernar y que no obligara a cambios frecuentes. Se presentaron algunas cuestiones conflictivas: el PC se vio obligado a aceptar el sistema monárquico del que no era partidario, la bandera tradicional y se discutió la organización territorial de las autonomías. También fue objeto de discusión la enseñanza, la pena de muerte, el sistema electoral…

El espíritu de consenso se consiguió por el entendimiento entre la UCD y el PSOE y por las concesiones que hizo el PCE, que estuvo dispuesto a colaborar. Después, los acontecimientos se desarrollaron con cierta rapidez: en julio el Congreso aprobó la Constitución, el 6 de diciembre se realizó un referéndum y la Constitución fue aprobada y entró en vigor a partir del momento en que fue publicada en el BOE. Hay que destacar que la abstención fue mayor que en las elecciones de 1977 y en el País Vasco no llegó a votar el 50%.

La Constitución aprobada establecía una monarquía parlamentaria democrática en la que el rey era reconocido como jefe del Estado y de las Fuerzas Armadas, y el gobierno no tiene ningún poder de intervención. Establece también la división de poderes:

• El poder legislativo está formado por dos cámaras: el Congreso y el Senado. Diputados y senadores eran elegidos cada 4 años.
• El poder ejecutivo se basaba en la actuación del gobierno, formado por miembros del partido político mayoritario en el Congreso o con suficientes aliados para conseguir los votos necesarios para la aprobación de las leyes, sobre todo la de Presupuestos del Estado.
• El poder judicial está formado por jueces y magistrados y presidido por el Tribunal Supremo.

La Constitución establecía dos instituciones: el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. La Constitución tenía un esencial carácter democrático y especificaba los derechos y las libertades fundamentales de los españoles: abolía la pena de muerte, la tortura y establecía la mayoría de edad a los 18 años. El Título VIII definía el concepto de nacionalidad, aunque mantenía una cierta confusión entre nacionalidad y región; fue uno de los problemas básicos de esta Constitución. En principio se proponía un estado unitario con un sistema uniforme de autonomías regionales, que suponía una evidente descentralización del poder, pero los partidos centralistas han dado una lectura/versión diferente de la de los partidos nacionalistas.

El Desarrollo del Estado de las Autonomías

En Cataluña, los diputados elegidos en las elecciones de junio de 1977 constituyeron la Asamblea de Parlamentarios. Pidieron el restablecimiento de la Generalitat y la elaboración de un nuevo Estatuto. El gobierno de Suárez prefirió entenderse con Tarradellas, que aceptó las relaciones directas, marginando la Asamblea de Parlamentarios. La gran manifestación del 11 de septiembre de 1977 en Barcelona aceleró los acontecimientos: por Real Decreto se restablecía la Generalitat, presidida por Tarradellas, que era masivamente recibido en Barcelona; se formó un Consejo Ejecutivo integrado por políticos de los principales partidos y una comisión de 20 diputados se reunía en el parador turístico de Sau para redactar el Estatuto.

En el País Vasco, el programa de la alternancia de KAS fue asumido por ETA. Se añadió el problema de Navarra, que los independentistas más radicales querían integrar en el País Vasco en contra de la opinión de la mayoría de los navarros. A finales de 1977, un Real Decreto estableció el Consejo General Vasco, que fue presidido por Carlos Garaikoetxea. Después, un referéndum aprobó el Estatuto, pero había muchos vascos que no aceptaban la Constitución Española ni el Estatuto. El PNV consiguió un ventajoso concierto económico y la formación de una policía vasca.

Se celebraron las primeras elecciones autonómicas en Cataluña y en el País Vasco y se formaron los primeros gobiernos autónomos, pero en el resto del Estado español se multiplicaron las peticiones autonómicas de las otras regiones. Los partidos de derecha, el PSOE y buena parte del ejército temieron la desintegración del Estado e intentaron frenar el proceso autonómico.

En 1980, el gobierno de Suárez presentó a las Cortes la LOAPA, pero ante la protesta de los partidos nacionalistas, el Tribunal Constitucional rectificó parte de sus contenidos. En octubre de 1981 se celebraron elecciones al parlamento gallego y se aprobaron los Estatutos de Autonomía para Asturias, Cantabria y Andalucía. Entre 1982 y 1983 se establecieron el resto de autonomías. Por último, en 1995 se estableció el Estatuto de ciudades autónomas para Ceuta y Melilla.

Crisis Económica y Amenazas a la Democracia

La transición se llevó a cabo en un mal momento de la economía mundial a causa de la guerra entre Israel y sus vecinos árabes. Los principales productores de petróleo de Oriente Próximo incrementaron su precio, provocando una fuerte crisis mundial. Los efectos de esta crisis se dejaban notar en España todavía en 1979 bajo estos aspectos: aumento de la inflación, incremento del paro, cierre de empresas, estancamiento de la producción y balance comercial con grandes déficits.

Después de las elecciones de 1977, el gobierno de Suárez convocó a los principales partidos políticos y sindicatos a fin de conseguir un acuerdo que permitiera superar la crisis y no poner en peligro la reciente democracia. El 27 de octubre se firmaron y aprobaron los Pactos de la Moncloa. Dentro de una política de consenso, partidos y sindicatos se comprometían a establecer algunos principios que pretendían reactivar la inversión y crear un nuevo orden económico.

Después de 1979, la situación volvió a complicarse y la crisis económica pesaba como una losa sobre la joven democracia española. El terrorismo de la ultraderecha realizó actos de violencia para producir un efecto de intimidación, contra librerías y periódicos, obreros y abogados. Pretendían provocar una involución incitando a los elementos más duros del Ejército a sublevarse. Desde la izquierda, el GRAPO y ETA continuaron sus acciones. ETA era el grupo más activo y con mayor apoyo popular; ésta proponía la independencia del País Vasco y contaba con el soporte de una coalición electoral, Herri Batasuna, que consiguió alrededor de un 15% de los votos. ETA llevó a cabo acciones, sobre todo contra altos mandos del Ejército y miembros de las Fuerzas de Orden Público, para provocar una reacción militar, y también atentó contra políticos de UCD.

Debilidad Política y el Golpe de Estado del 23F

Aprobada la Constitución, Suárez convocó nuevas elecciones el 1 de marzo de 1979. La UCD las volvió a ganar con unos resultados parecidos a los de 1977, pero en las municipales los partidos de izquierda obtuvieron la mayoría en los ayuntamientos de las principales ciudades de España. Con ello se iniciaba la decadencia y la desintegración de la UCD. Los líderes de las principales tendencias exigían una clarificación ideológica y una dirección de tipo colegial. Parecía adivinarse que Suárez no era propiamente un líder parlamentario; acabó perdiendo parte de su popularidad y no consiguió convertirse en el líder indiscutible de UCD (Congreso octubre 1980) y poco después (29 de enero de 1981) presentaba la dimisión como presidente del gobierno.

El Congreso se reunió para aceptar a su sucesor, Leopoldo Calvo Sotelo, que no obtuvo la mayoría necesaria. El 23 de febrero, el Congreso volvió a reunirse para efectuar una segunda votación. En el momento en el que se llevaba a cabo esta votación, fuerzas de la Guardia Civil, al mando de Antonio Tejero, interrumpieron la sesión y mantuvieron secuestrados a los diputados. Se iniciaba un golpe de Estado.

Una parte del Ejército estaba en contra del proceso de democratización del país; se trataba de militares franquistas que habían luchado en la Guerra Civil contra el comunismo y el separatismo, y no aceptaban la liberación política y de las costumbres. La obra del general Gutiérrez Mellado no parecía tener éxito y los desplantes que sufrían eran frecuentes. El plan de los sublevados era ocupar el edificio del Parlamento y hacer prisioneros al gobierno y a los diputados; después seguiría el pronunciamiento de Milans del Bosch, que arrastraría a los mandos de la división acorazada Brunete a ocupar la capital. Finalmente, el general Alfonso Armada formaría un gobierno militar/civil. Pero la actuación del rey Juan Carlos I y la colaboración de parte del ejército, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional lograron parar el golpe.

El nuevo presidente, Calvo Sotelo, elegido después del 23F, no pudo mantener la unidad del pueblo. Demostró firmeza cuando recurrió la resolución del Tribunal Militar y consiguió sentencias más duras, pero una serie de acontecimientos lo debilitaron. Por todo ello, Calvo Sotelo disolvió las Cortes (agosto 1982) y convocó elecciones generales para octubre de 1982.