La Crisis de la Restauración en España (1898-1923)

El fracaso de los proyectos reformistas en la Restauración

El gobierno largo de Maura (1907-1909) planteó la revolución desde arriba. Se trataba de hacer reformas políticas que dieran autenticidad al sistema liberal parlamentario, pero sin alterar las bases del régimen. Con el objetivo de propiciar la limpieza electoral y erradicar el caciquismo, se aprobó la ley electoral que declaraba el voto obligatorio, pero en la práctica no tuvo éxito. La reforma de la ley de administración local pretendía eliminar el caciquismo, preveía más autonomía local y crear mancomunidades para satisfacer las aspiraciones autonomistas de Cataluña e hizo una vía con la Liga Regionalista. También se planteó una política económica de intervención estatal y de protección y fomento de la industria nacional, y medidas sociales como la creación del Instituto Nacional de Previsión, la obligatoriedad del descanso dominical y la legalización de la huelga. No fue aprobada por el parlamento. La ley de represión del terrorismo fracasó y sirvió de justificación para la formación de una alianza de liberales y republicanos moderados (bloque de izquierdas) con un programa que propiciaba la abertura democrática, la laicización del estado y la libertad de cultos. Las consecuencias de la guerra de Marruecos desbarataron este intento reformista.

Después del breve Gobierno de Moret, el rey llamó a José Canalejas, quien hizo el intento para conseguir la progresiva democratización y ampliar las bases sociales del régimen. Desarrolló un programa basado en la mejora del sistema parlamentario, la secularización del Estado y la intervención estatal en materia social. Implicaba la separación de la Iglesia y el Estado, la libertad religiosa y el control de la Iglesia, y un enseñamiento laico. La Ley del Candado (1910), limitaba el establecimiento de nuevas órdenes religiosas en España y casi se rompen las relaciones entre España y la Santa Sede. Imposibilidad de aprobar la ley de asociaciones. Las reformas sociales fueron: reducción de la jornada laboral, ley de accidentes de trabajo, seguridad social obligatoria, regulación del derecho a huelga y contratos colectivos de trabajo. Se sustituyó el impuesto de consumos por rendas urbanas. Con la ley de reclutamiento se estableció el servicio militar obligatorio sin distinciones en el caso de guerra, pero en tiempos de paz se admitía que los soldados que pagaran una cantidad de dinero hicieran un servicio militar reducido. Ley de mancomunidades en 1912. En Marruecos se ordenó ocupar Arcila, Larraix y Alcazarquivir, y se consiguió de Francia un nuevo tratado en 1912.

El desarrollo de los nacionalismos

Nacionalismo catalán

El de más relevancia e influencia. Dominado por la Liga Regionalista de Cataluña fundada en 1901, su líder era Francesc Cambó y el principal ideólogo Enrique Prat de la Riba. Consideraban que se había de compatibilizar la regeneración con la reivindicación de la autonomía de Cataluña. Era el partido de la burguesía y de las clases conservadoras, no tenía el apoyo de los obreros. El catolicismo y la ausencia de un programa de reformas sociales. A veces colaboró con los partidos del turno. Un sector de nacionalistas de izquierda formaron el Centro Nacionalista Republicano que intentó unir el catalanismo político con las ideas republicanas y el reformismo social, no desbancó la Liga. En 1906 se aprobó la ley de jurisdicciones. Considerada como un atentado contra la libertad de expresión y como un instrumento para reprimir el catalanismo, suscitó un movimiento de protesta. El mismo año todas las fuerzas catalanistas formaron un frente común llamado Solidaridad Catalana que en las elecciones tuvo un éxito espectacular. Todo este movimiento se truncó con el apoyo de Cambó a Maura y de los hechos de la Semana Trágica. Desde ese momento, el catalanismo fue capitalizado por la Liga. La constitución de la Mancomunidad de Cataluña en 1914 bajo la presidencia de Prat de la Riba significó el reconocimiento de la personalidad de Cataluña.

Nacionalismo vasco

Después de la muerte de Sabino de Arana en 1903 se produjo en el Partido Nacionalista Vasco un duro enfrentamiento entre el sector radical defensor de las ideas aranistas y otro más moderado, liberal y posibilista que aceptaba el parlamentarismo y optaba por la autonomía manteniendo los principios aranistas. Con esta nueva estrategia el nacionalismo vasco se extendió, se aproximó a la burguesía industrial, amplió sus bases sociales y se consolidó como la fuerza mayoritaria.

La Semana Trágica y la guerra de Marruecos

Tras la crisis de 1898, la acción colonial de España se centró en África. España intentaba formar parte de la nueva orden de las relaciones internacionales y poner fin al aislamiento exterior, por eso Marruecos pasó a constituir el eje de la política exterior. La expansión colonial de España en Marruecos quedó subordinada y limitada por las potencias europeas. Tras negociaciones internacionales, como la Conferencia de Algeciras, Francia y España fijaron las zonas de influencia en Marruecos, donde marginaban a Alemania. A España le correspondía la zona norte, la pieza esencial era el Rif, un territorio muy accidentado y habitado por cabilas o tribus de bereberes que no estaban sometidos al sultán, lo cual dificultaba el dominio militar. Se llevaron a cabo diversas campañas militares para tratar de someter el territorio, asegurar la explotación de las riquezas mineras y proteger la construcción del ferrocarril que había de unir las minas con Melilla. En 1909 los rifeños atacaron y asesinaron a cuatro obreros del ferrocarril y se produjeron graves enfrentamientos entre las tropas. El gobierno decidió enviar tropas peninsulares de refuerzo y movilizó a los reservistas de Cataluña. El embarcamiento de las tropas en Barcelona desencadenó una protesta contra la guerra al comprobarse que se ahorraban ir los que pagaban dinero. El republicanismo radical y anticlerical, los socialistas y los anarquistas promovieron una huelga general contra la guerra y la política del gobierno en Marruecos. La huelga desencadenó una insurrección espontánea conocida como la Semana Trágica de Barcelona. Grupos armados con fusiles y pistolas se enfrentaron a las fuerzas del orden. El gobierno reprimió la revuelta y acusó a los republicanos radicales y los anarquistas de ser los instigadores. Hubo juicios militares y condenas a muerte como la de Francesc Ferrer i Guardia, un pedagogo librepensador, anarquista y anticlerical, fundador de la Escuela Moderna, acusado sin pruebas y sin garantías legales de ser el cabecilla de la rebelión. Los liberales, con el apoyo del bloque de izquierdas, exigieron la destitución de Maura. Alfonso XIII forzó la dimisión de Maura.

La crisis de 1917

La crisis militar

El proyecto de reforma militar pretendía modernizar el ejército a través de una reducción del número de oficiales. Otro motivo era el sistema de ascensos por méritos de guerra, lo cual favorecía a los militares que servían en África. El conflicto surgió en los jóvenes oficiales peninsulares que exigieron que los ascensos fueran por rigurosa antigüedad. El descontento formó Juntas de Defensa con una orientación sindical. En junio de 1917 presentaron un ultimátum al gobierno conocido como Manifiesto de las Juntas. El gobierno se doblegó.

La crisis política

El lenguaje de las Juntas fue interpretado por diversos grupos de la oposición como una señal inminente de la oportunidad para una reforma o revolución democrática. Delante de las imposiciones del gobierno conservador de Dato, Cambó convocó a todos los senadores y diputados españoles a una Asamblea de Parlamentarios en 1917. La Asamblea acordó la formación de un gobierno provisional y la convocatoria de Cortes Constituyentes que reformaran la Constitución en sentido descentralizador y aprobaran la autonomía para Cataluña. Pero el reducido apoyo político a esta Asamblea y el rechazo de las Juntas a sus pretensiones permitieron disolverla.

La crisis social

En marzo de 1917 las dos organizaciones rivales, UGT y CNT, convocaron una huelga general, pero solo tuvo una especial intensidad en los centros industriales de Madrid, Barcelona, el País Vasco y Asturias, donde se produjeron los incidentes más graves. El ejército cumplió la orden de disparar contra los obreros y se produjeron 71 muertes y 2000 detenidos. Los miembros del comité de huelga fueron detenidos y condenados a cadena perpetua.

La dictadura de Primo de Rivera

En 1923 Miguel Primo de Rivera hizo un pronunciamiento militar contra el gobierno constitucional. El malestar del ejército, la indecisión del gobierno y la falta de confianza del rey en el sistema facilitaron que el golpe militar no encontrara oposición. Rivera hizo públicas sus intenciones en un manifiesto. Presentó la dictadura como un régimen transitorio. Imbuido de regeneracionismo, en una versión manipulada de la teoría de Joaquín Costa del cirujano de hierro, anunció el propósito de liberar al país de la vieja política, destruir el caciquismo, poner fin al desgobierno y a la subversión social, y a la amenaza del separatismo. La opinión pública lo acogió favorablemente y se mostró pasiva. Contó con el apoyo de los sectores empresariales, los principales bancos nacionales y de la Iglesia. El 15 de septiembre el rey encargó a Primo la formación de un nuevo gobierno y le concedió el cargo de presidente y de ministro único. El Directorio militar proclamó el estado de guerra durante dos años, suspendió la Constitución y las garantías constitucionales, disolvió las Cortes, censuró la prensa y prohibió las actividades de los partidos políticos y de los sindicatos. La CNT y el PCE fueron declarados ilegales y también se reprimió el nacionalismo. Los gobernadores civiles fueron sustituidos por gobernadores militares y se crearon los delegados gubernativos, también militares, que tenían el control de los nuevos ayuntamientos. Los ayuntamientos fueron disueltos y sustituidos por juntas de vocales asociados elegidos por los mayores contribuyentes, vinculados al sistema caciquista. El Estatuto Municipal inició una nueva administración adicta y centralizada, y la desarticulación del caciquismo se limitó a perseguir a los no adictos al régimen. Las diputaciones fueron disueltas y los nuevos diputados designados por los gobernadores. Con el Estatuto Provincial desapareció la Mancomunidad. Resuelto el problema del orden público y solucionada la cuestión marroquí, Primo de Rivera sustituyó el Directorio militar por un gobierno civil y se rodeó de políticos de derechas como Sotelo. Se creó un partido de derechas, la Unión Patriótica, para consolidar el régimen. Solo fue un instrumento de propaganda gubernamental. La mayoría de los aliados eran funcionarios y pequeños y medianos propietarios rurales. La Asamblea Nacional Consultiva elaboró una nueva Constitución. La oposición de los viejos políticos dinásticos, la negativa de los socialistas y la actitud del rey paralizaron el proyecto de Estatuto Fundamental de la Monarquía y aceleraron la oposición al dictador.

La política económica y social se caracterizó por el intervencionismo estatal y el nacionalismo económico que querían regular e impulsar la industria nacional por medio de ayudas a las grandes empresas y al aumento del gasto público. Se crearon grandes monopolios estatales y se fomentaron las obras públicas. Esta política no se acompañó de una reforma fiscal que aumentara los ingresos, lo que incrementó el déficit presupuestario y obligó a una emisión constante de deuda pública. La base de la organización corporativa nacional eran los comités paritarios de cada uno de los oficios, formados por igual número de vocales obreros y patronos. Hubo una colaboración de los socialistas.

Los gobiernos de Berenguer y Aznar y el final de la monarquía

Alfonso XIII encargó la formación del gobierno a Berenguer para volver a la normalidad constitucional. El nuevo gobierno restableció las libertades políticas, disolvió la Asamblea Nacional y restituyó a sus cátedras a los profesores. La sociedad española ya no era propensa a dejarse controlar por la máquina caciquista. Aumentó el número de republicanos, era imposible volver a la situación anterior. En agosto de 1930 los partidos republicanos, incluidos los nacionalistas catalanes y gallegos, acordaron el Pacto de San Sebastián con el objetivo de proclamar la república. Los socialistas acordaron unirse. Un grupo de intelectuales encabezados por José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala publicaron el manifiesto fundacional de una agrupación al servicio de la república. Fracasaron los levantamientos de la guarnición de Jaca. El anuncio de republicanos, socialistas y antiguos políticos dinásticos de no participar en las elecciones legislativas provocó la dimisión de Berenguer, sustituido por el almirante Aznar, que anunció unas elecciones municipales seguidas de unas generales de carácter constituyente. Republicanos y socialistas decidieron participar en las elecciones y plantearlas como un plebiscito a favor o en contra de la monarquía. Triunfó la coalición de republicanos y socialistas en las grandes ciudades y esto se interpretó como un rechazo de la monarquía y dio paso a la proclamación de la república.

La neutralidad española en la Primera Guerra Mundial

El gobierno de Dato declaró la neutralidad con el apoyo de todos los partidos. La posición se adoptó a causa del aislamiento diplomático, la debilidad económica y la incapacidad militar de España. A pesar de todo, la opinión pública se dividió en dos bandas: los aliadófilos y los germanófilos. Esto se reflejó en los partidos del turno y en la sociedad. Los sectores más conservadores mostraron simpatía por los imperios centrales, que representaban el orden y la autoridad. Los liberales y la izquierda dieron apoyo a los aliados, que representaban los principios democráticos. La neutralidad favoreció una espectacular expansión de la economía. España se convirtió en proveedora de los países beligerantes. El alza de las exportaciones y el descenso de las importaciones tuvo un triple efecto:

  1. La creación o ampliación de empresas y una rápida expansión industrial.
  2. Una fuerte acumulación de capitales.
  3. Un imparable aumento de los precios.

Mientras que la burguesía industrial y financiera se enriqueció con los extraordinarios beneficios de la guerra, las clases trabajadoras padecieron un descenso del nivel de vida a pesar de la subida de los salarios por el alza de los precios de los productos de primera necesidad. Esta situación empeoró las diferencias sociales de la época y provocó una gran agitación social y el auge del movimiento obrero, que intensificó el número de huelgas. Finalmente, se puso en crisis el sistema del turno y la descomposición de los partidos dinásticos. Los conservadores se fraccionaron entre los seguidores de Dato y el surgimiento de un nuevo movimiento político, el maurismo. Los liberales se dividieron entre los seguidores de Prieto y los de Romanones.

El movimiento obrero en la crisis social de la Restauración

Una de las consecuencias del retraso industrial era la debilidad del movimiento obrero. Hasta bien entrado el siglo XX no se formó un verdadero sindicalismo de masas y las organizaciones obreras se estructuraban en sociedades de ayudas mutuas, de oficios y de resistencia. Estaba dividido en dos corrientes:

El anarquismo

Rechazaba el reformismo social. Estaba presente en las zonas industriales y urbanas de Cataluña y en los labradores de Andalucía y Extremadura. Aun así, en su seno persistían las dos tendencias: los anarquistas partidarios de la estrategia terrorista y los del sindicalismo. Con el cambio de siglo se extendió la influencia del sindicalismo revolucionario, que consideraba la huelga general como el instrumento revolucionario más eficaz. Se formó el sindicato Solidaridad Obrera. Con el impulso de las Sociedades Obreras Anarquistas catalanas se fundó la CNT, que afianzó la acción directa contra la lucha política y la huelga general. Después de la huelga general de 1911, la CNT fue declarada ilegal.

El socialismo

Las organizaciones socialistas eran crecientes en Asturias y Bizkaia. El PSOE no superaba los 20.000 aliados y la UGT los 30.000. Su dirigente, Pablo Iglesias, aceptó colaborar con los republicanos en la democratización del régimen sin renunciar a la revolución social. El cambio de estrategia se produjo después de la Semana Trágica con la formación de la Conjunción Republicano-Socialista. Asimiló el discurso anticlerical e incorporó a sus filas a intelectuales como Araquistáin y Besteiro. Gracias a la alianza con los republicanos, el socialismo se convirtió en una fuerza política parlamentaria. La UGT experimentó cambios como la incorporación de los obreros industriales.

La crisis social favoreció un gran crecimiento de los sindicatos y contribuyó a radicalizar las posiciones de las clases trabajadoras. La UGT aumentó, la CNT también. El crecimiento de la CNT exigió una reorganización. En el congreso que tuvo lugar en Sants en 1918 se configuró una nueva estructura unitaria. Defendía su lucha sindicalista y la estrategia de la acción directa y la huelga general. Se agudizaron las querellas entre los sindicalistas moderados (Ángel Pestaña y Salvador Seguí) y los sectores más radicales y partidarios de la actividad terrorista (Durruti, García Oliver y Ascaso). El panorama sindical se completó con los Sindicatos Libres, fundados en Barcelona en 1919, que en algunos momentos colaboraron con los empresarios contra el enemigo común, la CNT. También proliferaron las organizaciones de empresarios.

La crisis de los partidos dinásticos

Al comienzo del siglo XX el sistema político de la Restauración continuaba vigente. Se fundamentaba en una monarquía liberal pero no democrática que descansaba en la Constitución de 1876. Este sistema político había funcionado gracias al pacto entre los dos grandes partidos dinásticos, Conservador y Liberal. Los dos negociaban con los caciques o los jefes locales del partido el apoyo a los candidatos oficiales y marginaban a las fuerzas de la oposición. A finales del siglo XIX el regeneracionismo denunció este sistema dominado por la oligarquía. Cuando Alfonso XIII accedió al trono en 1902, los partidos dinásticos, después de la desaparición de Sagasta y Cánovas, vivieron una crisis por las disputas internas y la ausencia de un liderazgo fuerte. La debilidad interna de los partidos fue una de las causas de la inestabilidad política. A pesar de eso, el sistema de turno se mantuvo. En 1905 se produjo la crisis militar que enfrentó a militares con el catalanismo. Fue aprobada la Ley de Jurisdicciones, por la cual las ofensas contra el ejército y la patria serían juzgadas por tribunales militares. Los partidos optaron por nuevos líderes: Maura y Canalejas. La crisis del Estado liberal y del régimen parlamentario de la España de la Restauración se enmarcó en el proceso general de la crisis del Estado liberal de la Europa de entreguerras.

El republicanismo

A finales del siglo XIX el republicanismo estaba muy fragmentado. Había la necesidad de unirse para enfrentarse eficazmente con la monarquía. Representaba la aspiración de los intelectuales y las clases medias a una democratización política. Hubo una renovación ideológica con las doctrinas del nuevo liberalismo democrático, laico y anticlerical, y más sensible a las reformas sociales. En 1903 se formó la Unión Republicana, patrocinada por Alejandro Lerroux y Nicolás Salmerón.

  1. El republicanismo moderado y reformista, representado por Salmerón y Malquiades, apostó por el abandono de la vía insurreccional y optó por la lucha electoral y parlamentaria.
  2. El republicanismo radical, representado por Lerroux e implantado en Cataluña. El lerrouxismo era un movimiento republicano democrático con un discurso populista, radical y demagógico, anticlerical y anticatalanista. Muy parecido al blasquismo en Valencia de Blasco Ibáñez.

Las divergencias dividieron el republicanismo. En 1908 se escindió el sector radical, que formó el Partido Radical. En 1912 el republicanismo moderado, democrático en el terreno político y conservador en el social, se constituyó en el Partido Reformista, dirigido por Melquiades Álvarez. Este no descartaba aceptar la monarquía si ponía en marcha un proceso de democratización.

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