La Crisis de la Restauración (1902-1914)
La crisis de la Restauración española, que abarcó desde 1902 hasta 1914, estuvo marcada por intentos de regeneración del sistema político, así como por la oposición creciente al régimen monárquico. Alfonso XIII fue proclamado rey en 1902, y su reinado se caracterizó por un activismo político significativo, junto con la desaparición de líderes políticos clave como Cánovas y Sagasta.
La primera etapa de su reinado estuvo influenciada por el regeneracionismo, una corriente ideológica que criticaba el sistema político de la Restauración y abogaba por reformas políticas, sociales y económicas. Este movimiento contó con figuras destacadas como Joaquín Costa, que cuestionaron el sistema político y propusieron cambios significativos.
Los intentos de regeneración del sistema político se produjeron tanto desde dentro del sistema, a través del revisionismo liderado por políticos como Maura y Canalejas, como desde la oposición al sistema, encabezada por grupos como los socialistas, anarquistas, republicanos, carlistas y nacionalistas.
El Partido Conservador, liderado por Silvela y luego por Maura, impulsó reformas durante breves períodos en el gobierno, incluyendo la creación de ministerios y legislaciones sociales. Maura, en particular, buscaba una «revolución desde arriba» para reformar el sistema sin cambiar sus fundamentos principales, promoviendo políticas conservadoras católicas y expansionistas en Marruecos.
La Semana Trágica de Barcelona en 1909, un levantamiento que resultó en la dimisión de Maura, fue un punto crítico que reflejó las tensiones sociales y políticas en España.
La muerte de Canalejas en 1912 marcó el comienzo de una mayor inestabilidad política, con los dos partidos principales enfrentándose y creciendo la oposición de grupos republicanos, socialistas y nacionalistas.
La oposición al régimen monárquico se fortaleció con el tiempo, con partidos como los republicanos, nacionalistas catalanes y vascos, y los socialistas, que gradualmente ganaron apoyo en la sociedad y en el ámbito político. A pesar de su crecimiento lento, los socialistas comenzaron a participar más activamente en la vida parlamentaria y sindical, marcando un cambio significativo en la política española
La Proclamación de la Segunda República (1931)
La proclamación de la Segunda República en 1931 es un acontecimiento trascendental en la historia de España, ya que representó un punto de inflexión hacia la modernización y la democratización del país. Tras la dimisión del general Miguel Primo de Rivera en enero de 1930, España se sumió en un breve periodo conocido como la «dictablanda» bajo el mando del general Dámaso Berenguer. Sin embargo, este gobierno provisional no pudo hacer frente a la crisis económica y política que azotaba al país, lo que llevó a una creciente oposición.
En agosto de 1930, diferentes fuerzas políticas, incluyendo republicanos, nacionalistas catalanes, gallegos y el PSOE, se unieron en el Pacto de San Sebastián con el objetivo de derrocar a la monarquía y establecer un régimen democrático. Aunque sus intentos de un pronunciamiento militar y una huelga general fracasaron, la causa republicana ganó terreno y atrajo a intelectuales prominentes como Ortega y Gasset, Machado, Marañón y Pérez de Ayala, quienes formaron la Asociación al Servicio de la República.
El punto de inflexión llegó con las elecciones municipales de abril de 1931, vistas como un referéndum sobre la monarquía. Los republicanos obtuvieron una victoria decisiva en las principales ciudades, lo que llevó a la salida de Alfonso XIII hacia el exilio y la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931. Niceto Alcalá Zamora fue nombrado presidente del Gobierno provisional, que incluía representantes de diversas corrientes políticas.
Se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes en junio de 1931, bajo un nuevo sufragio universal masculino y femenino. Estas elecciones reflejaron el respaldo popular al gobierno provisional y llevaron a la formación de una nueva Constitución.
La Constitución de 1931
Aprobada en diciembre de 1931, la Constitución de 1931 estableció una República democrática con soberanía popular, sufragio universal para hombres y mujeres, y una amplia declaración de derechos y libertades individuales. Entre las disposiciones más destacadas de la Constitución se incluían:
- La separación radical de poderes
- La garantía de derechos civiles como el divorcio y la igualdad de hijos legítimos e ilegítimos
- El derecho a la educación, el habeas corpus y la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia
Además, se estableció un sistema educativo obligatorio y gratuito, la seguridad social, y se reconoció el matrimonio civil y el divorcio.
La Constitución de 1931 también estableció la separación Estado-Iglesia, declarando a España como un Estado laico sin religión oficial, garantizando la libertad de culto y prohibiendo a las órdenes religiosas ejercer la educación, el comercio y la industria.
Este marco legal sentó las bases para las transformaciones políticas y sociales durante el periodo conocido como el Bienio Reformista
La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)
Durante el extenso reinado de Alfonso XIII (1902-1931), España experimentó un periodo tumultuoso marcado por la crisis del régimen de la Restauración, particularmente a partir de 1917. La incapacidad para formar mayorías parlamentarias, las crisis gubernamentales y el creciente malestar social evidenciaron la fragilidad del sistema político. A esta situación se sumaron eventos como el desastre militar de Annual en 1921, que sacudió la confianza en el gobierno.
En este contexto, en la primavera de 1923, diversas conspiraciones se tejían contra el gobierno desde Barcelona y Madrid. El golpe de Estado liderado por el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923, marcó el inicio de una nueva era: la Dictadura de Primo de Rivera.
Esta dictadura, que contó con el apoyo de sectores de la burguesía, del Partido Socialista y la UGT, se estableció inicialmente como un Directorio Militar (1923-1925). Durante este período, Primo de Rivera suspendió las instituciones democráticas, disolvió las Cortes y promulgó el Estado de guerra. Su gobierno autoritario se caracterizó por la represión política y la institucionalización de la dictadura a través de la creación de la Unión Patriótica (UP) y el Estatuto Municipal.
A pesar de su éxito en resolver la guerra en Marruecos con la Campaña de Alhucemas (1925), la dictadura no logró abordar los problemas sociales y económicos subyacentes.
En 1925, Primo de Rivera pasó a un Directorio Civil, buscando consolidar su régimen con la creación de una Asamblea Nacional Consultiva y una serie de medidas sociales y económicas, como la Organización Corporativa del Trabajo y la creación del Consejo Nacional del Trabajo.
A pesar de estos esfuerzos, la falta de legitimidad democrática y la creciente oposición, tanto interna como externa, debilitaron su gobierno. A partir de 1928, el descontento se extendió entre diversos sectores de la sociedad, incluyendo al PSOE, la CNT, el PCE, los intelectuales y el ejército peninsular, entre otros.
Las tensiones internas, junto con la crisis económica de 1929 y la creciente presión republicana, condujeron a la dimisión de Primo de Rivera en enero de 1930 y su reemplazo por un gobierno «Dictablanda» bajo el mando del general Dámaso Berenguer.
El fracaso de este gobierno en abordar las demandas de reforma y el descontento generalizado llevaron al Pacto de San Sebastián en agosto de 1930, en el que las fuerzas políticas republicanas acordaron trabajar juntas para derrocar la monarquía. A pesar del fracaso de un pronunciamiento militar en Jaca en diciembre de 1930, y una huelga general, el creciente apoyo a las fuerzas republicanas y la abdicación de Alfonso XIII el 14 de abril de 1931, marcó el fin de la monarquía y el comienzo de la Segunda República Española
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