Crisis del Bajo Imperio
Durante más de dos siglos, Roma había logrado mantenerse gracias a un delicado equilibrio en tres ámbitos:
- Militar: Equilibrio entre los enemigos y el sistema defensivo.
- Económico: Equilibrio entre recursos y gastos, y entre producción y consumo.
- Político: Equilibrio entre el Senado y el Príncipe.
La ruptura de estos equilibrios derivó en guerras civiles y una profunda crisis. A la muerte del emperador Septimio Severo, su sucesor se impuso tras una guerra civil, demostrando que el apoyo del ejército, no del Senado, era crucial para obtener el poder imperial. La hostilidad del Senado afectó a la dinastía de los Severos. Los senadores fueron gradualmente eliminados del mando de las tropas y del gobierno de las provincias. El poder del emperador aumentó, respaldado por el ejército, hasta alcanzar su máxima expresión con Diocleciano, quien se convirtió en un auténtico dios viviente.
Crisis Económica y Social
Los primeros síntomas fueron la lenta y progresiva subida de precios y la devaluación de la moneda por la escasez de plata. Esta escasez se debió a una crisis de producción y al atesoramiento por parte de los particulares, lo que dio lugar a una nueva moneda de bronce bañada en plata. Emisiones descontroladas, disminución de productos agrícolas y manufacturados (y la consiguiente subida irreversible de precios), y la crisis del transporte agravaron la situación. Para intentar solucionar los crecientes gastos, se aumentaron los impuestos, se crearon nuevos tributos, se controlaron las corporaciones gremiales y se implantó un sistema de prestaciones. Sin embargo, estas medidas no lograron frenar la inflación. Los ingresos descendieron alarmantemente. Se encomendó la recaudación a las curias municipales, responsabilizándolas de las cantidades que no pudieran ser recaudadas. La presión fiscal recayó sobre las clases productoras, especialmente los pequeños propietarios agrícolas, mientras que la Iglesia y las clases senatoriales disfrutaron de exenciones fiscales. El número de esclavos disminuyó, aunque sin perder su significación económica.
La población rural sufrió los cambios más drásticos. Los pequeños propietarios, endeudados por la presión fiscal, perdieron sus tierras y se transformaron en colonos. Las ciudades perdieron su importancia económica en favor de los latifundios, propiedades territoriales exentas de autoridades y defendidas por ejércitos privados.
Crisis Eterna
Hasta el siglo II, Roma había superado fácilmente a sus oponentes. Sin embargo, la anarquía militar debilitó el sistema defensivo romano, y la presión de las coaliciones y federaciones de tribus que se desplazaban hacia el sur y el oeste se intensificó. A esta presión se sumó un nuevo enemigo: los neopersas en el 258 d.C. y las tribus francas que llegaron del interior de la Galia en el 276 d.C. Roma se vio obligada a llevar a cabo una profunda reorganización militar. A principios del siglo V, el limes cedió ante la presión de los pueblos germánicos.
La Crisis Jurídica
Durante el Bajo Imperio se observa un agotamiento y falta de originalidad en las pocas obras jurídicas conservadas. Se recurría a los juristas clásicos, a menudo sin comprender sus construcciones, lo que propició un creciente pragmatismo. Las obras de los grandes jurisconsultos se comenzaron a denominar Iura. Esta crisis jurídica llevó a que solo unas pocas obras fueran usadas, y en muchos casos, resumidas sin demasiada fidelidad. Las alegaciones de los Iura ante los tribunales se impusieron en la práctica forense, provocando un caos judicial.
Teodosio II y Valentiniano III promulgaron una constitución para zanjar la cuestión, limitando las opiniones de los juristas que podían ser alegadas en los juicios:
- Se confirmaron todos los escritos de Paulo, Papiniano, Ulpiano y Modestino, reconociendo el valor de sus opiniones.
- Se estableció un procedimiento para resolver discrepancias entre autores.
- Se invalidaron las notas de Paulo y Ulpiano a las obras de Papiniano.
- En caso de igual número de opiniones, se debía seguir la «sabiduría del juez».
- Se otorgó valor permanente a las Sententiae de Paulo.
La Ley de Citas de 426 fue un intento de codificar las opiniones de los jurisconsultos, estableciendo que los Iura eran los únicos textos permitidos para ser alegados en los tribunales.