La Desamortización en España
El Antiguo Régimen y la Propiedad de la Tierra
En el antiguo régimen, la mayoría de las propiedades estaban en manos de la nobleza, los municipios y la iglesia.
- La Nobleza: Poseían grandes señoríos, cuya compraventa era prácticamente imposible debido a trabas como el mayorazgo, que obligaba a transmitir los bienes íntegramente al primogénito.
- La Iglesia: Acumulaba grandes extensiones de tierra gracias a donaciones.
- Los Municipios: Gestionaban dos tipos de tierras:
- Tierras de comunes: De uso público, permitían la extracción de materias primas, entre otros aprovechamientos.
- Tierras de propios: Arrendadas a particulares a cambio de una renta, su venta era una fuente principal de ingresos para los municipios.
El Reformismo Ilustrado y la Crítica a la Amortización
El reformismo ilustrado criticó la amortización, especialmente la de la Iglesia, debido a la existencia de tierras en manos muertas, improductivas y sin beneficio. Se consideraba la amortización como la causa principal del estancamiento agrícola, tanto en técnicas como en sistemas de cultivo, por lo que se propuso su abolición.
La Desamortización y el Proceso Desamortizador
La desamortización consistió en la apropiación de tierras por parte del Estado para su posterior venta en subasta pública. Este proceso buscaba la creación de propietarios con plena libertad de uso y se basaba en tres factores principales:
- Económico: Establecer la propiedad privada y la libertad de mercado, eliminando las trabas del Antiguo Régimen para facilitar la transición al sistema capitalista.
- Social: Modificar la sociedad estamental, donde la posición social estaba determinada por la cantidad de propiedades. La burguesía se vio beneficiada, pudiendo incluso igualarse a la nobleza.
- Financiero: Amortizar la deuda pública, en constante crecimiento debido a conflictos como las Guerras Carlistas.
Estas medidas, que dejaban de lado la reforma agraria propuesta por los ilustrados, buscaban acabar con problemas como el atraso técnico y el bajo rendimiento. Además de la desamortización, se suprimieron los señoríos y mayorazgos, dando lugar a la plena libertad sobre los bienes. Estas medidas liberales se aplicaron durante los periodos de gobierno liberal (Constitución de Cádiz y Trienio Liberal) y fueron abolidas con la vuelta al absolutismo de Fernando VII, para finalmente ser retomadas durante la Regencia de María Cristina.
Etapas del Proceso Desamortizador
- Godoy (1798): La deuda estatal, agravada por la política belicista, impulsó la desamortización de tierras eclesiásticas, prometiendo indemnizaciones a la Iglesia. El aumento de la deuda por nuevas campañas militares y la falta de financiación para obras benéficas, antes cubiertas con las rentas de esas tierras, llevaron a su venta a particulares.
- José I y las Cortes de Cádiz (1811-1813): Se eliminaron conventos y órdenes religiosas, vendiendo sus tierras para amortizar la deuda. La medida fue anulada con la restauración del absolutismo en 1814 por Fernando VII, devolviendo los bienes a la Iglesia.
- Trienio Liberal (1820-1823): Se prepararon decretos para la desamortización de bienes religiosos y municipales, pero la vuelta al absolutismo impidió la venta de un número significativo.
- Desamortizaciones de Mendizábal (1836-1844): Centradas en los bienes eclesiásticos, se desarrollaron en dos fases:
- Bienes del clero regular (1836): Afectó a fincas rústicas y urbanas de frailes y monjas, incluyendo conventos, libros, etc.
- Bienes del clero secular (1837): Afectó a diócesis y parroquias. Su aplicación, suspendida inicialmente por los moderados (1837), se retomó durante la regencia de Espartero (1841).
Los objetivos de Mendizábal eran: disminuir la deuda, obtener fondos para financiar la Guerra Carlista y mantener el trono de Isabel II, desarrollar la riqueza nacional liberalizando la propiedad, expropiar tierras en manos muertas para su aprovechamiento, y crear una base social que apoyara al régimen liberal.
El sistema de venta utilizado fue la subasta pública. Las tierras se tasaban a un precio inferior al real para acelerar su venta. El 20% del precio se pagaba al contado, mientras que el 80% restante se podía aplazar mediante reales o títulos de deuda. Estos títulos, desvaluados, eran aceptados por el Estado a pesar de su bajo valor, lo que permitía adquirir las propiedades a un precio mucho menor.