La actividad económica más importante en la España del siglo XIX era la agricultura y, por tanto, la única que podía contribuir a la industrialización. Los factores físicos del terreno, el régimen de propiedad de la tierra y el atraso tecnológico limitaron la modernización de este sector. El proceso desamortizador fue la primera pieza de la transformación agraria del s. XIX.

Orígenes de la Desamortización

La raíz de la desamortización está en la necesidad de reformar el régimen de propiedad de la tierra: la mayor parte de las tierras cultivables estaban vinculadas. Así, las inmensas propiedades de la nobleza se encontraban sometidas al mayorazgo, es decir, no podían ser divididas ni vendidas: pasaban íntegras al dominio del heredero del título nobiliario. Por otra parte, las propiedades de la Iglesia estaban amortizadas, por lo que no podían ser parceladas ni vendidas. Además, las tierras comunales, propiedad de los municipios, tampoco podían ser vendidas y, a menudo, permanecían improductivas o estaban mal cultivadas. Estas tierras de los municipios y las de la Iglesia se denominaban de “manos muertas”, ya que, como según la ley no se podían poner a la venta, no había posibilidad de que cambiasen de manos.

Impacto en la Productividad del Campo

El problema de propiedad de la tierra impedía la productividad del campo. Los nobles y el clero vivían de las rentas que les proporcionaban sus tierras y casi nunca se dedicaban a una actividad productiva. Sus tierras eran cultivadas por arrendatarios, es decir, campesinos que se quedaban con parte de las cosechas para subsistir y pagaban la renta al propietario, además de pagar impuestos al Estado y a la Iglesia local (diezmos). Por ello, los campesinos eran, en general, muy pobres.

La Desamortización como Solución

Para solucionar el problema del campo, los políticos liberales eran conscientes de la necesidad de erradicar el sistema de propiedad de manos muertas y vender las tierras, para que los nuevos propietarios modernizasen el campo. Con este propósito pusieron en marcha la desamortización.

Proceso Desamortizador

La desamortización consiste en desvincular los bienes de la nobleza, la Iglesia y los municipios sacándolos al mercado libre, para aumentar el número de propietarios particulares, aumentando con su trabajo, tanto su felicidad personal, como la riqueza del Estado. El proceso desamortizador supone tres momentos: incautación de los bienes, tasación de su valor y puesta en venta mediante subasta pública.

Desamortizaciones en el siglo XIX

Los primeros intentos desamortizadores fueron llevados a cabo primero por Godoy, las Cortes de Cádiz y los liberales del Trienio. Godoy, Primer Ministro de Carlos IV, expropió bienes de los jesuitas y de obras pías (hospicios, beneficencia, …), lo que supuso una sexta parte de los bienes eclesiásticos. El decreto de desamortización de las Cortes de Cádiz de 1813 apenas pudo aplicarse debido al inmediato retorno de Fernando VII como rey absoluto. Durante el reinado de éste, los liberales del Trienio pudieron poner en práctica, aunque por breve tiempo, las medidas desamortizadoras decretadas en Cádiz.

Pero los cambios más importantes se produjeron a raíz de las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. El ministro de Hacienda Juan Álvarez de Mendizábal impulsó una desamortización en 1836, durante la regencia de Mª Cristina. El Gobierno expropió los bienes de las órdenes religiosas (clero regular), incautándose de sus tierras, casas, monasterios, obras de arte,….; y los sacó a subasta pública. También se disolvieron muchas comunidades religiosas, excepto las dedicadas a la enseñanza y la beneficencia. Con los ingresos obtenidos, se intentaba sanear la Hacienda, financiar la Primera Guerra Carlista y transformar a la Iglesia en una institución del nuevo Régimen, comprometiéndose el Estado a mantener a los clérigos y subvencionar el culto. Además, se perseguía crear una clase de pequeños propietarios favorables al régimen liberal. La desamortización de Mendizábal vendió tierras por valor de unos 3.500 millones de reales, lo que suponía el 60% de los bienes de Iglesia en España en aquella época.

La desamortización iniciada por el también ministro de Hacienda Pascual Madoz empezó en 1855, durante el Bienio Progresista (reinado de Isabel II). Se pusieron en venta los bienes de los municipios, denominados “de propios” (arrendados a los vecinos y que proporcionaban una renta al ayuntamiento) y “de comunes” (utilizados por los vecinos de forma gratuita). También se vendieron bienes de las órdenes militares y bienes eclesiásticos no desamortizados durante la etapa anterior, procedentes éstos últimos del clero secular (no sometido a regla conventual). Con los ingresos obtenidos, se promovió la construcción del ferrocarril, para contribuir así a la industrialización del país.

Resultados y Consecuencias

Los resultados de las desamortizaciones fueron diversos: el 40% de la tierra cambió de manos, pasando a ser adquiridas por una aristocracia con mentalidad comercial y una burguesía que aspiraba a poseer patrimonio en forma de tierras. Aunque no se resolvió el problema de la deuda pública, la desamortización ayudó a sanear la Hacienda. Una consecuencia positiva fue el aumento de la superficie cultivada y, con ello, de la producción agrícola. Gracias a esto, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en la costa mediterránea, se fue imponiendo una agricultura orientada a la comercialización. Así aumentó notablemente la exportación de productos como el vino de Jerez y las naranjas valencianas. De esta época datan también muchos de los latifundios andaluces. Finalmente, cabe mencionar la pérdida y expolio de bienes artísticos y culturales, sobre todo de los antiguos monasterios.

Perjudicados por la Desamortización

Los grandes perjudicados de la desamortización fueron los campesinos, la Iglesia y los municipios. Los campesinos dejaron de ser usuarios de bienes comunales gratuitos o de baja renta. En muchas zonas, la desamortización supuso la aparición de un proletariado agrícola (campesinos y jornaleros a sueldo). La Iglesia perdió gran parte de su patrimonio inmobiliario y, con ello, sus fuentes de riqueza; aunque conservaba su enorme influencia en la mentalidad y en la educación. Los municipios perdieron su principal fuente de ingresos con la expropiación de bienes comunales.

Conclusión

En conclusión, el proceso desamortizador desarrollado en el siglo XIX significó un cambio decisivo en el campo español, que abandonó su tradicional estructura señorial, pero continuó siendo un país con una economía agraria y atrasada.