Tras el desastre de 1898, no se observaron consecuencias políticas a corto plazo, pues el régimen político de la Restauración se mantuvo. Sin embargo, durante el reinado de Alfonso XIII se asiste a un proceso lento pero inexorable de descomposición política y social que afectará a la propia esencia del sistema. Esta crisis del estado liberal y del régimen parlamentario español se enmarca en el proceso general de la crisis del estado liberal en la Europa de entreguerras. En 1923, el golpe de estado del general Primo de Rivera y la subsiguiente dictadura filofascista significan el fin del sistema. Su fracaso arrastrará en 1931 tanto al rey como a la monarquía.

Son visibles en diversos aspectos. A nivel político, lo novedoso del sistema es la división de los partidos del turno en facciones que luchan por el control del partido: Sánchez Guerra y Antonio Maura en el Partido Conservador, y en el espacio liberal, Santiago Alba, conde de Romanones, y García Prieto. Esto acabó con la estabilidad del sistema del turno y se acude desde 1917 a los gobiernos de concentración que, aunque despiertan esperanzas de renovación, fracasan porque son débiles y al final recurren a medidas excepcionales, como el cierre de cortes y la suspensión de las garantías constitucionales para mantener el orden.

A esto se une la progresiva pérdida de la influencia del caciquismo en la maquinaria electoral de los partidos, donde el mayor peso de las ciudades impedía unas acciones tan descaradas como en los distritos rurales. El régimen de la Restauración margina las propuestas políticas consideradas peligrosas: el PSOE se dividió después de la III Internacional y en 1921 nació el PC. Los republicanos incrementarán su fuerza electoral como respuesta al aumento y radicalización de las luchas sociales que evolucionan a posiciones y perderán apoyo electoral.

Los nacionalismos vasco y catalán, alentados por el principio de autodeterminación del presidente Wilson, piden autonomía, pero el fracaso de esa acción hace que en 1922 haya la escisión en la Liga de Francesc Cambó, formando el Partido Estat Català de Francesc Macià y el sindicato Unió de Rabassaires de Lluís Companys. Los vascos se dividen entre radicales y moderados, aunque ambos defienden las mismas ideas. El movimiento obrero crece y se reorganiza: la UGT pasó de 120,000 afiliados en 1914 a 240,000 en 1921; la CNT consiguió más de 100,000 afiliados en Andalucía y más de 700,000 en toda España, y fue en el Congreso de Sants en 1918 donde reafirmó su postura apolítica y su estrategia de acción directa y de huelga general. Se divide entre los moderados de Ángel Pestaña y Salvador Seguí, y los sectores más radicales de Durruti y Ascaso.

La patronal y los obreros se encontraban cada vez más enfrentados, ya que el desarrollo económico durante la I GM produjo: 1) empeoramiento en las condiciones laborales de los obreros; 2) subida de precios del 37%. El descontento fue canalizado por la CNT y la UGT, que firmaron un manifiesto en febrero donde plantean una huelga general indefinida que comenzaría el 13 de agosto de 1917. En Valencia, la UGT y el PSOE pidieron el advenimiento de un régimen republicano, sumándose Madrid, Vizcaya, Sabadell… La represión causó 70 muertos, 200 heridos y más de 2000 detenidos entre los miembros del comité de huelga.

La conflictividad social se acrecienta entre 1918 y 1921 en Andalucía, donde se ocupan y reparten tierras, lo que fue reprimido por las autoridades que declararon el estado de guerra en la zona e ilegalizaron los sindicatos. Simultáneamente, estallan huelgas en la minería y la industria en Madrid, Asturias… lo que provoca enfrentamientos entre la patronal, el gobierno y los sindicatos. El otro escenario es Cataluña y, sobre todo, Barcelona, donde la CNT organiza la huelga en 1919 de la Canadiense, fábrica que suministraba electricidad a Barcelona, que dura 44 días y que paraliza la ciudad. Se convirtió en un problema nacional y fue el ejército el encargado de reprimir a los sindicatos.

Ante la radicalización de la lucha obrera, la patronal no duda en contraatacar. Esto daría lugar al pistolerismo, generando un círculo vicioso de represalias y contrarrepresalias que terminó con la intervención militar por parte del gobernador de Barcelona, general Martínez Anido, y el jefe de policía, general Arlegui, suspendiendo garantías constitucionales y aplicando la ley de fugas. Hay más de 800 atentados, mueren 270 empresarios, sindicalistas, el presidente Dato, anticlericalismo. Cada vez más gente se oponía al poder que la iglesia tenía en España, sobre todo en el ámbito educativo. El episodio más llamativo fue la llamada Semana Trágica de Barcelona, las protestas contra el reclutamiento de reservistas destinados a la guerra de Marruecos terminaron con el incendio de más de 100 edificios religiosos.

El ejército, humillado en 1898 con una estructura anquilosada, un sistema de ascensos por méritos de guerra que favorecía a los africanistas, y criticado por socialistas, nacionalistas… también mantiene posiciones contrarias al régimen. Forman las juntas de defensa que reclamaban un aumento salarial y un sistema de ascensos basado en la antigüedad en el ejército, llegando a 1917 a redactar un manifiesto en el que se instaba a una renovación de la política española dada la incapacidad de sus gobernantes.

Las clases temen al nacionalismo, al obrerismo y la consecuencia es que se empieza a ver a los militares como la última línea de defensa frente a ellos. El último gobierno de concentración de García Prieto, que incluye miembros del Partido Reformista, plantea democratizar el régimen: cambios en la ley electoral, libertad religiosa, lo que, unido al contexto de inestabilidad política, económica y social, hace que el 15 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera declare el estado de guerra. Se dirige a Alfonso XIII para exigirle que el poder pasara a manos de un régimen militar y suspendiera el régimen constitucional canovista. El rey aceptó y solo los anarquistas y comunistas se oponen y llaman a la huelga.

Ese mismo día, Primo de Rivera lo justificó con un discurso en el cual declaraba que era su deber como patriota liberar a España de la inestabilidad política, las intrigas, las acciones de los comunistas, que iban a provocar una revolución social, y los nacionalismos que amenazaban con la ruptura de la unidad de la patria. El régimen sería transitorio y él sería el cirujano de hierro que llevaría a la regeneración del país. Sin embargo, la historiografía ha señalado otras posibles causas como el desastre de Annual y el expediente Picasso. En verano de 1921, las tropas españolas, dirigidas por el general Manuel Fernández Silvestre, atacan las cabilas rifeñas, lideradas por Abd el-Krim, con la idea de llegar a la bahía de Alhucemas. Por diversos motivos, los españoles sufrieron una enorme derrota, con una gran cantidad de bajas. El gobierno encargó un informe al general de división Juan Picasso González que, tras muchas trabas en su investigación, preparó un expediente de casi 2,500 folios. En ellos, se hacía patente las negligencias cometidas por el alto comisariado en Marruecos, cuya cabeza era el general Damaso Berenguer, la temeridad del general Silvestre, etc. Algunos historiadores afirman también que Alfonso XIII tuvo responsabilidades en el desastre con el envío de un telegrama que animaba la acción belicosa e inconsciente. El parlamento iba a pronunciarse sobre el informe el 1º de octubre, pero el golpe de estado lo impidió. En este contexto hay que tener en cuenta, además, el auge del totalitarismo en Europa, sobre todo tras el triunfo de la marcha de las camisas negras de Mussolini en 1922 sobre Roma, que instauró un régimen fascista y que sirvió de modelo para la creación de la dictadura.

Se llamó así debido a que sus miembros pertenecían al ejército. Sus primeras medidas fueron la suspensión de la Constitución de 1876 y las cámaras legislativas, la prohibición de los partidos políticos y sindicatos, y la represión de la CNT y el PCE por los generales Arlegui y Martínez Anido. Prohibió cualquier idioma que no fuera el castellano en el ámbito oficial, así como banderas y cualquier manifestación que pudiera tener connotaciones nacionalistas, y suprimió la Mancomunidad Catalana. El estado de guerra se mantuvo desde septiembre de 1923 hasta diciembre de 1925. Inició medidas regeneracionistas para liquidar el viejo régimen: los gobernadores civiles son sustituidos por militares y se creó la figura de delegado gubernativo, las diputaciones son disueltas y los diputados son designados por los gobernadores. Los ayuntamientos son disueltos y sustituidos por juntas de vocales donde están los mayores contribuyentes, muy ligados al sistema caciquil. En realidad, hay una recentralización administrativa y un cambio más en las formas que en la práctica política. El Estatuto Municipal de 1925 marca la división del catalanismo conservador de la Liga, lo que potencia el separatismo. En esta primera etapa, el gobierno se centró en el problema marroquí. Primo de Rivera asumió personalmente el alto comisariado marroquí e intentó una solución negociada al conflicto, ofreciendo más autonomía, lo que animó aún más a Abd el-Krim. En 1925 se le derrotó tras una operación militar conjunta franco-española en Alhucemas.

Resuelta la cuestión marroquí y el orden público, en diciembre de 1925, se reformó el gobierno incluyendo a algunos ministros civiles, José Calvo Sotelo (a la Hacienda) o Eduardo Aunós (Trabajo). Para institucionalizar el régimen se creó en 1924 la Unión Patriótica, aunque carece de ideología definida, no es un partido moderno y solo sirve como propaganda del régimen. Favorecida por la coyuntura internacional (felices años 20), la dictadura pretende, mediante un sistema autárquico y una política proteccionista, aumentar el crecimiento industrial del país. Para ello se promulgó el decreto de protección de la industria nacional y se instauró el Consejo de Economía Nacional. Se desarrolló el plan nacional de infraestructuras, aumentando los kilómetros de vías férreas y carreteras, así como el número de centrales hidroeléctricas. No obstante, el gobierno tuvo que recurrir a la concesión de monopolios para amortizar la enorme deuda contraída, ya que no hubo reforma fiscal que la acompañara (Telefónica, Campsa, Tabacos). La población en el sector industrial aumentó, bajando el sector primario al 5% de la ocupación total, aunque la falta de reformas en el ámbito agrario acrecentó las diferencias de desarrollo entre las regiones. El gobierno intentó eliminar los conflictos laborales mediante la represión y la creación de un sindicato vertical: la Organización Corporativa Nacional, que agrupaba por oficios a patronos y obreros en comités paritarios con el objetivo de resolver los conflictos laborales por la negociación. La mayoría de la UGT y el PSOE aceptó. Asimismo, tomó otras medidas de carácter social y popular: permiso de maternidad, viviendas de protección oficial, creación de escuelas y de servicios sanitarios, el reconocimiento del estatus de familia numerosa… que, junto con la represión de los anarquistas y el nuevo modelo corporativo, llevaron a una escasa conflictividad social. La oposición al régimen abarcó a grupos muy heterogéneos. Algunos militares intentaron derrocarle, la Sanjuanada. A medio camino entre la oposición militar y política, el plan de golpe de estado del político José Sánchez Guerra que se iba a realizar en Valencia en 1929, fracasó. También en las universidades existía un amplio sector hostil al régimen, muy reprimido. Se creó la FUE de ideología republicana. Intelectuales como Unamuno, Valle-Inclán, son contrarios al sistema. Muchos firmarán en 1924 un manifiesto contrario a la política cultural llevada del gobierno. Los nacionalismos, duramente reprimidos, evolucionaron, en parte, hacia posturas más de izquierdas y republicanas. En este contexto, se creó el Estat Català en 1922 por Francesc Macià. Este grupo, a imitación del movimiento de liberación irlandés, intentaría insurrecciones armadas desde Francia, pero fueron detenidos antes de comenzar su acción. El PSOE rechazaría abiertamente al régimen a partir de 1929 con su nuevo líder Indalecio Prieto. Los republicanos se unirían en una Alianza Republicana dirigida por Manuel Azaña, que atraería también a monárquicos. Y la CNT, duramente perseguida, creó la Federación Anarquista Ibérica en julio de 1927.

Para consolidar el régimen, en 1926 se creó la Asamblea Nacional Consultiva, formada por 400 ciudadanos, dos terceras partes designados, con el objetivo de hacer una constitución. En 1929 presentó un anteproyecto o estatuto fundamental de la monarquía, pero la negativa de los socialistas a seguir colaborando, la oposición de los partidos del turno, la movilización creciente de la oposición, la devaluación de la peseta en 1929, muestran el fracaso del régimen. El rey le retiró su confianza y presentó la dimisión el 30 de enero de 1930. El rey nombró al general Damaso Berenguer, que tenía el encargo de volver al marco constitucional de 1876. Sin embargo, este retorno era imposible debido al desgaste de la institución monárquica, a que la sociedad, sobre todo en las ciudades, estaba alejada de las viejas prácticas, al declive de los partidos dinásticos. Ante la clara debilidad del sistema, la oposición comenzó a organizarse. Los intelectuales, con Ortega y Gasset, Marañón, firman el manifiesto fundacional de Agrupación al Servicio de la República. Los republicanos, nacionalistas gallegos y catalanes firman el Pacto de San Sebastián en agosto de 1930, con el objetivo de proclamar la república. Para ello crean un comité revolucionario con el objetivo de preparar el golpe de estado militar con apoyo civil y cuyos miembros formarían un gobierno provisional posteriormente. La insurrección fracasó en Jaca y en Madrid por falta de coordinación. Berenguer propone elecciones legislativas, pero al no participar la oposición, fue sustituido por el almirante Juan Bautista Aznar, que convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Estas fueron entendidas por muchos como un plebiscito a favor o en contra de la monarquía. Aunque ganan en gran parte de España las opciones monárquicas, son en las ciudades donde triunfa la coalición republicano-socialista. El 14 de abril se proclamó la II República en Eibar.