En un contexto de crisis política económica y social, el 13 de Septiembre de 1923, el
General
Miguel Primo de Rivera se pronunció contra la legalidad constitucional, declaró el
estado de guerra y se dirigíó al monarca para exigir que el poder pasase a manos de los
militares. Alfonso XIII, condicionado por el Expediente Picasso, aceptó un Directorio Militar
presidido por el general golpista.
Entre las razones que justificaban la necesidad de cambiar la situación es preciso
destacar: la crisis económica derivada de la Primera Guerra Mundial, la inestabilidad y el
bloqueo del sistema político parlamentario, así como su desprestigio debido al continuo fraude
electoral; el miedo de las clases acomodadas a una revolución social (Semana Trágica – Crisis
de 1917); el aumento de la influencia del republicanismo y los nacionalismos periféricos; y el
descontento del Ejército tras el desastre de Annual (1921). En su manifiesto inaugural, Primo
de Rivera anunció su firme voluntad de limpiar el país de caciques y de acabar con el bandidaje
político, la indisciplina social (pistolerismo) y las amenazas a la unidad nacional.
La dictadura atravesó dos fases sucesivas. Hasta 1925 gobernó el Directorio Militar,
cuyos miembros eran militares. Las primeras medidas de este directorio mostraron su carácter
dictatorial: disolución de las cámaras legislativas, cese de las autoridades civiles, prohibición de
las actividades de partidos políticos y sindicatos, militarización del orden público y represión
del obrerismo más radical. Se elaboró un estatuto municipal y otro provincial, y los
ayuntamientos fueron sustituidos por juntas de vocales integradas por los mayores
contribuyentes de cada localidad. La regeneración prometida quedó en una farsa, ya que se
suspendieron todos los mecanismos electorales, y la renovación política se limitó a sustituir
unos caciques por otros. El conflicto de Marruecos centró el interés de Primo de Rivera,
saldándose con éxito tras el desembarco de Alhucemas en colaboración con Francia.
A partir de 1925, se pasó al Directorio Civil, que incluyó en el gobierno a civiles como
José Calvo Sotelo. Primo de Rivera intentó institucionalizar su régimen para darle continuidad y
permanencia, basándose en el fascismo italiano. El camino hacia un régimen autoritario
comenzó con la convocatoria de una Asamblea Nacional Consultiva, cuyos miembros serían
elegidos por designación entre los ciudadanos pertenecientes a las grandes instituciones
públicas. Para promover la adhesión al nuevo sistema se creó un partido único, la Uníón
Patriótica. Su misión primordial era proporcionar apoyo a la dictadura, y sus afiliados
procedían del catolicismo, del funcionariado, y del mundo caciquil.
La dictadura se benefició de la buena coyuntura económica internacional, iniciada en
los «felices» años 20. La idea rectora fue la nacionalización de importantes sectores de la
economía y el aumento de la intervención estatal. El Estado tuvo un protagonismo notable
gracias al fomento de las obras públicas, concedíéndose a su vez grandes monopolios
(Telefónica, Campsa). Todo ello fue financiado mediante los llamados presupuestos
extraordinarios, de forma que el presupuesto ordinario del Estado parecía equilibrado, aunque
se iba acumulando una gran deuda. El mundo agrario siguió en manos de los grandes
propietarios sin que se emprendiera reforma alguna. En el terreno social, la dictadura puso en marcha un modelo de regulación del trabajo
que pretendía eliminar los conflictos laborales mediante la intervención del Estado, la
integración de los sectores moderados del movimiento obrero (PSOE – UGT), y la represión de
las organizaciones más radicales (anarquismo). Con este fin, se creó la Organización
Corporativa Nacional, que agrupaba a patrones y obreros en grandes corporaciones
(sindicalismo vertical).
La oposición a la dictadura estuvo integrada por algunos líderes de los partidos
dinásticos, los republicanos, los nacionalistas, los comunistas, los anarquistas, determinados
sectores del Ejército y la casi totalidad de los intelectuales. Los antiguos partidos del turno
criticaron la excesiva duración del régimen y varios dirigentes participaron en conspiraciones
militares como el complot de la «sanjuanada» en 1926. Con respecto a los intelectuales y el
mundo universitario, la dictadura pretendíó controlarlos mediante la censura y limitando su
libertad, llegando incluso a cerrar universidades. Esto fue el origen de un gran sindicato, la
Federación Universitaria Española (FUE), de carácter republicano. El enfrentamiento contra la
dictadura estuvo protagonizado por figuras como Unamuno, Ortega y Gasset o Menéndez
Pidal. El conflicto más persistente se produjo con el republicanismo y los nacionalismos,
especialmente el catalán (liquidación de la Mancomunidad, prohibición de la lengua y el
folklore). La CNT se mostró contraria al régimen, y sus elementos más radicales crearon la
Federación Anarquista Ibérica (FAI). También el PSOE rechazó la dictadura, a partir de 1929.
La creciente oposición a Primo de Rivera se intensificó cuando el rey y su camarilla se
convencieron de que la dictadura era un peligro para la supervivencia de la monarquía. Se
optó por retirarle la confianza, y el dictador acabó dimitiendo en 1930. El general Berenguer
fue el encargado de sustituirle, con la misión de celebrar unas elecciones que permitieran
volver a la normalidad constitucional. La oposición comenzó a organizarse, y los republicanos,
catalanes y el PSOE firmaron el Pacto de San Sebastián, un programa para presentarse a las
elecciones y constituir un gobierno provisional en la futura república. También se creó un
Comité Revolucionario presidido por Niceto Alcalá Zamora, que preparó una huelga general
(que nunca llegó a realizarse) y un pronunciamiento militar (que fracasó) para forzar la
proclamación de una república