La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

El Golpe de Estado y la Instauración de la Dictadura

El sistema político de la Restauración, agotado y desacreditado, llegó a su fin con el golpe de Estado lanzado por Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923. En el Manifiesto lanzado al país el mismo día, Primo de Rivera justificaba la toma transitoria del poder como una medida necesaria para resolver los problemas de:

• Orden público
• Separatismo catalán
• Corrupción política
• Guerra en Marruecos

Además, buscaba imponer medidas de política económica. La dictadura fue aprobada por el rey Alfonso XIII y apoyada por los sectores sociales conservadores, especialmente la burguesía industrial, que deseaba la paz social después de los años de agitación que siguieron a la huelga de 1917 para aprovechar el clima de auge económico de los años veinte.

El golpe fue aceptado casi unánimemente por el Ejército, cuya desconfianza hacia los políticos era creciente y se había agudizado con la investigación sobre el desastre de Annual (expediente Picasso). Contó también con el respaldo de la Iglesia Católica y de amplios sectores de las clases medias. Los obreros y campesinos afiliados al PSOE y a la UGT adoptaron una actitud expectante, sin comprometerse en acciones de resistencia activa.

Primo de Rivera no planteó la creación de un Estado o un orden nuevos. El general combinaba ideas del regeneracionismo con ideas de la doctrina social católica y con algunas del fascismo italiano. En definitiva, fue una dictadura autoritaria (pero no totalitaria). El problema es que no fue transitoria como prometía, y se vinculó estrechamente a la figura del rey Alfonso XIII.

Primera Etapa: Directorio Militar (1923-1925)

En una primera etapa, considerada provisional, Primo de Rivera asumió todos los poderes al frente de un directorio militar que:

• Dejó en suspenso la Constitución de 1876
• Disolvió las Cortes
• Prohibió los partidos políticos
• Censuró la prensa

También disolvió las diputaciones provinciales, mientras que los gobiernos civiles fueron cedidos a los militares y los alcaldes eran nombrados por el gobierno. Para restablecer el orden social, se abolieron las libertades y se intensificaron las acciones represivas haciendo que CNT y PCE fueran ilegalizados. Se prohibió el uso público de la lengua y la bandera catalanas, y suprimió la Mancomunitat.

El problema marroquí se resolvió favorablemente para España gracias a la ofensiva conjunta hispano-francesa, que concluyó con el desembarco en la bahía de Alhucemas (1925).

Segunda Etapa: Directorio Civil e Intento de Institucionalización (1925-1930)

En 1925, la dictadura había solucionado los problemas que justificaron su aparición, de modo que, en principio, podía abandonar el poder que, en teoría, había asumido provisionalmente. Sin embargo, esto no se produjo, sino que, al contrario, el dictador intentó institucionalizar el régimen.

Primo de Rivera había creado en 1924 un partido leal a su persona (la Unión Patriótica). En 1925, el directorio militar se sustituyó por un directorio civil. El proyecto político culminó con la convocatoria de una Asamblea Nacional Consultiva (1927), encargada de la redacción de una nueva constitución.

Política Social y Económica

Se llevó a cabo una política social y económica de tipo intervencionista. La política social se caracterizó por la represión de los sindicatos más radicales y la tolerancia hacia los más moderados, y por un cierto reformismo social de carácter paternalista.

El Estado creó la Organización Corporativa Nacional. Su objetivo era regular las condiciones laborales y controlar el movimiento sindical. Como la dictadura no creó sindicatos oficiales, intentó atraerse a los existentes, especialmente a la UGT, que monopolizó la representación obrera en los comités paritarios.

La política económica de la dictadura se basó en el intervencionismo del Estado y en el nacionalismo económico. Se intentó fortalecer el mercado nacional y apoyar la producción interior. La dictadura llevó adelante un ambicioso plan de obras públicas, con el que pretendía lograr una reactivación de la economía española.

Se concedieron monopolios para la explotación de ciertos productos de interés fiscal, que se beneficiaron de la política proteccionista. Cabe destacar la creación de la Compañía Telefónica Nacional de España (1924) y la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos (CAMPSA) en 1927.

Esta política fue espectacular a corto plazo, pero a largo plazo supuso un enorme gasto público que desequilibró la Hacienda del Estado. Además, los intentos de reforma fiscal, que por primera vez querían implantar en España un Impuesto sobre la Renta, no se pudieron aplicar por la oposición de las clases económicamente más fuertes.

Decadencia y Caída de la Dictadura

El desgaste de la dictadura se hacía patente desde antes, pero a partir de 1928, la decadencia se hizo evidente, a causa de:

• La crisis económica
• La agitación social provocada por las protestas universitarias
• La progresiva retirada de confianza de los oficiales del ejército hacia el dictador
• El fracaso político de Unión Patriótica

La oposición afectó a todos los sectores políticos y sociales: socialistas; anarquistas (creación del ala radical de la CNT o Federación Anarquista Ibérica – FAI en 1927); catalanistas; republicanos; antiguos políticos de la Restauración; terratenientes y burguesía urbana; intelectuales; militares; la Iglesia.

El rey Alfonso XIII retiró su apoyo a Primo de Rivera. Finalmente, el dictador dimitió en enero de 1930.

El Fin de la Monarquía y el Advenimiento de la República

Tras la dimisión del general Primo de Rivera, el rey Alfonso XIII encargó sucesivamente al general Berenguer y al almirante Aznar la formación de sendos gobiernos provisionales, con la dificilísima tarea de poner fin a la dictadura y restablecer la legalidad constitucional.

El apoyo de Alfonso XIII a Primo de Rivera había desacreditado completamente al régimen monárquico. El republicanismo experimentó un espectacular auge y se constituyeron nuevos partidos de militancia republicana.

En agosto de 1930, los diferentes partidos republicanos, socialistas y regionalistas firmaron el Pacto de San Sebastián, para impulsar un movimiento político revolucionario que, mediante una insurrección armada apoyada por movilizaciones populares, derrocase la monarquía e instaurase la república.

Los levantamientos revolucionarios de Jaca (Huesca) y Cuatro Vientos (Madrid) fueron un fracaso y la huelga general no llegó a convocarse, pero el malestar contra el régimen se acentuó. El gobierno Aznar convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931.

El triunfo monárquico se produjo en el ámbito rural, controlado por el caciquismo, en tanto que el éxito de la conjunción republicano-socialista tuvo lugar en las ciudades (triunfó en 41 de las 50 capitales de provincia), donde el voto estaba libre de manipulaciones.

Ante los resultados electorales, el rey Alfonso XIII optó por el exilio —aunque sin renunciar a sus derechos sobre la corona—, y el 14 de abril de 1931 se proclamó pacíficamente la Segunda República española en medio del entusiasmo popular. Una nueva etapa parecía abrirse en la historia de un país anhelante de cambios profundos.