16. LA ESPAÑA ACTUAL.
16.1. La transición a la democracia. La Constitución de 1978. Principios constitucionales y desarrollo institucional. El estado de las autonomías y su evolución. Hasta octubre de 1982 (primer gobierno socialista).
Entre la muerte de Franco (20/11/1975), y la aprobación de la Constitución de 1978, transcurrieron tres años de reformas políticas con la crisis económica como telón de fondo.
El Rey, en los primeros momentos avanzó con cautela. Una gran parte de la sociedad y de la clase política, querían un cambio pero el sector más inmovilista, el búnker, se oponía a cualquier medida que pusiera en peligro el Régimen.
El primer gobierno estaba presidido por Arias Navarro, e incluía a gran número de elementos de la línea dura, aunque había también hombres comprometidos con el cambio: Manuel Fraga, Areilza, y Antonio Garrigues. Su primera medida fue nombrar a Torcuato Fernández de Miranda presidente de las Cortes.
Por otro lado, la oposición democrática (socialistas, comunistas, nacionalistas y democristianas), dentro y fuera de España, pedía una amnistía política, la legalización de todos los partidos políticos, sindicatos libres y elecciones libres. El Rey, ante la incapacidad de Arias para negociar con el búnker y con la oposición, forzó su dimisión (julio de 1976) y nombró a Adolfo Suárez Presidente del Gobierno. Suárez formó gobierno con miembros de los sectores más progresistas del Régimen, e inicio inmediatamente el proceso para la Transición Democrática.
Suárez mantuvo contactos con líderes de la oposición, como Felipe González (PSOE) y Santiago Carrillo (PCE) para convencerles de la necesidad de una transición pacífica.
En septiembre de 1976 Suárez presentó su Proyecto de Reforma Política ante un grupo de militares de alta graduación y les pidió su patriótico apoyo, lo que consiguió gracias al apoyo que el ejército prestaba al Rey. El proyecto de reforma política fue discutido en las Cortes y fue aprobado con escasa oposición. Suárez convocó un referéndum el 15 de diciembre de 1976 para que el Proyecto fuera también aprobado por el pueblo, lo que hicieron el 94% de los españoles. En tanto que se aceleraba el progreso de la democratización, la tensión se veía incrementada por la actuación de grupos violentos. Un grupo terrorista, el GRAPO, inició una campaña de atentados y secuestros. El 24 de enero de 1977, terroristas de ultraderecha asesinaron a cinco abogados laboralistas comunistas, en la calle Atocha. La demostración de la fuerza y disciplina del PCE impresionó a gran parte de la sociedad española que comenzó a perder el temor a la legalización del PCE.
En febrero dio comienzo el proceso de legalización de los partidos políticos. Suárez se reunió con Carrillo. A cambio de la legalización, Carrillo aceptó reconocer la monarquía, y ofreció su cooperación. El 9 de abril, cuando la mayoría de la élite política y militar se hallaba fuera de Madrid por las vacaciones de Semana Santa, Suárez anunció la legalización del PCE.
En las elecciones que se celebraron el 15 de junio de 1977 obtuvo la mayoría el partido creado por Adolfo Suárez, la UCD (Unión de Centro Democrático), aunque obtuvieron muchos votos los socialistas, y en menor medida los comunistas, los nacionalistas catalanes y vascos y los populares de Fraga.
Una vez redactada, la Constitución de 1978 fue aprobada en referéndum el 6 de diciembre de ese mismo año (88% de los votos a favor).
Estructura de la Constitución de 1978:
– 169 artículos.
– 1 Título preliminar.
– 10 títulos:
1. Sobre derechos y deberes de los españoles.
2. Sobre la corona.
3. Sobre las cortes generales.
4. Sobre el gobierno y la administración.
5. Las relaciones entre el gobierno y las Cortes generales.
6. Sobre el poder judicial.
7. Sobre la economía y la Hacienda.
8. La organización territorial del Estado.
9. Sobre el Tribunal constitucional.
10. Sobre la reforma constitucional.
– 4 disposiciones:
1. Disposiciones adicionales
2. Disposiciones transitorias
3. Disposiciones derogativa
4. Disposiciones final
LA Constitución establece que la forma política del Estado es una monarquía parlamentaria, que la soberanía reside en el pueblo y que quedan claramente separados los tres poderes:
– El ejecutivo en manos del presidente del gobierno, elegido por el congreso de los diputados. El Presidente elige a sus ministros.
– El legislativo en manos de unas Cortes bicamerales, el Congreso de los Diputados, que tiene la mayoría de las atribuciones, y el Senado, cámara de representación territorial con menos atribuciones Ambas cámaras son elegidas por sufragio universal (mayores de 18 años).
– El judicial integrado por jueces. El máximo órgano judicial es el Tribunal Supremo y en materia constitucional el Tribunal Constitucional.
La Declaración de Derechos incluye todos los derechos y libertades destinados a lograr la igualdad de los españoles y el desarrollo de un estado del bienestar:
– Libertad de expresión en todos sus aspectos (prensa, opinión, cátedra, educación…), de asociación (sindical y política) manifestación y huelga, y de conciencia, declarándose España un estado aconfesional.
– Igualdad ante la ley, sin que se puedan establecer diferencias por razones de sexo, edad, religión, procedencia, etc. Así mismo el Estado debe favorecer la igualdad entre los ciudadanos mediante el desarrollo de leyes que impulsen el progreso social y económico (derecho a la educación, al trabajo, la cultura y el deporte; al mantenimiento de la Seguridad Social y la protección de la salud pública; a una atención preferente de los discapacitados y la tercera edad).
– Otros artículos son: el derecho a la vida (abolición de la pena de muerte) o el deber del estado de proteger el medio ambiente o el patrimonio artístico.
Pero la característica más novedosa es la relativa a la descentralización del Estado; así establece (título octavo) que España se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas. Se hace la distinción entre nacionalidades (Cataluña, Galicia y País Vasco, por tener una clara conciencia histórica), los cuálesaccederían de una manera rápida al autogobierno, y regiones, que podrían acceder de manera más lenta. El gobierno había establecido de forma provisional la autonomía en Cataluña y en el País Vasco, y había reconocido la pre autonomía de las demás regiones. La entrada en vigor de la Constitución permitió la aprobación de los estatutos de autonomía del País Vasco, Cataluña (1979), y Galicia (1981). Excepto Andalucía (tras un referéndum optó por la vía rápida) las demás regiones españolas accedieron a la autonomía por la vía lenta prevista por la Constitución.
El traspaso de competencias desde el Estado Central a los autonómicos ha sido complejo, y se ha llevado a cabo a lo largo de los gobiernos de UDC, del PSOE y del PP. El título octavo de la constitución es muy ambiguo y ha dado lugar a interpretaciones muy diferentes sobre el alcance de las competencias de las comunidades autónomas, debate que a día de hoy sigue abierto
Durante los años de gobierno de la UCD (1977- 81) se afrontaron cuestiones criticas en un clima de crisis económica y conflictividad social. Desde muchos sectores se pedían amplias reformas políticas, pero estas reformas se veían amenazadas por grupos que estaban dispuestos a imponerse mediante la violencia (grupos terroristas, sectores del ejército, partidos ultras de izquierda y de derecha).
La situación económica española se había deteriorado extraordinariamente desde finales de 1973, tras la crisis del petróleo. La inestabilidad política hacía imposible la adopción de medidas para luchar contra la crisis y a mediados de 1977 la inflación llegó al 40 %, el déficit del Estado era enorme, el paro aumentaba cada vez más y la conflictividad laboral se mantenía en unos niveles altísimos. Desde el gobierno se propuso un pacto social entre todas las fuerzas políticas para hacer frente a la situación. Tras negociar con todos los partidos se firmaron los Pactos de la Moncloa (octubre de 1977), que establecían medidas para luchar contra la inflación , una reforma fiscal (subida de los impuestos para las rentas más elevadas y al aumento de las prestaciones de la Seguridad Social.
Suárez convocó nuevas elecciones generales (marzo de 1979), que confirmaron los resultados de las elecciones de 1977. UCD obtuvo la victoria mientras que el PSOE fue el partido más votado de la oposición. Pocas semanas después se convocaron elecciones municipales, en las cuales, el PSOE consiguió la alcaldía de las principales ciudades españolas, como Madrid, Barcelona o Valencia.
En noviembre de 1978 se desmontó la llamada “Operación Galaxia”, un plan golpista que intentaba detener las reformas políticas que se estaban llevando a cabo.
A principios de 1981, en medio de una situación muy tensa, estalló una grave crisis política dentro de UCD al discutirse el liderazgo de Suárez dentro del partido, y este presentó la dimisión como presidente del gobierno. Aprovechando esta situación un grupo de militares planeó un golpe de estado que ejecutaron el 23 de febrero de 1981, cuando el Congreso de los Diputados votaba la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente del gobierno. Más de 200 guardias civiles dirigidos por el teniente coronel Antonio Tejero ocuparon el Congreso de los Diputados y secuestraron al gobierno y a los diputados. Al mismo tiempo, en Valencia, el general
Milans del Bosch declaró el estado de guerra y ocupó militarmente la ciudad. Durante unas cuantas horas se vivió una gran incertidumbre porque muchos generales dudaban sobre qué actitud tomar. Finalmente, el rey logró reconducir la situación (mediante un discurso televisado en el que como jefe de las fuerzas armadas, desautorizaba el golpe) y el golpe militar fracasó.
Tras el golpe se reprodujeron las disputas internas en UCD. La crisis se acentuó cuando Fernández Ordóñez, ministro de Justicia, impulsó la Ley de divorcio, que era apoyada por unos y rechazada por otros. En el plano cultural, la muerte de Franco y la llegada de la democracia, trajo consigo un ambiente de libertad de expresión que se concretó en las manifestaciones culturales.
Destaca en literatura la concesión de dos premios Nobel: al poeta Vicente Aleixandre y a Camilo José Cela.
También se ha potenciado una nueva política cultural, con la promulgación de leyes como la del Mecenazgo o la del Patrimonio, que ha descentralizado la gestión de parte del patrimonio cultural cediéndolo a las comunidades autónomas. Se han desarrollado las tendencias a una cultura más cosmopolita y es patente la renovación generacional en el arte, donde han destacado algunas figuras a nivel internacional en distintos campos: el cine, la danza, o la música.

16.2 Los gobiernos democráticos. Los desafíos del golpismo y del terrorismo. Cambios políticos, sociales y económicos. Cultura y mentalidades. Desde octubre de 1982 hasta marzo 2000 (segundo gobierno partido popular).
A principios de 1981, en medio de una situación muy tensa, estalló una grave crisis política dentro de UCD al discutirse el liderazgo de Suárez dentro del partido, el cual presentó la dimisión como presidente del gobierno. Aprovechando esta situación un grupo de militares planeó un golpe de estado que ejecutaron el 23 de febrero de 1981, cuando el Congreso de los Diputados votaba la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente del gobierno. Más de 200 guardias civiles dirigidos por el teniente coronel Antonio Tejero ocuparon el Congreso de los Diputados y secuestraron al gobierno y a los diputados. Al mismo tiempo, en Valencia, el general Milans del Bosch declaró el estado de guerra y ocupó militarmente la ciudad. Durante unas cuantas horas se vivió una gran incertidumbre porque muchos generales dudaban sobre qué actitud tomar. Finalmente, el rey logró reconducir la situación (mediante un discurso televisado en el que como jefe de las fuerzas armadas, desautorizaba el golpe) y el golpe militar fracasó.
No fue la única amenaza violenta al nuevo sistema democrático. El 24 de enero de 1977, terroristas de ultraderecha asesinaron a cinco abogados laboralistas comunistas, en la calle Atocha. En noviembre de 1978 se desmontó la llamada “Operación Galaxia”, un plan golpista que intentaba detener las reformas políticas que se estaban llevando a cabo.
Tras el golpe del 23F, se reprodujeron las disputas internas en UCD. La crisis se acentuó cuando Fernández Ordóñez, ministro de Justicia, impulsó la Ley de divorcio, que era apoyada por unos y rechazada por otros. En pocos meses UCD se fragmentó definitivamente: algunos ingresaron en el PSOE o en AP, Suárez constituyó un nuevo partido, el Centro Democrático y Social (CDS). Ante esta situación, Calvo Sotelo disolvió las Cortes y convocó elecciones generales. Las elecciones generales del 28 de octubre de 1982 supusieron una victoria abrumadora para el PSOE, que, con la promesa del cambio, obtuvo más de diez millones de votos y una amplia mayoría absoluta. El segundo partido más votado fue AP, liderado por Manuel Fraga. Tanto UCD como el CDS sufrieron un descalabro. El PSOE mantuvo su hegemonía en sucesivas elecciones (autonómicas, municipales y generales de 1986, 1989 y 1993), hasta 1996.
Esta mayoría parlamentaria le permitió llevar a cabo, sobre todo en los primeros años, una política de modernización de España, extendiendo el régimen de Seguridad Social y generalizando la sanidad pública, implantando un nuevo sistema educativo (la LOGSE ampliaba hasta los 16 años la enseñanza obligatoria), y llevando a cabo una reforma fiscal. Algunas reformas que atentaban contra los pilares de la mentalidad franquista provocaron una grave polémica como la despenalización parcial del aborto, el reconocimiento de la objeción de conciencia y el servicio social sustitutorio.
En el terreno económico la lucha contra la inflación y el paro fueron objetivos fundamentales del gobierno y aunque se consiguió frenar la inflación (del 14% en 1982 al 8% en 1985), la lucha contra el paro fue un importante fracaso del gobierno socialista, que siguió creciendo hasta situarse en los niveles más altos de Europa, incrementado por una obligada reconversión industrial que forzó el cierre de numerosas empresas. El resultado fue un creciente descontento de los trabajadores que culminó en la jornada de huelga general del 14 de diciembre de 1988 que paralizó España.
El terrorismo, que apareció en los últimos años del franquismo, se convirtió en uno de los mayores problemas de la sociedad española. ETA, que no aceptó el nuevo sistema político ni el estatuto de autonomía vasco (querían la independencia lo que ellos denominaban Euskalerria, que además de las tres provincias vascas comprendía Navarra y parte del País Vasco francés) siguió actuando mediante atentados cada vez más indiscriminados (en un primer momento solo atentaban contra los militares y los diferentes cuerpos de la política, pero posteriormente comenzaron a atacar a todos los sectores de la sociedad, como en el caso de la bomba de Hipercor). Para luchar contra ellos se creó, con apoyo del estado, el GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) grupo terrorista que atentó contra militantes y simpatizantes de ETA, uno de los asuntos más turbios de la época socialista, que al ser sacado a la luz (los responsables fueron juzgados y encarcelados) influyó decisivamente en la derrota socialista. Pero gracias al acuerdo entre los gobiernos de España y Francia (1984), la lucha contra ETA recibió un gran impulso (Francia negó asilo político a los terroristas de ETA, país que había sido el santuario de la banda durante años). En 1989 el gobierno intentó una negociación con ETA, que fracasó (conversaciones de Argel).
Respecto a la política exterior, el último gobierno de UCD había aprobado la integración de España en la OTAN, aunque el PSOE se opuso (bajo el lema «OTAN, de entrada no» inició una activísima campaña en la calle solicitando un referéndum). No obstante, cuando el PSOE llegó al poder, ante la evidencia de que la entrada en la OTAN estaba muy relacionada con la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea el gobierno socialista, tras convocar un referéndum (1986) hizo campaña a favor de la permanencia en la OTAN (aunque el gobierno obtuvo el sí, fue por un margen pequeño, y supuso una profunda decepción para muchos de sus votantes). El 12 de junio de 1985 se firmó el tratado de adhesión de España a la CEE, que preveía la entrada de España el 1 de enero de 1986.
Desde 1990 el descrédito del gobierno fue en aumento al hacerse públicos una serie de gravísimos escándalos que implicaban a dirigentes del PSOE: la financiación irregular del partido, el enriquecimiento ilegal de importantes dirigentes socialistas, algunos de los cuales tenían responsabilidades de gobierno (como Luis Roldán, director general de la Guardia Civil), las escuchas telefónicas a algunas personalidades políticas del país e incluso la guerra sucia contra ETA (los GAL). El clima político era muy agrio y crispado entre el PSOE y el PP. Finalmente, CiU retiró su apoyo al PSOE (en 1993 no había obtenido mayoría absoluta), y se convocaron elecciones generales en 1996.
Las siguientes elecciones se celebraron el 3 de marzo de 1996 y dieron una ajustada victoria al PP, aunque en el 2000 nuevas elecciones le dieron mayoría absoluta. Los años del gobierno de Aznar estuvieron marcados por éxitos y por fracasos. Se hizo una eficaz política económica, basada en una orientación neo-liberal, encaminada a reducir el gasto público en beneficio de la actividad privada; a la vez que se buscaban cumplir los criterios económicos de convergencia económica europea para poner en marcha la moneda única. El auge económico mundial, acompañó a esta política lo que permitió reducir el paro y sostener las pensiones.
El problema del terrorismo fue uno de los campos más complejos, sobre todo tras la crisis del verano de 1997, cuando el asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP, tras un ultimátum de ETA provocó una gran movilización social. El PNV y otras organizaciones nacionalistas vascas firmaron en septiembre de 1998 el Acuerdo de Lizarra para buscar una solución al conflicto vasco, siguiendo el modelo irlandés. Cuatro días después Eta declaró una tregua indefinida, que rompió tras algo más de un año. En el año 2000 se produjo una nueva escalada de atentados. Ante esta situación PP y PSOE firmaron un Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo. Pero en general la lucha contra el terrorismo fue positiva: tanto en el campo policial, como en lo político o lo judicial (ilegalización de HB, detención de numerosos comandos, ataque a su aparato de financiación y a sus medios de comunicación, etc.).
Sin embargo en otras cuestiones su actuación política creó un fuerte rechazo de la sociedad, lo que a la postre provocó su derrota electoral. Asuntos como la guerra en Irak, su intransigencia frente a los grupos nacionalistas, el Plan Hidrológico Nacional o la Ley de la calidad de la enseñanza fueron restándole apoyos. Los atentados de la estación de Atocha días antes de las elecciones, de los que se consideró responsable al gobierno por su participación en la guerra de Irak, provocaron el cambio del voto de muchos españoles, lo que supuso la formación de un nuevo gobierno socialista liderado por Rodríguez Zapatero (marzo de 2004).
A lo largo de las últimas décadas la sociedad española ha adoptado las pautas culturales, los valores y los comportamientos de las sociedades democráticas occidentales.
Se ha producido un cambio en el comportamiento demográfico de los españoles. Las dificultades económicas del periodo 1974-1986, unido a la evolución de las mentalidades produjeron un gran descenso de la natalidad y el inicio de un proceso de envejecimiento de la población, A la vez que se producía la modificación del concepto de familia.
Por otro lado, España se ha convertido en un país de inmigración, lo que en algunos casos ha provocado tensiones y conflictos. También ha cambiado la actitud ante la religión, con una mayor secularización de la sociedad. Aunque la mayor parte de la población española se confiesa creyente y católica, la práctica religiosa ha bajado considerablemente.
Otro cambio ha sido el creciente protagonismo femenino. Actualmente el número de mujeres que estudian en la universidad supera al de los hombres. Y muchas mujeres ocupan puestos que tradicionalmente les estaban vedados. Pero, a pesar de todo, no se ha conseguido la plena igualdad en lo que respecta a los niveles de renta, condiciones laborales y a la ocupación de puestos de gran responsabilidad.

16.3. La integración de España en Europa. España en la Unión Europea. El papel de España en el contexto internacional.
En 1962, durante la dictadura franquista, España solicitó, por primera vez su integración en la CEE, pero no obtuvo respuesta. Dos años después, volvió a intentarlo y como resultado se iniciaron unas negociaciones que llevaron al “Acuerdo Comercial preferencial” de 1970.
En 1977, establecido un sistema político democrático, el gobierno de Adolfo Suárez solicitó la integración plena en la CEE. En 1979 se iniciaron las negociaciones, a la vez que lo hacía Portugal, para la adhesión.
Fueron unas negociaciones largas y complicadas; por un lado coincidieron con un momento de crisis económica general y por otro algunos países plantearon ciertas exigencias, por ejemplo Gran Bretaña pedía la apertura de la frontera con Gibraltar y Alemania la integración en la OTAN. En 1985 se permitió el libre tránsito de personas y mercancías con Gibraltar. Respecto a la entrad en la OTAN, el último gobierno de UCD había aprobado la integración de España en la OTAN, (1982) aunque el PSOE se opuso (bajo el lema «OTAN, de entrada no» e inició una activísima campaña en la calle solicitando un referéndum). No obstante, cuando el PSOE llegó al poder, ante la evidencia de que la entrada en la OTAN estaba muy relacionada con la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, el gobierno socialista, tras convocar un referéndum (1986) hizo campaña a favor de la permanencia en la OTAN (aunque el gobierno obtuvo el sí, fue por un margen pequeño, y supuso una profunda decepción para muchos de sus votantes). Además España y Portugal tenían un grado de desarrollo inferior a la media Europea.
Finalmente el 12 de junio de 1985 el Gobierno español firmó en Madrid el “Tratado y el Acta de Adhesión a las Comunidades Europeas”, que fue ratificado en el Congreso y en el Senado y en los parlamentos del resto de los socios comunitarios para entrar en vigor el 1 de enero de 1986.
La entrada de España en la CEE fue acogida con satisfacción por la opinión pública, pero planteaba unos retos muy grandes, porque la economía española, que históricamente se había desarrollado en gran medida gracias a una política fuertemente proteccionista, con unos elevados aranceles, tenía que adaptarse a un nuevo marco de relaciones económicas basadas en el librecambismo.
La integración en la CEE se hizo de forma gradual mediante un período transitorio. Durante ese periodo, paralelamente a la disminución de los aranceles, los diferentes sectores económicos tuvieron que hacer importantes sacrificios para conseguir una producción competitiva con la de los otros países comunitarios. Ello supuso la pérdida de numerosos puestos de trabajo e incluso el desmantelamiento o la disminución drástica de algunos sectores: pesca, agricultura, construcción naval, siderurgia. La contraprestación era la apertura para los productos españoles de un mercado de millones de personas con una elevada capacidad adquisitiva.
Los países miembros de la CEE decidieron acelerar el proceso de construcción europea. El Acta Única Europea (1986) permitió el establecimiento de un verdadero mercado interior sin fronteras para los países de la CEE que posibilitaba la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales. Para asegurar la estabilidad en el seno de la CEE se aprobaron los denominados fondos estructurales, que han comportado el traspaso de rentas de los países económicamente más poderosos a los estados menos desarrollados de la CEE, como España.
El proceso de integración en Europa dio un paso fundamental con la aprobación del “Tratado de la Unión Europea” o tratado de Maastricht (1992), que fijó la adopción de una política económica común y el establecimiento de una moneda europea; para acceder a la moneda común los países miembros de la Unión Europea tuvieron que cumplir una serie de condiciones, especialmente el control de la inflación y del déficit público, que provocaron la adopción de unas duras políticas presupuestarias (recortes en el gasto educativo, disminución de las pensiones, reducción de las obras públicas, etc.).
En 1992 se inició un “Primer programa de Convergencia” demasiado optimista, pero la crisis económica hizo que dos años después se aprobará un “Programa de Actualización” más realista.
A partir de 1996, el gobierno del PP dio prioridad al cumplimiento de los criterios de los requisitos para acceder a la moneda única., además de poner en marcha distintos planes para alcanzar la convergencia real en renta y empleo. En 1999 se lograron los requisitos para acceder a la moneda única europea.
El euro entró definitivamente en la vida de los españoles el 1 de enero de 2002. Al evitarse los cambios la moneada única produjo menos costes en el comercio europeo pero la tendencia a la equiparación de precios en todos los países provocó un aumento de la inflación en los menos competitivos entre ellos España.
Además de la puesta en circulación de la moneda única, la integración de España en la UE trajo otras implicaciones económicas y políticas:
-La libre circulación de personas, mercancías y capitales por todos los países de la UE.
-El impulso tecnológico tanto de las empresas españolas al tenerse que convertir en empresas más competitivas como de las empresas extranjeras que se instalaron en España.
-El principio de solidaridad y cohesión entre los países más pobres y los países ricos de la Unión trajo consigo los fondos europeos, pero si en principio España fue un país receptor de los mismos actualmente se ha convertido en contribuidor.
España se halla en la actualidad plenamente integrada en la UE.
Aunque durante las últimas décadas los distintos gobiernos democráticos españoles han considerado prioritario la integración en Europa, la consolidación democrática trajo consigo nuevas líneas de actuación en el panorama internacional.
En los primeros años de la transición España tenía tantas cuestiones internas que resolver que se desentendió de la política exterior, por ese motivo, además de la solicitud de entrada en la CEE, sólo estableció relaciones diplomáticas con los países del Este.
Pero una vez establecido los distintos gobiernos se ocuparon de las relaciones con todos los países del mundo.
La vinculación con sus socios militares (OTAN) y económicos (CEE) la llevaron a participar en la guerra del Golfo
(1990) o en el envío de tropas a Bosnia.
En Iberoamérica se apoyaron los procesos de democratización y se impulsó una política de cooperación y solidaridad, fundamentalmente durante la etapa de gobierno socialista (1982-1996). Se institucionalizó la Comunidad Iberoamericana de Naciones que celebrará Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno anuales. Pero a partir de 1996 y con los gobiernos del PP, España se convirtió en uno de los mayores inversores en Iberoamérica, principalmente en telecomunicaciones, energía y banca. Fueron perdiendo importancia las Cumbres.
En el Mediterráneo, se establecieron relaciones diplomáticas en Israel (1986) y se buscó la pacificación de la zona lo que culminó con la Conferencia de Paz sobre el Oriente próximo en 1991. Y se intentó fortalecer las relaciones con Marruecos, no se reconoció a la República Saharaui pero tampoco se cuestionó la soberanía de Ceuta y Melilla. Aunque las relaciones con Marruecos, actualmente han mejorado siguen pasando por distintos altibajos. Tampoco se ha avanzado en el asunto de Gibraltar.
Durante el gobierno del PP se apostó por una política de seguridad y defensa, a la vez que se fortalecieron las relaciones con los EEUU. A partir de 2001 la orientación pronorteamericana se impone a la política europeísta produciéndose un distanciamiento de Francia y Alemania.
España participa en las operaciones militares de Afganistán e Irak (2002 y 2003). El centro de la nueva política pasó a ser la lucha contra el terrorismo internacional.
Los atentados de la estación de Atocha días antes de las elecciones, de los que se consideró responsable al gobierno por su participación en la guerra de Irak, provocaron el cambio del voto de muchos españoles, lo que supuso la formación de un nuevo gobierno socialista liderado por Rodríguez Zapatero (marzo de 2004).