El reinado de Isabel II significó la consolidación del Estado liberal, aunque ello no implicó una estabilidad política. En veinticinco años, se sucedieron cincuenta y cinco gobiernos y, al igual que su madre, se inclínó claramente por los moderados, prueba de ello es que éstos formaron gobierno en veintitrés de los veinticinco años. De modo que al sector progresista no le quedó más remedio que tratar de acceder al poder por la vía del pronunciamiento, cosa que ocurrirá en 1854 dando paso a un breve paréntesis progresista. 

2.1. La década moderada (1844-1854) 

La primera medida importante tomada por Narváez consistíó en cambiar el marco legal por uno nuevo, mucho más moderado, representado por la Constitución de 1845, que en realidad era una reforma de la de 1837. 

En sus principios fundamentales se pone de manifiesto el ideario constitucional de los moderados: 

– La negación de la soberanía nacional y del poder constituyente del pueblo. – La afirmación de una constitución histórica basada en dos instituciones, Rey y Cortes, cuyas relaciones regula y articula la Constitución escrita. 

Si la Constitución de 1837 fue la del partido progresista, ésta lo era del moderado. Se inicia así una práctica que se hará normal en el Siglo XIX español: cada partido en el poder elaborará su propia constitución, por lo que se suele hablar de «Constituciones de partido», motivo de su carácter efímero. 

Destacamos como puntos principales: 

– Aunque sí hay declaración de derechos, éstos son muy limitados. – La soberanía es compartida entre la Corona y las Cortes. – Se vuelve a afirmar la confesionalidad del Estado, cuyo credo oficial es el católico. – Respecto al poder ejecutivo, la Corona mantiene amplios poderes como el de la iniciativa legal y el 

nombramiento y destitución de los ministros. – El poder legislativo es bicameral: El Congreso se elegirá por sufragio censitario para el que se necesita un elevadísimo nivel de rentas, y el Senado por nombramiento directo real. Los senadores serán escogidos de entre notables y con carácter vitalicio. – No se habla de poder judicial, sino de «administración de justicia», con lo cual pierde su carácter de independencia. 

Además de la Constitución, el Gobierno de Narváez y los sucesivos gobiernos moderados llevaron a cabo otras medidas. Algunas de ellas fueron: 

– La Ley Municipal que establece un sistema centralista que permitía Gobierno nombrar directamente a los alcaldes de los municipios. – La Ley de Imprenta, por la que se reduce su libertad al exigir depósitos de dinero previos a quienes quisieran editar un periódico y además se establecían tribunales especiales para determinar posibles delitos de prensa. – Las regiones que tenían un régimen foral quedaron sometidas a la legislación del resto de España en 

determinadas materias como, por ejemplo, el servicio militar (las llamadas quintas). – Los Gobernadores civiles quedaron perfilados de manera definitiva como representantes del Gobierno y del poder central en cada una de las provincias españolas. Aumentaba así el control centralizador, mientras que las diputaciones provinciales, como órganos de gobierno locales y muy defendidos por los progresistas, perdían influencia quedando sus funciones reducidas a un mero papel consultivo. – En 1844 se creó la Guardia Civil, que sustituyó a la Milicia Nacional como cuerpo policial. Tenía fines civiles como el del mantenimiento del orden y la persecución del bandolerismo en el ámbito rural, pero al mismo tiempo, contaba con una estructura interna militar, lo que le daba una disciplina muy férrea. – Se racionaliza el sistema tributario con dos impuestos esenciales: uno directo sobre las tierras, y otro indirecto, denominado «de consumos», que encarecía los productos de uso diario y que motivó protestas entre los más humildes. El responsable de esta reforma fiscal fue el ministro de Hacienda Alejandro Mon. – Se restablecieron las relaciones entre la Iglesia y el Estado a través de un Concordato en 1851. 

En 1846 Isabel II se casó a los dieciséis años con el infante D. Francisco de Asís. 

En ese mismo año
Narváez, en completo desacuerdo con dicho matrimonio, abandona el Gobierno y le sucede un periodo de gobiernos cortos e incompetentes. Su ineficacia provocó la vuelta de Narváez hasta 1851. Durante esta etapa, los moderados resurgieron con más fuerza, pero las actividades progresistas se incrementaban sobre todo por el contagio de los acontecimientos revolucionarios que en 1848 se estaban produciendo en Francia. 

Tras Narváez, sube al poder en 1851 otro moderado: Bravo Murillo. Bajo su mandato, de clara orientación tecnocrática, se produjo una nueva legislación sobre ferrocarriles y se impulsó la construcción en Madrid del Canal de Isabel II, destinado al abastecimiento de aguas para la capital. Sin embargo, fracasó en su intento de reforma de la Constitución, donde pretendíó recortar el régimen liberal aumentando los poderes de la monarquía y reduciendo los de las Cortes. Su proyecto de reforma constitucional encontró numerosos adversarios no solo en las filas progresistas, sino también entre muchos de los moderados, lo que provocó su caída. 

Los tres últimos gobiernos de la década moderada (Roncali, Lersundi y Sartorius), no tuvieron especial significación si no es por la debilidad y corrupción de los mismos. Su falta de autoridad, la división dentro del grupo de los moderados, que se encontraba muy desgastado, y el alza de precios del grano a la altura de 1854, atizaron los descontentos de los grupos políticos a los que se unían los descontentos populares y que exigían un cambio de orientación en los gobiernos de la Corona. 

En este contexto se produce la llamada «Vicalvarada» (Junio de 1854), levantamiento de parte de las tropas del cuartel de Vicálvaro, encabezado por el general Leopoldo O’Donnell, que se enfrentó a las tropas del Gobierno. Este levantamiento fue seguido de la publicación del Manifiesta de Manzanares en el que los sublevados expónían a la Reina una serie de reivindicaciones a base de los seis famosos «queremos» (conservar el trono sin camarillas, mejorar la ley electoral y de imprenta, rebajar los impuestos, descentralizar la administración, estabilidad en los empleos públicos, etc.) 

Este documento, junto con la persistencia de los sublevados en mantenerse en las armas, obligó a Isabel II a cambiar el signo político de los gobiernos, dando origen con ello a una etapa progresista