La Zona Republicana: La Revolución Contenida
La Guerra Civil Española originó una situación compleja. Por una parte, las fuerzas de izquierda vieron la ocasión de realizar sus anhelos de revolución social. Por otro lado, era necesario concentrar todos los esfuerzos en ganar la guerra, porque una derrota sería el fin de la esperanza del cambio social.
El Derrumbe del Estado Republicano
José Giral tomó la decisión de entregar armas a la milicia de los partidos y sindicatos, disolver el ejército y los cuerpos policiales, y establecer la creación de batallones voluntarios en los que debían integrarse las milicias. En el territorio republicano surgió una estructura de poder popular formado por sindicatos y partidos de izquierda que constituían una fuerza armada capaz de defender la legalidad republicana.
En 1936, el poder del Estado sufrió un desplome y fue sustituido por organismos revolucionarios dispuestos a ejercer un nuevo orden. Así surgieron consejos, comités y juntas ocupadas en organizar el orden público, la economía, etc.
Los comités formaron consejos regionales. En las fuerzas del Frente Popular predominaban los sindicatos y los partidos obreros. El Comité Central de Milicias Antifascistas, creado en Cataluña, fue importante y llegaría a un acuerdo con los partidos políticos catalanes y con el gobierno de Lluís Companys.
El Desencadenamiento de la Revolución Social
El alzamiento militar provocó un clima revolucionario. En un primer momento, la población se enfrentó a los sublevados para defender la República. Esta resistencia estaba formada por campesinos y obreros vinculados a la izquierda revolucionaria. El elemento más significativo de la revolución fue la colectivización de la propiedad industrial y agraria.
Los comités estaban formados por partidos y sindicatos obreros. Estos se hicieron con el control de transportes, servicios urbanos, fábricas y talleres. Algunos empresarios industriales huyeron al estallar la guerra, otros fueron detenidos o asesinados, y los trabajadores se pusieron al frente de las empresas, comunicando a sus dueños que las explotarían a partir de ese momento en régimen de autogestión.
Entre una serie de decretos, la Generalitat de Cataluña dio cobertura legal a estas acciones.
En el campo, las expropiaciones de fincas se extendieron por Aragón, Andalucía y Valencia. Las tierras se colectivizaron en su totalidad, en zonas anarquistas y socialistas.
En la zona republicana se desencadenó una respuesta popular contra lo que pudiera tener relación con los sublevados. La Iglesia, la burguesía y los propietarios fueron puntos de persecución. Se produjeron asesinatos, detenciones ilegales en cárceles clandestinas, saqueos e incendios de iglesias y conventos.
La imposición de un terror revolucionario en las calles estuvo producida por la CNT-FAI y el POUM.
El Gobierno de Largo Caballero
Los milicianos no consiguieron detener el avance de los sublevados. Las fuerzas republicanas sabían de la necesidad de establecer un pacto para ganar la guerra. Francisco Largo Caballero, secretario de la UGT, estableció un nuevo gobierno formado por republicanos, socialistas y comunistas. Entraron en el gabinete anarquistas y, al mismo tiempo, la República decidió trasladarse a Valencia.
El proyecto de Largo Caballero era crear una gran alianza antifascista frente a los sublevados, recomponer el poder del Estado eliminando juntas y comités, pero aceptando los consejos regionales.
Los fracasos militares abrieron el enfrentamiento entre las fuerzas republicanas. Un sector, formado por republicanos, comunistas y socialistas, era partidario de poner orden en la retaguardia, reforzar los vínculos con las clases medias y reconstruir un Estado fuerte. Otro sector, formado por anarquistas y comunistas del POUM, insistía en afianzar las transformaciones revolucionarias para conseguir una movilización popular contra el fascismo.
Los problemas que debilitaron el gobierno de Largo Caballero se produjeron en Barcelona en mayo de 1937. El gobierno de la Generalitat intentó desalojar a los anarquistas del edificio de Telefónica, donde controlaban las comunicaciones. Los hechos produjeron un enfrentamiento en las calles de Barcelona entre milicianos de la CNT y el POUM y milicianos de la UGT.
El Gobierno de Negrín
Los hechos de mayo restaron influencia a los anarquistas y fortalecieron las posiciones comunistas. Los comunistas exigieron la desaparición del POUM y la detención de sus líderes. Largo Caballero se negó, pero el Partido Socialista se mostró a favor de encontrar un acuerdo con los comunistas. Largo Caballero dimitió y Manuel Azaña encargó la formación de un nuevo gobierno a Juan Negrín. El POUM fue declarado ilegal y sus militantes fueron detenidos.
Indalecio Prieto asumió el Ministerio de Guerra y su política priorizó el esfuerzo militar. Para esto, se integraron todas las milicias en el Ejército Popular.
La sede del gobierno se trasladó de Valencia a Barcelona. La decisión fue tomada por la necesidad de controlar los recursos económicos y militares de las zonas más importantes. Al no poder frenar el avance de las tropas franquistas, el gobierno intentó encontrar una salida negociada a la guerra.
Negrín propuso los 13 puntos, donde proponía el cese de la lucha armada, la permanencia de la República y la apertura de un proceso de elecciones democráticas. Los franquistas no aceptaron entrar en ningún tipo de negociación. Franco dijo: «Solo aceptaría una rendición sin condiciones».
En 1938, la vida era muy difícil en el territorio republicano debido a la falta de abastecimiento y alimentos básicos. La República dio un gran giro cuando se firmó el Pacto de Múnich, donde Gran Bretaña y Francia reconocían la ocupación de los Sudetes por Hitler y se plegaban al expansionismo nazi. Negrín insistía en la resistencia militar con la esperanza de que el conflicto en Europa entre las potencias democráticas y fascistas aligerara la presencia italiana y alemana en España.