1.3. Conquista y romanización de la Península Ibérica.

La primera fase de la conquista romana (218-197 a. C.) se desarrolló durante la segunda guerra púnica contra los cartagineses de Aníbal. Las guerras celtíbero-lusitanas suponen la segunda fase (155-133 a. C.) y perduraron a través de mitos como el de Viriato o la resistencia de Numancia. Las guerras cántabro-astures (29-19 a.C.), dirigidas por el emperador Augusto, culminaron la conquista romana de la Península. Tras la conquista, la provincia de Hispania fue dividida en tres territorios: la Tarraconense, con capital en Tarraco (Tarragona); la Lusitania, con capital en Emérita Augusta (Mérida); y la Bética, con capital en Corduba (Córdoba). Por romanización se entiende la asimilación de la cultura y las formas de vida romanas por parte de los pueblos conquistados. Se llevó a cabo a través de la extensión de la vida urbana, la influencia del ejército, la fundación de colonias y la concesión de la ciudadanía romana. El latín se impuso sobre las lenguas indígenas. En el arte, destacaron los acueductos como el de Segovia o el de los Milagros en Mérida; los teatros como los de Mérida o Cartagena; y puentes como el de Alcántara en Cáceres. El derecho romano regulaba las relaciones privadas y la administración pública. Por último, durante el Alto Imperio se extendió el cristianismo.

1.4. El reino visigodo:

Los visigodos llegaron a un pacto con Roma, por el que se les concedió tierras en el sur de la Galia (Francia) y en Hispania a cambio de expulsar a los suevos, vándalos y alanos. En un principio se asentaron en Toulouse, hasta que la derrota en Vouillé (507) frente a los francos les obligó a asentarse en la Península, estableciendo su capital en Toledo. La monarquía visigoda era electiva. Para el gobierno el rey se servía del Aula Regia y del Officium Palatinum. Los visigodos pusieron a la cabeza de cada provincia a un gobernador o duque. Posteriormente, dividieron las provincias en condados. El rey Recaredo se convirtió al catolicismo en el Tercer Concilio de Toledo (589). A partir de ese momento, los Concilios de Toledo tuvieron carácter de asamblea legislativa. Recesvinto recopiló toda la legislación en el Liber Iudiciorum o Fuero Juzgo. Los únicos que quedaron discriminados fueron los judíos. Al final de la monarquía visigoda surgieron guerras por la sucesión al trono, lo que provocó la irrupción musulmana en el año 711.

2.1. Al Ándalus: Emirato y califato de Córdoba

Aprovechando la guerra civil entre los seguidores del rey visigodo Witiza y de don Rodrigo, los musulmanes del norte de África apoyaron el bando witizano. Tariq venció al ejército de don Rodrigo en la batalla de Guadalete (711), lo que puso fin a la monarquía visigoda. Más tarde, Musa cruzó el estrecho, se unió a las tropas de Tariq y se consumó la conquista de la Península. El período del emirato dependiente (714-756) fue una fase de inestabilidad política y de enfrentamientos entre los árabes y los bereberes. Los avances de los musulmanes cesaron en la batalla de Covadonga (722) y la batalla de Poitiers (732). En la etapa del emirato independiente (756-929), Abd-al-Rahman I, un Omeya que había huido de la matanza de su familia por los Abbasíes de Damasco, consiguió llegar a la Península y se proclamó emir independiente, aunque en el terreno religioso seguía dependiendo del califa de Bagdad. Durante el período del califato de Córdoba (929-1031) Abd-Al-Rahman III se autoproclamó califa y se independizó definitivamente del califato de Bagdad. Asimismo, fue la época de máximo esplendor cultural y artístico de Al-Ándalus. En el terreno militar, la figura más destacada fue Almanzor, quien ejerció el poder bajo una dictadura. Muerto Almanzor, las luchas políticas provocaron la desintegración del califato en los reinos de taifas.

2.2. Al Ándalus: reinos de taifas.

La falta de autoridad, el creciente poder del ejército, las tendencias revolucionarias del pueblo y las divisiones étnicas provocaron la caída del Califato en 1031 y la división de Al-Ándalus en los reinos de taifas. La época de los reinos de taifas fue un periodo de crisis política y militar, pero de gran brillantez cultural. Los reyes cristianos ayudaban a las taifas en sus enfrentamientos a cambio de recibir parias (tributos). El Imperio almorávide (1086-1146), en el norte de África, fue llamado por los reyes taifas tras la toma de Toledo por los cristianos (1085), y venció a Alfonso VI en Sagrajas (Badajoz). La decadencia del Imperio almorávide llegó pronto y desembocó en la aparición de una segunda etapa de reinos de taifas. El Imperio almohade (1170-1212) acudió llamado por los reinos de taifas. Tras iniciales victorias (Alarcos, 1195), fueron derrotados por una coalición de los reinos cristianos (Castilla, Aragón y Navarra) en la batalla de las Navas de Tolosa (1212). La pérdida de poder de los almohades supuso una nueva fragmentación de Al-Ándalus en unas terceras taifas, que fueron sometidas a lo largo del s. XIII por los reyes de Castilla y de Aragón. El reino nazarí de Granada (1246-1492) mantuvo su independencia gracias al vasallaje frente a Castilla, la ausencia de tensiones religiosas y la llegada masiva de andalusíes. Durante el siglo XV conoció su máximo esplendor con Yusuf I y Muhammad V.

2.4. Los primeros núcleos de resistencia cristiana.

En Asturias, la escaramuza que se produjo en 722 en Covadonga, con Pelayo como líder cristiano, permitió la retirada de los musulmanes. Alfonso II sitúa la corte en Oviedo. Alfonso III (866-910) extendió el reino y trasladó la capital a León. En el siglo X, el conde Fernán González consigue la independencia del condado de Castilla. En Navarra, la familia de los Jimeno inicia una dinastía que culmina con Sancho III el Mayor (1030). En Aragón se establece la dinastía de los Galíndez. Los condados catalanes forman parte de la Marca Hispánica de Carlomagno. En el 865 Wifredo el Velloso se convertirá en el primer conde de Barcelona. Borrell II (s. X) consiguió independizarse de los carolingios. Entre los siglos VIII-X los avances cristianos se limitaron a la ocupación de la cuenca del Duero. Entre el siglo XI y la primera mitad del XII los cristianos avanzaron hacia el Tajo. En 1085 Alfonso VI, rey de Castilla y León, conquistó Toledo. Los reinos de taifas llamaron a los almorávides, que vencieron a los cristianos en Sagrajas (1086). A mediados del siglo XII los cristianos alcanzaron el valle del Ebro con la conquista de Zaragoza (1118). En siglo XIII, tras las victorias de los almohades en Alarcos (1195),

los cristianos vencen a los musulmanes en la batalla de las Navas de Tolosa (1212) y, más tarde, Fernando III ocupa el valle del Guadalquivir. En Aragón, Jaime I el Conquistador conquista las islas Baleares y Valencia. En la Alta Edad Media (siglos VIII al X) se repobló el valle del Duero por el sistema de presura (Castilla) y aprisio (Aragón y Cataluña). En Plena Edad Media (XI-XIII) predomina el sistema de concejos, con la concesión de fueros o cartas puebla (Salamanca, Segovia o Sepúlveda). En el sur, el Sistema Ibérico y Levante se repobló mediante maestrazgos concedidos a las Órdenes Militares y el sistema de repartimientos y donadíos de tierras entre la nobleza.

2.5. Los reinos cristianos en la Edad Media:

En las monarquías medievales el rey ocupaba la cima del poder feudal y no tenían una capital fija. A partir del siglo XIII surgieron las Cortes, que discutían y votaban las peticiones económicas del rey. En Castilla, el principal órgano municipal era el concejo, gobernado por los regidores y, desde finales del siglo XIV, por los corregidores. En Aragón, el gobierno de los municipios lo desempeñaba un justicia o alcalde. En Cataluña, el municipio era gobernado por los magistrados locales y los consellers. El régimen señorial se basaba en los señoríos o territorios concedidos por el rey a un particular o a un colectivo. En los comienzos de la Reconquista apareció el primer tipo de señoríos, los llamados solariegos, que a partir del siglo XII se convirtieron en señoríos jurisdiccionales, cuyo señor asumió las funciones del rey, con lo que el régimen señorial limitó la autoridad de la Corona. La sociedad de los reinos cristianos era una sociedad estamental. Nobleza y clero son los privilegiados, con exención de impuestos y leyes propias. El pueblo llano son los campesinos, artesanos y pequeños burgueses, los cuales pagaban impuestos y no tenían privilegios. Los judíos y mudéjares (musulmanes en territorio cristiano) son grupos menos integrados, pero conviven con los cristianos. Los siervos, campesinos o domésticos, podían serlo por deudas o capturados en guerras, y pueden ser vendidos o liberados.

2.6. Organización política de la Corona de Castilla:

Las Cortes de Castilla reunían a la nobleza, el clero y de las ciudades. Estas Cortes aprobaban los impuestos, pero no las leyes. Los reyes cristianos crearon una monarquía autoritaria con la aparición de la Audiencia de Valladolid en 1442, una Hacienda pública, el Consejo Real, un ejército permanente y la figura del corregidor para el gobierno de los municipios. La Corona de Aragón se compone de los reinos de Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares. Sus características son el pactismo y la diversidad territorial. Las instituciones más importantes de la Corona de Aragón son: el Consejo Real, la Hacienda Real, la Real Audiencia y las Cortes Generales. Pero cada reino tiene sus cortes particulares. A mediados del s. XIV aparece en Cataluña la Diputación General o Generalitat. Un cargo específico del reino de Aragón fue el Justicia de Aragón, cuya función era la defensa de los fueros de Aragón. Los municipios estaban gobernados por un delegado, unos magistrados (consellers en Cataluña) y una asamblea. En Navarra, las instituciones estaban compuestas por un Consejo Real, unas Cortes y la Diputación de los Tres Estados.

3.1. Los Reyes Católicos: unión dinástica e instituciones de gobierno:

La guerra por el trono de Castilla a la muerte de Enrique IV, entre su hija Juana “la Beltraneja”, con el apoyo de Portugal, y su hermanastra Isabel, con apoyo de Aragón, acabó con la victoria del bando isabelino en Toro (1476). Posteriormente se firmó el tratado de Alcaçovas (1479), en el que Portugal reconoce a Isabel como reina de Castilla y se delimita el Atlántico entre Castilla y Portugal. La unión entre Castilla y Aragón fue dinástica entre Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Cada reino conservó sus propias instituciones. Los Reyes Católicos crearon un Estado Moderno y gobernaron de forma autoritaria. Las Cortes de Aragón conservaron su carácter pactista. Las ciudades pierden independencia al aceptar a los corregidores. Los Reyes Católicos crearon los Consejos, entre los que destacan el Real o de Castilla, el de Aragón, el de Indias, el de Hacienda y el de la Inquisición. Surgen las chancillerías, encargadas de la justicia (Valladolid y Granada). Crearon dos Audiencias (Santiago de Compostela y Sevilla). Otra institución nueva fue la Santa Hermandad, para mantener la seguridad. En esta época aparece un ejército permanente. Se crea la figura de los virreyes, representantes de los reyes.

3.2. El significado de 1492.

3.4. La Monarquía Hispánica de Felipe II. En 1556, Carlos V deja a su hijo Felipe los reinos hispanos, los territorios italianos y americanos, los Países Bajos y el Franco Condado. Felipe II sustituye la idea de Imperio universal por un Imperio hispánico. Castilla se convierte en el reino fundamental, estableciendo la capital en Madrid (1561). Su modelo político se basó en un sistema de consejos: Inquisición, Hacienda, Órdenes Militares, Castilla, Indias, Aragón, etc. El más importante era el Consejo de Estado. Se introduce la figura de los secretarios reales. Los virreyes fueron los representantes del rey en América. Se amplía el número de Audiencias: Valladolid, Granada, Sevilla y Canarias. Su política interior autoritaria provocó la rebelión de los moriscos en las Alpujarras. En 1591 Antonio Pérez, secretario personal del Rey, fue acusado de asesinato y se refugió en Zaragoza. El Justicia Mayor se negó a entregarlo a Castilla. La respuesta de Felipe II fue ocupar militarmente Zaragoza y ejecutar al Justicia Mayor. En política exterior, Felipe II se unió con Portugal en 1580, lo que dio lugar a la Unidad Ibérica. En Europa, consiguió victorias como la San Quintín ante Francia o la de Lepanto contra el Imperio otomano, y desastres como el episodio de la Armada Invencible frente a Inglaterra. En los Países Bajos surgieron tensiones por motivos religiosos, que acabaron con la independencia de Holanda, aunque Flandes continuó bajo el poder de Felipe II. 

3.9. Crisis y decadencia de la Monarquía Hispánica: el reinado de Carlos II y el problema sucesorio

Carlos II (1665-1700) accedió al trono siendo un niño, por lo que su madre, Mariana de Austria, ejerció como regente. Además, el rey estaba incapacitado para gobernar. Por eso, durante su reinado el poder del Estado se fue diluyendo, lo que fue aprovechado por la aristocracia y la Iglesia para ampliar sus privilegios. Las revueltas sociales no desaparecieron, como la Segunda Germanía en Valencia o el Motín de los Gatos en Madrid, por el alza del precio del pan. Durante el reinado de Carlos II se reconoce la independencia de Portugal (1668) y se cede a Francia el Franco Condado. Pero el problema más importante fue el sucesorio. Ante la inminente muerte de Carlos II sin descendencia, se buscaron candidatos con vínculos familiares: Felipe de Anjou, de la casa Borbón, candidato francés, y Carlos de Austria, candidato de los Austrias alemanes. Tras fuertes presiones, Carlos II dejó como heredero a Felipe de Anjou, futuro Felipe V. Su decisión pretendía lograr el apoyo de Francia y evitar la fragmentación de las posesiones de la corona. En 1700 moría el último de los Austrias, lo que precipitó el inicio de la llamada Guerra de Sucesión.

El 14 de abril de 1931, Niceto Alcalá Zamora proclamó en Madrid la Segunda República y el rey partió al exilio. Comenzó un gobierno provisional presidido por el propio Alcalá Zamora, con Alejandro Lerroux, del Partido Radical; Manuel Azaña, líder de los partidos republicanos de izquierda; y los socialistas Indalecio Prieto y Largo Caballero, como figuras más representativas. El objetivo principal del gobierno era convocar Cortes Constituyentes, pero también se ocupó de una serie de reformas inmediatas, como la cuestión autonómica en relación a los nacionalismos, la situación agraria, la erradicación del analfabetismo en educación y la reforma del Ejército, emprendida por el ministro de la Guerra, Azaña, que pretendía un ejército moderno, reduciendo el número de oficiales, obligando a los militares a jurar fidelidad a la república, decretando el retiro voluntario de los oficiales contrarios a la república y cerrando la Academia General Militar de Zaragoza, de la que era director el general Franco. Esto provocó la reacción antirrepublicana de los sectores más conservadores del Ejército. Además, la creación de la Guardia de Asalto provocó tensiones en algunos sectores de la sociedad. En este contexto se produjeron incendios de iglesias y conventos por parte de grupos minoritarios de anarquistas. Estos acontecimientos provocaron la enemistad entre la república y el catolicismo. En las elecciones a Cortes Constituyentes, mediante sufragio universal masculino, la coalición de republicanos y socialistas obtuvo una amplia mayoría. La Constitución de 1931 recogía una amplia declaración de derechos y libertades, como el derecho al voto de las mujeres, el establecimiento del matrimonio civil y el divorcio, y el derecho a una educación primaria obligatoria y gratuita. Estas medidas permitieron el acceso de la mujer a la vida pública, su progresiva emancipación del poder patriarcal en la familia y el inicio de un movimiento feminista que buscaba la igualdad de la mujer, liderado por activistas como Clara Campoamor, Victoria Kent o Margarita Nelken. En cuanto al poder político, la Jefatura del Estado se atribuyó al presidente de la república. Además, la república reconocía el derecho a la autonomía de las regiones nacionalistas y declaraba la no confesionalidad del Estado, la libertad de culto y la separación Estado-Iglesia. Estas medidas provocaron el enfrentamiento entre el gobierno y la derecha no republicana. Una vez aprobada la Constitución comenzó el llamado bienio reformista (1931-1933), presidido por Alcalá Zamora y con Azaña como presidente del gobierno. Azaña optó por la alianza con los socialistas y emprendió una política reformista para democratizar el país. En cuanto a la política religiosa, se aprobó la ley de confesiones y congregaciones religiosas (1933), por la que el Estado dejaba de subvencionar a la Iglesia. Por otro lado, las bases de la política educativa consistían en promover una educación laica y universal, a la vez que se extendía la cultura hacia el pueblo (Misiones Pedagógicas) para combatir el analfabetismo. En cuanto a las reformas laborales, emprendidas por Largo Caballero como ministro de Trabajo, pretendían mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los obreros y de los jornaleros, y a fortalecer el movimiento obrero. Por último, la ley más polémica fue la de reforma agraria (1932), que pretendía la modernización tecnológica, acabar con el latifundismo y garantizar el asentamiento de los campesinos en tierras expropiadas a los terratenientes. La aplicación de la reforma por el Instituto de Reforma Agraria (IRA) consiguió unos resultados limitados. La obra del bienio reformista provocó una fuerte oposición entre los grupos radicales. Los anarquistas protagonizaron una serie de disturbios, como los ocurridos en Casas Viejas, que minaron la credibilidad republicana. Algunos sectores de la derecha monárquica también actuaron en contra de la república, como el intento de golpe de Estado del general Sanjurjo en 1932, que terminó en fracaso. Ante esta situación, la coalición republicano-socialista se encontraba en un momento crítico. Frente al acoso de la derecha populista de Alejandro Lerroux y los radicales, Alcalá Zamora optó por forzar la dimisión de Azaña y convocar nuevas elecciones en 1933.

Las elecciones de 1933 se celebraron con una nueva ley electoral, en la que votaron por primera vez las mujeres. Las derechas se organizaron en una sólida coalición, liderada por la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) de Gil Robles, que movilizó a las masas católicas en defensa de la religión, el orden y la propiedad. Un hecho de gran trascendencia fue la fundación, en 1933, por José Antonio Primo de Rivera, de Falange Española, de ideología fascista. Las izquierdas, por su parte, se presentaron muy divididas. Así, el resultado de las elecciones significó un triunfo de la derecha, la CEDA y el Partido Radical de Lerroux. El gobierno radical-cedista (1933-1935) no aplicó la anterior política religiosa, rectificó la legislación laboral y la reforma agraria, y devolvió las tierras confiscadas a la aristocracia. Se aprobó una ley de amnistía que absolvía a los generales golpistas de 1932. Aún así, el gobierno tuvo que afrontar una huelga general de campesinos y lidiar con los conflictos nacionalistas en Cataluña y el País Vasco, donde se bloqueó una propuesta de estatuto de autonomía. A principios de octubre de 1934, la CEDA exigió ocupar en el gobierno ministerios importantes. Los republicanos de izquierda lo consideraron una traición y los socialistas promovieron la insurrección. La revolución se desató en octubre de 1934. Comenzó con la convocatoria de una huelga general en las principales ciudades. Sin embargo, solo en Asturias se produjo una auténtica revolución social. El gobierno declaró el estado de guerra y aplicó una durísima represión, dirigida por el general Franco. Azaña, que no había participado en los hechos, fue acusado de rebelión y encarcelado con otros políticos de izquierdas. Desde ese momento se radicalizaron las posturas ideológicas. El gobierno radical-cedista, ya con Gil Robles como ministro de la Guerra, aceleró la paralización de las reformas republicanas. Además, ubicó a militares antirrepublicanos en mandos cercanos al poder político, como Mola en Marruecos o Franco como Jefe del Estado Mayor. Sin embargo, una crisis en el Partido Radical a raíz de sucesivos escándalos de corrupción, como el del straperlo, forzó a Alcalá Zamora a disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones en 1936. En las elecciones de 1936, los partidos de izquierda se radicalizaron y constituyeron una gran alianza, el Frente Popular, entre republicanos de izquierda, socialistas y comunistas. Ante el Frente Popular, las derechas se presentaron desunidas y también radicalizadas. Al final, los resultados electorales arrojaron una victoria muy ajustada del Frente Popular. Las izquierdas triunfaron en las grandes ciudades, en Extremadura, en Asturias y en litoral mediterráneo. Las derechas obtuvieron sus mejores resultados en las dos Castillas, Aragón, Navarra y zonas del País Vasco. Alcalá Zamora encargó a Azaña la formación del gobierno, que reanudó el proceso reformista. Se concedió una amnistía general para los encarcelados por la revolución de octubre de 1934, se restableció la autonomía de Cataluña y se inició el proceso de concesión de autonomía al País Vasco. Se aceleró la reforma agraria con la ocupación masiva de tierras en las zonas latifundistas. Desde la derecha, estos hechos fueron condenados y considerados medidas revolucionarias. También se reavivó la confrontación entre la Iglesia y la república. Meses más tarde, tras una caótica crisis parlamentaria, las Cortes destituyeron a Alcalá Zamora y Azaña fue elegido presidente de la república. Mientras, entre la sociedad triunfaron las posiciones revolucionarias de los anarquistas y de la UGT, dirigida por Largo Caballero.