La Primera Guerra Carlista
El Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845. Isabel, hija de Fernando VII, tenía 3 años a la muerte de su padre en 1833, por lo que asume la regencia su madre María Cristina. Isabel accede al trono español gracias a la publicación de la Pragmática Sanción con la que se anuló la Ley Sálica que impedía reinar a las mujeres. La pragmática priva de sus derechos al hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, que no reconoce como reina a Isabel. En ese momento, los liberales se convirtieron en un firme soporte para la futura reina Isabel II, mientras que los partidarios del tradicionalismo absolutista se congregaron en torno a Carlos María Isidro. El conflicto desemboca en las Guerras Carlistas, que no solo son un pleito dinástico sino que enfrentan dos maneras de entender el Estado y la sociedad. Los carlistas defienden el modelo del Antiguo Régimen, los fueros antiguos, los derechos de la monarquía absoluta de derecho divino y los valores de la iglesia tradicional, lo que se resume en su lema: ‘Dios, Patria fueros y Rey’. Frente a ellos los liberales se proponen acabar con el Antiguo Régimen a través de un nuevo modelo de Estado en el que se implante la división de poderes y se ponga fin a los privilegios estamentales, lo que se irá consiguiendo a través de las reformas de los gobiernos liberales en los que se apoya María Cristina.
La Primera Guerra Carlista (1833-1840)
Estalló debido a que los carlistas se negaron a reconocer a Isabel y se organizaron militarmente en torno al infante Carlos, que se autoproclamó Carlos V. Los principales escenarios de esta guerra fueron el País Vasco Navarra, Aragón y Cataluña. Terratenientes, campesinos y clero rural fueron los apoyos de Don Carlos, mientras que la burguesía, el proletariado industrial e intelectuales urbanos se alistaron en las milicias defensoras del trono de Isabel II. En los primeros momentos los carlistas no contaban con un ejército regular y se organizaron con el método de guerrillas, pero la tardanza del gobierno para reprimir el levantamiento permitió al gran dirigente carlista Zumalacárregui organizar un ejército en el norte, mientras carrera Cabrera unificaba las partidas aragonesas y catalanas. Esto permitió al infante Carlos avanzar hasta Madrid, aunque fue incapaz de tomar la ciudad y tuvo que replegarse hacia el norte. La muerte de Zumalacárregui en 1835, durante el sitio de los ejércitos isabelinos a Bilbao, privó a los carlistas de su mejor estratega. La guerra se hacía larga para los dos bandos. Algunos políticos aconsejaban a la regente María Cristina aplacar a los carlistas garantizando los fueros vascos. Entre los carlistas se abre paso un sector partidario de acabar con la contienda, lo que permite que la guerra llegue a su fin con el Convenio de Vergara, firmado en 1839 por el carlista Maroto y el general isabelino Espartero. Los carlistas se comprometieron a aceptar a Isabel como reina a cambio del reconocimiento de los fueros en las provincias vascas y Navarra y la integración de los oficiales carlistas en el ejército real.
Evolución política durante el reinado de Isabel II
Este periodo se caracteriza por la construcción y evolución del Estado liberal. El reinado de Isabel II llevó a los liberales al poder, lo que permitió la transformación definitiva del modelo de Estado en España. Sin embargo, el avance hacia el liberalismo fue muy lento debido a numerosos problemas. Uno de los más destacados fue la división de los liberales en grupos enfrentados que no llegaron nunca al consenso político. Los dos grupos fundamentales fueron los moderados, cuya base social era la alta burguesía y que se encontraban liderados por el general Narváez, y los progresistas liderados por el general Espartero. Este grupo estaba constituido por clases medias y era partidario de limitar el poder de la monarquía y de impulsar un sufragio censitario menos restrictivo que el defendido por los moderados. El reinado de Isabel II se divide en dos fases, el período de regencias -que abarca de 1833 a 1843, y el reinado efectivo de la monarca, que se extiende hasta 1868. Centrándonos en el periodo de regencias podemos distinguir dos etapas: Regencia de María Cristina (1833-1840). A la muerte de Fernando VII, asume la regencia María Cristina. Su primer gobierno estuvo presidido por Francisco Cea Bermúdez, último ministro de Fernando VII. Impulsó pequeñas reformas, como la nueva división provincial diseñada por Javier de Burgos, que dividía el territorio en 49 provincias. Pero los liberales exigían cambios más profundos y la regente nombra primer ministro a Francisco Martínez de la Rosa, regresando del exilio tras el decreto de amnistía. El nuevo gabinete de gobierno suprimió el control gremial y decretó la libertad de fabricación y comercio. Martínez de la Rosa redacta el Estatuto Real de 1834, que no fue una verdadera Constitución como reclamaban los liberales más radicales, sino una carta otorgada por la regente que supuso un gran retroceso respecto a la Constitución de 1812 ya que no expresaba la soberanía nacional y asignaba a las Cortes un papel meramente Consultivo, dotando a la corona de amplios poderes. Las Cortes bicamerales se dividían en la Cámara de los Próceres, cuyos miembros eran elegidos por la corona, y la Cámara de los Procuradores, elegida a través de un sufragio censitario que redujo al mínimo el número de electores. En ese momento, en un clima de agitación social, surgieron grupos extremistas anticlericales que protagonizaron la quema de conventos. A todo esto se añade el descontento político frente al Estatuto Real. La reina formó un nuevo gobierno dirigido por Mendizábal, líder liberal progresista, que inició importantes reformas como la supresión de la Mesta y el decreto de Desamortización de los bienes eclesiásticos en 1836. El decreto provocó el rechazo de los grupos conservadores y la ruptura de relaciones con el Vaticano.
La evolución política durante el reinado de Isabel II
Este periodo se caracteriza por la construcción y evolución del Estado liberal. El reinado de Isabel II llevó a los liberales al poder, lo que permitió la transformación definitiva del modelo de Estado en España. Sin embargo, el avance hacia el liberalismo fue muy lento debido a numerosos problemas. Uno de los más destacados fue la división de los liberales en grupos enfrentados que no llegaron nunca al consenso político. Los dos grupos fundamentales fueron los moderados, cuya base social era la alta burguesía y que se encontraban liderados por el general Narváez, y los progresistas liderados por el general Espartero. Este grupo estaba constituido por clases medias y era partidario de limitar el poder de la monarquía y de impulsar un sufragio censitario menos restrictivo que el defendido por los moderados. El reinado de Isabel II se divide en dos fases, el período de regencias -que abarca de 1833 a 1843, y el reinado efectivo de la monarca, que se extiende hasta 1868. Centrándonos en el periodo de regencias podemos distinguir dos etapas: Regencia de María Cristina (1833-1840). A la muerte de Fernando VII, asume la regencia María Cristina. Su primer gobierno estuvo presidido por Francisco Cea Bermúdez, último ministro de Fernando VII. Impulsó pequeñas reformas, como la nueva división provincial diseñada por Javier de Burgos, que dividía el territorio en 49 provincias. Pero los liberales exigían cambios más profundos y la regente nombra primer ministro a Francisco Martínez de la Rosa, regresando del exilio tras el decreto de amnistía. El nuevo gabinete de gobierno suprimió el control gremial y decretó la libertad de fabricación y comercio. Martínez de la Rosa redacta el Estatuto Real de 1834, que no fue una verdadera Constitución como reclamaban los liberales más radicales, sino una carta otorgada por la regente que supuso un gran retroceso respecto a la Constitución de 1812 ya que no expresaba la soberanía nacional y asignaba a las Cortes un papel meramente Consultivo, dotando a la corona de amplios poderes. Las Cortes bicamerales se dividían en la Cámara de los Próceres, cuyos miembros eran elegidos por la corona, y la Cámara de los Procuradores, elegida a través de un sufragio censitario que redujo al mínimo el número de electores. En ese momento, en un clima de agitación social, surgieron grupos extremistas anticlericales que protagonizaron la quema de conventos. A todo esto se añade el descontento político frente al Estatuto Real. La reina formó un nuevo gobierno dirigido por Mendizábal, líder liberal progresista, que inició importantes reformas como la supresión de la Mesta y el decreto de Desamortización de los bienes eclesiásticos en 1836. El decreto provocó el rechazo de los grupos conservadores y la ruptura de relaciones con el Vaticano.
La evolución política durante el reinado de Isabel II
Este periodo se caracteriza por la construcción y evolución del Estado liberal. El reinado de Isabel II llevó a los liberales al poder, lo que permitió la transformación definitiva del modelo de Estado en España. Sin embargo, el avance hacia el liberalismo fue muy lento debido a numerosos problemas. Uno de los más destacados fue la división de los liberales en grupos enfrentados que no llegaron nunca al consenso político. Los dos grupos fundamentales fueron los moderados, cuya base social era la alta burguesía y que se encontraban liderados por el general Narváez, y los progresistas liderados por el general Espartero. Este grupo estaba constituido por clases medias y era partidario de limitar el poder de la monarquía y de impulsar un sufragio censitario menos restrictivo que el defendido por los moderados. El reinado de Isabel II se divide en dos fases, el período de regencias -que abarca de 1833 a 1843, y el reinado efectivo de la monarca, que se extiende hasta 1868. Centrándonos en el periodo de regencias podemos distinguir dos etapas: Regencia de María Cristina (1833-1840). A la muerte de Fernando VII, asume la regencia María Cristina. Su primer gobierno estuvo presidido por Francisco Cea Bermúdez, último ministro de Fernando VII. Impulsó pequeñas reformas, como la nueva división provincial diseñada por Javier de Burgos, que dividía el territorio en 49 provincias. Pero los liberales exigían cambios más profundos y la regente nombra primer ministro a Francisco Martínez de la Rosa, regresando del exilio tras el decreto de amnistía. El nuevo gabinete de gobierno suprimió el control gremial y decretó la libertad de fabricación y comercio. Martínez de la Rosa redacta el Estatuto Real de 1834, que no fue una verdadera Constitución como reclamaban los liberales más radicales, sino una carta otorgada por la regente que supuso un gran retroceso respecto a la Constitución de 1812 ya que no expresaba la soberanía nacional y asignaba a las Cortes un papel meramente Consultivo, dotando a la corona de amplios poderes. Las Cortes bicamerales se dividían en la Cámara de los Próceres, cuyos miembros eran elegidos por la corona, y la Cámara de los Procuradores, elegida a través de un sufragio censitario que redujo al mínimo el número de electores. En ese momento, en un clima de agitación social, surgieron grupos extremistas anticlericales que protagonizaron la quema de conventos. A todo esto se añade el descontento político frente al Estatuto Real. La reina formó un nuevo gobierno dirigido por Mendizábal, líder liberal progresista, que inició importantes reformas como la supresión de la Mesta y el decreto de Desamortización de los bienes eclesiásticos en 1836. El decreto provocó el rechazo de los grupos conservadores y la ruptura de relaciones con el Vaticano.