La Proclamación de la República
La proclamación de la Primera República Española fue la salida más fácil ante la renuncia de Amadeo de Saboya. Las Cortes decidieron someter a votación la proclamación de una república, que fue aprobada el 11 de febrero de 1873 por una amplia mayoría de 258 votos a favor. Para presidir el gobierno fue elegido el republicano federal Estanislao Figueras. La República nació con escasas posibilidades de éxito, lo que se evidenció en el aislamiento internacional del nuevo sistema. Salvo Estados Unidos y Suiza, ninguna potencia reconoció la República Española, a la que veían como un régimen revolucionario que podía poner en peligro la estabilidad de una Europa mayoritariamente burguesa y conservadora.
La República fue recibida con entusiasmo por las clases populares. Los federales ocuparon las corporaciones de muchos municipios y constituyeron juntas revolucionarias para desplazar de la administración a los antiguos cargos monárquicos. En Andalucía se produjo un movimiento insurreccional que pretendía dar solución al problema del reparto de tierras entre el campesinado, y las protestas se hicieron frecuentes. Se produjeron también amplias movilizaciones populares. Gran parte de los dirigentes del republicanismo federal estaban lejos de las aspiraciones revolucionarias de las bases de su propio partido. Pacificado el panorama, se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes, que ganaron ampliamente los republicanos. Los federales obtuvieron 344 escaños, los unitarios solo dos, mientras los radicales y constitucionalistas, grupos provenientes de los antiguos progresistas y demócratas, tenían respectivamente 27 diputados. Los alfonsinos y los representantes de los partidos monárquicos amadeístas obtuvieron unos pocos escaños más. La victoria electoral de los republicanos era engañosa, ya que más de un 60% del electorado se abstuvo.
El Intento de Instaurar una República Federal
Las Cortes se abrieron el 1 de junio de 1873 y el día 7 proclamaron la República Democrática Federal. La presidencia quedó en manos de Estanislao Figueras, quien tomó las primeras medidas reformistas, pero la falta de recursos del Estado y la desorganización del ejército provocaron su dimisión, y el gobierno pasó a manos de Francisco Pi y Margall, que quedó encargado de elaborar una constitución federal para España.
El Proyecto de Constitución Federal
En julio se presentó en las Cortes el proyecto de la nueva constitución, no llegó a ser debatido y tampoco fue aprobado. Su propósito era emprender importantes reformas. La constitución republicana federal de 1873 seguía la línea de la constitución de 1869 en relación a la implantación de la democracia y al reconocimiento de amplios derechos y libertades. La República tendría un presidente y, en cuanto a las Cortes, se mantendrían las dos cámaras. Se declaraba la libertad de culto y la separación de la Iglesia del Estado. El aspecto más novedoso era la estructura del Estado. Se establecía que la nación española estaba compuesta por 17 estados, y declaraba que el poder emanaba de tres niveles: municipios, estados regionales y Estado federal. El proyecto de constitución planteaba, por primera vez en el liberalismo español, un Estado no centralista.
Los Conflictos Armados
La Primera República tuvo que enfrentarse a graves problemas. Uno de ellos fue una insurrección carlista: el nacimiento de la República había acelerado y animado el conflicto armado. En el mes de julio se extendió por gran parte de Cataluña, desde donde se hicieron incursiones hacia Teruel y Cuenca, y se consolidó en las provincias vascas y el Maestrazgo. En las zonas sublevadas se fue articulando un embrión de Estado, y los ayuntamientos y diputaciones se organizaron bajo principios forales e impulsaron la lengua propia y las instituciones regionales. Algunos éxitos militares de las tropas gubernamentales impidieron la extensión del conflicto a las ciudades.
También continuó la guerra en Cuba, que seguía extendiéndose y cuya situación la República fue incapaz de mejorar. Las autoridades y funcionarios españoles en la isla eran en gran parte proclives a la solución monárquica encarnada en el proyecto de restauración borbónica a través de Alfonso XII, y por tanto, actuaron al margen del poder republicano. Los gobiernos intentaron dar una solución al problema cubano con el proyecto de estructuración federal del Estado. Al estallido de la insurrección carlista y a la guerra en Cuba se añadió el obstruccionismo de los partidos monárquicos y las divisiones entre los propios republicanos. Todo ello socavó un régimen que tenía dificultades para dirigir a un ejército escasamente fiel al proyecto republicano.
La Sublevación Cantonal
La sublevación cantonal fue el conflicto más grave que se produjo en el breve periodo republicano y el que provocó la mayor situación de crisis para el gobierno. El cantonalismo era un fenómeno complejo en el que se mezclaban las aspiraciones autonomistas propiciadas por los republicanos federales intransigentes con las aspiraciones de revolución social inspiradas en las nuevas ideas internacionalistas. La proclamación de cantones independientes fue la consecuencia de aplicar de forma radical y directa la estructura federal desde abajo, impulsada, al mismo tiempo, por el deseo de avanzar en las reformas sociales.
En las zonas con fuerte implantación republicana, la población, radicalizada por las aspiraciones revolucionarias expandidas por los núcleos anarquistas de la Internacional, se alzaron en cantones independientes. A lo largo del mes de julio se proclamaron los cantones de Cartagena, Sevilla y Cádiz. Los protagonistas de los levantamientos cantonalistas eran un conglomerado social compuesto por artesanos, pequeños comerciantes y asalariados, y fueron dirigidos en general por los federales intransigentes, decepcionados por el rumbo de los acontecimientos de la nueva República.
El presidente Pi y Margall se opuso a sofocar la revuelta por las armas y dimitió, siendo sustituido por Nicolás Salmerón, quien dio por acabada la política de negociación con los cantones e inició una acción militar que acabó rápidamente con la insurrección, y volvió a colocar al ejército en el papel de único garante del orden. Salmerón dimitió, la presidencia recayó entonces en Emilio Castelar. La República inició a partir de ese momento un progresivo desplazamiento a la derecha. El nuevo ejecutivo intentó aplicar una política de autoridad y fuerza para controlar los problemas que aquejaban al país. El 13 de septiembre, Castelar consiguió plenos poderes de las Cortes para reorganizar el ejército.
El Fin de la Experiencia Republicana
La República dio un claro vuelco conservador con el nuevo gobierno de Castelar, que había ido abandonando las pretensiones federalistas y reformistas. Castelar no tenía mayoría en las Cortes, había suspendido las sesiones parlamentarias y gobernó autoritariamente, respaldando a los sectores más conservadores. Ante esta situación, en diciembre del mismo año, un sector importante de los diputados llegaron al acuerdo de plantear una moción de censura al gobierno Castelar para forzar su dimisión cuando se reanudasen las sesiones de Cortes. La intención de este grupo era volver a controlar el gobierno y poder devolver al régimen republicano su carácter original.
El día 3 de enero de 1874 se abrieron las Cortes y el gobierno de Castelar fue derrotado por 120 votos contra 100. Manuel Pavía exigió la disolución de las Cortes republicanas. Era el día 4 de enero de 1874. Apenas hubo resistencia, ni política ni popular, lo que muestra la debilidad de la República. El poder pasó en los meses siguientes a manos de una coalición de unionistas y progresistas encabezada por el general Serrano, que intentó estabilizar un régimen republicano de carácter conservador.
El 29 de diciembre de 1874, el pronunciamiento militar de Arsenio Martínez Campos en Sagunto proclamó rey de España a Alfonso XII. Isabel II ya había abdicado en su hijo, y Cánovas del Castillo se había convertido en el dirigente e ideólogo de su causa. El 1 de diciembre del mismo año, el príncipe Alfonso de Borbón había firmado el Manifiesto de Sandhurst, redactado por Cánovas del Castillo, que sintetizaba el programa de la nueva monarquía alfonsina.