El problema agrario en España se remonta a los tiempos de la Reconquista en la Edad Media. La Reconquista constituye el periodo de recuperación del territorio español invadido por los musulmanes en el año 711 y cuya culminación fue la toma de Granada por los Reyes Católicos en 1492. La Reconquista comenzó en el norte de la península, en Covadonga (Asturias), donde progresó rápidamente. Las provincias del norte fueron liberadas rápidamente de los invasores musulmanes. La campaña reconquistadora prosiguió hacia el centro, este y sur. La marcha de la Reconquista rompíó el centralismo de la monarquía visigótica y creó el fraccionamiento regional, desarrollando cada regíón sus privilegios.
Las tierras reconquistadas en el norte fueron rápidamente repartidas en pequeñas parcelas entre el pueblo. Pero la Reconquista hacia el sur se hizo más lenta, más difícil y llevó más tiempo. Fueron los Reyes Católicos los que finalizaron el proceso de reconquista. Para reconquistar las regiones musulmanas que ofrecían más resistencia, los Reyes Católicos tuvieron que ser apoyados por ejércitos de la nobleza o de señores feudales. Todos los que se habían distinguido en las campañas militares contra los musulmanes recibieron tierras. Así las comunidades, los señores feudales y las órdenes militares fueron los que recibieron la mayoría de las tierras reconquistadas. A esto hay que añadir los bienes confiscados por la Inquisición a los judíos o “herejes”, bienes que pasaban a ser propiedad de la Iglesia o de señores privados.
De esta manera se fueron creando los grandes latifundios en el sur, mientras que en el norte prevalecía el minifundio, sobre todo en Galicia. Así pues, el verdadero origen de los latifundios se debe a la Reconquista y a las leyes de desamortización del Siglo XIX y no a factores naturales económicos y sociales.
A medida que avanzaba la Reconquista cristiana durante la Edad Media, los terrenos reconquistados a los invasores árabes eran repartidos entre las órdenes militares, los nobles que se habían distinguido como caudillos en la lucha contra el invasor y el clero. Las fértiles tierras andaluzas y extremeñas eran muy codiciadas por los castellanos. La Iglesia, las órdenes militares y toda la aristocracia procuró sacar una buena parte de este botín. La expulsión de los moriscos de Andalucía occidental en 1610 despobló los campos y aumentó las propiedades.
El Honrado Concejo de la Mesta de Pastores, creado en 1273 por Alfonso X el Sabio, reunía a todos los pastores de León y de Castilla en una asociación nacional y otorgándoles importantes prerrogativas y privilegios. Con anterioridad ya los ganaderos se reunían en asambleas o consejos llamados «mestas» (‘mezclada’) para distinguir y separar los mestencos (animales sin dueño conocido) que se hubiesen mezclado. Durante la Edad Media y con el paso del tiempo, se añaden nuevos privilegios reales a la Mesta, como pasará a ser conocida, junto con una fiscalización especial para protegerla de los agricultores, lo que provocó largos e incontables pleitos hasta el año 1836, en que se abolíó.
Los privilegios de que disfrutaba el Concejo de la Mesta impidieron el desarrollo de la agricultura, haciendo prevalecer la ganadería e imposibilitando la vida del pequeño propietario, a quien con frecuencia los ganados destruían sus sembrados.
Lo que el absolutismo del Siglo XVIII no consiguió fue cambiar la estructura de la propiedad recortando la potencia nobiliaria.
«Es necesario tener en cuenta el escaso avance del Estado del XVIII en el proceso de reintegración de dominios territoriales en manos de los privilegiados. El realengo está ahora mucho mejor gobernado, pero no se desarrolló una auténtica política antiseñorial; seguramente no era posible todavía. Los extensos dominios señoriales y las masas que los pueblan escapan en gran medida al poder real y a la autoridad del Estado; es la “tiranía feudal” que denostaba Tanucci, el ilustrado ministro napolitano de nuestro Carlos III. Este monarca excepcional, “en su lucha contra los poderes feudales, buscó el apoyo de los juristas procedentes de la baja nobleza, de los magistrados, del clero medio y de representantes de la burguésía naciente… [Pero], debido al poder de los grupos dominantes de los estamentos privilegiados, no pudo prescindir del apoyo de las fuerzas tradicionales, y su política de reformas estuvo condicionada, en todo momento, por el respeto y el temor inspirados por estas fuerzas” (G. Anes: El Antiguo Régimen. Los Borbones, pp. 363-364).
A fines del siglo todavía la mitad del territorio y de la población españolas eran de señorío secular, eclesiástico o de Órdenes Militares. A la Monarquía pertenecían 126 ciudades (por 22 que eran de señorío) pero solo 1.700 villas frente a más de 3.000 de señorío.
Según datos de Artola, “las propiedades de la Iglesia ocupaban grandes zonas en Extremadura (35 por ciento)
, Cataluña (27 por ciento), Galicia (51 por ciento), La Mancha (28 por ciento), Aragón (20 por ciento)… La propiedad noble, mucho más importante, comprendía un 50 por ciento de los campos de Extremadura, el 55 por ciento de Asturias y León, el 70 por ciento de La Mancha”.» [González Antón 1998: 396-397]