1. Las Causas de la Revolución de 1868
1.1 La Crisis Económica
Gran parte del último periodo del reinado de Isabel II estuvo caracterizado por una fase de expansión económica. Pero a mediados de la década de 1860 empezó a cambiar y en 1866 se hizo patente el inicio de una importante crisis económica. Se manifestó a un nivel internacional, pero también coincidió con una crisis de subsistencias.
La crisis financiera, provocada por la bajada del valor de las acciones en Bolsa, se originó a raíz de la crisis de los ferrocarriles. El escaso desarrollo industrial español no fue suficiente para que el transporte de mercancías y viajeros tuviese una gran demanda. Los inversores exigieron subvenciones al gobierno, pero este carecía de fondos y las cotizaciones de la deuda pública también se habían desplomado. La situación provocó la crisis de muchas entidades financieras, que cancelaron sus créditos y extendieron la alarma hacia particulares y empresas.
La crisis financiera coincidió con una crisis industrial. La industria textil se abastecía en gran parte con algodón importado, pero la Guerra de Secesión americana encareció la importación de esta materia prima y provocó un periodo de hambre de algodón. Muchas industrias del sector algodonero no pudieron soportar el alza de precios debido a la crisis económica general y al fuerte aumento de los precios de los alimentos provocado por la crisis de subsistencias.
La crisis de subsistencias causó una serie de malas cosechas que dieron como resultado una escasez de trigo, alimento básico de la población española. Los precios empezaron a subir, el coste del pan sufrió el consiguiente aumento, y lo mismo ocurrió con otros productos básicos para la alimentación. La combinación de ambas crisis, la agrícola y la industrial, agravó la situación. En el campo, el hambre condujo a un fuerte clima de violencia social. La consecuencia fue una oleada de paro.
1.2 El Deterioro Político
A mediados de la década de 1860 gran parte de la población española tenía motivos de descontento contra el sistema isabelino. Los grandes negociantes reclamaban un gobierno que tomase medidas para salvar sus inversiones en bolsa, los industriales exigían proteccionismo y los obreros y campesinos denunciaban su miseria. Después de la revuelta de sargentos del cuartel de San Gil, O’Donnell fue apartado del gobierno por la reina, pero el Partido Moderado continuó gobernando por decreto.
El Partido Progresista, dirigido por Prim, practicó una política de retraimiento: se negó a participar en las elecciones y defendió la conspiración como único medio para poder gobernar. En la misma posición se situaba el Partido Demócrata, de modo que ambos partidos firmaron el Pacto de Ostende en 1867, con la voluntad de unificar sus actuaciones para acabar con el moderantismo en el poder. El compromiso proponía el fin de la monarquía isabelina y dejaba la decisión sobre la nueva forma de gobierno en manos de unas Cortes Constituyentes, elegidas por sufragio universal tras el triunfo del movimiento insurreccional.
A dicho pacto se adhirieron los unionistas, tras la muerte de O’Donnell. Los unionistas aportaron una buena parte de la cúspide del ejército y el carácter conservador contrarrestó el peso de los demócratas.
2. La Revolución de Septiembre de 1868
2.1 La Revolución del 68 y el Gobierno Provisional
El 19 de septiembre de 1868, la escuadra concentrada en la bahía de Cádiz, protagonizó un alzamiento militar contra el gobierno de Isabel II. Prim y Serrano se reunieron con los sublevados y consiguieron el apoyo de la población gaditana.
El gobierno de Isabel II se prestó a defender el trono, y envió desde Madrid un ejército para enfrentarse a los sublevados, al mando de Serrano. Ambas fuerzas se encontraron en el Puente de Alcolea donde el día 28 de septiembre se libró una batalla que dio la victoria a las fuerzas afines a la revolución. El gobierno no vio más salida que dimitir y la reina tuvo que exiliarse.
En la revolución tuvieron un gran protagonismo las fuerzas populares, sobre todo las urbanas. En muchas ciudades españolas se constituyeron Juntas Revolucionarias, que organizaron el levantamiento y lanzaron llamamientos al pueblo. Las consignas eran parecidas en todos lados:
- Demandas de libertad
- Abolición de impuestos de consumos
- Proclamación de la república
El radicalismo de algunas propuestas de las juntas revolucionarias no era compartido por los dirigentes unionistas y progresistas, que ya habían cumplido su objetivo de derrocar a la monarquía. En los primeros días de octubre, los sublevados pusieron a la Junta Revolucionaria de la capital el nombramiento de un gobierno provisional de carácter centrista. El general Serrano fue proclamado regente y el general Prim marginaba al resto de fuerzas políticas. Se disolvieron las juntas y se desarmó la milicia nacional.
2.2 La Constitución de 1869 y la Regencia
El nuevo gobierno provisional promulgó una serie de decretos para dar satisfacción a algunas de las demandas populares y convocó elecciones a Cortes Constituyentes. Los comicios fueron los primeros en España que reconocieron el sufragio universal masculino. Las Cortes se reunieron en el mes de febrero y crearon una comisión parlamentaria encargada de redactar una nueva constitución, que fue aprobada el 1 de junio de 1869.
Fue la primera constitución democrática de la historia de España y estableció un amplio régimen de derechos y libertades. También se reconocía la libertad de profesar de manera pública o privada cualquier religión. La constitución proclamaba la soberanía nacional de la que emanaban tanto la legitimidad de la monarquía como los tres poderes. El estado se declaraba monárquico pero la potestad de hacer las leyes residía en las Cortes, que se componía de un Congreso y un Senado. Las provincias de ultramar gozaban de los mismos derechos que las peninsulares, y Filipinas seguía una ley especial.
Las Cortes establecieron una regencia que recayó en el general Serrano, mientras Prim era designado jefe de gobierno. El nuevo gobierno fue recibido por parte de los países europeos con simpatía, ya que ponía fin a la larga etapa de inestabilidad política de Isabel II y porque los nuevos dirigentes parecían más adecuados para emprender las reformas económicas necesarias.
2.3 El Intento de Renovación Económica
Uno de los objetivos de la «Gloriosa» era reorientar la política económica, que se caracterizaba por la defensa del librecambismo y por la apertura del mercado español a la entrada del capital extranjero.
El ministro de Hacienda suprimió la contribución de consumos, aunque volvió a restablecerse. Para compensar la pérdida de ingresos, introdujo la contribución personal, que gravaba a todos los ciudadanos de forma directa según su renta. Estableció la peseta como unidad monetaria.
El problema más grave era el estado de la Hacienda española. La deuda pública se elevaba a 22.109 millones de reales, con unos intereses anuales de unos 591 millones, más las deudas contraídas con la banca extranjera. La grave crisis de los ferrocarriles solo parecía tener solución utilizando recursos públicos para subvencionar a las compañías ferroviarias. Todo ello se pretendió solucionar mediante la Ley de Minas que ofrecía unas generosas facilidades a la entrada de capitales exteriores. Con los ingresos obtenidos de la llamada desamortización del subsuelo, se hizo frente a la devolución de préstamos.
La liberalización de los intercambios exteriores, aprobada por la Ley de Bases Arancelarias, puso fin a la secular tradición proteccionista de la economía española.