Las Causas de la Revolución
En Francia, a finales del siglo XVIII, amplios sectores sociales deseaban cambios. A lo largo del siglo se había producido una subida de precios y un auge de los negocios y la industria. La burguesía conseguía elevados beneficios económicos, pero su progreso topaba con las reglamentaciones que interferían en el libre comercio y la libre producción. Además, la ordenación estamental y los privilegios de sangre impedían acceder al poder político.
Animados por las nuevas ideas ilustradas, los burgueses reclamaban cambios políticos que acabasen con el intervencionismo estatal, los privilegios aristocráticos y el absolutismo. Frente a la burguesía, una poderosa aristocracia se aferraba al viejo modelo feudal.
En este contexto, una grave crisis económica acabó de complicar la situación. Las malas cosechas de la década de 1780 abocaron a la miseria a miles de familias y las protestas se multiplicaron. En la ciudad, el alza de los precios agrarios comportó la carestía de los productos básicos, provocando el hambre y el malestar del pueblo.
Finalmente, las finanzas reales estaban en una situación de déficit crónico debido, sobre todo, a que la aristocracia no pagaba impuestos y el Tercer Estado cargaba con todos los tributos. También, con la participación de Francia en la guerra de independencia de EE.UU, aumentaron los gastos y la hacienda francesa entró en bancarrota.
La Convocatoria de los Estados Generales
Calonne, ministro de Luis XVI, propuso la contribución de la nobleza al pago de los impuestos como única medida para aliviar la situación. La nobleza se opuso radicalmente a las diversas peticiones de pago, alegando que solo los Estados Generales podían aprobar nuevas cargas fiscales.
La rebelión nobiliaria provocó una grave crisis política y obligó al monarca Luis XVI, en 1788, a convocar los Estados Generales para el mes de mayo del año siguiente.
El descontento general en Francia explica la intensa agitación política que se produjo para elegir a los representantes de cada estamento y para elaborar los denominados Cuadernos de Quejas que recogían las peticiones al rey.
Durante el invierno y la primavera de 1788-1789, los sectores más ilustrados de la burguesía obtuvieron su primera reivindicación: contar en los Estados Generales con el mismo número de representantes que la nobleza y el clero juntos.
La Ruptura de Julio de 1789
Los Estados Generales se abrieron en Versalles el 5 de mayo de 1789. Los representantes del Tercer Estado reclamaron la reunión conjunta de los estamentos y el voto por persona. El rey y los privilegiados se negaron a tal pretensión y las sesiones de los estados se suspendieron.
Los representantes del Tercer Estado, en claro desafío a Luis XVI, se reunieron el 20 de junio en un pabellón de París, el Jeu de Paume, se constituyeron en Asamblea Nacional y juraron no abandonar el lugar sin haber dotado a la nación de una Constitución que garantizase sus derechos.
El monarca cedió a las demandas y los Estados Generales se transformaron en Asamblea Nacional Constituyente el 9 de julio.
La llegada de unos 20.000 soldados a París alimentó la idea de una intervención militar para acabar con la asamblea. El 14 de julio, con el asalto a la prisión de la Bastilla, símbolo del absolutismo, en París y en muchos lugares de Francia, los revolucionarios formaron cuerpos armados de defensa, la llamada Guardia Nacional.
Estas acciones consagraban la irrupción de las masas en el proceso revolucionario y suponía una ruptura con el absolutismo.
Las noticias de lo sucedido en París se propagaron por el campo francés y una verdadera revuelta antiseñorial, con episodios muy violentos, se extendió por toda Francia. Los campesinos no pagaban las rentas, pedían el reparto de tierra, atacaban castillos e incendiaban casas, campos y archivos señoriales.
La Asamblea Nacional Constituyente
En primer lugar, se procedió a la abolición jurídica del feudalismo (decretos de 4 y 11 de agosto). Los estamentos, la servidumbre personal, los diezmos, las rentas y la justicia señoriales fueron suprimidos.
Se aprobó la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (26 de agosto de 1789), que otorgaba a los franceses la condición de ciudadanos libres e iguales ante la ley y estableció la soberanía nacional.
Igualmente, se inició la redacción de una Constitución, que fue aprobada en septiembre de 1791. El texto constitucional definía una monarquía constitucional, basada en la división de poderes: el ejecutivo en manos del rey, el legislativo desempeñado por la Asamblea y el judicial, gratuito y ejercido por jueces electos.
Se mantuvo el derecho a veto del rey y se estableció el sufragio censitario e indirecto que limitaba la participación a ciudadanos activos (unos 4,5 millones) definidos por un determinado nivel de renta.
También se declaró a todos los ciudadanos libres e iguales ante la fiscalidad y se aumentaron los impuestos directos sobre fortunas y propiedades. Se prohibieron los gremios.
Para resolver el déficit financiero, se llevó a cabo una desamortización (expropiación y venta de los bienes de la iglesia). También se separó la iglesia del Estado y se autorizó el divorcio. Una Constitución Civil del Clero impuso el juramento constitucional a los eclesiásticos y provocó la división.