12.1 El reinado de Isabel II. La oposición al Liberalismo: Carlismo y guerra civil. La cuestión foral
El reinado de Isabel II comenzó con una guerra civil entre absolutistas y liberales. El detonante de esta guerra fue la disputa acerca de quién debía suceder a Fernando VII.
A la altura de 1829 Fernando VII no tiene hijos, por tanto el heredero es su hermano Carlos Mª Isidro, pero la situación cambia en 1830 cuando la reina Mª Cristina de Borbón se queda embarazada, entonces Fernando VII promulga una pragmática sanción que deroga la Ley Sálica. Poco después tiene una hija, Isabel, que pasa a ocupar el primer puesto en el orden sucesorio. El infante don Carlos y los apostólicos no aceptan este cambio y Fernando VII busca el apoyo de los reformistas nombrando presidente del gobierno a Cea Bermúdez. Este concede una amnistía a los liberales exiliados y destierra al infante don Carlos, que se marcha a Portugal. En 1833 muere Fernando VII dejando a su hija Isabel como heredera y a su viuda como regente, pocos días después, el infante don Carlos hace público el manifiesto de Abrantes, en el que reclama su derecho a ser rey de España. Se inicia así la primera guerra Carlista que enfrente a los carlistas con los Isabelinos o liberales.
Los Carlistas defendían la legitimidad del infante don Carlos, la monarquía absoluta de derecho divino y el mantenimiento o recuperación de los fueros. Contaban con algunos apoyos en el ejército y con una amplia base social (el bajo clero, baja nobleza y campesinos) de las zonas rurales del País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y Valencia. Y recibieron la ayuda de Austria, Prusia y Rusia.
Los Isabelinos o liberales defendían la legitimidad de la princesa Isabel, la monarquía constitucional y la supresión de los fueros. Contaban con la mayoría del ejército y el apoyo de la jerarquía eclesiástica, la alta nobleza y la burguesía, y recibieron la ayuda de Portugal, Francia y Reino Unido con los que firmaron el tratado de la cuádruple alianza (1834).
El conflicto pasó por 3 etapas:
1ª (1833-1835)- los carlistas se hicieron con el dominio del País Vasco, Navarra y partes de Aragón, Cataluña y Valencia, excepto las ciudades. El general Zumalacárregui organizó un ejército con el que intentó tomar Bilbao pero fracasó.
2ª (1835-1837)- los carlistas llevaron a cabo varias expediciones militares para extender la guerra al resto de la Península, las más importantes fueron la expedición del general Miguel Gómez que llegó hasta Andalucía y la llamada “expedición Real” del propio infante don Carlos que se dirigió hacia Madrid. Sin embargo el ejército carlista fue incapaz de tomar la capital y tuvo que replegarse hacía el Norte.
3ª (1837-1839)- los carlistas se dividieron en 2 tendencias: los intransigentes (defensores de seguir la guerra) y los transaccionistas (partidarios de alcanzar un acuerdo con los Isabelinos). Finalmente en 1839 el general Maroto, jefe de los transaccionistas y el general Espartero, jefe de los liberales, firmaron la paz mediante el Convenio de Vergara, en él los carlistas aceptan la legitimidad de Isabel a cambio del mantenimiento de los fueros en el País Vasco y Navarra.
El prestigio de la victoria llevó a los militares liberales a asumir un papel protagonista en el escenario político español durante un periodo de más de 30 años conocido cono 2régimen de los generales”, los llamados espadones no actuaban como jefes del ejército sino como líderes de un Partido Político, no presionaban al gobierno sino que respondían a la llamada de la población civil.
12.2 Isabel II (1833-1843): Las Regencias
La primera guerra carlista aceleró el proceso revolucionario liberal, iniciado en España en 1808. Durante la minoría de edad de Isabel II se llevó a cabo el desmantelamiento jurídico del Antiguo Régimen y la configuración de un Estado liberal caracterizado por la monarquía constitucional y la propiedad privada absoluta y libre.
En 1833 ante la muerte de Fernando VII y la minoría de edad de Isabel II, la madre de la reina, Mª Cristina de Borbón, asumió la Regencia y confirmó a Cea Bermúdez como presidente del gobierno. La Regente pretendía llegar a un acuerdo con los carlistas y ganarse el apoyo de los liberales. Por ello, su primera decisión fue publicar un manifiesto en el que se proclamaba defensora del absolutismo pero también partidaria de algunas reformas, en este sentido el ministro de gobernación, Javier de Burgos, reformó la organización territorial del Estado dividiendo a España en 49 provincias, cada una con un gobernador civil. Quiso hacer tabla rasa de los antiguos reinos históricos y fracasó pero esta reforma se ha mantenido casi intacta hasta la actualidad.
Pero los liberales reclamaban reformas más profundas y en 1834 la Regente sustituye a Cea Bermúdez por Martínez de la Rosa, un liberal moderado más partidario de hacer reformas. Su propuesta fue la promulgación de un Estatuto Real, un reglamento para convocar cortes en 2 cámaras, el Estamento de Próceres y el Estamento de Procuradores. El Estamento de Próceres estaría formado por los Grandes de España y personas elegidas por el rey, y el de Procuradores estaría formado por personas elegidas por la nación.
El descontento de los liberales progresistas (antiguos exaltados) con el Estatuto Real desemboco en una serie de revueltas urbanas. Ante esta situación en 1835 Mª Cristina nombró presidente del gobierno a Mendizábal, un liberal progresista dispuesto a dar un gran paso adelante en el proceso revolucionario liberal. En febrero de 1836 Mendizábal decretó la desamortización de los bienes de la iglesia. Los privilegiados creían que las reformas habían ido demasiado lejos y en mayo Mª Cristina destituyó a Mendizábal, sin embargo la burguesía creía que hacía falta una constitución y en Agosto un grupo de Sargentos del palacio de la Granja obligó a la Regente a restablecer la constitución de 1812 y a devolver el gobierno a los progresistas.
El gobierno convocó a las cortes con el objetivo de elaborar una constitución que adaptase la de 1812 a los nuevos tiempos. El resultado fue la constitución de 1837, un texto consensuado entre moderados y progresistas. La constitución de 1837 incorporaba por primera vez una declaración de derechos explícita. Proclamaba la soberanía nacional en el preámbulo pero no en el articulado. Dividía los poderes del Estado: el legislativo residía en unas cortes bicamerales formadas por el congreso de los diputados y el Senado y en el rey que designaba a los senadores y podía vetar las leyes indefinidamente. El poder ejecutivo residía en el rey, que nombraba a los miembros del gobierno y podía disolver las cortes. Y el poder judicial residía en los jueces y en los tribunales de justicia. No determinada el tipo de sufragio, que se reguló posteriormente por medio de una Ley Orgánica ( la Ley Electoral fijó un sistema de sufragio censitario, que limitaba el derecho a voto a los varones mayores de 25 años que acreditasen unos determinados ingresos). Evitaba pronunciarse sobre la confesionalidad del Estado aunque recogía el compromiso de mantener económicamente al clero católico. Establecía que los Ayuntamientos debían ser elegidos por los vecinos.
Aprobada la constitución de 1837 se inició una etapa de gobiernos moderados que duró 3 años. En 1840 la presentación de un proyecto de Ley de Ayuntamiento claramente inconstitucional que daba a la corona la capacidad de nombrar a los alcaldes, provocó una serie de revueltas urbanas. Mª Cristina recurrió a Espartero para que reprimiese las revueltas pero este se negó. Entonces Mª Cristina dimitió de su cargo y Espartero asumió la Regencia.
Espartero, militar progresista, gobernó con el apoyo de este Partido, sin embargo, su apuesta por el librecambismo (por bajar los impuestos a las importaciones) provocó una revuelta en Barcelona. La dureza de la represión dividió a los progresistas y en 1843 un grupo de militares moderados aprovechó la ocasión para sublevarse obligando a Espartero a abandonar la Regencia y al parlamento a adelantar la mayoría de edad de Isabel II