La Segunda República Española: Constitución de 1931 y Bienio Reformista
La dimisión de Miguel Primo de Rivera, tras una consulta, dio paso a un gobierno provisional de Berenguer y, posteriormente, del almirante Aznar. Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 otorgaron una victoria moral a los republicanos, quienes se impusieron en 41 capitales de provincia y otras grandes poblaciones. Este resultado animó al Comité Revolucionario a exigir la entrega del poder. El rey, sin el respaldo de las fuerzas armadas, abandonó España el 14 de abril, proclamándose así la Segunda República.
Inicios de la República
El Comité Revolucionario se convirtió en gobierno provisional, presidido por Alcalá Zamora, con ministerios de distintas fuerzas de centro e izquierda. Pronto surgieron dos problemas: la proclamación de la República catalana independiente por Francesc Maciá (Esquerra Republicana de Cataluña) el mismo día del inicio de la República, y la inoportuna pastoral del cardenal Segura elogiando la monarquía y criticando la República, ignorando las peticiones de acatamiento y prudencia del nuncio. El primer problema se resolvió con una delegación enviada a Barcelona que prometió una solución a las peticiones de autonomía. El segundo se complicó con una oleada de asaltos a edificios religiosos y terminó con la expulsión del cardenal Segura de España. Se reestructuró la cúpula del ejército y se dictó una orden para la declaración de fidelidad, permitiendo a los oficiales que lo desearan pasar a la reserva. La convocatoria de elecciones a Cortes constituyentes redujo la mayoría de edad electoral de 25 a 23 años. En las elecciones de junio, con la abstención de los anarquistas, la alianza republicano-socialista obtuvo un triunfo abultado. De los 470 diputados, el PSOE obtuvo la mayoría con más de 110 escaños, seguido por los radicales de Lerroux con algo más de 90. Acción Republicana, presidida por Manuel Azaña, consiguió una treintena. Las derechas, desorganizadas tras la caída de la monarquía (agrarios, monárquicos, derecha republicana), obtuvieron cerca de 30 escaños cada una.
Constitución de 1931
El anteproyecto de Constitución fue elaborado por una comisión parlamentaria proporcional a la representación en las Cortes, presidida por el socialista Jiménez de Asúa. El proyecto se basó en las constituciones vigentes de México, Austria y Alemania, y en los principios ideológicos de los partidos vencedores, con novedosas referencias económicas y sociales.
El artículo primero declaraba a España como una «República de trabajadores de toda clase», un recuerdo al marxismo pujante que la diferenciaba del constitucionalismo decimonónico, que se centraba en la propiedad o la capacidad.
Se estableció la división de poderes. El poder ejecutivo recaía en el Presidente de la República, con poderes considerables como la disolución de las Cortes y el nombramiento y cese del presidente del Gobierno. La Constitución estableció unas Cortes unicamerales, considerando al Senado un recuerdo del pasado. Se extendió el derecho a voto a las mujeres, defendido apasionadamente por Clara Campoamor, dentro de un sufragio verdaderamente universal. La declaración de derechos fue la más amplia hasta la fecha, incluyendo normas concretas para su realización práctica. Se recogieron los derechos individuales clásicos, y se añadieron los de asociación política y sindical, así como un repertorio de derechos sociales (vacaciones anuales pagadas), de la familia (divorcio, equiparación de hijos legítimos e ilegítimos), culturales (derecho a la educación) y económicos. Se subordinó el derecho de propiedad privada a los intereses de la economía nacional, abriendo la posibilidad a la nacionalización.
El Estado se declaró laico, reconociendo la libertad de credo y conciencia, pero con párrafos que contemplaban la disolución de las órdenes religiosas y la nacionalización de sus bienes, lo que provocó la retirada de la derecha de la Comisión constitucional. El artículo 26 y la prohibición de manifestaciones religiosas públicas se aprobaron con casi la mitad de la cámara en abstención. Se prohibió a cualquier administración pública aportar presupuesto para el culto religioso y se prohibió a las órdenes religiosas ejercer la educación. Respecto al tema regional, se adoptó una posición intermedia entre el federalismo y el Estado unitario. Aunque el artículo primero declaraba a España como un «Estado integral», se permitía la concesión de estatutos de autonomía política y administrativa a las regiones que lo solicitaran. Aunque el texto constitucional se votó en su conjunto con una aprobación unánime de los diputados presentes (368), los temas polémicos generaron rechazo en una parte de la opinión pública, evidenciando que no fue una constitución consensuada.
El Bienio Reformista (1931-1933)
Esta etapa se inició con un gobierno formado por republicanos y socialistas, apoyados por los lerrouxistas, pero dejando fuera a los grupos dominantes hasta entonces y a los situados a la izquierda del PSOE. El gobierno estuvo presidido por Manuel Azaña, mientras que Niceto Alcalá Zamora ocupaba la presidencia de la República. La tarea de gobierno se orientó a renovar el país extendiendo la enseñanza, desarrollando los derechos sociales y con un programa económico de construcción de obras públicas. Los tres grandes problemas que marcaron el ritmo político fueron la situación social, la religiosa y el nacionalismo, especialmente el catalán. La Reforma Agraria fue impulsada por el ministro de Trabajo, Largo Caballero, mediante la Ley de Bases de la Reforma Agraria (1932), tras una larga discusión. Esta ley permitía el reasentamiento de campesinos sin tierra en los latifundios, buscando acabar con la concentración de la propiedad a través de expropiaciones, con o sin indemnización, de tierras incultas o arrendadas. La lentitud de su desarrollo, provocada por las escasas disponibilidades económicas, decepcionó al campesinado y no contentó a los sindicatos agrarios revolucionarios, que exigían mayor profundidad. En algunas regiones, los campesinos se tomaron la justicia por su mano, con el apoyo de la CNT o la UGT, provocando el pánico entre los propietarios.
La Reforma Militar continuó, tras la Ley de Retiro que pretendía la disminución del número de oficiales, con medidas para suprimir organismos, cargos y funciones superfluos, reduciendo así el presupuesto. Su programa más incisivo buscaba someter el ejército al poder civil, eliminando los Tribunales de Honor y, especialmente, la polémica Ley de Jurisdicciones de 1906. Estas medidas no consiguieron granjearse la estima de la oficialidad, y en 1932 se manifestó el descontento de algunos sectores del ejército con el levantamiento fracasado del general Sanjurjo en Andalucía.
Otro problema a resolver era el del nacionalismo: Cataluña elaboró su estatuto de autonomía, que fue aprobado por las Cortes tras ser modificado. Sin embargo, en las provincias vascas y en Navarra, que pretendían rescatar sus derechos autonómicos perdidos (mediante un Estatuto los primeros y por la vía foral los segundos), la discusión en las Cortes se alargó y quedó sin culminar.
Entre las reformas educativas, se suprimió la obligatoriedad de la enseñanza religiosa, se crearon más de 6.000 nuevas escuelas y se puso en marcha un Patronato de Misiones Pedagógicas.
Crisis y Cambio de Gobierno
La República se enemistó con un sector de la Iglesia al no atajar los incendios de conventos en mayo en Madrid, Sevilla y Málaga, al expulsar de España al cardenal Segura y al aprobar diversas leyes, entre ellas la expulsión de los jesuitas. El advenimiento de la República coincidió con una mala coyuntura económica, marcada por las consecuencias de la crisis de 1929, y generó un clima de desconfianza entre la banca y la patronal. La dirección de la CNT había pasado a los sectores más radicales, que impulsaron revueltas en 1933 en Valencia, Barcelona y Andalucía. En el pueblo gaditano de Casas Viejas, la represión de una revuelta campesina por guardias civiles y guardias de asalto (el nuevo cuerpo creado, adicto a la República y encargado del orden público) se saldó con 25 muertos. Estos sucesos fueron debatidos en las Cortes, donde la oposición censuró la incapacidad del gobierno para controlar sus fuerzas, lo que determinó la ruptura de la coalición republicano-socialista. Lerroux accedió a la presidencia del gobierno, pero la falta de confianza de las Cortes le obligó a dimitir y convocar elecciones generales en 1933. Mientras tanto, la derecha se aglutinó en torno a la figura de Gil Robles y el recién creado partido de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), que obtuvo la mayoría en las elecciones de noviembre de ese año.