La Segunda República Española (1931-1936)

Nuevo modelo de Estado

La Constitución de 1931, en su artículo 11, señalaba la posibilidad de que un territorio con afinidades elaborase un estatuto de autonomía para asumir determinadas competencias de gobierno.

En mayo de 1932 entró en las Cortes el proyecto de Estatuto de Cataluña, que quedó aprobado en septiembre de aquel año con una fuerte oposición de la derecha, a pesar de que no colmaba las aspiraciones de los catalanistas, al dejar la enseñanza en manos del gobierno central.

En el País Vasco y Navarra la situación fue mucho más complicada. El Estatuto de Estella fue rechazado por el gobierno. Se sometió a consulta de los ayuntamientos un nuevo proyecto estatuario pero quedó sin ratificar por el gobierno central. En 1933 la victoria electoral de la derecha en las elecciones de noviembre de aquel año paralizó el proceso.

En Galicia, se aprueba el proyecto del Estatuto gallego. La llegada del Bienio Conservador y la rebelión militar del 18 de julio retrasaron su puesta en marcha.

Reformas laborales y sociales

La España del primer tercio del siglo XX había estado sacudida por graves enfrentamientos sociales. En las zonas rurales los conflictos no fueron menores y la agitación social y la violencia aparecieron con frecuencia en el campo.

Desde el Ministerio de Trabajo, Largo Caballero impulsó una legislación laboral que llevaba la jornada de ocho horas al campo, como el establecimiento de un salario mínimo agrícola. Se crearon los jurados mixtos, con el rechazo de la CNT y se estableció la llamada Ley de Términos Municipales.

A pesar de las medidas, la agitación continuó siendo una realidad en el mundo agrario, donde los enfrentamientos con la Guardia Civil fueron frecuentes, saldándose en ocasiones con muertos.

Bienio Conservador (1933-1935)

En septiembre de 1933, las divergencias entre los partidos que integraban la coalición gubernamental, acentuadas a partir de los sucesos de Casas Viejas, llevaron a Azaña a plantear la disolución de las Cortes. Las nuevas elecciones quedaron fijadas para el 19 de noviembre.

La campaña electoral fue tensa. Mientras las fuerzas de izquierdas, fundamentalmente la conjunción republicano-socialista, acudían divididas a las elecciones, la derecha se había agrupado en torno a la CEDA, bajo la dirección de José María Gil Robles.

El resultado fue un importante vuelco electoral que llevó a la derecha al poder, dando lugar al llamado Bienio Conservador, caracterizado por la paralización política de las reformas emprendidas en la etapa anterior.

Derecha en el poder

La derecha política española no respondía, pese a su proceso de vertebración, a unos planteamientos homogéneos. Estaban los que no aceptaban a la República, los llamados tradicionalistas y carlistas. Había grupos de corte totalitario, emparentados ideológicamente con el nacionalsocialismo.

Por otra parte, estaban quienes aceptaban la República, la derecha moderada, cuyo objetivo era darle un tinte conservador. En el centro de esa opción estaba la CEDA, cuyo principal representante era José María Gil Robles, vinculado a la derecha católica y a su principal órgano de difusión, el diario El Debate.

El éxito de la CEDA en las elecciones llevó a la coalición derechista a apoyar parlamentariamente a un gobierno de los radicales de Lerroux, que anteriormente no habían formado parte del gobierno. Alcalá Zamora propuso a Lerroux como presidente del nuevo gobierno con el apoyo parlamentario de la CEDA.

Revolución de octubre de 1934

PSOE y UGT prepararon una huelga general revolucionaria, con un claro contenido político. Estimulaba esos planteamientos el ambiente reinante en Europa, donde movimientos totalitarios se habían hecho con el poder eliminando a la oposición. En la izquierda española eran muchos los que identificaban la CEDA con el fascismo.

Lerroux configuró un nuevo gabinete dando entrada a ministros de la CEDA. La UGT, temiendo un golpe de Estado que pusiese fin a la República, hizo un llamamiento a la huelga general. El gobierno se vio en la necesidad de declarar el estado de guerra y trasladar a Asturias unidades de África.

La insurrección fue reprimida con dureza, hasta que el orden quedó restablecido. Las consecuencias fueron más de dos mil muertos y 30.000 detenidos. Hubo crisis en el gobierno y crispación política.

Crisis de 1935

La dura represión, así como la actuación del gobierno en diferentes parcelas, lo llevaron a una creciente impopularidad. A ello también colaboró que buena parte de sus acciones estaban encaminadas a deshacer las reformas del bienio anterior. La Ley de Reforma Agraria quedó paralizada. También se produjo la paralización del Estatuto de Autonomía vasco.

Los nombramientos de militares de dudosa lealtad a la República, como el de Franco para jefe del Estado Mayor Central, generaron mucho malestar en la oposición, mientras que las tensiones entre los radicales de Lerroux y la CEDA eran cada vez más fuertes.

En octubre de 1935, un escándalo en la concesión de licencias de juego, en el que estaban involucrados familiares del presidente del gobierno, conocido con el nombre de estraperlo, fue el detonante de la crisis. Lerroux dimitió y la solución fue convocar elecciones anticipadas, que se fijaron para febrero de 1936.