Antecedentes históricos (llegada de la República)

Las elecciones municipales del 12 de abril se consideraron un termómetro para medir el poder entre monárquicos y republicanos. El resultado de las elecciones puso de manifiesto que no era posible que se retornase al viejo sistema de la Restauración anterior al golpe de Estado de Primo de Rivera. Si bien es cierto que los monárquicos obtuvieron más concejales, el éxito de las candidaturas republicanas en el medio urbano fue arrollador: ganaban en 41 de las cincuenta capitales de provincia. El elevado número de concejales monárquicos era la consecuencia de que en las zonas rurales aún imperaba el caciquismo y la corrupción electoral. Añadían que el número de votos para obtener un concejal en las grandes ciudades equivalía a cientos de concejales en las aldeas y pueblos pequeños.

Proclamación de la República

Mientras cundía el desconcierto entre los ministros de Alfonso XIII, durante la larga noche del 12 al 13 de abril, algunos de ellos barajaban ya la posibilidad de una abdicación, aunque otros, como La Cierva o Bugallal, se mostraban partidarios de una resistencia a ultranza. A lo largo del día 13 se sucedieron las manifestaciones en apoyo a la proclamación de la República. Alfonso XIII vacilaba. Antes del anochecer, el monarca decidió abdicar y abandonar España, mientras el ministro de Estado, conde de Romanones, buscaba una salida pactada con el Comité Revolucionario. La efervescencia popular en la calle era incontenible. A toda prisa se constituyó un gobierno provisional, donde tuvieron cabida casi todas las opciones políticas. Ese gobierno, presidido por el conservador Alcalá-Zamora, proclamó oficialmente la República el 14 de abril.

Bienio progresista (Gobierno provisional)

El gobierno pretendía ser el reflejo de las tendencias. Alcalá-Zamora asumió la presidencia de la República y del gobierno, era de Derecha Liberal Republicana, y Manuel Azaña de Acción Republicana. El Partido Radical estaba representado por Alejandro Lerroux y los Radical-Socialistas por Marcelino Domingo. Los socialistas contaban con tres carteras: Largo Caballero (tendencias radicales), Indalecio Prieto (defendía posiciones más moderadas) y Fernando de los Ríos (defendía la línea intelectual). No tenían representación los comunistas, los monárquicos y los anarquistas se quedaron fuera. El gobierno provisional convocó elecciones a Cortes para el 28 de junio. Serían Cortes Constituyentes, ya que una de sus misiones fundamentales sería elaborar una Constitución. El resultado electoral permitió contar con mayoría de los republicanos de centro izquierdas, de izquierdas y socialistas. Sobre esa base se configuró un gobierno de coalición que ratificó a Alcalá-Zamora como presidente de la República.

Constitución de 1931

Una de las prioridades de las Cortes salidas de las elecciones de junio de 1931 fue elaborar una Constitución que respondiese a la nueva realidad política del país. El catedrático de Derecho Penal y diputado socialista Jiménez de Asúa presidió la comisión encargada de elaborar el texto.

El texto, aprobado el 9 de diciembre de 1931, gozó de un amplio respaldo. La Constitución de 1931 está articulada en IX títulos y desarrollada en 125 artículos, además de una serie de disposiciones transitorias. Sus rasgos más importantes serían su carácter plenamente democrático y progresista.

• En el Título I se daba cabida a la Generalitat de Cataluña, ya que se proclamó como un Estado autónomo dentro de la República española.
• En el artículo primero, se definía a España como una república democrática de trabajadores de toda clase.
• Quedan recogidos los derechos y deberes, la abolición de la pena de muerte no quedó recogida.
• Se otorgó el derecho a voto a las mujeres y la propiedad privada quedó sometida a expropiación forzosa.
• En cuanto a las relaciones con la Iglesia, se declaró al Estado español como laico, en una sociedad donde las convicciones religiosas eran muy fuertes.

Bienio Progresista (medidas)

El gobierno de coalición republicano-socialista, bajo la presidencia de Azaña, impulsó a lo largo de sus dos años de existencia un programa de reformas sociales y administrativas cuyo objetivo era la modernización de las estructuras de España. Este ambicioso programa de reformas encontró importantes obstáculos. La oposición llegó desde la Iglesia católica, el ejército y los grandes propietarios, hasta los sectores de la izquierda más radical y revolucionaria.

Cuestión militar

El ejército, desprestigiado con el Desastre del 98 y por la complicada ocupación de Marruecos, estaba en el ojo del huracán político. A ello había que sumar las tensiones entre los llamados militares peninsulares y africanistas. La modernización de las fuerzas armadas era una necesidad perentoria porque la estructura del ejército era macrocefálica. Era imprescindible reducir el número de mandos y acometer la modernización de las unidades para hacerlo más operativo. Se decidió el cierre temporal de la Academia General Militar de Zaragoza, lo que produjo un hondo malestar. La manifestación de ese descontento militar fue la intentona golpista del general Sanjurjo en Sevilla, en el verano de 1932.

Reforma agraria y cuestión laboral

Fue la cuestión de mayor relevancia política de la Segunda República. Era una vieja aspiración del campesinado. La decisión del gobierno fue la expropiación de aquellas fincas que no cumpliesen un fin social. La aplicación de la ley fue lenta y no respondió a las expectativas levantadas en el campesinado, que muy pronto se mostró impaciente. Por el contrario, creó un fuerte rechazo a la República entre los propietarios. La CNT se enfrentaba a las decisiones del ministro de Trabajo, Largo Caballero, y rechazaba la actuación de los jurados mixtos. Fueron frecuentes los enfrentamientos entre los campesinos y la Guardia Civil, uno de esos se produjo en la localidad gaditana de Casas Viejas.