1. Introducción: Establecimiento del nuevo régimen

Al finalizar la dictadura, la caída de la monarquía era inevitable. Ante esta situación, la opción republicana aparecía como la solución más adecuada. El 14 de abril de 1931 se proclamó en España la Segunda República, en un ambiente de euforia y con la esperanza de iniciar un cambio radical en la vida política del país. El choque entre los intereses y mentalidades de las clases acomodadas y de las clases populares (obreros, campesinos sin tierras) fue tan duro, que desembocó en una guerra civil.

Por otra parte, la República nació en circunstancias difíciles. En el ámbito internacional, el mundo debía hacer frente a la crisis económica más grave que el capitalismo había conocido hasta el momento (crisis de 1929), y el avance del fascismo en Europa.

Los pasos más importantes en el tránsito de la Monarquía a la República:

• Gobierno del general Berenguer.
• Pacto de San Sebastián en el verano de 1930.
• Sublevación de la guarnición de Jaca en diciembre de 1930 (Galán y García Hernández).
• Convocatoria de elecciones municipales y dimisión de Berenguer.
• Proclamación de la República y conversión del Comité Revolucionario en gobierno provisional.

Alfonso XIII, tras la caída de Primo de Rivera, encomendó al gobierno del General Dámaso Berenguer la tarea de reconstruir la antigua normalidad constitucional, (es decir, abrir las Cortes, volver a poner en marcha los partidos políticos y sindicatos, organizar de nuevo elecciones. Sin embargo, esa vuelta a la normalidad fue lenta, y por ello el gobierno de Berenguer recibió el nombre de «dictablanda»). Era una tarea muy difícil porque la monarquía se había comprometido demasiado con la Dictadura y la mayor parte de los españoles le había retirado su confianza. En el mes de agosto de 1930, en la semiclandestinidad, representantes de partidos republicanos (Lerroux, Azaña, Marcelino Domingo), socialistas (Prieto, Fernando de los Ríos), nacionalistas gallegos y catalanes (Casares Quiroga, Carrasco i Formiguera) y otros se reunieron en la ciudad de San Sebastián. Llegaron a pactar una política antimonárquica y eligieron un Comité Revolucionario para llevarla a cabo, incluso con una actuación militar. Pero la revuelta militar, mal preparada, que iniciaron los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández en Jaca (diciembre de 1930), no encontró eco en otros cuarteles y fracasó. Sin embargo, el fusilamiento fulminante de estos militares desacreditó más a la monarquía y aumentó la tensión social en las ciudades (huelgas, incremento del paro, agitación política…) y en el campo. En estas condiciones, el último gobierno de la monarquía, presidido por el almirante Aznar y con el que colaboró la Lliga Regionalista, convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. El gobierno pensaba que una victoria de los partidos monárquicos facilitaría el posterior triunfo en las elecciones para el Congreso que se proponían para el 7 de mayo.

2.1. Los partidos políticos

Todas las fuerzas sociales se estructuraron en partidos y sindicatos.

Los partidos y sindicatos de izquierda

Aunque los términos de «derechas» o «izquierdas» son siempre ambiguos, podemos decir que se entendían por partidos de izquierdas, en el período republicano, los que reunían las siguientes características:

• Manifestación de adhesión a la República como forma política.
• Aspiración de transformaciones socioeconómicas que mejoraran la situación de la población (reforma agraria, legislación laboral, etc.) y la acercaran a los países avanzados de Europa.
• Rechazo de las viejas «instituciones» españolas, tales como la confesionalidad del Estado, la intervención del ejército en la vida política, el predominio en la educación de las órdenes religiosas, etc.
• Aceptación de la personalidad diferenciada de las distintas regiones españolas y su derecho al disfrute de un mayor o menor grado de autonomía.

El abanico de las izquierdas estuvo dominado por dos partidos: Izquierda Republicana y el PSOE (Partido Socialista Obrero Español).

Izquierda Republicana: Era un partido de pequeños burgueses con muchos intelectuales y profesionales (abogados, profesores, médicos, etc.). Querían reformar y modernizar el país, pero les daba miedo que estas reformas se hicieran de manera violenta y revolucionaria. Su líder carismático fue Manuel Azaña, intelectual poco conocido hasta entonces, pero que destacó desde el primer momento como un dirigente inteligente, sensato y decidido, con grandes dotes de gobierno.

El PSOE, de mentalidad marxista, contaba con el soporte de su sindicato, la UGT (Unión General de Trabajadores). En principio era un partido obrero. Coexistían, sin embargo, diversas tendencias en su seno: los más moderados que querían reformas con orden y mesura (Indalecio Prieto, Julián Besteiro) y los partidarios de reformas rápidas aunque fueran conseguidas por métodos revolucionarios (Francisco Largo Caballero, secretario de la UGT).

Más a la izquierda están los comunistas y los anarquistas.

El Partido Comunista de España (PCE) había surgido como una escisión del ala más revolucionaria y joven del PSOE, alrededor de 1921, justo cuando aparecieron los partidos comunistas europeos. Durante la Segunda República tuvo escasa influencia, aunque contaba con una carismática líder: Dolores Ibárruri, «La Pasionaria».

Los anarquistas se agruparon alrededor de la CNT (Confederación Nacional del Trabajo) que estaba fuertemente asentada en Cataluña y Andalucía. En su seno se había producido una escisión entre los moderados sindicalistas, que querían que la CNT actuara como un sindicato, procurando mejoras para los obreros (Ángel Pestaña, Juan Peiró), y los revolucionarios agrupados en la FAI (Federación Anarquista Ibérica), (García Oliver, Durruti y Ascaso), que querían imponer una línea revolucionaria dura (huelgas, alzamientos armados, atentados, etc.). Los anarquistas no querían mantener ninguna colaboración con los partidos políticos, ni tan siquiera con los marxistas (socialistas y comunistas) y consideraban que la República podía facilitarles el paso hacia la Revolución.

Los partidos de derechas

Los partidos de derechas se caracterizaban por:

• Antagonismo a la forma republicana del Estado o aceptación de la misma sólo como un mal menor.
• Mantenimiento de las estructuras económico-sociales de la Restauración.
• Reivindicación del pleno valor de las viejas instituciones, Iglesia y Ejército principalmente, como salvaguardia del orden y de los valores tradicionales.
• Por último, y con excepción de los partidos netamente autonomistas, rechazo de forma más o menos abierta de cualquier transferencia del poder del gobierno central a los organismos regionales.

En las elecciones celebradas en junio de 1931 los partidos de derechas no consiguieron buenos resultados, porque hacía muy poco tiempo que había caído la monarquía y, todavía, no se habían organizado dentro del régimen republicano. Dentro de estos partidos se podían distinguir tres grupos:

Los fascistas: Imitaban, en gran parte, la ideología fascista italiana de Benito Mussolini. Eran partidarios de gobiernos autoritarios, con un partido único y sin elecciones ni parlamento. Proponían la intervención del Estado en la economía, incluso la nacionalización de la banca, e intentaban reavivar y despertar viejos ideales imperiales. Eran la extrema derecha. En España aparecieron dos grupos con esta mentalidad: las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista), en 1931, y la Falange Española, en 1933. El líder de esta última fue José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador. Ambos grupos (se fusionaron en 1934 en Falange Española y de las JONS) solo empezaron a adquirir importancia, como fuerza de choque de la derecha, a partir de las elecciones de 1936, cuando se opusieron al Frente Popular.

Los partidos monárquicos: Se daban, como en gran parte del siglo XIX, las dos ramas: los partidarios de Alfonso XIII, de la línea de los Borbones que se habían sucedido en el trono, y los partidarios de la rama carlista. Los primeros se agruparon en Renovación Española, el partido que lideraba José Calvo Sotelo, ministro de Hacienda durante la dictadura; los segundos lo hacían en Comunión Tradicionalista y tenía como pretendiente a Don Javier y como líder a Fal Conde. Estaban fuertemente implantados en Navarra y parte del País Vasco.

Las derechas republicanas: La CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) llegó a ser el partido más representativo de las derechas. No apareció hasta finales de 1933 como resultado de la fusión de Acción Popular, fundada por el periodista, más tarde cardenal, Ángel Herrera Oria, y otros grupos de mentalidad conservadora (Derecha Regional Valenciana, Luis Lucia). Era un partido que, en principio, se declaraba republicano, aunque su líder más conocido, José María Gil Robles, era hombre de ideas autoritarias, casi fascistas (se dejaba llamar «Jefe» por las juventudes de su partido y había asistido al acto de la subida de Adolf Hitler al poder en Alemania). La CEDA era un partido confesional, es decir, partidario de mantener la influencia de la Iglesia dentro del Estado.

Los partidos de centro

Además de pequeños partidos republicanos liderados por hombres que habían sido monárquicos hasta la proclamación de la República (Niceto Alcalá Zamora, ex ministro de la monarquía; Miguel Maura, hijo del antiguo líder del partido dinástico conservador), el partido de centro más importante era el viejo Partido Republicano Radical, que había fundado Alejandro Lerroux.

Los partidos autonómico-nacionalistas

Aparte de los partidos políticos de ámbito estatal, se continuaron desarrollando en ciertas regiones (Cataluña, País Vasco y Galicia) partidos autonómicos nacionalistas. En Cataluña se daban las tres tendencias: la derecha representada por la Lliga Regionalista, liderada por Francesc Cambó; el centro representado por Acció Catalana Republicana; y la izquierda que se había polarizado alrededor de Esquerra Republicana de Catalunya (Francesc Macià, Lluís Companys), el partido más votado, incluso por parte de los obreros y campesinos. En la extrema izquierda, dos partidos comunistas: el POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) y el PSUC (Partido Socialista Unificado de Cataluña) que apareció en el momento de iniciarse la Guerra Civil.

En el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) mantuvo su predominio; considerado como un partido católico y de derechas, evolucionó a partir de 1933 a posiciones de centro cuando su líder, José Antonio Aguirre, llegó al convencimiento de que con las derechas españolas en el Gobierno no alcanzarían nunca la autonomía.

En Galicia adquirió fuerza la Organización Republicana Gallega Autonomista (ORGA), cuyo líder, Casares Quiroga, mantenía buenas relaciones con la Izquierda Republicana de Manuel Azaña, cuya ideología compartía.

El triunfo de regímenes totalitarios fascistas en determinados países de Europa Occidental tuvo en España una doble consecuencia: la aparición de partidos que atacaban abiertamente el sistema democrático imperante y defendían la implantación de regímenes autoritarios como única solución a los múltiples problemas que padecía España. En el mismo sentido se expresaban algunos líderes monárquicos (Calvo Sotelo). Los partidos de izquierda, y en especial los obreristas, radicalizaron su postura. El PSOE reforzó su línea revolucionaria y buscó alianza con las restantes fuerzas obreristas. El PC, siguiendo las directrices de la Internacional Comunista, trabajó en la formación de un Frente Popular que uniera a todas las fuerzas de izquierdas para oponerse al «fascismo».

2.2. Las elecciones del 12 de abril y la proclamación de la República

Aunque solo se trataba de unas elecciones municipales (elección de concejales de ayuntamientos), los partidos de la oposición las presentaron como un plebiscito entre monarquía y república. Si las ganaban, significaría que el pueblo español prefería la república a la monarquía. La campaña electoral fue muy intensa. Los monárquicos confiaban en ganar en los pueblos gracias al sistema del caciquismo, pero sabían que este no funcionaría en las ciudades. Fueron a votar el 65% de los hombres censados. Los partidarios de la república ganaron en 45 de las 50 capitales de provincia, en las ciudades importantes y en las zonas industriales y mineras. En un clima de euforia y sin violencia, muchos ayuntamientos, al conocer el resultado del escrutinio, proclamaron la República. Éibar, en el País Vasco, fue el primero en hacerlo. Después le siguieron Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Oviedo… El monarca, durante algunas horas, dudó, pero acabó abandonando Madrid hacia Cartagena; desde allí, un buque de guerra lo llevó al exilio, en Francia. Pero no renunciaba a sus derechos a la corona ni a los de su familia. Ni el ejército, ni las fuerzas de orden público, ni la administración, etc., se opusieron a que el gobierno en la sombra formado por personalidades de la mayoría de los partidos republicanos ocupara el poder.

Etapas del período republicano

En el tiempo que duró el régimen republicano se advierten las siguientes fases:

2.3. El gobierno provisional (de abril a diciembre de 1931)

Este primer periodo de la república, llamado bienio reformador, se divide en dos etapas: el gobierno provisional de abril a diciembre de 1931, y dos años de gobierno reformista presidido por Manuel Azaña, hasta noviembre de 1933.

El nuevo Gobierno Provisional estaba presidido por un antiguo monárquico, de mentalidad conservadora y católica, Niceto Alcalá Zamora, y el resto del gobierno estaba formado por hombres de tendencias moderadas, de extracción medio-burguesa la mayoría de ellos, y partidarios de realizar las reformas por la vía democrática y legal, con exclusión de cualquier salida revolucionaria o violenta. En la formación del nuevo gobierno se intentó mantener el equilibrio entre las distintas fuerzas políticas, pero también el equilibrio regional con la representación de vascos, catalanes y gallegos.

El Gobierno Provisional convocó elecciones constituyentes. Estas elecciones fueron las primeras realmente democráticas de España. El primer problema de la República surgió en Barcelona. Allí Lluís Companys había proclamado la República. Pero horas más tarde, el líder carismático de ERC (Esquerra Republicana de Catalunya, el partido más votado), Francesc Macià, proclamó, en la misma plaza de Sant Jaume, la «República Catalana dentro de la Federación Ibérica», en una clara interpretación federalista, estableciendo a Cataluña como un Estado dentro del Estado español.

A) Las elecciones para las Cortes Constituyentes

El 28 de junio de 1931 se celebraron unas elecciones, con sufragio universal masculino (a partir de los 23 años) para elegir unas Cortes Constituyentes que elaboraran una Constitución. Se permitió presentar su candidatura a todas las fuerzas políticas que lo desearan. Tan sólo se abstuvieron de tomar parte en ellas los partidos monárquicos. Votó un 70,4% del censo. Fueron las primeras elecciones «limpias» que se realizaron en España. Triunfó la coalición formada por los partidos republicanos y los socialistas. Se nombró presidente de las nuevas Cortes al socialista Besteiro y una comisión inició la tarea de redactar la nueva Constitución.

B) La Constitución de 1931

La Constitución fue obra de las nuevas Cortes Constituyentes que surgieron de las elecciones de junio de 1931. Durante la elaboración de la Constitución surgieron dos temas que acapararon, principalmente, la atención y ocasionaron duros debates entre la izquierda y la derecha: las relaciones Iglesia-Estado y el problema de las autonomías. La mayoría republicano-socialista acabó imponiendo sus criterios y en el mes de diciembre fue aprobada la Constitución, que los partidos de derecha no votaron. La Constitución de 1931 (9 Títulos y 125 artículos) era bastante avanzada para su tiempo, con algunos toques socializantes como parecía darlo a entender el artículo 1º: «España es una República democrática de trabajadores de toda clase…», subrayando el carácter popular de la soberanía, o la posibilidad de expropiación de bienes privados (tierras, minas, ferrocarriles, etc.) si lo hiciera necesario la utilidad pública. La Constitución establecía los siguientes principios:

• Una sola cámara (Congreso de los Diputados – Parlamento) elegida cada cuatro años por sufragio universal (por primera vez las mujeres tienen derecho al voto, que ejercen en 1933), con un presidente de la república nombrado cada seis años por elección indirecta. Creación de un Tribunal de Garantías Constitucionales.
• Un modelo de Estado integral, no federal, aunque aceptaba que las regiones que lo pidiesen pudieran conseguir un estatuto de autonomía (Art. 11).
• La protección muy detallada de los derechos democráticos individuales (libertad religiosa, de expresión y de asociación; la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, etc.). También una lista de derechos económicos (derecho al trabajo), familiares y culturales (derecho a la educación). Se establece la subordinación del derecho a la propiedad privada al interés público, previéndose la posibilidad de expropiación.
• La desaparición definitiva de los privilegios de clase, con la anulación de los títulos nobiliarios.
• Separación de la Iglesia y el Estado. Estableciendo el divorcio, los matrimonios civiles y la secularización de los cementerios.

Aprobada la Constitución, fue elegido presidente de la República Niceto Alcalá Zamora, un político moderado de centro derecha. Manuel Azaña presidió el primer gobierno, formado por una coalición de republicanos de izquierda, socialistas y nacionalistas, que continuaron la labor reformista que había iniciado el Gobierno Provisional desde abril de 1931.

2.4. El bienio reformista (diciembre de 1931 – noviembre de 1933)

Presidido por Azaña, comienza el bienio de alianza social-azañista o bienio reformista.

Objetivos:

• Renovación de las estructuras agrarias a través de la Ley de Reforma Agraria.
• Transformación de la tradicional estructura del ejército (Ley Azaña de 1932).
• Revisión de las relaciones Iglesia-Estado y de la situación, considerada de privilegio, de la Iglesia Católica dentro del Estado español.
• Reforma del sistema educativo.
• Solución del problema regional con la concesión de estatutos de autonomía a las regiones que lo solicitaran.

a) El problema agrario y la cuestión social

La reforma agraria fue uno de los caballos de batalla de la obra reformista de la República. La situación de los campesinos en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y parte de Levante era muy dura.

De los 3,8 millones de campesinos que se contaban en España, más de 2 millones no tenían tierras, es decir, trabajaban como jornaleros, con sueldos de miseria, cuando los terratenientes les ofrecían trabajo, en la siega, vendimia, la recogida de la aceituna o la vid; el resto del año estaban en paro, por supuesto sin subsidio. Su gran esperanza era llegar a ser propietarios de una parcela de tierra. Por el contrario, un 1% de grandes propietarios poseía el 50% de la tierra, cuyo trabajo dirigía un administrador, ya que los señoritos, que vivían en Madrid o en la capital, eran absentistas.

La presión casi irresistible en la calle forzó a las autoridades republicanas a realizar algunas reformas por la vía del decreto ley, antes de ser aprobada la Constitución. El líder ugetista Francisco Largo Caballero, ministro de trabajo durante todo el bienio, fue el verdadero impulsor de estas medidas de urgencia para mejorar las condiciones de los campesinos, especialmente de los temporeros de la trilogía mediterránea que también era la trilogía del latifundio (jornalismo, caciquismo y hambre). Se adoptaron varias medidas, a saber:

• Decreto de términos municipales por la que se obligaba a los patronos a contratar a jornaleros del propio término municipal. Esta medida trataba de evitar la contratación de esquiroles para romper las huelgas.
• Ley de Laboreo Forzoso y Ley de Accidentes de Trabajo en el Campo.

En marzo de 1932 empezó a discutirse el proyecto de Reforma Agraria, aprobado en septiembre de 1932, tras superar las dificultades y resistencias que oponían las fuerzas parlamentarias de la derecha. Se aceleró la aprobación por la «Sanjurjada». La Ley de Reforma Agraria proponía la expropiación, sin indemnización, de las tierras de los terratenientes que habían participado en la Sanjurjada y, con indemnización, las tierras de señorío, semiabandonadas o que, siendo de regadío, los propietarios no se habían preocupado de trabajar. Se creó el Instituto de Reforma Agraria (IRA) como el instrumento que debería impulsar el programa de reformas. Los resultados prácticos de la Reforma Agraria fueron decepcionantes para todos, pues se encrespó a la derecha terrateniente. Las reacciones de la patronal agraria contra la Ley de Reforma fueron de diversa índole: desde la ignorancia de la ley y su bloqueo, hasta la amenaza de los arrendatarios con arrojarles de la explotación de la tierra en caso de apoyar al IRA, y la práctica del lock-out. Y no contentó a los campesinos ni a las organizaciones de la izquierda, que cada vez se fueron radicalizando más hacia posiciones extremas y revolucionarias, pues las tierras expropiadas fueron mínimas, casi ridículas si se compara con la magnitud del problema agrícola, y con la urgencia de soluciones rápidas que reclamaba la miseria campesina. (Durante el período de vigencia de la ley solo se expropiaron 529 fincas, con 116.837 hectáreas, y se asentaron unos 12.260 campesinos).

b) La reforma del ejército

La intromisión militar en la vida civil de España había sido una constante, que perduró durante todo el siglo XIX, y el golpe de Primo de Rivera volvió a recordarlo. El ejército español padecía, además, una grave situación de macrocefalia (número desmesurado de jefes y oficiales en proporción a la clase de tropa), lo que dificultaba su organización y efectividad.

Las soluciones dadas por Azaña al problema militar fueron tan racionales como moderadas y se tradujeron en las siguientes medidas:

• En primer lugar, exigió a los militares fidelidad a la República y al ordenamiento constitucional.
• Ofreció el retiro voluntario a todos los jefes y oficiales, conservando íntegramente el sueldo, con lo que podían acogerse los que no quisieran jurar fidelidad y resolvía el problema de la macrocefalia; se acogieron a esta disposición unos 10.000.
• Para hacerlo más operativo, procedió a la supresión de la mitad de las regiones militares, así como a una reestructuración interna: se suprimieron algunas divisiones, se eliminaron algunos grados, se unificaron escalafones.
• Para asegurar la eficacia de las medidas, se cerró la Academia Militar de Zaragoza, cuya dirección recaía entonces en el general Francisco Franco.

La reacción fue negativa, llegando algunos militares a calificar la obra de Azaña como «campaña de trituración del ejército». Las medidas de racionalización y modernización del ejército fueron entendidas como un atentado a sus derechos o como una maniobra siniestra dirigida a dejar a España indefensa ante los enemigos ocultos que se preparaban para el asalto definitivo. La muestra más significativa de esta actitud fue la Sanjurjada, o levantamiento armado del general Sanjurjo el 10 de agosto de 1932.

c) El problema religioso

La influencia de la Iglesia había generado unas estructuras de poder que se resistían a desaparecer. Las soluciones que aportó la república fueron las siguientes:

• La separación de la Iglesia y el Estado, la aconfesionalidad o neutralidad de este en materia religiosa, y su conformación como Estado laico, con libertad religiosa.
• Reglamentación laica sobre el divorcio, los matrimonios civiles y la secularización de los cementerios.
• Generalización de un sistema de enseñanza público y laico que desplazara a la enseñanza religiosa, solo al alcance de las familias pudientes.
• Ley de Congregaciones, en virtud de la cual se disolvía la Compañía de Jesús y se privaba a la Iglesia del derecho de mantener centros docentes y se obligaba a las órdenes religiosas a pagar impuestos.

Estas medidas promulgadas por la República no iban encaminadas directamente contra las creencias y prácticas católicas, sino a neutralizar el poder económico de la Iglesia, todavía considerable, y su influencia social a través de la enseñanza, donde se reproducían y se transmitían los esquemas sociales que se trataba de superar.

La Iglesia se mostró desde el primer momento reacia a su separación del Estado y a admitir la legislación de la República sobre matrimonios, cementerios, etc., al considerar que con ello se lesionaban sus derechos históricos. Aún así, el problema de la enseñanza fue el que suscitó las más enconadas reacciones al suprimirse la obligatoriedad de la enseñanza de la religión y decretarse la retirada de los crucifijos de las escuelas. Las relaciones Iglesia-Estado llegaron a ser tan tensas que el cardenal Pedro Segura, arzobispo de Toledo, fue expulsado del país por sus pastorales y su actitud, contrarias a la República y en defensa de la fenecida monarquía. Hizo que grupos de republicanos asaltaran el diario monárquico ABC y que iniciaran los incendios de iglesias y conventos en algunos lugares de España, acontecimientos que fueron condenados por algunos intelectuales republicanos como Ortega y Gasset con la famosa frase «No es esto, no es esto».

d) El problema cultural y educativo

El problema educativo español también venía de lejos. La cuestión social que más apoyos recibió de la república fue la reforma de la educación en un país en el que más del 33% de la población era analfabeta. El crecido analfabetismo, que era ya crónico, apenas pudo ser remediado por la Ley Moyano del siglo XIX.

Las ayudas a la educación se centraron en la enseñanza primaria; se construyeron nuevas escuelas, se dotaron nuevas plazas de maestro, a los que se subió el sueldo para dignificar la profesión, y se impulsó un proyecto pedagógico innovador. Se crearon también las Misiones Pedagógicas, con el fin de llevar la instrucción y la cultura al mundo rural. Además, se suprimió la obligatoriedad de la formación religiosa en las escuelas. Pero, una vez más, la falta de fondos hizo difícil llevar a buen término una reforma educativa. La reacción a la secularización de la enseñanza fue muy fuerte por parte de la jerarquía eclesiástica. Los obispos no sólo se negaron a aceptar el cierre de los colegios, sino que instaron a los padres a no matricular a sus hijos en las escuelas públicas.

e) El problema regional: Estatutos de autonomía

El verdadero problema regional de España, el que hereda la República considerablemente enconado, era el de la articulación de los diferentes territorios peninsulares en una unidad superior, el Estado español, unidad que debería ser compatible con el respeto a la diversidad lingüística, cultural e histórica de sus partes.

Los nacionalismos de Cataluña y el País Vasco, principalmente, eran los que manifestaban el rechazo más radical al viejo modelo de Estado.

La primera fue Cataluña. El Estatuto redactado en Núria (santuario del Pirineo), refrendado por el pueblo catalán, fue presentado en Madrid en el mes de agosto de 1931, antes de que estuviera aprobada la nueva Constitución. Los autores del Estatuto catalán partieron del principio de que la República española iba a ser de estructura federal y propusieron la cesión de muchas competencias en materia de enseñanza, cultura, sanidad, obras públicas, orden público, tribunales de justicia y el cobro directo de los impuestos necesarios.

El fracasado pronunciamiento del general Sanjurjo («Sanjurjada», agosto de 1932) aceleró la aprobación por los partidos de centro izquierda de las dos leyes a trámite más discutidas: la Ley de Reforma Agraria y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Este fue aprobado (314 votos a favor y 24 en contra) el 9 de septiembre de 1932. Sin embargo, rebajaba las competencias y asentaba el principio de que España era un «Estado integral», no una república federal. El primer presidente de la Generalitat fue Francesc Macià, y Lluís Companys, del Parlamento catalán.

En el País Vasco, el PNV y los carlistas habían llegado a un acuerdo sobre un proyecto de estatuto (Estatuto de Estella, junio de 1931), pero dos hechos impidieron su realización y presentación: la defección de Navarra y la debilidad nacionalista de la provincia de Álava, donde el plebiscito de 1933 no alcanzó el 50% de los votos necesarios.

No fue hasta fines de octubre de 1936, ya en plena guerra civil, cuando las Cortes aprobaron el Estatuto de Autonomía Vasco, entre otras razones para mantener al País Vasco adicto a la República.

En Galicia, el Estatuto no fue aprobado por plebiscito popular hasta junio de 1936. Pero el pronunciamiento militar de julio del mismo año impidió su trámite por las Cortes, porque la región fue inmediatamente ocupada por los sublevados, de mentalidad antiautonomista. La concesión de los Estatutos de Autonomía a los diferentes territorios históricos suscitó el recelo de la derecha y, sobre todo, del ejército, que consideraba que la unidad de la patria, de la que se consideraba garante, estaba amenazada.

3. Conclusión

La oposición de las derechas fue tan fuerte y la protesta obrera y campesina tan intensa, que el malestar social creció hasta extremos peligrosos. El Gobierno de izquierdas quiso mostrar su fuerza ante la presión de las clases populares, por lo que se mostró duro con los obreros y los campesinos más extremistas.

Aunque la República hizo aprobar leyes favorables a los obreros y campesinos (jornada laboral de 8 horas, derecho de huelga, jurados mixtos patronos-obreros y gobierno, contratación laboral, accidentes, etc.) no pudo evitar que aumentara el desempleo porque no disponía de presupuestos ni quería incrementar la deuda pública realizando obras públicas con el fin de paliar el paro. El malestar de los trabajadores provocó las huelgas y las revueltas, dirigidas principalmente por la CNT, dominada por la fracción más revolucionaria de la FAI. Se repitieron las huelgas generales en Barcelona, en Zaragoza, en Asturias, en Sevilla, etc. El movimiento obrero más grave se produjo en la cuenca del Alto Llobregat; los mineros la ocuparon durante cinco días (enero de 1932). El ejército intervino llevando a cabo una represión muy dura entre obreros y líderes sindicales. También en febrero de 1933 se produjo una huelga general en Cataluña, Levante y Andalucía. También en el campo se produjeron serios enfrentamientos entre campesinos, excitados por la demora de la reforma agraria, y las fuerzas del orden público en Castilblanco (Badajoz, diciembre de 1931). Campesinos enfurecidos dieron muerte a números de la Guardia Civil, cuando estos acudieron a la llamada de los terratenientes para poner orden. Ante este hecho, la Guardia Civil reaccionó, provocando la muerte de varios campesinos que se manifestaban en Arnedo (La Rioja). La violencia culminó con la represión que llevaron a cabo los Guardias de Asalto contra los campesinos anarquistas, que habían ocupado tierras en Casas Viejas (Cádiz, enero de 1933). La tensión y los desórdenes en el campo y en las zonas industriales (aumento considerable de huelgas) desgastaron mucho el prestigio del gobierno de Manuel Azaña, que se vio obligado a presentar la dimisión. El presidente de la República, Alcalá Zamora, convocó nuevas elecciones para noviembre de 1933.