Introducción
La Segunda República Española fue proclamada el 14 de abril de 1931, como consecuencia de la mala gestión política de la monarquía, incapaz de afrontar los graves problemas que España arrastraba desde el siglo XIX y desacreditada por haber apoyado la dictadura de Primo de Rivera. La República suponía, para gran parte de la población española, una oportunidad para democratizar y modernizar el Estado mediante un amplio programa de reformas políticas, económicas y sociales. El gobierno provisional emprendió las reformas necesarias, aunque pronto se encontró con la oposición de las clases económicamente dominantes y de un amplio sector del proletariado.
El Bienio Progresista (1931-1933)
Las elecciones a Cortes Constituyentes se celebraron el 28 de junio de 1931. A ellas acudieron, con derecho a voto, los hombres mayores de 23 años. Fue el primer proceso electoral democrático en España desde el Sexenio Democrático. El Parlamento, con una mayoría republicano-socialista, redactó una nueva Constitución. Las Cortes eligieron al conservador Niceto Alcalá-Zamora presidente de la República. Hasta 1933, Manuel Azaña presidió el gobierno.
La Constitución de 1931
Reflejaba un sistema democrático de gobierno, basado en unas Cortes unicamerales que ejercían el poder legislativo y que eran escogidas por sufragio universal de los mayores de 23 años para un mandato de cuatro años. Era la primera vez que se concedía el voto a las mujeres, las cuales también podían ser elegidas como diputadas. El gobierno, con poder ejecutivo, era responsable de su gestión ante las Cortes. El presidente de la República era elegido por las Cortes, por un período de seis años, y podía nombrar o destituir al jefe de gobierno, promulgar las leyes y disolver las Cortes, aunque su actuación estaba subordinada al poder legislativo. El poder judicial estaba en manos de los tribunales de justicia. Se creó un Tribunal de Garantías Constitucionales para decidir sobre la constitucionalidad de las leyes.
Las Reformas Progresistas
Reformas Religiosas
Se disolvió la Compañía de Jesús y se confiscaron sus bienes, y se aprobaron el divorcio, el matrimonio civil y la secularización de los cementerios. En 1933 se promulgó la Ley de Congregaciones, mediante la cual el Estado regulaba y fiscalizaba sus actividades. La Iglesia se alineó rápidamente contra la República, con el apoyo de la oligarquía económica y de los pequeños y medianos propietarios.
Reforma Militar
Era necesaria para profesionalizar el ejército, racionalizar los ascensos, reducir el excesivo número de jefes y oficiales (16.000 para un ejército de 80.000 soldados), además de asegurar su fidelidad a la República y alejar a los mandos monárquicos. La Ley Azaña permitía el retiro voluntario anticipado a los militares que no quisiesen jurar fidelidad a la República, manteniendo su sueldo íntegro.
Reforma Agraria
Finalmente, el gobierno de Azaña aprobó en 1932 la Ley de Reforma Agraria con el objetivo de eliminar el latifundismo y crear una clase de pequeños propietarios que facilitase la modernización de la agricultura y el aprovechamiento de las tierras.
Reformas Sociales
El socialista Largo Caballero dictó medidas destinadas a mejorar la situación laboral de los trabajadores (seguros sociales, subida salarial, reducción de la jornada laboral del campesinado…). A pesar de todo, no existió un plan eficaz para combatir el paro, que afectaba a un elevado número de trabajadores.
El Fin del Gobierno de Azaña
El deterioro del gobierno, a causa de la represión de los conflictos sociales, se vio incrementado por la actitud del Partido Radical, que se unió a la campaña de desprestigio de la derecha. En las elecciones municipales de abril de 1933 tuvieron un gran avance los radicales y derechistas.
El Bienio Conservador (1933-1936)
En las elecciones de 1933, la CEDA de Gil-Robles fue el partido más votado, pero no obtuvo mayoría absoluta; el Partido Radical de Alejandro Lerroux se convirtió en la segunda fuerza política de las nuevas Cortes. Las diferencias doctrinales entre los radicales y la CEDA provocaron una gran inestabilidad gubernamental, que se plasmó en la formación de numerosos gobiernos durante todo el período.
La Crisis del Gobierno Radical-Cedista
El alargamiento y la contundencia de la represión por los hechos de octubre produjeron una reacción popular favorable a la izquierda obrera. La actitud impune de la patronal, bajando salarios y despidiendo a los obreros afiliados a sindicatos, sin respetar las leyes ni los contratos laborales, acentuó la tendencia de la izquierda a unirse en defensa de los derechos perdidos.
La Victoria del Frente Popular
Ante la convocatoria de elecciones, los republicanos de centro-izquierda, los socialistas y los comunistas del PCE y del POUM suscribieron un pacto por el que constituían el Frente Popular, con el objetivo de presentarse unidos a los comicios. La derecha tuvo dificultades para unirse en un frente antirrevolucionario, a causa de las querellas internas entre la CEDA y la extrema derecha.