La Segunda República Española: Un Periodo de Transformación y Conflicto (1931-1936)

La Segunda República Española: Un Periodo de Reformas y Tensiones (1931-1936)

Tras la aprobación de la Constitución y la elección del conservador Niceto Alcalá-Zamora como presidente de la República, Manuel Azaña presidió hasta 1933 el Gobierno de coalición entre republicanos de izquierda y socialistas. El Gobierno de Azaña impulsó una política reformista. El nacimiento de la República coincidía con una etapa difícil en el ámbito internacional: la gran crisis económica de 1929, la Europa de entreguerras y el ascenso al poder de los movimientos fascistas. En España, la República creció entre un amplio abanico de enemistades. Por un lado, la oposición de los grupos conservadores, que vieron amenazada su situación hasta entonces privilegiada. Esto, unido a la falta de tradición democrática en España y al aumento de la conflictividad social, preparó un importante ambiente de inestabilidad.

Las Reformas del Gobierno Republicano-Socialista

El Gobierno republicano-socialista realizó importantes reformas:

  • La reforma religiosa: Se aprobaron varias leyes para reducir el poder de la Iglesia, se disolvió la Compañía de Jesús (Jesuitas) y se confiscaron sus bienes. Se aprobaron el divorcio, el matrimonio civil y la secularización de los cementerios.
  • La reforma militar: Necesaria para modernizar el ejército. Además, se buscaba su republicanización, para asegurar su fidelidad a la República. Azaña tomó diversas medidas como el decreto de abril de 1931 que permitió el retiro voluntario anticipado a los militares que no quisiesen jurar fidelidad a la República; se suprimió la Academia Militar de Zaragoza, dirigida por el general Franco, considerada ineficaz y antirrepublicana.
  • La reforma agraria: En 1932 el Gobierno aprobó la ley de reforma agraria, que establecía la expropiación, sin indemnización, de las tierras de los grandes de España, y, con indemnización, de las grandes fincas no cultivadas directamente por los propietarios. Su aplicación quedó a cargo del Instituto de Reforma Agraria (IRA), pero la reforma se aplicó ineficazmente, lo que provocó el descontento del campesinado.

Se tomaron medidas para mejorar la situación laboral del trabajador, y se intentó reformar la educación (más del 33% de la población era analfabeta). La reforma estuvo influida por la Institución Libre de Enseñanza y se centró en la enseñanza primaria. En cuanto a la cuestión autonómica, la República fue la ocasión para que las nacionalidades históricas reclamasen una nueva organización territorial descentralizada que recogiese las aspiraciones de autogobierno.

El Bienio Reformista y sus Desafíos

El bienio reformista estuvo amenazado desde el principio por la oposición de la derecha y por la izquierda radical. La derecha monárquica propició la frustrada sublevación militar que dirigió el general Sanjurjo (1932), y, aunque el Gobierno pudo sofocarla, se demostró la importancia que tenía el sector antirrepublicano. El ambiente de agitación social iba en aumento desde 1931, lo que se reflejó en la convocatoria de huelgas, insurrecciones de trabajadores y ocupaciones de tierras. Entre los conflictos más graves destacaron insurrecciones campesinas como la de Casas Viejas (Cádiz), dirigida por la CNT en 1933. La dura e irregular actuación policial, donde se fusiló a 14 campesinos indiscriminadamente, desacreditó al Gobierno e indignó a la opinión pública.

El Bienio Radical-Cedista (1934-1936)

En noviembre de 1933 se convocaron elecciones generales, en las que las mujeres ejercieron su derecho al voto por primera vez en España. La derecha se presentó unida presentando un programa electoral basado en la reforma de la Constitución y la anulación de la legislación agraria y religiosa. Los resultados electorales dieron una amplia mayoría a la derecha, formándose el bienio radical-cedista que se caracterizará por el conservadurismo político y la anulación de las reformas sociales, económicas y autonómicas del período anterior, por lo que la izquierda lo llamó «bienio negro».

En las elecciones de 1933, la CEDA de Gil-Robles fue el partido más votado, pero no obtuvo mayoría absoluta; el Partido Radical de Alejandro Lerroux se convirtió en la segunda fuerza política de las nuevas Cortes. Las discrepancias internas de los partidos de derechas, así como las diferencias doctrinales entre los radicales y la CEDA, provocaron una gran inestabilidad gubernamental, que se plasmó en la formación de numerosos Gobiernos durante todo el período. Este bienio radical-cedista se caracterizó por el conservadurismo político y la anulación de las reformas sociales, económicas y autonómicas del período anterior, por lo que la izquierda lo llamó «bienio negro».

Principales Actuaciones del Bienio Radical-Cedista

Los aspectos esenciales de la actuación de los Gobiernos radical-cedistas fueron:

  • Aprobación de una ley de amnistía para los civiles y militares sublevados con Sanjurjo en 1932.
  • Aprobación de un presupuesto para el clero católico y derogación de la ley de congregaciones.
  • Revisión de la reforma educativa (supresión de la enseñanza mixta).
  • Revisión de la reforma agraria que acabaría en 1935.
  • Enfrentamiento con la Generalitat de Cataluña, y oposición a la aprobación del Estatuto vasco.

Además de la revisión de la legislación anterior, las actuaciones políticas realizadas por ministros de la CEDA fueron la ley de arrendamientos rústicos, la promoción de viviendas de alquiler y la política de obras públicas. El freno de las reformas y las consecuencias de la crisis económica favorecieron el aumento de la agitación social. La mayor parte de las organizaciones obreras convocaron una huelga general para el 5 de octubre de 1934. La huelga tuvo un seguimiento irregular y fue reprimida rápidamente por el Gobierno, que declaró el estado de guerra. Solo en Cataluña y Asturias triunfó la insurrección. En Cataluña, el presidente Companys se enfrentó al Gobierno radical-cedista al proclamar al Estado catalán dentro de la República Federal Española. En Asturias, la huelga se convirtió en una auténtica revolución social. El Gobierno, con el fin de restituir el orden en Asturias, empleó al ejército desplazando efectivos militares integrados también por tropas coloniales, al mando del general Francisco Franco, que aplastó el movimiento y provocó más de mil muertos. La revolución se saldó con una dura represión (30.000 encarcelados, torturas, ejecuciones sin juicios, condenas a muerte, destitución de ayuntamientos de izquierdas, censura de prensa…). También en el bando revolucionario se cometieron excesos como el saqueo de propiedades o el asesinato de guardias civiles y sacerdotes.

El Frente Popular y el Camino Hacia la Guerra Civil

En este clima de creciente tensión sociopolítica, el Gobierno de Lerroux se vio inmerso en una grave crisis a causa de la salida a la luz pública de varios escándalos de corrupción, como el del *Estraperlo*, que obligaron a Lerroux a dimitir y hundieron el Partido Radical. A finales de 1935, el presidente Alcalá-Zamora propició la formación de un Gobierno presidido por Manuel Portela Valladares, el encargado de gestionar las nuevas elecciones. Ante la convocatoria de elecciones, los republicanos de centro-izquierda, los socialistas y los comunistas del PCE y del POUM suscribieron un pacto en enero de 1936 y se constituyeron en el Frente Popular, con el objetivo de presentarse unidos para defender la continuación de las reformas del primer bienio y la amnistía a los represaliados de octubre de 1934. El resultado se convirtió en una amplia mayoría del Frente Popular en las Cortes.

A pesar de los acuerdos de las izquierdas, las diferencias internas surgieron pronto, pues en el Frente Popular coexistían dos tendencias: los partidarios del reformismo democrático y los que se mostraban favorables a iniciar un proceso revolucionario. En realidad, la confluencia electoral de ambas fue un medio para contener a la derecha, lo que explica las actuaciones revolucionarias de un amplio sector de la izquierda y el violento clima de tensión que se desató: huelgas continuadas, ocupaciones de tierras, asaltos de iglesias, conventos y periódicos… El Gobierno fue incapaz de frenar la espiral de violencia y de imponer medidas de consenso que revirtieran la crisis social y la desestabilización del equilibrio democrático. En la primavera de 1936 la confrontación política se intensificó en todos los ámbitos y proliferaron los enfrentamientos callejeros y los atentados de líderes tanto de izquierda como de derecha. La violencia partía de ambos bandos, pero para el Bloque Nacional y la Falange se trataba concretamente de un medio para desestabilizar al régimen. Para ello, contaron además con el apoyo de algunos militares de la Unión Militar Española que preparaban una conspiración contra la República. Aunque el Gobierno alejó de Madrid a los generales sospechosos (Franco a Canarias, Mola a Pamplona, y Goded a Baleares), la sublevación siguió organizándose. En esta atmósfera de inquietud, el asesinato del teniente de la Guardia de Asalto José del Castillo fue vengado por un grupo de compañeros y militantes socialistas con el asesinato de José Calvo Sotelo, jefe de la oposición monárquica. Este acontecimiento fue utilizado como excusa para el golpe de Estado del 17 de julio de 1936, planeado desde hacía tiempo y que, al fracasar, desembocó en una guerra civil.

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