La Segunda República Española

El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales en España, mediante sufragio universal masculino. La participación fue muy alta y las candidaturas republicano-socialistas triunfaron en las grandes ciudades.

El 14 de abril, los concejales electos proclamaron la República a lo largo del día. Mientras la población salía a la calle para celebrarlo, Alfonso XIII abandonó el país partiendo hacia el exilio.

En Madrid, los firmantes del Pacto de San Sebastián constituyeron un gobierno provisional que proclamó oficialmente la Segunda República Española y convocó inmediatamente elecciones a las Cortes Constituyentes para el día 28 de junio. Paralelamente, el gobierno decretó una serie de medidas de extrema urgencia: amnistía general para los presos políticos, la proclamación de las libertades políticas y sindicales, etc.

Las elecciones generales del 28 de junio tuvieron una alta participación. La victoria fue para la coalición republicano-socialista.

Las nuevas Cortes ratificaron en sus cargos al jefe de gobierno, Niceto Alcalá Zamora, y a los ministros del gobierno provisional.

La Constitución de 1931

La Constitución de 1931 fue muy avanzada para su tiempo. Tenía un marcado carácter democrático y progresista que establece que todos los poderes emanan del pueblo. Agrupaba los siguientes principios:

• El Estado se configuraba de forma «integral», pero se aceptaba la posibilidad de constituir gobiernos autónomos en algunas regiones.
• El poder legislativo residía plenamente en las Cortes, constituidas por una sola cámara.
• La Constitución incluía también una amplia declaración de derechos y libertades y concedía el voto a las mujeres.

No consiguió el consenso de todas las fuerzas políticas, y aunque fue aprobada por la amplia mayoría, existían profundas discrepancias sobre todo en lo referente a la cuestión religiosa y autonómica.

El Gobierno de Manuel Azaña

Entre diciembre de 1931 y septiembre de 1933, el gobierno presidido por Manuel Azaña e integrado mayoritariamente por republicanos de izquierda y socialistas impulsó un programa de reformas.

Uno de los primeros objetivos de la República fue limitar la influencia de la Iglesia y secularizar la sociedad española. Estas intenciones se plasmaron en la Constitución. Además, el temor a la influencia que las órdenes religiosas ejercían especialmente en la educación llevó al gobierno a prohibirles dedicarse a la enseñanza. El proceso se completó con la Ley de Congregaciones que limitó la posesión de bienes a las órdenes religiosas y previó la posibilidad de su disolución en caso de peligro para el Estado.

La Dictadura de Primo de Rivera

En un contexto de crisis política y social, el 13 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera se pronunció contra la legalidad constitucional, declaró el estado de guerra y se dirigió al monarca para exigir el poder. Alfonso XIII aceptó.

Para los golpistas, entre las razones que justificaban la necesidad de cambiar la situación hay que destacar: la inestabilidad y el bloqueo del sistema parlamentario, así como su desprestigio derivado del continuo fraude electoral; el miedo de las clases acomodadas a una revolución social, el aumento de la influencia del republicanismo y de los nacionalismos periféricos, el descontento del ejército tras el desastre de Annual y el deseo de evitar que las Cortes exigieran responsabilidades por los hechos de la Guerra de Marruecos.

En su manifiesto inaugural, Primo de Rivera anunció su firme voluntad de limpiar el país de caciques y acabar con el bandidaje político, la indisciplina social y las amenazas a la unidad nacional.

La dictadura fue una solución inconstitucional para frenar la posible reforma del sistema, que podía resultar amenazadora para ciertos sectores e intereses sociales.

El Directorio Militar y Civil

La dictadura atravesó dos fases: hasta 1925, el Directorio Militar; después se pasó al Directorio Civil.

Las primeras medidas: suspensión del régimen constitucional, disolución de las cámaras legislativas, cese de las autoridades civiles, prohibición de las actividades de los partidos políticos y sindicatos, militarización del orden público.

Elaboró un Estatuto Municipal y otro Provincial. Se disolvieron los ayuntamientos, que fueron sustituidos por juntas.

El Desembarco de Alhucemas y la Unión Patriótica

Primo de Rivera asumió personalmente el Alto Comisionado de Marruecos. En colaboración con Francia, se organizó el desembarco de Alhucemas que saldó con gran éxito.

A partir de 1926, Primo de Rivera intentó institucionalizar su régimen para darle continuidad y permanencia. El modelo del fascismo italiano fue muy claro. Comenzó con la convocatoria de una Asamblea Nacional Consultiva cuyos miembros eran designados y no elegidos.

Se creó un partido único, que se llamó Unión Patriótica, cuya misión primordial era proporcionar apoyo social a la dictadura y seguir las directrices del poder.

La dictadura se benefició de la buena coyuntura económica internacional, iniciada en los «felices» años veinte.