12.1 El reinado de Isabel II. La oposición al liberalismo: Carlismo y guerra civil. La cuestión foral

La crisis política del absolutismo durante el reinado de Fernando VII se vio agravada por el “problema sucesorio” provocado por la falta de heredero varón del monarca. Don Carlos María Isidro albergabe grandes expectativas de heredar la corona. En 1830, nace la futura Isabel II, hija con su tercera esposa Maria Cristina de Napoles. Unos meses antes del nacimiento, Fernando VII publicó la Pragmática Sanción que anulaba la Ley Sálica y permitía, por tanto, reinar a las mujeres. Los llamados “sucesos de La Granja” modificaron la situación: Los partidarios de D. Carlos,  aprovecharon la enfermedad de Fernando VII en 1832 para convencerle de que derogase la Pragmática Sanción. Esto suponía devolver a D. Carlos los derechos sucesorios. En cuanto Fernando VII mejoró restableció la Pragmática. En 1833, con el fallecimiento del rey, Isabel era reconocida como heredera y su madre asumía la regencia. Los carlistas no aceptaron la situación y para defender sus pretensiones desencadenaron una guerra civil.  
El carlismo se convierte, a partir de entonces, en la más firme oposición a la regente María Cristina de Borbón, madre de Isabel. El enfrentamiento no es sólo un conflicto dinástico si no también ideológico. Los carlistas pretenden la vuelta al Antiguo Régimen; apuestan por el poder absoluto del monarca, y por la defensa de la religión, que consideran atacada por los liberales. El lema carlista “Dios, Patria y Rey”, resume el planteamiento carlista. A estos elementos se suma la defensa del foralismo.

La cuestión foral:

Con la aprobación de los Decretos de Nueva Planta tras la Guerra de Sucesión (1700 – 1715), que supuso la llegada al trono de España de la dinastía de los borbones, Cataluña y Aragón habían perdido sus fueros. Navarra y el País Vasco, por el contrario, conservaron los suyos al haber apoyado al candidato Borbón (Felipe V). El carlismo, apuesta por la restauración y el mantenimiento de los fueros tradicionales. El arraigo carlista es especialmente fuerte en las zonas rurales donde se mostraban temerosos con la extensión de la sociedad urbana e industrial que ponían en cuestión las formas de vida tradicional. Por el contrario, las ciudades  eran partidarias del liberalismo.

Las guerras carlistas

El movimiento carlista desencadenó tres conflictos armados. La primera guerra carlista (1833-40) Comenzó en octubre de 1833, a los pocos días de fallecer Fernando VII, cuando Don Carlos María Isidro fue proclamado rey por sus seguidores con el nombre de Carlos V. La rebelión carlista se consolidó en las zonas rurales de Navarra y el País Vasco. Don Carlos ordena a Zumalacárregui sitiar Bilbao (1835).  El fallecimiento del general carlista en el asedio de Bilbao provocará un giro en el conflicto. Desde 1835 y hasta 1837, la guerra se mantuvo en una situación de equilibrio. El general liberal Espartero rompió el asedio de Bilbao, mientras las guerrillas carlistas obtuvieron importantes victorias en el Maestrazgo. El Bajo Aragón fue dominado por los carlistas (general Cabrera) configurándose como nueva gran zona carlista. Desde 1837 y hasta 1839 la batalla se decanta a favor de las tropas gubernamentales. El agotamiento carlista era evidente lo que terminó por provocar la división interna del movimiento entre intransigentes –partidarios de seguir la guerra- y moderados, encabezados por el general Maroto – partidarios de llegar a un acuerdo honroso. Las negociaciones entre Maroto y Espartero culminaron en el Convenio de Vergara (agosto de 1839) que marcó el fin de la guerra en el norte; en el convenio establece la legitimidad de Isabel II como reina de España, pero realiza algunas concesiones, así se reconocen los empleos y grados del ejercito carlista, y se recomienda al gobierno “armonizar” la Constitución con los fueros propios de Navarra y las tres provincias vascas. Pese a este acuerdo la guerra no terminó en la zona levantina; allí el general Cabrera resistió durante casi un año. La segunda guerra carlista se prolongó entre 1846 y 1849, estalló al fracasar el intento de concertar un matrimonio entre la reina Isabel II y el nuevo pretendiente carlista Carlos VI, hijo de d. Carlos María Isidro. La derrota del carlismo obligó al general Cabrera a exiliarse en Francia; allí también permaneció el pretendiente al trono. Hubo una tercera guerra carlista (1872 – 76), estalló tras la expulsión de Isabel II y la llegada de un nuevo rey, Amadeo de Saboya. Con la caída de la monarquía isabelina, el nuevo pretendiente carlista, que se hacía llamar Carlos VII, entró en España a comienzos de 1872 provocando un nuevo conflicto bélico. La guerra tuvo como escenarios principales Cataluña, Navarra y el País Vasco. La amenaza carlista se mantuvo durante todo el “Sexenio Absolutista” pero finalmente el carlismo fue de nuevo derrotado, esta vez de manera definitiva en 1876 ya durante el reinado de Alfonso XII.  La derrota provoca el fin de los fueros vascos, lo que contribuirá al nacimiento del nacionalismo vasco. 

12.2 Isabel II (1833-1843): Las regencias

Durante los años en los que se consideró menor de edad a Isabel II, la responsabilidad de la corona fue asumida por las regencias de su madre María Cristina (1833 – 1840) y, tras los altercados revolucionarios de 1840, por el general Espartero (1840 – 1843). Se trata de una década dominada políticamente por la cuestión del carlismo (tratado en otro tema) y por la alternancia en el gobierno de progresistas y moderados, en un clima de inestabilidad política acentuado por los continuos pronunciamientos militares. Pese a esa inestabilidad fue una etapa fundamental en la implantación del liberalismo en España, no sólo en el ámbito político –triunfo sobre los carlistas, promulgación de la constitución de 1837-, sino también en el económico –abolición del régimen señorial, desamortización eclesiástica, etc. El conflicto sucesorio tras la muerte de Fernando VII provocó alguna de las características más significativas de todo el reinado de Isabel II: La monarquía se acercó al liberalismo, al agruparse los absolutistas en torno a D. Carlos María Isidro; los militares alcanzaron gran protagonismo político, los generales o “espadones” se situaron al frente de los partidos político convirtiendo el “pronunciamiento” en la forma habitual para instaurar nuevos gobiernos; por último, la monarquía se vio envuelta en serios problemas financieros provocados por los enormes gastos militares. Durante las Regencias surgieron los primeros partidos políticos que canalizaban las distintas corrientes ideológicas del liberalismo inicial. Así, aparece el partido moderado, liderado por el general Narváez, como gran defensor de la soberanía compartida y de la limitación de los derechos individuales; y el partido progresista, encabezado por el general Espartero, símbolo de la lucha contra el carlismo, que defendía la soberanía nacional, con la existencia de una Cortes fuertes que limitasen el poder real y aumentasen los derechos individuales.  

La Regencia de María Cristina (1833 – 1840)

María Cristina de Borbón asumió las funciones de regente en octubre de 1832, se apoyó en un gobierno presidido por Cea Bermúdez, hombre cercano al “absolutismo moderado”. Cea publicó un manifiesto (1833) que no contentó ni a los liberales ni a los carlistas. Ante esta situación, la reina gobernadora recurrió a un liberal moderado, Martínez de la Rosa para redactar el Estatuto Real de 1834, que trataba de dar estabilidad a su regencia. El Estatuto era una carta otorgada, la corona no renunciaba a la soberanía sino que cede parte de su poder a las Cortes. Estas no pueden legislar sino a propuesta del monarca,  excepto para el presupuesto cada dos años. Las Cortes son bicamerales: La nobleza y los obispos estaban representados en el Estamento de Próceres; el resto de la población tenía su representación en el Estamento de Procuradores. Los procuradores eran elegidos por tres años mediante un sufragio muy restringido. Los progresistas, molestos por las escasas libertades y ante el malestar que seguía generando la guerra carlista, intentaron un cambio político a través de un pronunciamiento. A finales de julio de 1836 se produce el “motín de los sargentos” del Palacio de la Granja. La regente María Cristina cedió y promulgó, momentáneamente, la Constitución de 1812, confiando el poder a los progresistas con Calatrava y Mendizábal como hombres fuertes del gobierno. En 1837, se redactó una nueva Constitución. Más moderada, pero también más precisa, que la de Cádiz. Se opta por la soberanía nacional, la separación de poderes, el amplio reconocimiento de derechos individuales y la convocatoria de las Cortes por el monarca. En algunos aspectos se modera con respecto a 1812, así se opta por el bicameralismo con Congreso  y Senado. El monarca tenía la facultad de disolver las Cortes.  No se establece la confesionalidad de la religión católica, aunque se manifestaba la obligación de mantener el culto católico por ser mayoritariamente profesado por los españoles. Se publicaron algunas leyes progresistas como la supresión de pagar diezmos a la Iglesia, la eliminación de aduanas interiores y la supresión de los gremios para favorecer el crecimiento de la industria. Además se adoptaron medidas para liberalizar el mercado de la tierra: la supresión de los mayorazgos, la abolición del régimen señorial y, sobre todo, la aprobación de la llamada  “desamortización de Mendizábal”, que puso en venta por subasta las tierras expropiadas a la Iglesia. Sus objetivos eran sanear la Hacienda, financiar la guerra civil contra los carlistas y convertir a los nuevos propietarios en adeptos a la causa liberal, aunque provocó graves tensiones con la Iglesia. En 1838, volvieron al poder los moderados comandados por Evaristo Pérez de Castro; los moderados promulgaron una nueva Ley de Ayuntamientos que suprimía la participación ciudadano en la elección de alcalde.  Ante esa situación, los progresistas comenzaron un movimiento insurreccional. En octubre de 1840 María Cristina optó por renunciar a la regencia.

La regencia de Espartero (1840 – 1843)

En 1840, Espartero fue nombrado presidente del gobierno y regente interino: Durante todo su mandato gobernó de manera autoritaria, sin someterse al control de las Cortes. Su política antiforalista (ayuntamientos y diputaciones quedaban sometidos a la ley general) y su apoyo al librecambismo provocó una fuerte reacción en su contra de las provincias del norte, especialmente de Barcelona. En diciembre de 1842 mandó bombardear Barcelona como castigo a las protestas civiles contra el librecambismo; cuatrocientos edificios fueron destruidos y hubo centenares de muertos. En las Cortes se desató una enérgica protesta y Espartero reaccionó disolviéndolas. Progresistas y moderados pedían la vuelta a la normalidad constitucional.  En 1843, se inició una revuelta militar encabezada por el general Narváez; Espartero, por su parte, había visto descender su apoyo entre la Milicia Nacional. Finalmente, las tropas fieles a Narváez derrotaron al ejército esparterista en la batalla que tuvo lugar en Torrejón de Ardoz (julio 1843). Las Cortes para evitar una nueva regencia, adelantaron la mayoría de edad de Isabel II, que de esta forma fue coronada reina a los trece años.