Tras la muerte de Franco el 20 de Noviembre de 1975, Juan Carlos I fue proclamado rey en un contexto político de gran incertidumbre. Se iniciaba un complejo proceso de transición que llevaría de la dictadura a un sistema democrático.

Este proceso fue posible gracias al apoyo de la monarquía, a los cambios socioeconómicos desde los años 60, al contexto europeo con el fin de las dictaduras y a los pactos entre la oposición y los aperturistas. También había dificultades, como el inmovilismo del búnker, las tensiones sociales, el terrorismo o la crisis económica. Los protagonistas de la transición fueron Adolfo Suárez, el rey y la oposición.

Este proceso de transición se ha convertido al pasar los años en un modelo para muchos países debido al escaso nivel de violencia que le acompañó.

Antecedentes

En 1939 la victoria de la Guerra Civil por el ejército de Franco dio lugar a una dictadura hasta la muerte del general en 1975. La dictadura se caracterizó por la fuerte represión. Franco ejercía todos los poderes y sólo había libertades y derechos para algunos defensores del régimen. Por eso, tras su muerte, se llevó a cabo un proceso de transición a la democracia, con el objetivo de satisfacer las libertades y derechos que pretendía la sociedad española y que no se habían contemplado años anteriores.

El gobierno de Arias Navarro

Juan Carlos I había sido el sucesor designado por Franco, e iniciaba su reinado el 22 de Noviembre jurando fidelidad a las Leyes Fundamentales y declarando su voluntad expresa de ser el rey de los españoles.

El rey confirmó a Carlos Arias Navarro como presidente del primer gobierno de la monarquía. La oposición criticó su elección, ya que representaba la continuidad del franquismo por ser un hombre de Franco.

Formó un gobierno heterogéneo y poco cohesionado en el que algunos nombres, como Fraga, despertaron esperanza por sus rasgos reformistas. El programa político expuesto por Arias Navarro en las Cortes el 28 de Enero de 1976 alabó a Franco y a su régimen.

Se iniciaron nuevas medidas, como el indulto concedido en Noviembre, que fue insuficiente porque favorecíó más a los delincuentes que a los presos políticos. 

El proyecto más importante del gobierno, la Ley de la Reforma de la Ley Constitutiva de las Cortes y otras Leyes Fundamentales quedó en las Cortes sin aprobar. Sí que lo fue el Proyecto de Ley de Asociaciones que ampliaba el de 1974, pero no entró en vigor al ser incompatible con el código penal vigente. Sólo se promulgó una limitada Ley Reguladora de Reuníón por iniciativa de Fraga.

El gobierno de Arias Navarro vivíó unos meses muy difíciles en los que tuvo que enfrentarse a varios problemas. 

La división de la oposición política durante el franquismo dio paso a la unidad tras la muerte de Franco. En 1974 se había constituido la Junta Democrática Española, dirigida por el PCE, y en 1975, la Plataforma de Convergencia Democrática, liderada por el PSOE.

En 1976 hubo una gran cantidad de huelgas. En Marzo, la policía desalojó violentamente una convocatoria obrera en la iglesia de San Francisco de Vitoria; cinco personas murieron y más de cien resultaron heridas por los disparos de la policía. Los sucesos de Vitoria fueron bastantes graves y provocó protestas en España.

El 26 de Marzo de 1976, la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática se unían formando Coordinación Democrática, conocida también como Platajunta, que englobaba a todas las fuerzas políticas y sindicales antifranquistas. Pedían una ruptura democrática para acabar con el régimen franquista, un gobierno provisional fuerte, una amnistía general, libertades políticas, el reconocimiento de las nacionalidades históricas y elecciones a Cortes Constituyentes.

El gobierno también se enfrentó al aumento del terrorismo de ETA y del GRAPO, el rechazo del búnker a cualquier reforma y los sucesos de Montejurra, en la que se enfrentaron violentamente las dos ramas del carlismo.

Las relaciones entre el presidente del gobierno y el monarca fueron distantes, tensas y faltas de sintonía política. El rey temíó perder la iniciativa política, así que forzó la dimisión de Arias Navarro el 1 de Julio de 1976.

El gobierno de Adolfo Suárez

El rey nombró a Adolfo Suárez presidente de gobierno dos días más tarde. En su elección jugó un importante papel Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes. Suárez había sido ministro del Movimiento, por lo que su elección decepciónó a la oposición.

El 8 de Julio formaba un gabinete compuesto por ministros jóvenes y de perfil reformista, muchos procedentes de la ACNP y del grupo Tácito. Adolfo Suárez tomó la iniciativa política imprimiendo un nuevo ritmo a las reformas. Utilizó el decreto-ley para amnistiar a los presos políticos sin delitos de sangre, despenalizar a las asociaciones políticas, suprimir el Tribunal de Orden Público, regular el derecho de huelga y disolver el Movimiento Nacional. La Ley de Libertad Sindical enfrentó al ministro de Marina, de Santiago, con el gobierno, y éste acabó dimitiendo. Le sustituyó Gutiérrez Mellado.

La actividad política del gobierno se vio dificultada por el terrorismo, como el de ETA, GRAPO y el de ultraderecha. El hecho más dramático es el de la matanza de cinco abogados en la calle Atocha el 24 de Enero de 1977. Estas acciones crearon gran tensión en el estamento militar. Destaca la llamada Operación Galaxia de Noviembre de 1978, 

un plan de Golpe de Estado fallido en el que estuvieron implicados militares y guardias civiles. A estos problemas se sumó la crisis económica y las huelgas.

El gobierno de Suárez llevó a cabo el proyecto de la Ley para la Reforma Política (LRP). El objetivo de la ley era cambiar  el sistema normativo seudoconstitucional por otro que tuviera en cuenta la recuperación de la soberanía popular, el establecimiento de unas Cortes cuyos miembros fueran elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto, la elaboración de  una constitución, la declaración de adhesión a los derechos fundamentales inviolables de la persona y la autorización al gobierno o a las Cortes para iniciar las reformas políticas.

Desde el inicio de la elaboración de la ley hubo una gran actividad política para asegurar su aprobación. El gobierno mantuvo contactos con el ejército, la Iglesia, los partidos de la oposición y los procuradores de las Cortes. El texto fue sometido a referéndum el 15 de Diciembre de 1976 y el 4 de Enero de 1977 entraba en vigor.

El gobierno necesitaba legalizar los partidos políticos, y el decreto- ley de 8 de Febrero de 1977 reguló la forma en que estos podían ser legalizados para participar en las elecciones. La dificultad jurídica más importante que tuvo que afrontar el presidente fue la legalización del PCE, que asumíó el 9 de Abril de 1977, tras el compromiso de su líder de aceptar la legalidad y las instituciones españolas. La decisión molestó a los militares, y el ministro de Marina, Pita da Veiga, presentó su dimisión.

Se convocaron elecciones para el 15 de Junio de 1977.

La elección de Suárez como presidente supuso un cambio de actitud. No obstante, la unidad política se fortalecíó con la Plataforma de Organismos Democráticos (POD). La Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS) convocó una huelga general el 12 de Noviembre a favor de las reivindicaciones económicas y contra la Ley para la Reforma Política.

Los Pactos de la Moncloa

Los Pactos de la Moncloa, impulsados por Fuentes Quintana, fueron la respuesta de las fuerzas políticas y sociales a la crisis económica, a las tensiones sociales, al terrorismo y a los intentos involucionistas. Se firmaron el 25 de Octubre de 1977 y el Congreso de los Diputados los aprobó dos días más tarde.

Los pactos se centraron en dos grandes objetivos:

– La reforma y el saneamiento de la economía ante la recesión, la falta de inversiones y el aumento del precio del petróleo. Las medidas se encaminaron a reducir la inflación y el déficit exterior, devaluar la peseta con respecto al dólar y acometer una política monetaria más restrictiva. Se acordó vincular el aumento salarial a la tasa de inflación prevista, ampliar el IRTP a todas las rentas, luchar contra el fraude fiscal, aumentar el número de plazas escolares, extender el seguro de desempleo y controlar la Seguridad Social.

– La actuación jurídico- política que garantizase la libertad de expresión, de reuníón y de asociación, la regulación de los medios de comunicación estatales, la reforma del código penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del código de justicia militar, y la reorganización de los cuerpos y fuerzas de orden público.

El incumplimiento de los pactos en sus apartados económicos afectó a los sindicatos, cuya credibilidad se vio comprometida. A pesar de los pactos, la conflictividad crecíó en 1978.

Las organizaciones patronales que no participaron en los pactos no se responsabilizaron de las medidas tomadas y crearon la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para organizar al empresariado y exigir al gobierno la defensa también de sus intereses.

Las primeras elecciones democráticas

Según la Ley para la Reforma Política, las Cortes quedaban compuestas por dos cámaras, el Congreso de los Diputados, con 350 escaños, y el Senado, con 207. Para el primero se aplicaba la ley D´Hont y para el segundo un sistema mayoritario, nominal y de cuatro senadores por provincia.

Con vistas a las elecciones democráticas, Adolfo Suárez formó la coalición de Uníón de Centro Democrático (UCD). A su derecha quedaba Alianza Popular (AP), liderada por Manuel Fraga. En Cataluña se constituyó el Pacte Democràtic per Catalunya (PDC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), y en el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Euskadiko Ezquerra. También surgieron otros partidos más pequeños.

Votó algo más del 78% del censo. UCD consiguió el mayor número de votos (34%) seguido del PSOE (29%), el PCE (9%), AP (8%) y de los partidos nacionalistas PDC-CU y PNV. El  resultado reveló un bipartidismo imperfecto con una clara inclinación hacia el centro representado por UCD y PSOE.

El rey confirmó como presidente del gobierno a Suárez, quien se apoyó en UCD para gobernar, y de esta coalición salieron sus ministros, Marcelino Oreja, Francisco Fernández Ordóñez y Rodolfo Martín Villa, entre otros. El núcleo más influyente del gobierno, junto a Suárez, lo constituyeron Abril Martorrell en asuntos políticos, Fuentes Quintana en los económicos y Gutiérrez Mellado para controlar el ejército.

Pero UCD no contaba con mayoría absoluta en el Congreso, lo que obligó al presidente a consensuar reformas con el resto de los partidos políticos.

Las nuevas Cortes y la constitución

La primera tarea de las Cortes era elaborar una constitución sin exclusiones. El 13 de Julio se iniciaba la primera legislatura democrática. La Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, integrada por 36 diputados de los diferentes partidos, fue la encargada de elaborar el texto constitucional. La Comisión designó a un grupo de siete miembros para la tarea. Los ponentes pertenecían a UCD, PSOE, PCE, AP Y Minoría Catalana y prepararon una constitución aceptable para la mayoría de los españoles.

El texto constitucional fue aprobado el 31 de Octubre por el Congreso y el Senado. El documento de sometíó a referéndum el 6 de Diciembre de 1978. Votó el 67% del electorado y fue aprobada por el 87% de los votantes, sólo en País Vasco la abstención fue muy alta. El 27 de Diciembre era sancionada por el rey y dos días más tarde se publicaba en el BOE. Poco después se procedía a la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones generales.

La constitución recogía las carácterísticas esenciales de las democracias occidentales. Tenía 169 artículos. El articulado del Título Preliminar señalaba los aspectos fundamentales. Entre ellos definía a España como un Estado social y democrático de Derecho que propugnaba valores como la libertad, la justicia y la igualdad, proclamaba la soberanía popular, protegía el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. La forma del Estado sería la monarquía parlamentaria.

La constitución garantizaba los derechos humanos y las libertades conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la igualdad de los españoles ante la ley. Abolía la pena de muerte y establecía la aconfesionalidad del Estado. Garantizaba la libertad de enseñanza, de mercado, religiosa y de culto, y los derechos a la vida, a la propiedad privada, a la huelga y a la educación, entre otros. Fijaba la mayoría de edad a los 18 años. Libertades y derechos quedaban protegidos por el Defensor del Pueblo, Tribunal Constitucional y el poder judicial.

El texto constitucional también establecía la separación e independencia de los tres poderes.

– El legislativo recae en las Cortes, formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Ambas son elegidas por sufragio universal directo y secreto. Elaboran las leyes.

– El ejecutivo. El gobierno dirige la política interior y exterior de España. También tiene potestad legislativa al poder presentar proyectos a las Cortes. Las Cortes, a su vez, controlan al ejecutivo a través de la investidura y las mociones de censura.

– El judicial. Constituido por jueces y magistrados independientes.

El Estatuto de Autonomías

De acuerdo con la Ley para la Reforma Política, Suárez inició en 1977 el proceso preautonómico y de descentralización del Estado de todas las regiones que lo solicitasen. 

El primer paso se dio en Cataluña, donde hubo un amplísimo consenso. El presidente del gobierno restablecía provisionalmente la Generalitat el 29 de Septiembre de 1977, y el 23 de Octubre se nombraba presidente a Josep Tarradellas.

El caso vasco fue distinto debido al terrorismo de ETA, a que los nacionalistas exigían la incorporación de Navarra al País Vasco, y a que el PNV no reconocía la constitución. A pesar de ello, se hicieron progresos y en Diciembre de 1977 se constituía el Consejo General Vasco, presidido por Ramón Rubiales.

En Marzo de 1980 Cataluña y País Vasco celebraban sus primeras manifestaciones autonómicas. A lo largo de 1978 se crearon otros entes preautonómicos.

El proceso iniciado en 1977 se recogía en la constitución. Ésta contemplaba dos vías de acceso autonómico. Una rápida para las nacionalidades históricas y una lenta para el resto de regiones, cuyo techo de competencias era menor.

En esta etapa, el proceso autonómico estuvo condicionado por la LOAPA, consensuada entre PSOE y UCD para limitar las competencias de las autonomías. Los partidos nacionalistas recurrieron al Tribunal Constitucional, que declaró parte de la ley inconstitucional al año siguiente. Como consecuencia, el tema autonómico quedó abierto.

El proceso autonómico proporciónó un nuevo mapa político- administrativo de España, que pasó a contar con 17 Comunidades Autónomas entre 1977 y 1983, más Ceuta y Melilla (1995).

Consecuencias

Más tarde se celebraron las elecciones de 1979 que fueron ganadas de nuevo por UCD. Además, la victoria de Felipe González del PSOE en 1982 con mayoría absoluta supuso la culminación de este proceso de la democracia, puesto que se trataba de un partido totalmente antifranquista. 

Así era como se conseguía superar la represión y la falta de libertades de la dictadura de Franco a pesar de la incertidumbre ocasionada al principio cuando el rey eligió presidente a Arias Navarro y más tarde a Adolfo Suárez, una de las personas más importantes en el proceso de transición a la democracia. Además, fue muy importante la llegada de la Constitución de 1978, que contemplaba los derechos pedidos por la sociedad española. Una muestra de la culminación de este proceso fue el fracaso del Golpe de Estado de 1981, en el que Tejero asaltó el Congreso de los Diputados.