INTRODUCCIÓN
La Transición en España empezó con la muerte de Franco en el año 1975. El sistema democrático interrumpido por una dictadura de casi 40 años tras el final de la Guerra Civil retornó a nuestro país. Este cambio fue gradual y no violento y basado en acuerdos de las principales fuerzas políticas, teniendo al Rey y a Adolfo Suárez como motores del mismo. Supuso la llegada de las libertades y la convivencia pacífica, así como el reconocimiento del pluralismo político, y aunque este proceso fue apoyado por la mayoría de los ciudadanos, vivió bajo la tensión de los continuos atentados de ETA y la extrema derecha. Tras la Constitución de 1978, que sigue vigente en la actualidad, en España se estableció un sistema democrático que nos situó al nivel de las democracias de nuestro entorno. Tras un breve periodo de la UCD, llegó al poder un partido de izquierdas, el PSOE, que se alternará en el gobierno con el PP hasta la actualidad.
LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA: 1975-1978
Tras la muerte de Franco en noviembre de 1975, el Rey ocupó la Jefatura del Estado y las instituciones franquistas continuaron funcionando: parecía una España franquista, pero sin Franco. Los deseos de todos los sectores políticos y sociales del país se basaban en que se produjeran los cambios necesarios para acercar a España a los países de su entorno. Pero, ¿cómo hacerlos? En este sentido se plantean tres alternativas políticas:
- El continuismo del sistema político franquista defendido por los inmovilistas (“el Búnker”).
- La ruptura total, es decir, la formación de un gobierno provisional que pusiera fin a las instituciones franquistas y convocara a Cortes Constituyentes. Esto era defendido por los grupos políticos opuestos al régimen franquista.
- El reformismo político a partir de las instituciones franquistas hasta alcanzar una democracia plena.
El Rey optó por esta vía, ya que el deseo del monarca era el de reinar para todos los españoles. Así, desde la propia legalidad franquista, el régimen se irá desmantelando a través de unas reformas capitaneadas por el presidente del gobierno Adolfo Suárez. El primer gobierno de la monarquía, presidido por Arias Navarro, fue continuista, aunque concedió algunos cambios a través de la Ley de Asociaciones Políticas que permitía la actuación de los partidos políticos, un sistema bicameral (Congreso y Senado) pero con la aceptación de los principios del Movimiento Nacional, y cierta libertad de prensa.
Frente a estas reformas planteadas por Arias Navarro, PSOE, PCE y los democristianos planteaban una ruptura, exigiendo amnistía política para presos, libertad a partidos y sindicatos, autonomías regionales, Constitución democrática, y la no aceptación de la monarquía como forma de gobierno. Pero con este gobierno era imposible avanzar algo, por lo que en 1976 se producen una serie de huelgas, siendo la más destacada la de Vitoria, duramente reprimida por las fuerzas del orden, produciéndose varios muertos y numerosos heridos. Estos sucesos favorecieron la unidad de la oposición, produciéndose una coordinación democrática conocida como la Platajunta.
Paralelamente a estos hechos, se suceden manifestaciones en Cataluña y País Vasco por la autonomía, así como la reanudación de la actividad terrorista de ETA Y GRAPO. El gobierno Arias, incapaz de controlar la situación y políticamente agotado, dejó de contar con el apoyo del Rey, quien sorprendió a todos nombrando nuevo presidente del Gobierno a Adolfo Suárez, persona joven, franquista, ambiciosa y ministro del Movimiento con Arias Navarro. Aunque en un principio esta elección decepcionó a la oposición por su pasado franquista, su nombramiento fue un acierto, ya que entendió desde un principio que la gran mayoría de la sociedad española deseaba un cambio pausado y sin riesgos hacia la democracia.
Para ello, su primer gobierno llevó a cabo una serie de cambios democráticos como la legalización del derecho de reunión, manifestación y asociación, la aprobación de una amnistía para presos políticos del franquismo y el inicio de un diálogo con los partidos políticos y sindicatos, permitiendo su actividad, aunque seguían siendo ilegales. Estas medidas no fueron entendidas por los sectores más radicales del franquismo, quienes le crearon más problemas que la propia oposición.
EL PROCESO CONSTITUYENTE Y LOS PACTOS DE LA MONCLOA
Las Cortes salidas de las elecciones asumieron el poder legislativo e iniciaron la tarea de elaborar una Constitución. Para ello se constituyó una ponencia formada por siete miembros que representaban a las diferentes fuerzas políticas, resultando difícil el consenso en muchos temas. En julio de 1978 se discutió en el Congreso, donde el PSOE se abstuvo en el título I (la monarquía como forma de gobierno). Tras ser aprobada por Congreso y Senado, solo faltaba el sí del pueblo español, que se produjo en referéndum el 6 de diciembre de 1978, jurándola el Rey el 27 de diciembre. Se compone de un preámbulo y 169 artículos repartidos entre un título preliminar y 10 títulos numerados, además de una serie de disposiciones.
Se le llama “la Constitución del consenso”, ya que todos los partidos y tendencias políticas tuvieron que ceder, y quizá esa sea la clave de su éxito y de su duración. En ella se define a España como un Estado social y democrático de derecho. Se acepta la monarquía democrática como forma de gobierno en la que el Rey es jefe del Estado y de las fuerzas armadas; la soberanía reside en el pueblo; se define a España como un Estado unitario, aunque reconoce las autonomías de las regiones con estatutos propios, distinguiéndose entre nacionalidades históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia) y las demás; en total, 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla). Sus primeros artículos precisan amplios derechos y libertades fundamentales como libertad, igualdad, educación obligatoria y gratuita en sus primeras etapas, protección a la familia, derecho a la vivienda, derecho a la vida, derecho al divorcio, suprime la pena de muerte y declara la mayoría de edad a los 18 años. En cuanto a la religión, proclama la libertad religiosa, aunque reconociendo la importancia de la Iglesia Católica.
Igualmente, expone las atribuciones de los tres poderes del Estado:
- El legislativo, formado por Congreso y Senado elegido por sufragio universal para mayores de 18 años.
- El ejecutivo, que descansa en el gobierno con su presidente y ministros.
- El judicial es independiente y está formado por jueces y magistrados. La máxima magistratura es el Tribunal Supremo y un Tribunal Constitucional que decide sobre recursos de inconstitucionalidad o conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
En el campo económico, durante el trienio que transcurre entre la muerte de Franco y la Constitución, tuvo lugar una gran crisis económica que trajo descenso de la producción y aumento del paro y de la inflación, por lo que el malestar obrero se transformó en una serie de huelgas que agravaron el panorama político. Para combatir la crisis, Suárez propuso un pacto a todas las fuerzas políticas, sindicatos y patronal. Estos acuerdos, conocidos como Pactos de la Moncloa, se basaron en la contención de los salarios, la devaluación de la peseta, la ampliación de los servicios sociales, en inversiones públicas y una reforma fiscal.
En cuanto a las autonomías, se restableció la Generalitat de Cataluña, volviendo Tarradellas, presidente en el exilio, y acto seguido se hizo lo mismo en el País Vasco.
CONCLUSIÓN
Aprobada la Constitución, se realizaron nuevas elecciones generales en 1979, donde resultó vencedora de nuevo la UCD de Adolfo Suárez. Tras constituirse las Cortes se fueron desarrollando leyes en base a los principios aprobados en la Constitución como la de educación, divorcio, vivienda etc. En ese mismo año se realizaron también elecciones municipales en las que hubo un cambio de tendencia, ya que el PSOE ganó en la mayoría de las grandes ciudades. La UCD se fue descomponiendo poco a poco, debido a la gran variedad de tendencias políticas que la formaban, a la vez que sectores del ejército y el franquismo contrarios a las reformas, prepararon un golpe de Estado que tuvo lugar el 23 de febrero de 1981, cuando en las Cortes se estaba llevando a cabo la investidura de Calvo Sotelo. El golpe de Estado de Tejero fracasó gracias al apoyo del rey a la democracia y su condena del golpe. Para muchos, este suceso puso fin a la transición. Es evidente que la victoria del PSOE en las elecciones de 1982, al tratarse de la llegada al poder de un partido de izquierdas ilegal durante la dictadura, demuestra el éxito de la Transición y su conclusión definitiva, iniciándose así la democracia plena, donde se han ido alternando en el poder hasta nuestros días dos partidos de masas, PSOE y PP, que han llevado a España al desarrollo y a la modernidad.