Crisis Económica
La transición coincidió con el inicio de una crisis económica internacional desencadenada por una gran subida del precio del petróleo. La economía española sufrió con extrema gravedad la recesión a partir de 1975, cuando a los problemas económicos se sumaron la incertidumbre política y el retraso en adoptar medidas contra la crisis. El alza del precio del petróleo generó un proceso inflacionario y el déficit de la balanza comercial se duplicó. La crisis energética derivó en una profunda crisis industrial. En consecuencia, el paro aumentó a un ritmo anual muy elevado y alcanzó el 10% en 1979.
Era imprescindible un entendimiento entre el gobierno y las principales fuerzas de la oposición. Los principales partidos firmaron los Pactos de la Moncloa que contenían una serie de acuerdos para la reforma y saneamiento de la economía y un programa de actuación jurídica y política.
En el terreno político, el gobierno se comprometió a una regularización de la vida pública de acuerdo con los principios democráticos. En el terreno económico, los objetivos fundamentales fueron la reducción de la inflación y la puesta en práctica de un conjunto de reformas para repartir equitativamente los costes de la crisis. Se diseñó una nueva estrategia de control del gasto público, se acordó un programa para racionalizar el consumo de energía y se pactó una moderación salarial. Los firmantes se comprometieron a apoyar una reforma fiscal y un nuevo marco de relaciones laborales. También se preveía una reforma tributaria para acometer la modernización de la estructura fiscal española, tantas veces retrasada. En 1977 entró en vigor el impuesto extraordinario sobre el patrimonio y al año siguiente el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). También se acometió una reforma de la Seguridad Social.
Algunos promovían la violencia para desestabilizar al país y obstaculizar la construcción democrática. Las principales amenazas provenían del involucionismo, del golpismo militar y del terrorismo. Las fuerzas de la extrema derecha se movilizaron para impedir la consolidación democrática. El terrorismo de extrema izquierda estuvo vinculado a la aparición de organizaciones como el GRAPO y el FRAP. Sin embargo, la principal actividad terrorista provenía de ETA. En Cataluña se creó la organización independentista Terra Lliure.
Consolidación Democrática
Una vez aprobada la Constitución, se disolvieron las Cortes y se convocaron elecciones legislativas para marzo de 1979. El triunfo fue de nuevo para UCD, con Adolfo Suárez al frente. El nuevo gobierno continuó la actividad reformista en la línea diseñada por los Pactos de la Moncloa, que comportó la promulgación del Estatuto de los Trabajadores.
El ejecutivo se mostró inestable, tuvo que hacer frente a sucesivos cambios ministeriales y Adolfo Suárez empezó a ser contestado como líder del partido a la vez que se reforzaban distintas tendencias dentro del partido. A los problemas internos también se le añadió el fracaso de las primeras elecciones municipales democráticas celebradas en abril de 1979, a partir de las cuales se constituyeron ayuntamientos de izquierdas en las grandes ciudades. Se produjo también el auge de los nacionalismos en las autonómicas de País Vasco y Cataluña.
En mayo de 1980 el ejecutivo tuvo que someterse a una moción de censura presentada por el PSOE en las Cortes que ganaría con escaso margen UCD. Ante el fraccionamiento de UCD, Adolfo Suárez dimitió como presidente del gobierno y del partido en 1981.
La principal amenaza al sistema democrático provenía fundamentalmente de la previvencia en el estamento militar de sectores hostiles al proceso democrático que habían visto legalizado el Partido Comunista, el proceso autonómico, el terrorismo y la anunciada reforma del ejército como graves signos de alarma que justificaban su intervención.
El 23 de febrero de 1981, mientras se estaba realizando en el Congreso de los Diputados la votación de investidura de Calvo Sotelo como sucesor de Suárez en la presidencia, un grupo de guardias civiles al mando de Antonio Tejero irrumpieron en el hemiciclo y retuvieron a todos los diputados. Al mismo tiempo, el general Milán del Bosch se sublevaba en Valencia sacando tanques para imponer un golpe de estado militar.
El golpe era resultado de una trama en la que estaban implicados algunos mandos de la Guardia Civil, altos jefes militares como Armada y Bosch. En todos ellos estaba claro que iban a paralizar el proceso democrático. La comparecencia del rey Juan Carlos I descalificando a los sublevados y apoyando el régimen constitucional fue decisiva para abortar el golpe.