El Bienio Reformista (1931-1933)

Manuel Azaña presidió un gobierno formado por republicanos de izquierdas y socialistas que impulsó el ambicioso plan de reformas iniciado por el Gobierno Provisional.

La Cuestión Religiosa

La separación de la Iglesia y el Estado y la laicización de una sociedad tradicionalmente católica fueron objetivos prioritarios de los primeros gobiernos republicanos. Los orígenes del conflicto residían en un anticlericalismo histórico y en la actitud de gran parte del clero, celoso de sus prerrogativas. Para limitar la influencia eclesiástica, se sucedieron diversas medidas:

• Disolución de la Compañía de Jesús y confiscación de sus propiedades.
• Instauración del matrimonio civil.
• Aprobación de la ley del divorcio.
• Promulgación de la Ley de Congregaciones (1933), que limitaba la posesión de bienes a las órdenes religiosas y les prohibía dedicarse a la enseñanza, el comercio y la industria.

La Reforma del Ejército

Azaña pretendía modernizar el ejército, crear una fuerza más profesional y asegurar su lealtad al nuevo régimen republicano. Se tomaron las siguientes medidas:

• Reducir el excesivo número de oficiales existente en proporción a la tropa.
• Promulgar la Ley de Retiro de la Oficialidad (1931), que ofrecía el retiro voluntario con sueldo íntegro a los militares que no desearan jurar fidelidad a la República.
• Cerrar la Academia Militar de Zaragoza, dirigida por el general Franco y considerada un centro de pensamiento conservador.
• Clausurar los Consejos de Honor y el Consejo Supremo de Justicia Militar, sustituyéndolo por una sala especial en el Tribunal Supremo.

La Ley de Reforma Militar provocó fuertes tensiones, especialmente entre los militares africanistas (con experiencia en las guerras de Marruecos). En agosto de 1932, hubo una intentona de Golpe de Estado en Sevilla, protagonizada por el General Sanjurjo (la «Sanjurjada»), que terminó en fracaso.

La Reforma del Estado Centralista: Las Autonomías

La Constitución de 1931 abría la puerta a la descentralización del Estado, permitiendo a las regiones con características históricas, culturales y económicas comunes constituirse en regiones autónomas. El objetivo era configurar un estado integral que compatibilizara la unidad de España con la autonomía regional.

Cataluña

En Cataluña, Francesc Macià había proclamado la República Catalana el 14 de abril de 1931. Esta fue anulada tras la negociación con el Gobierno Provisional a cambio de la restauración de la Generalitat como gobierno autonómico provisional. Su primera tarea sería elaborar un proyecto de Estatuto de Autonomía, conocido como el Estatuto de Nuria, que fue aprobado por las Cortes en septiembre de 1932.

País Vasco

En el País Vasco, nacionalistas del PNV y tradicionalistas carlistas aprobaron conjuntamente un proyecto de Estatuto en Estella (Estatuto de Estella) en 1931. Sin embargo, su fuerte carácter confesional lo hizo incompatible con la Constitución laica de la República. Tras varias modificaciones, un estatuto definitivo no llegó a aprobarse hasta octubre de 1936, ya iniciada la Guerra Civil. José Antonio Aguirre fue elegido primer Lehendakari.

Galicia

En Galicia, el proceso fue más lento. Se redactó un proyecto de estatuto que fue sometido a plebiscito y aprobado en junio de 1936, pero no llegó a ser aprobado por las Cortes debido al estallido de la Guerra Civil en julio de ese año.

La Cuestión Agraria

La agricultura jugaba un papel crucial en la economía y sociedad españolas, empleando a cerca de 4 millones de personas. La estructura de la propiedad estaba muy polarizada, especialmente en el sur (Andalucía, Extremadura), donde predominaban los grandes latifundios con masas de jornaleros sin tierra en condiciones precarias. Para encarar el problema agrario, inicialmente se promulgaron una serie de decretos urgentes:

• Decreto de Términos Municipales: Obligaba a contratar preferentemente a jornaleros del propio municipio.
• Decreto de Laboreo Forzoso: Obligaba a los propietarios a cultivar las tierras.
• Regulación de los contratos de arrendamiento rústico.
• Establecimiento de la jornada laboral de 8 horas en el campo.

La verdadera reforma estructural llegó con la Ley de Bases de la Reforma Agraria, aprobada en septiembre de 1932 tras intensos debates y la presión añadida por la Sanjurjada. El objetivo de la ley era ambicioso: modernizar la agricultura y, sobre todo, asentar a miles de campesinos sin tierra en propiedades expropiadas (con indemnización) a los grandes terratenientes. Sin embargo, los problemas derivados de su complejidad técnica, la lentitud burocrática, la resistencia de los propietarios y el elevado coste de las indemnizaciones contribuyeron a que su aplicación fuese muy limitada durante este bienio. La reforma agraria generó enormes expectativas entre los campesinos, pero su lenta aplicación provocó frustración y un aumento de la conflictividad. Al mismo tiempo, provocó la hostilidad de los grandes propietarios, que se agruparon en la oposición, y contribuyó a que parte del campesinado católico del norte se alejara de la República. El descontento campesino dio lugar a graves incidentes y levantamientos.

Reformas Sociales, Educativas y Culturales

Bajo el impulso del Ministro de Trabajo, el socialista Largo Caballero, se impulsaron una serie de medidas destinadas a mejorar las condiciones laborales y fortalecer la posición de los sindicatos:

• Ley de Contratos de Trabajo: Regulaba la negociación colectiva.
• Ley de Jurados Mixtos: Creaba organismos para la mediación y arbitraje en conflictos laborales.
• Establecimiento de la jornada laboral de 40 horas semanales para la industria.
• Fomento del aumento de los salarios.

En el ámbito educativo, el objetivo principal fue promover una educación mixta, laica, obligatoria y gratuita, considerando que el Estado debía ser el garante del derecho a la educación para todos. Se intentó acabar con la hegemonía de la enseñanza religiosa, impulsando la creación de miles de escuelas públicas y la contratación de maestros. Era necesario mejorar el nivel cultural de la población y hacer de la cultura un derecho accesible, lo que se intentó a través de iniciativas como las Misiones Pedagógicas.

La Oposición a las Reformas y la Conflictividad Social

El ambicioso programa reformista del gobierno republicano-socialista del primer bienio amenazaba, o directamente dañaba, los intereses de amplios e influyentes grupos sociales: la Iglesia Católica, sectores conservadores del ejército, la patronal industrial y, muy especialmente, los grandes propietarios agrarios (latifundistas). Los intereses de estos sectores propiciaron la reorganización de las derechas monárquicas (como Renovación Española) y la aparición o consolidación de organizaciones políticas y paramilitares de carácter conservador, autoritario o abiertamente fascista (como la CEDA, las JONS o Falange Española).

Paralelamente, el descontento se extendió entre sectores de la clase obrera y el campesinado sin tierras, decepcionados por la lentitud y el alcance, a su juicio insuficiente, de las reformas prometidas. Estos sectores, especialmente los vinculados al anarcosindicalismo, protagonizaron una fuerte oleada de conflictividad social, huelgas e insurrecciones violentas.

Los anarquistas (agrupados en la CNT y la más radical FAI) se dividieron entre un sector más moderado (treintistas), dispuesto a dar un margen a la República, y otro radical, partidario de la acción directa y la revolución social inmediata. Este último sector fomentó las huelgas generales, la insurrección campesina con ocupación de tierras y la creación de comunas libertarias en algunas localidades. La UGT, el sindicato socialista, también experimentó un proceso de radicalización, especialmente en su federación agraria (FNTT).

Fueron constantes las revueltas sociales (Arnedo, Castilblanco, Casas Viejas) que a menudo terminaban con una fuerte y, en ocasiones, trágica represión por parte de las fuerzas de orden público, lo que erosionaba la imagen del gobierno.

Los socialistas, especialmente su ala más izquierdista liderada por Largo Caballero, se distanciaban progresivamente de la colaboración gubernamental con los republicanos y alentaban las movilizaciones obreras y campesinas. El gobierno republicano-socialista sufrió un fuerte desgaste debido a la crisis económica mundial, la creciente conflictividad social y la dura oposición de las derechas y los sectores afectados por las reformas. Finalmente, Azaña dimitió en septiembre de 1933 y el Presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, convocó elecciones generales para noviembre de 1933, que marcarían el fin del Bienio Reformista.