El Radicalismo en el Gobierno:
Luego del Orden Conservador, las ciudades habían crecido y en ellas se concentraron las nuevas masas de trabajadores urbanos, que tuvieron un rol protagónico en el nuevo escenario social, político y cultural. La necesidad de reformas que se adecuaron a esa nueva realidad se hizo evidente por lo cual la dirigencia intentó llevarlas a cabo ensayando distintos proyectos: así, la «Ley Sáenz Peña» abrió las puertas al triunfo del radicalismo en 1916. La noción de radicalismo se encuentra intrínsecamente asociada a la Unión Cívica Radical, partido fundado en 1891, cuyos postulados fundamentales eran la apertura política, el fin del fraude y la proscripción a nivel electoral y la ampliación de derechos a favor de las capas medias y bajas de la sociedad y a los inmigrantes y sus descendientes. A tal fin, emprendió tres revoluciones: la de 1890, la de 1893 y la de 1905, las cuales, si bien no tuvieron éxito militar, lograron que los respectivos gobiernos conservadores hicieran concesiones a su favor. Finalmente, con la sanción de la Ley Sáenz Peña, el radicalismo pudo llegar por primera vez al poder en 1916, bajo la figura de Hipólito Yrigoyen.
Al llegar el radicalismo al poder, éste presentó más que un programa de gobierno, una declaración de principios; la causa contra el régimen, la reparación histórica, la recuperación de la ética, el respeto al federalismo. Entre los puntos de la doctrina radical se encontraba el concepto de «la causa contra el régimen». «La causa» era la causa radical, y sus ideales eran el honor del país, la pureza del sufragio, la reorganización del país, la democracia y el respeto a la constitución y las leyes. «El régimen» era el gobierno del PAN; contra este régimen (un régimen corrupto e injusto) llega «la causa» (la UCR) que viene a sanear los daños hechos por el gobierno del PAN. Otro punto de la doctrina radical era «La reparación histórica» que predicaba que el gobierno radical no venía a vengar los daños hechos por el gobierno del PAN sino a repararlos. Sin embargo, el radicalismo propuso cosas muy vagas, ideales muy altos y difíciles de alcanzar, realizando pocas acciones concretas. Las Protestas Obreras:
Uno de los objetivos más importantes de la reforma electoral de 1912 había sido incorporar a los obreros al sistema político y debilitar la fuerza de las organizaciones que proponían medidas de acción directa para obtener mejoras en sus condiciones de trabajo y de vida. Pero la consolidación de la participación política de los obreros dependía del nivel de satisfacción que los gobiernos daban a sus reclamos. Sin embargo, como el funcionamiento de la economía primaria exportadora estaba basado en el mantenimiento del bajo costo de la mano de obra, los grupos sociales que controlaban el sector exportador no estuvieron dispuestos a otorgar aumentos de salarios. Después de 1914, el enfrentamiento entre los obreros y los capitalistas se agravó porque la situación económica de los obreros urbanos se deterioraba notablemente, primero por la desocupación y luego por la inflación. Entre 1917 y 1919 el número de huelgas y de obreros que participaban en ellas fueron mayores que en los máximos alcanzados en 1907 y 1910. Ante esta situación, el gobierno radical se enfrentó nuevamente con una contradicción entre sus objetivos. Debía proteger los intereses de los sectores propietarios y, al mismo tiempo, debía tomar medidas que aseguraran el voto de los obreros al partido radical. El gobierno advertía con preocupación que los obreros nativos votaban mayoritariamente al Partido Socialista, con el riesgo de que otorgaran el control de la ciudad de Buenos Aires. Por estas razones, en política laboral los radicales se propusieron la «armonía entre las clases». Para lograrla, el gobierno sostuvo que el Estado cumplía una función esencial como árbitro de los conflictos entre los obreros y los patrones. Pero, en general, el contacto entre el gobierno y los obreros tuvo lugar sólo durante las huelgas. Durante esos años, en el movimiento obrero comenzaba a consolidarse la tendencia sindical, y para los sindicalistas el primer objetivo de la lucha, mediante la huelga, era el aumento de salarios, antes que las mejoras sociales obtenidas a través de leyes reclamadas por los socialistas. El gobierno radical, que no tenía mayoría en el Congreso, consideró a los sindicatos como representantes de los obreros y en varias ocasiones intervino en las negociaciones con los patrones a favor de los trabajadores. En otras oportunidades, la policía o las tropas del ejército actuaron en favor o en contra de los huelguistas.
La decisión dependía de qué sector de los obreros era el que estaba en conflicto, en general, el gobierno apoyó a los huelguistas cuando el conflicto afectaba a actividades económicas desarrolladas por el capital extranjero y, fundamentalmente, la decisión se basaba en las necesidades electorales del momento. Sin embargo, en algunos casos fueron decisivas las presiones de los grupos patronales, nucleados en la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y el gobierno se decidió por la represión. El Golpe Militar de 1930:
Ocurrió el 6 de septiembre de 1930, fue liderado por el General José Félix Uriburu y derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen de la Unión Cívica Radical, quien había sido elegido democráticamente para ejercer su segundo mandato en 1928. Paradójicamente el general Uriburu había sido uno de los organizadores de la Revolución de 1890, un levantamiento cívico-militar que dio origen a la Unión Cívica Radical.
Luego del Orden Conservador, las ciudades habían crecido y en ellas se concentraron las nuevas masas de trabajadores urbanos, que tuvieron un rol protagónico en el nuevo escenario social, político y cultural. La necesidad de reformas que se adecuaron a esa nueva realidad se hizo evidente por lo cual la dirigencia intentó llevarlas a cabo ensayando distintos proyectos: así, la «Ley Sáenz Peña» abrió las puertas al triunfo del radicalismo en 1916. La noción de radicalismo se encuentra intrínsecamente asociada a la Unión Cívica Radical, partido fundado en 1891, cuyos postulados fundamentales eran la apertura política, el fin del fraude y la proscripción a nivel electoral y la ampliación de derechos a favor de las capas medias y bajas de la sociedad y a los inmigrantes y sus descendientes. A tal fin, emprendió tres revoluciones: la de 1890, la de 1893 y la de 1905, las cuales, si bien no tuvieron éxito militar, lograron que los respectivos gobiernos conservadores hicieran concesiones a su favor. Finalmente, con la sanción de la Ley Sáenz Peña, el radicalismo pudo llegar por primera vez al poder en 1916, bajo la figura de Hipólito Yrigoyen.
Al llegar el radicalismo al poder, éste presentó más que un programa de gobierno, una declaración de principios; la causa contra el régimen, la reparación histórica, la recuperación de la ética, el respeto al federalismo. Entre los puntos de la doctrina radical se encontraba el concepto de «la causa contra el régimen». «La causa» era la causa radical, y sus ideales eran el honor del país, la pureza del sufragio, la reorganización del país, la democracia y el respeto a la constitución y las leyes. «El régimen» era el gobierno del PAN; contra este régimen (un régimen corrupto e injusto) llega «la causa» (la UCR) que viene a sanear los daños hechos por el gobierno del PAN. Otro punto de la doctrina radical era «La reparación histórica» que predicaba que el gobierno radical no venía a vengar los daños hechos por el gobierno del PAN sino a repararlos. Sin embargo, el radicalismo propuso cosas muy vagas, ideales muy altos y difíciles de alcanzar, realizando pocas acciones concretas. Las Protestas Obreras:
Uno de los objetivos más importantes de la reforma electoral de 1912 había sido incorporar a los obreros al sistema político y debilitar la fuerza de las organizaciones que proponían medidas de acción directa para obtener mejoras en sus condiciones de trabajo y de vida. Pero la consolidación de la participación política de los obreros dependía del nivel de satisfacción que los gobiernos daban a sus reclamos. Sin embargo, como el funcionamiento de la economía primaria exportadora estaba basado en el mantenimiento del bajo costo de la mano de obra, los grupos sociales que controlaban el sector exportador no estuvieron dispuestos a otorgar aumentos de salarios. Después de 1914, el enfrentamiento entre los obreros y los capitalistas se agravó porque la situación económica de los obreros urbanos se deterioraba notablemente, primero por la desocupación y luego por la inflación. Entre 1917 y 1919 el número de huelgas y de obreros que participaban en ellas fueron mayores que en los máximos alcanzados en 1907 y 1910. Ante esta situación, el gobierno radical se enfrentó nuevamente con una contradicción entre sus objetivos. Debía proteger los intereses de los sectores propietarios y, al mismo tiempo, debía tomar medidas que aseguraran el voto de los obreros al partido radical. El gobierno advertía con preocupación que los obreros nativos votaban mayoritariamente al Partido Socialista, con el riesgo de que otorgaran el control de la ciudad de Buenos Aires. Por estas razones, en política laboral los radicales se propusieron la «armonía entre las clases». Para lograrla, el gobierno sostuvo que el Estado cumplía una función esencial como árbitro de los conflictos entre los obreros y los patrones. Pero, en general, el contacto entre el gobierno y los obreros tuvo lugar sólo durante las huelgas. Durante esos años, en el movimiento obrero comenzaba a consolidarse la tendencia sindical, y para los sindicalistas el primer objetivo de la lucha, mediante la huelga, era el aumento de salarios, antes que las mejoras sociales obtenidas a través de leyes reclamadas por los socialistas. El gobierno radical, que no tenía mayoría en el Congreso, consideró a los sindicatos como representantes de los obreros y en varias ocasiones intervino en las negociaciones con los patrones a favor de los trabajadores. En otras oportunidades, la policía o las tropas del ejército actuaron en favor o en contra de los huelguistas.
La decisión dependía de qué sector de los obreros era el que estaba en conflicto, en general, el gobierno apoyó a los huelguistas cuando el conflicto afectaba a actividades económicas desarrolladas por el capital extranjero y, fundamentalmente, la decisión se basaba en las necesidades electorales del momento. Sin embargo, en algunos casos fueron decisivas las presiones de los grupos patronales, nucleados en la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y el gobierno se decidió por la represión. El Golpe Militar de 1930:
Ocurrió el 6 de septiembre de 1930, fue liderado por el General José Félix Uriburu y derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen de la Unión Cívica Radical, quien había sido elegido democráticamente para ejercer su segundo mandato en 1928. Paradójicamente el general Uriburu había sido uno de los organizadores de la Revolución de 1890, un levantamiento cívico-militar que dio origen a la Unión Cívica Radical.