5.1. La crisis de 1808. La Guerra de la Independencia: antecedentes y causas. Bandos en conflicto y fases de la guerra.

Carlos IV apartó del gobierno a los ministros ilustrados y confió el poder a Manuel Godoy, de origen relativamente humilde.

La ejecución en Francia del monarca Luis XVI alarmó a las monarquías absolutas europeas, y Carlos IV, en coalición con ellas, declaró la guerra a Francia. La derrota española en esta guerra subordinó a España a los intereses franceses, sobre todo desde el ascenso de Napoleón Bonaparte. Las alianzas con Francia (que pretendían evitar el enfrentamiento con Napoleón) llevaron a un conflicto con Gran Bretaña, celosa de su dominio marítimo. En la batalla de Trafalgar España sufre una estrepitosa derrota, y Carlos IV pierde casi toda su flota. Esto agravó la crisis de la Hacienda real, ya bastante profunda debido a la reducción del comercio colonial. Las medidas de Godoy (endeudamiento e intento de desamortización de los bienes de la Iglesia) fueron ineficaces y crearon una amplia oposición por parte de nobleza e Iglesia. Además, su poder aumentó el rechazo del príncipe Fernando, que veía en él a un rival. Por otro lado, los impuestos sobre el campesinado, las crisis y epidemias provocaron el rechazo hacia Godoy también entre los no privilegiados.

La situación se agravó cuando Godoy firmó con Napoleón el Tratado de Fontainebleau, que autorizaba a los ejércitos napoleónicos a entrar en España para invadir Portugal. La presencia de las tropas francesas, que se situaron en puntos estratégicos, agravó la irritación popular. Finalmente, en Marzo de 1808 estalló un motín en Aranjuez, con participación popular y dirigido por la nobleza palaciega y el clero, que perseguía la destitución de Godoy y la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando.

Carlos IV pide ayuda a Napoleón, quien convoca a ambos en Bayona, donde consigue que abdiquen en su persona, para luego nombrar a su hermano José rey de España. José I inició una experiencia reformista que pretendía acabar con el Antiguo Régimen (abolición del régimen señorial, desamortización de las tierras de la Iglesia…) pero para una gran parte de la población española, su gobierno era ilegítimo.

El descontento cristaliza el 2 de Mayo de 1808, cuando el resto de la familia real se preparaba para partir a Bayona. La población, considerando que Napoleón había secuestrado a Fernando VII, se congregó ante el palacio, y se alzó de forma espontánea para impedir la partida de la familia real. La revuelta fue duramente reprimida, pero su ejemplo cundíó en todo el país y se inició un movimiento de resistencia popular. Pronto surgieron Juntas, primero locales y más tarde provinciales, dirigidas por militares, clérigos y nobles partidarios de Fernando VII, que pretendían canalizar la agitación popular. Las Juntas asumen la soberanía en ausencia del rey, declaran la guerra a Napoleón y buscan el apoyo de Gran Bretaña. Las Juntas serán coordinadas por una Junta Suprema Central, en la que participan famosos ilustrados españoles como Jovellanos o Floridablanca. La Junta Suprema Central se establece en Cádiz, la única ciudad que, con ayuda británica, resistía a los franceses.

Las tropas francesas sitiaron ciudades importantes (Zaragoza), las cuales resistieron el asedio durante meses. La victoria española en Bailén forzó a Napoleón a desplazarse a España con un fuerte contingente militar. Pronto su avance se hizo imparable, con lo que el ejército español se vio incapaz de oponer resistencia abierta. Por eso se adopta la táctica de guerrillas, pequeños grupos locales formados por labradores, artesanos, estudiantes, abogados… y dirigidos por militares y clérigos. Las guerrillas hostigaban al enemigo por sorpresa: destruyen instalaciones, asaltan convoyes, atacan puntos estratégicos…

En 1812, Napoleón inicia su campaña en Rusia, por lo que retira tropas de España. Además, las tropas españolas reciben ayuda del ejército británico, al mando del general Wellington, consiguiendo la victoria en la batalla de Los Arapiles. Incapaz de mantener abiertos los dos frentes, Napoleón firma el Tratado de Valençay y permite la vuelta de Fernando VII.

La invasión francesa obligó a las diferentes corrientes ideológicas a tomar partido. Una minoría de españoles, los “afrancesados” (intelectuales, funcionarios, algunos nobles…), procedentes del despotismo ilustrado, vieron en la monarquía de José I la oportunidad de modernizar España sin riesgo revolucionario.

La mayoría de la población española formó el llamado “frente patriótico”, oponiéndose a la invasión. Este bando agrupaba posturas muy diferentes: desde el clero y la nobleza absolutistas que defendían la tradición y rechazaban el cambio social, hasta los liberales, sobre todo burgueses, que veían en la guerra la oportunidad de un cambio para implantar una política constitucional, pasando por algunos ilustrados que buscaban algunas reformas sin salir de los cauces del Antiguo Régimen.

La mayoría de la población adoptaría posiciones revolucionarias.

5.2. Las Cortes de Cádiz. La Constitución de 1812

La Junta Suprema Central se disuelve en 1810, tras iniciar una convocatoria de Cortes para que los representantes de la nacíón decidieran su organización. Enseguida fue

evidente que la idea predominante era de corte liberal:
La mayoría de la población consideraba desastroso el gobierno absolutista de Carlos IV.

El proceso de elección de los diputados y su reuníón en Cádiz fueron difíciles por el estado de guerra, y en muchos casos hubo que elegir sustitutos entre los presentes en Cádiz. El ambiente liberal de la ciudad influyó, por tanto, en las ideas de los representantes en Cortes. Entre los diputados existían, como en el resto de la sociedad, varias posturas: un grupo pretendía que no se modificase nada del sistema absolutista; otros, como Jovellanos, pretendían un régimen intermedio entre el viejo absolutismo y el modelo constitucional; y por último los liberales, cuya posición fue la que triunfó, propónían una cámara única que asumiera la soberanía nacional y elaborara una constitución que debía recoger las novedades aportadas por la Revolución Francesa. Se establecíó un sistema unicameral y se aprobó el principio de soberanía nacional, es decir, el reconocimiento de que el poder reside en el conjunto de ciudadanos, representados en las Cortes.

La Constitución se promulgó el 19 de Marzo de 1812, por lo que se la conocíó popularmente como “la Pepa”. Su tramitación se encontró con muchos problemas debido a la guerra y a las diferencias entre absolutistas y liberales. El sujeto de la soberanía era la nacíón, rechazando así el derecho divino. Existía una división de poderes: legislativo, en manos de las Cortes, representantes de la voluntad nacional y con amplios poderes (elaboración de leyes, aprobación de presupuestos y tratados internacionales…). El mandato de los diputados duraba dos años. El poder ejecutivo lo tenía el rey, que poseía la dirección del gobierno y un veto sobre las leyes durante dos años. Sus decisiones debían ratificarlas los ministros, que estaban sometidos a responsabilidad penal. El poder judicial era competencia de los tribunales, y se establecen códigos únicos, la inamovilidad de los jueces, garantías de los procesos…

El sufragio era universal masculino.

La Constitución conténía una declaración de derechos del ciudadano: libertad de pensamiento y de opinión, igualdad ante la ley, derecho de propiedad… Se reconocen los derechos legítimos de todos los ciudadanos de la nacíón, y se define nacíón como “el conjunto de ciudadanos de ambos hemisferios”, con lo que se incluye también a las colonias americanas.

Otros artículos de la Constitución plantean la reforma de los impuestos y la Hacienda, la creación de un ejército, el servicio militar obligatorio, la implantación de una enseñanza primaria pública y obligatoria… El territorio queda dividido en provincias. Asimismo, se afirma la confesionalidad católica del Estado.

Además de la Constitución, las Cortes de Cádiz aprobaron una serie de leyes destinadas a eliminar el Antiguo Régimen: se suprimen los señoríos jurisdiccionales, distinguíéndolos de los territoriales, que pasaron a ser propiedad privada de los señores. Así, los antiguos señores, y no los campesinos, se convertían en propietarios de las tierras. También se eliminan los mayorazgos y se desamortizan tierras comunales.

Queda abolida la Inquisición, ante la oposición del clero y los absolutistas, y aunque se decreta la libertad de imprenta, los aspectos religiosos siguen controlados por unas juntas de censura.

Se anulan los gremios, intentando así la modernización económica de España.

Toda esta legislación no llegó a tener una incidencia práctica. La guerra impidió muchas veces su aplicación, y tras ella la vuelta de Fernando VII frustró la experiencia liberal y trajo de vuelta el absolutismo.

5.3. El reinado de Fernando VII: Liberalismo frente a Absolutismo. El proceso de independencia de las colonias americanas.

A la vuelta de Fernando VII a España, la nobleza y el clero absolutistas ven la oportunidad de deshacer la obra de Cádiz y volver al Antiguo Régimen. Se organizaron rápidamente y, mediante el Manifiesto de los Persas, muestran su apoyo al monarca,

quien, seguro de la debilidad de los liberales, anula la Constitución y las leyes de Cádiz y vuelve al absolutismo. Los principales dirigentes liberales son detenidos, ejecutados o huyen al exilio. Se vuelve así al Antiguo Régimen, en un contexto internacional de restablecimiento del viejo orden en Europa, mediante el Congreso de Viena y la creación de la Santa Alianza.

Fernando VII se encuentra muchas dificultades: un país destrozado por la guerra, con una agricultura desecha, el comercio paralizado, finanzas en bancarrota y las colonias luchando por su independencia, además de graves pérdidas humanas y el cambio de mentalidad de muchos grupos sociales: el campesinado, que no quería volver a pagar las rentas señoriales, la burguésía, que había empezado a desarrollarse con el fin de los gremios… Además, la integración en el ejército de los jefes de la guerrilla originó en el mismo un sector liberal, que protagonizaría numerosos pronunciamientos. La represión fue la única respuesta de la monarquía a las demandas políticas y sociales.

En 1820, el coronel Riego, al frente de una compañía de soldados acantonados en Cabezas de San Juan (Sevilla), se subleva y recorre Andalucía proclamando la Constitución de 1812. Fernando VII se ve obligado a aceptarla, e inmediatamente se formó un nuevo gobierno y se convocaron elecciones a Cortes. Los resultados dieron la mayoría a los diputados liberales, que iniciaron su obra legislativa: se restauran gran parte de las reformas de Cádiz, como la libertad de industria, la abolición de los gremios, la supresión de los señoríos jurisdiccionales y los mayorazgos… Todas estas reformas suscitaron la oposición de la monarquía: Fernando VII recurríó al derecho a veto que le otorgaba la Constitución para paralizar las leyes, y conspiró buscando el apoyo de las potencias absolutistas.

Los campesinos también estaban descontentos: al abolirse los señoríos jurisdiccionales, ellos no fueron los nuevos propietarios de la tierra, sino arrendatarios, y además no vieron una mejora sustancial en los impuestos. Así, los campesinos, más pobres e indefensos, se sumaron a la agitación antiliberal.

La nobleza tradicional y la Iglesia impulsaron la revuelta y formaron partidos absolutistas.

Por último, también existían divisiones entre los propios liberales, divididos en dos tendencias: los moderados, más conservadores, y los exaltados, que planteaban la necesidad de reformas más radicales.

En 1823, finalmente la Santa Alianza, ante las peticiones de Fernando VII, envía a los Cien Mil Hijos de San Luis, que irrumpen en territorio español y restauran la monarquía absoluta.

Alarmadas por la agitación en España, las potencias restauradoras aconsejan algunas reformas moderadas y una amnistía, pero el rey no aceptó e inició una feroz represión contra los liberales, muchos de los cuales marcharon al exilio. El ejemplo de Mariana Pineda fue emblemático en el marco de la represión fernandina.

Otro gran problema de la monarquía fue el económico. La pérdida definitiva de las colonias lo agravaba, pero Fernando VII no podía tocar los privilegios fiscales de nobleza y clero. Finalmente buscó la colaboración del sector moderado e incluso nombró a uno de ellos ministro de Hacienda (López Ballesteros). Esto aumentó la desconfianza de los sectores absolutistas, que se empezaron a agrupar en torno al heredero de Fernando VII, Carlos Mª Isidro. Sin embargo, el nacimiento de una hija del rey, Isabel, daría lugar a un grave conflicto dinástico; la Ley Sálica impedía el acceso al trono de las mujeres, pero Fernando VII la derogó mediante la Pragmática Sanción. El sector ultraconservador presiónó fuertemente en contra de esta medida, e incluso consiguió que el rey se volviera atrás aprovechando una enfermedad. En torno a don Carlos se agrupaba el sector partidario del Antiguo Régimen, por lo que Mª Cristina buscó apoyo para su hija entre los liberales

En 1833 muere Fernando VII, reafirmando en su testamento a su hija Isabel, de tres años, y nombrando regente a Mª Cristina. El mismo día, don Carlos se proclamó rey, iniciándose un levantamiento absolutista en el norte de España. Comenzaba así la primera guerra carlista.

En cuanto a las colonias, a lo largo del Siglo XVIII los Borbones les habían dado un período de gran prosperidad. Por ello surgirá un grupo burgués criollo, de raza blanca pero nacido en América. Será este grupo el que fragüe los primeros proyectos de independencia, motivados por la discriminación de los criollos en los cargos coloniales, los fuertes impuestos, el monopolio comercial español y el ejemplo de la independencia de Estados Unidos.

Durante la Guerra de la Independencia, también en América se crean Juntas, como en la península, pero no reconocen la autoridad de la Junta Suprema Central. Los principales focos secesionistas fueron el virreinato del Río de la Plata, con José San Martín a la cabeza, y el de Nueva Granada, a cuyo frente estaba Simón Bolívar. En México se dan también levantamientos, dirigidos por Miguel Hidalgo y José Mª Morelos. Las cortes de Cádiz reconocieron los derechos de los criollos, pero la llegada de Fernando VII recrudecíó los ánimos, ya que envió un ejército para pacificar las colonias. Aún así, no consiguió evitar la independencia de Paraguay y Argentina. En los años siguientes, la total intransigencia del monarca hizo crecer aún más el movimiento libertador: Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador… se fueron independizando, hasta que Cuba y Puerto Rico, además de las Filipinas, fueron las únicas colonias que permanecieron bajo el control de España.

6.1. El reinado de Isabel II (1833-1868): la primera guerra carlista. Evolución política, partidos y conflictos. El Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845.

-La cuestión dinástica y la guerra carlista.

En el pretendiente al trono Carlos Mª Isidro se aglutinaba la defensa del absolutismo. A la muerte de Fernando VII, se inicia una larga Guerra Civil que enfrenta a liberales y a defensores del Antiguo Régimen:

-El carlismo era una ideología antiliberal y tradicionalista. Agrupa a los defensores de la monarquía absoluta y defiende la preeminencia social de la Iglesia y el mantenimiento de un sistema foral. Es apoyado por la pequeña nobleza agraria, campesinos del noreste peninsular y ciertos sectores tradicionales de la Iglesia. Su lema es “Dios, Patria y Rey”.

-La causa isabelina contó con el apoyo de la alta nobleza y los funcionarios, así como de un sector de la Iglesia. Además, la regente Mª Cristina se vio obligada a buscar el apoyo de los liberales. Así, defienden la causa isabelina la burguésía y los sectores populares.

Los carlistas organizan sus efectivos militares en grupos que actuaban siguiendo el método de guerrillas. El foco más importante de actuación de las partidas carlistas fueron las regiones montañosas de Navarra y el País Vasco. También se extendieron por el norte de Castellón, el Bajo Aragón y el Pirineo. Reciben el apoyo de potencias absolutistas como Austria, Prusia y Rusia, mientras que Isabel II fue apoyada por países interesados en la implantación de un liberalismo moderado en España: Francia, Gran Bretaña y Portugal.

Los inicios de la guerra fueron favorables a los carlistas, sobre todo en el norte, donde el general Zumalacárregui pone sitio a Bilbao, donde moriría. Pero después el general isabelino Espartero derrota a los carlistas y levanta el sitio de Bilbao.

Los carlistas intentaron varias expediciones al sur, intentando, sin éxito, tomar Madrid.

Dentro del propio bando carlista, además, habían comenzado las divisiones, entre los “transaccionistas”, partidarios de llegar a un acuerdo con los liberales, y los “intransigentes”, defensores de continuar la guerra. El jefe de los transaccionistas, el general Maroto, acordó por su cuenta la firma del Convenio de Vergara con el general Espartero: a cambio de entregar las armas y reconocer a Isabel como reina, los carlistas no sufrirían represalias e incluso continúan en el Ejército. La guerra continuó en el Maestrazgo, donde las partidas del general Cabrera (“el tigre del Maestrazgo”) no fueron derrotadas hasta 1840.

-Las regencias: Mª Cristina y Espartero (1833-43)

Al comenzar la regencia de Mª Cristina, el nuevo gobierno comenzó siendo absolutista, aunque proponiendo ciertas tímidas reformas, ante la extensión de la insurrección carlista y la falta de apoyos sólidos. Es por ello que se busca la adhesión de los liberales escogiendo como jefe de gobierno a Martínez de la Rosa, liberal moderado, que promulga el Estatuto Real de 1834. No se trata de una Constitución, sino que es más parecido a una carta otorgada, ya que no reconocía la soberanía nacional. El sufragio es censitario y extraordinariamente limitado. Para los liberales más radicales, este Estatuto Real era demasiado moderado. Aunque la Corona apoyaba a los moderados, la presión de los progresistas, el temor ante el avance de los carlistas y la necesidad de apoyos forzaron a la regente a iniciar un proceso de reformas liberales. De este modo, llama como Ministro de Hacienda a Mendizábal. Este inicia una serie de reformas destinadas a conseguir recursos financieros para hacer frente al carlismo, sanear la Hacienda y modernizar la agricultura del país: disolución del régimen señorial, abolición del mayorazgo y de las tierras de propiedad colectiva, y la desamortización de los bienes de la Iglesia. Estas medidas provocaron el descontento de los privilegiados y, sobre todo, del clero, que presiónó a Mª Cristina para que destituyera a Mendizábal y paralizase el proceso.

Aunque la regente impone un nuevo gobierno moderado, este dura poco: los progresistas protagonizan un levantamiento en 1836, y obligan a Mª Cristina a aceptar la Constitución de 1812, que será “adaptada” para crear un nuevo documento más acorde a los tiempos. Losprogresistas competan el proceso de desamortización, desvinculación de la tierra, abolición del diezmo y la extinción de los gremios que aún limitaban la industria y el comercio. Este proceso culmina con la promulgación de la Constitución de 1837: reconocía la soberanía nacional, una amplia declaración de derechos (libertad de prensa, de opinión, de asociación…), la división de poderes y la aconfesionalidad del Estado. Sin embargo, intenta conciliar al sector moderado y al progresista, por lo que deja al margen algunas cuestiones que se regularían después por leyes orgánicas, como el tipo de sufragio. Además, se reconoce el papel moderador de la Corona, que tiene derecho a vetar leyes, disolver el parlamento, nombrar y destituir ministros… Para contentar a la Iglesia y compensarla por la pérdida del diezmo, se establece la financiación de culto y clero.

Se convocan elecciones, y, por la nueva ley electoral, el sufragio será censitario y muy restringido, aunque no tanto como en el anterior Estatuto Real. Los vencedores de las elecciones serán los moderados, que inician un proceso de restricción de los elementos más progresistas de la legislación del 37, sin salirse del marco constitucional: restricción del sufragio, limitación de la liberta de imprenta… Cuando, en 1840, pretenden aprobar una Ley de Ayuntamientos que permitía a la Corona nombrar directamente a los alcaldes de las capitales de provincias, estalla una insurrección progresista, que culmina con la dimisión de Mª Cristina como regente y el nombramiento en su lugar del general Espartero, que gozaba de un gran prestigio popular gracias a sus victorias contra los carlistas.

Durante su regencia (1840-1843), Espartero actuó con un marcado autoritarismo: fue incapaz de colaborar con las Cortes, y fue aislándose cada vez más del entorno progresista, perdiendo la popularidad que lo había llevado al poder.

El período de regencia de Espartero siguió a grandes rasgos la línea progresista de desmantelamiento del régimen señorial y desamortización eclesiástica, pero cada vez había más divisiones entre los progresistas y la presión de los moderados, incitada desde el exilio por Mª Cristina, junto con el autoritarismo del regente, desgastaban el régimen cada vez más.

La chispa que provocó un amplio movimiento en contra del general fue la adopción de medidas librecambistas en el año 1842, que abrían las puertas a los tejidos británicos y perjudicaban la naciente industria catalana. En respuesta a esto, en Barcelona se produjo un fuerte levantamiento, al que Espartero respondíó bombardeando la ciudad. Estos hechos hicieron que el regente perdiera el apoyo de sus antiguos partidarios liberales. Las conspiraciones moderadas, protagonizadas por los generales Narváez y O’Donnell, provocaron finalmente su dimisión.

Las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II, que fue proclamada reina con trece años.

-El reinado efectivo (1843-68)

Las elecciones de 1844 dieron la mayoría a los moderados, presididos por el general Narváez, que impulsó una política basada en el liberalismo moderado. Este debía sustentarse en el predominio del orden y la autoridad, con férreas medidas represivas contra los progresistas, muchos de los cuales optan por exiliarse.

En 1845 se aprueba una nueva Constitución, que recoge las ideas básicas del moderantismo: soberanía compartida entre el rey y las Cortes, restricción electoral (sufragio censitario muy restringido), y la concesión de amplias atribuciones a la Corona (nombrar ministros, disolver y convocar Cortes y vetar sus decisiones, asignar a miembros del Senado…). Además, se recortan las libertades, como la de expresión y la de reuníón. La Constitución es marcadamente católica. Se firma un Concordato con la Iglesia y el Estado se compromete al mantenimiento de culto y clero. Así, Isabel II se aseguraba el apoyo de la jerarquía eclesiástica.

Además, el gobierno emprende una reforma fiscal, centralizando los impuestos. Se aprueba un Código Penal, se crea la Guardia Civil para garantizar el orden en el medio rural, se reforma la educación, se reordena la administración territorial…

Los gobiernos moderados no consiguen dar estabilidad política al Estado: actuaron de forma arbitraria y excluyente, manipulando las elecciones. La vida política se desarrollaba en torno a las “camarillas” que buscaban el favor real o gubernamental, al margen de la vida parlamentaria.

A partir del gobierno de Bravo Murillo (1852) el autoritarismo se agudiza. Fue su proyecto de reformar la Constitución para fortalecer el poder ejecutivo frente el del parlamento, lo que encendíó el descontento de los progresistas, así como de algunos moderados y amplias capas de la sociedad, que se veían marginados de la vida política. De este modo, una nueva revolución en 1854 permite que los progresistas regresen al poder.

El levantamiento tiene lugar en Vicálvaro en 1854 (“la Vicalvarada”), y a su frente se coloca el general O’Donnell, un moderado descontento que funda un nuevo partido, la Uníón Liberal, que pretendía ser una opción de centro entre moderados y progresistas. Al pronunciamiento pronto se unen también grupos progresistas, jefes militares y grupos de civiles, que protagonizan levantamientos en diversas ciudades.

La presidencia recae en Espartero, que pacta con O’Donnell, y se convocan elecciones según la legislación de 1837, que presentaba un censo electoral más amplio. Se prepara una nueva Constitución, la de 1856, de carácter progresista, que no llegaría a ser promulgada (llamada “non nata”).

Se lleva a cabo un ambicioso plan de reformas económicas, comenzando por una nueva desamortización, la de Madoz, más amplia que la de Mendizábal. Con ello se pretendía conseguir recursos para la modernización económica de España, y sobre todo para invertir en la red de ferrocarriles, considerada clave para la industrialización del país.

Las medidas reformistas no subsanan la crisis, y se generó un clima de conflictividad social: huelgas obreras, revueltas por los impuestos y las quintas, levantamientos campesinos… Además, había discrepancias dentro de la coalición gubernamental entre los más moderados, que acabarían en la Uníón Liberal, y los más radicales, que lo harían en el Partido Demócrata. Espartero dimitíó y la reina confió el gobierno a O’Donnell, que ayudó así a derribar el gobierno que él mismo había colocado en el poder dos años antes.

El nuevo gobierno de O’Donnell busca el equilibrio entre elementos moderados y algunas propuestas progresistas: limitación de los poderes de la Corona, aceptación de la desamortización civil… todo ello restableciendo la Constitución de 1845. Este es un período de estabilidad política, con intervención de los moderados, la Uníón Liberal y los progresistas, quedando al margen los carlistas y demócratas.

En 1863 sube al poder Narváez, al frente de los moderados, y la estabilidad de años anteriores comienza a desmoronarse. Se impone de nuevo la forma autoritaria de gobierno, al margen de las Cortes y de otros grupos políticos. Los progresistas, además, cada vez estaban más cerca de los demócratas, y ante su marginación política, pasaron de nuevo a la insurrección con su apoyo.

En 1866 se produce la insurrección de los sargentos del cuartel de San Gil, con la adhesión de progresistas y demócratas y un levantamiento popular en Madrid. La insurrección acabó siendo reprimida, los cabecillas fusilados o encarcelados. Los unionistas se pusieron en contra del gobierno, acercándose a los progresistas.

La situación del gobierno empeoró con una crisis de subsistencias, que aumentó los precios y el descontento popular. La población veía la necesidad de un nuevo levantamiento que cambiaría por completo la situación.

6.2. El reinado de Isabel II (1833-1868): las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. De la sociedad estamental a sociedad de clases.

Los intentos de dar productividad a las tierras de “manos muertas” en España ya se inician con Godoy. También José I y las Cortes de Cádiz hacen un intento de desamortizar tierras, así como el gobierno del Trienio Liberal, pero las desamortizaciones más importantes serán las de Mendizábal y Madoz. La desamortización de Mendizábal fue también denominada eclesiástica, debido al importante volumen de bienes pertenecientes a la Iglesia a los que afectó. Con el objeto de poder financiar la guerra carlista, así como para respaldar las futuras peticiones de préstamos a instituciones extranjeras con las que financiar los proyectos de desarrollo liberales, era necesario disminuir la deuda pública existente. Estos fueron motivos suficientes que permitieron legitimar la publicación del Decreto desamortizador de 1836 impulsado por Mendizábal, a través del que se ponían en venta todos los bienes del clero regular. Al año siguiente, otra ley amplió los bienes afectados a los del clero secular. Como consecuencia de la desamortización se desarrolló en España una nueva clase propietaria, una burguésía agraria que identificaría sus intereses con el mantenimiento y la estabilidad del nuevo régimen liberal. Por otra parte, la desamortización trajo consigo la ruptura de las relaciones diplomáticas con Roma. Como consecuencia del gran tamaño de los lotes sacados a subasta sólo los más pudientes pudieron participar en las compras. El campesinado no pudo obtener tierras.

Con la desamortización de Madoz, en 1855, se pusieron en venta los bienes eclesiásticos que no habían sido afectados en la etapa desamortizadora anterior, así como los bienes de los pueblos, los denominados bienes “de propios”, con cuyo arrendamiento se sufragaban los gastos de los concejos, y los “bienes comunales o baldíos”, que eran aprovechados libremente por los vecinos, constituyendo una parte bastante importante de las economías domésticas campesinas. Esta desamortización estuvo en gran medida destinada a sufragar las fuertes inversiones necesarias para la construcción de una red de ferrocarriles en España. El campesinado participó en mayor medida en las compras, al menos en las zonas centro y norte peninsular. En el sur, el gran tamaño de las fincas continuó impidiendo al pequeño campesino acceder a las subastas.

Los objetivos de las desamortizaciones se cumplieron solo a medias: se logró recaudar dinero y aumentar la superficie de cultivo, pero no propiciar el nacimiento de una burguésía agrícola activa, ya que los compradores de la tierra siguieron aspirando a emular el estilo de vida de la vieja nobleza.

Con la revolución liberal y la industrialización, aparecen nuevas leyes que imponen la igualdad jurídica, poniendo fin a los privilegios otorgados por el nacimiento o los títulos. En el nuevo sistema liberal todos los ciudadanos tenían los mismos derechos y eran iguales ante la ley, aunque se limitara el derecho de sufragio. A partir de ese momento, las diferencias sociales se establecen en base a la riqueza, y no al nacimiento. La nobleza pierde sus privilegios, y el clero muchas de sus propiedades, aunque no su influencia social. La alta nobleza española, al introducirse en la sociedad liberal, no sólo no perdíó poder económico, sino que en algunos casos lo incrementó, adquiriendo nuevas propiedades con la desamortización. La pequeña nobleza, sin embargo, pierde su principal privilegio, la exención de impuestos. La nobleza mantuvo también su preeminencia social y logró que una parte de la burguésía intentara imitarla y ennoblecerse, emparentando con nobles arruinados o comprando títulos. También conservan influencia política, formando parte de las “camarillas” de la Corte de Isabel II.

El proceso de revolución liberal en España fue conformando una nueva burguésía ligada a los negocios, la banca y el comercio. Muchos hicieron fortuna con las inversiones en Bolsa y se sintieron atraídos por la inversión en tierras, adquiriendo propiedades desamortizadas y convirtiéndose en propietarios agrícolas rentistas. Sus orígenes eran diversos: Asturias,

Cantabria, País Vasco, Valencia… aunque su residencia habitual solía ser Madrid. También surge una burguésía industrial en Cataluña, aunque muy escasa, lo cual dificultó el desarrollo de un modelo de sociedad más productivo y menos rentista.

Las clases medias agrupaban a medianos propietarios de tierras, pequeños fabricantes, profesiones liberales y empleados públicos. Su riqueza era menor que la de las clases dirigentes y dependían de la marcha de sus negocios. Procuraban imitar el estilo de vida de los grupos poderosos (formas de ocio, educación, etc.), aunque su capacidad económica era más limitada. El bienestar era un signo de categoría social, pero a veces debían llevar una vida austera para poder mantener un cierto estatus social y proporcionar estudios a sus hijos.

Las clases populares constituían la inmensa mayoría de la población, y abarcaban un amplio abanico: artesanos, trabajadores de servicio (empleados de limpieza, de alumbrado…), dependientes de comercio… que bordeaban el límite entre las clases populares y las clases medias. Además, estaban los campesinos, entre los que destacan los jornaleros asalariados, sometidos al poder de los grandes propietarios y los caciques. Era una población muy pobre y frecuentemente analfabeta, que iniciaría en muchos casos un proceso de emigración a las ciudades para convertirse en proletarios, es decir, en obreros industriales, o bien mineros. Su situación no era mucho mejor: larguísimas jornadas laborales, salarios bajos, explotación infantil, férrea disciplina y ninguna protección en caso de paro, accidente, enfermedad o vejez. Vivían en barrios hacinados, sin agua corriente ni medidas sanitarias, y eran muy vulnerables a todo tipo de epidemias.

6.3. El Sexenio Democrático (1868-1874): la constitución de 1869. Evolución política: gobierno provisional, reinado de Amadeo de Saboyá y Primera República.

Aunque gran parte del reinado de Isabel II se caracteriza por la expansión económica, en la década de los 60 la situación empieza a cambiar: se inicia una grave crisis en todos los niveles. A nivel financiero, bajan las acciones en bolsa por causa de las crisis de los ferrocarriles. Su construcción había supuesto una gran inversión, pero su rendimiento no fue el esperado. Por ello, se desploman las acciones, y los inversores solicitaron ayudas al gobierno, pero la escasez de fondos de este agravó aún más la situación. A nivel industrial, la crisis se centra en Cataluña, donde la escasez de algodón provocada por la Guerra de Secesión americana dañó gravemente la naciente industria textil. La crisis de subsistencias se originó por una serie de malas cosechas que dio como resultado una escasez de trigo y el alza de los precios.

Además, existía un gran descontento a nivel político. Tras la revuelta de los sargentos del cuartel de San Gil y de su dura represión, el Partido Progresista, dirigido por Prim, firma con el Partido Demócrata el pacto de Ostende, con el fin de acabar con el moderantismo en el poder y con la monarquía de Isabel II., aunque quedaba en suspenso la decisión de cuál sería la nueva forma de gobierno (monarquía o república). A dicho pacto se adhirieron los unionistas, con Serrano a la cabeza, aportando buena parte de los mandos del ejército, y también un carácter conservador que frenó los impulsos revolucionarios del levantamiento del 68.

En Septiembre de dicho año, la revolución conocida como “La Gloriosa” se inicia en Cádiz, bajo el mando del brigadier Topete. Se trata de un movimiento con amplia participación popular. Prim, que encabezaba el movimiento, era consciente de que los sectores burgueses a los que representaba sólo querían un nuevo gobierno que enderezara la difícil situación económica española, y no una revolución social. Por ello tomarán medidas para evitar que la situación escape a su control.

Los sublevados se enfrentan al ejército de Isabel II en Puente de Alcolea y, tras ser derrotado, el gobierno dimite y la reina se exilia en Francia. Por todo el país se forman espontáneamente Juntas Revolucionarias, dominadas por progresistas y demócratas, con demandas de libertad, sufragio universal, separación Iglesia-Estado, soberanía nacional…

El gobierno provisional trata de superar la crisis de 1866 con medidas librecambistas y abriendo el mercado español a la entrada de capital extranjero. Se introduce la peseta como unidad monetaria, y una nueva Ley de Minas, que concedía yacimientos a distintas compañías, esencialmente extranjeras. Además, se promulgan una serie de decretos para satisfacer las demandas populares: libertad de asociación e imprenta, sufragio universal, libertad de culto… y se convocan elecciones para Cortes Constituyentes. En ellas habrá finalmente cuatro grupos: los carlistas, que se presentan por primera vez; los isabelinos; la mayoría gubernamental de los integrantes del Pacto de Ostende; la izquierda republicana. La Constitución resultante, la de 1869, la primera democrática en España, reconocía amplios derechos individuales, división de poderes (legislativo bicameral, ejecutivo en el que el rey reina, pero no gobierna, y judicial con tribunales con jurado), además de libertad religiosa y sufragio universal.

Al tratarse de una Constitución monárquica, había que buscar un nuevo rey en el extranjero. Entretanto, Serrano es nombrado regente y Prim presidente del gobierno, con lo que el resto de fuerzas políticas (demócratas, republicanos, carlistas) quedan marginados y descontentos, frustrándose muchas reivindicaciones de carácter popular.

La búsqueda de un nuevo rey trae a España a Amadeo I de Saboyá, de la mano de Prim, que sin embargo es asesinado tres días antes de su llegada, dejando al nuevo rey sin su principal valedor. La nueva dinastía contaba con pocos apoyos: en Cortes, poco más de la mitad de los diputados, y además las camarillas cortesanas de la época de Isabel II, la aristocracia y el clero se le opónían, sobre todo por su neutralidad en la política. También una parte del ejército se resistía a prestarle fidelidad, y no contaba con demasiado apoyo popular.

Además, el reinado de Amadeo I se enfrentó a constantes dificultades:

-Una insurrección en Cuba, agravada por la oposición al nuevo monarca de parte del ejército.

-La oposición política, organizada en tres frentes: las clases tradicionales (nobleza e Iglesia), que se inclinan por la causa alfonsina, liderados por Cánovas; los carlistas, que apoyan a su propio candidato y una de cuyas facciones protagonizará la Segunda Guerra Carlista; los republicanos y los grupos populares.

Cuando la coalición gubernamental de unionistas, progresistas y demócratas se deshace, el régimen se desestabiliza y finamente, privado de apoyos, Amadeo I abdica y abandona España.

La abdicación de Amadeo I fuerza a las Cortes a proclamar la República, en 1873. Sin embargo, gran parte de la cámara era monárquica y su voto republicano solo pretendía ganar tiempo.

La República nace con pocas posibilidades de éxito: sin apoyo internacional, sin bases adecuadas… Aunque fue recibida con entusiasmo por las clases populares, gran parte de la población (ejército, clases altas…) se abstuvo en las elecciones constituyentes. La nueva Constitución republicana de 1873 seguía la línea de la del 69 en cuanto a su carácter democrático y al reconocimiento de amplios derechos y libertades. Establece un presidente con poder ejecutivo, y dos cámaras con el poder legislativo, se declara la libertad de culto y la separación de Iglesia y Estado. Además, es una Constitución federal: la Nacíón española se compone de 17 Estados, entre ellos Cuba, con autonomía económica y sus propias Constituciones, compatibles con la del Estado federal.

La Primera República tuvo que hacer frente a graves problemas:

-La insurrección carlista, que se agravó y extendíó por el nacimiento de la República.

-La guerra en Cuba, cuyas autoridades eran de tendencia alfonsina.

-El obstruccionismo de los monárquicos y las divisiones entre los propios republicanos.

-La sublevación cantonal, en la que se mezcla la aspiración a reformas sociales inspiradas por la AIT y un mayor radicalismo en la aplicación de la estructura federal. Así, en la costa mediterránea, la población, dirigida por federales intransigentes, descontentos con el rumbo de la República, se alza en cantones independientes (Cartagena, Sevilla, Cádiz, Castellón…). El presidente Pi i Margall se opone al uso de las armas para sofocar las revueltas y dimite. Su sucesor, Salmerón, interviene militarmente, acabando con las revueltas. Sin embargo, también el dimitirá para no firmar las sentencias de muerte contra los sublevados. La presidencia recae entonces en Castelar, que imprime un giro a la derecha, y aplica una política de fuerza para acabar con la situación de Cartagena, que seguía sublevada. Consigue suspender las sesiones del parlamento y gobernar autoritariamente. El día de su reapertura, temiendo el rechazo de estas y un giro a la izquierda, el general Pavía da un Golpe de Estado, disolviendo las Cortes con la Guardia Civil. La poca resistencia evidenciaba la falta de apoyos de la República. El poder pasó en los meses siguientes a una coalición de unionistas y progresistas encabezada por Serrano, pero la base social ya había optado por la solución alfonsina y finalmente el general Martínez Campos, en 1874, proclama