Tras la muerte de Fernando VII, pasó a reinar su hija Isabel, pero tan solo tenía tres años, por lo que la regencia cayó sobre su madre María Cristina (1833-1840) que hizo frente a los partidarios del reinado del infante don Carlos viéndose obligada a pactar con los liberales. El liberalismo pudo implantarse paulatinamente y súperó las estructuras del Antiguo Régimen.

Los orígenes del estado liberal;
Durante la regencia de María Cristina se sentaron las bases jurídicas y administrativas de un Estado nacional. Estos cambios coincidieron con las revoluciones liberales vividas en Europa entre 1830 y 1848 y supusieron la consolidación del liberalismo en el continente. La primera etapa fue reconocida como un reformismo desde arriba ya que la acción de gobierno dirigida por Cea Bermúdez, estuvo guiada desde palacio y protagonizada por absolutistas moderados. Durante este periodo, en 1833 se aprobó la actual división provincial española (obra de Javier de Burgos inspirado en el centralismo francés). Tras la primera Guerra Carlista, María Cristina se ve obligada a pactar con los liberales y Francisco Martínez de la Rosa reemplaza a Cea Bermúdez, es nombrado presidente del gobierno en 1834. Esto significó la caída de las estructuras del Antiguo Régimen, así, en 1834 se decretó la supresión de la Inquisición; en 1836 la disolución de la Mesta, de los gremios y de los mayorazgos; en 1837 la abolición del régimen señorial. Además se promulgó la ley de prensa e imprenta en 1834.

El Estatuto Real de 1834 fue el primer marco jurídico en la construcción del Estado liberal; se trató de una carta otorgada que dividía las Cortes en dos cámaras: el Estamento de los Próceres, que estaba formado por personalidades designadas por la reina entre la nobleza y el alto clero y el Estamento de los Procuradores, que era elegido por sufragio censitario entre la burguésía y las élites del dinero y del poder. Estas Cortes sólo tenían función consultiva y de debate al objeto de poder hacer propuestas

La Constitución de 1837; debido al empuje de los carlistas en la guerra, la regente se acercó aún mas a los liberales. En 1835 Francisco Martínez de la Rosa fue sustituido por el progresista
Juan Álvarez Mendizábal, que recuperó la Constitución de 1812 siendo restablecida en 1836. También se restablecíó la legislación aprobada por las cortes de Cádiz y el Trienio Liberal. En Mayo de 1836, Mendizábal fue sustituido por el moderado Francisco Javier Istúriz, que desencadenó el motín de la Granja de San Idelfonso protagonizad por un grupo de sargentos progresistas. Tras los hechos, la regente nombró un nuevo Gobierno progresista dirigido por José María Calatrava. Mendizábal quedó relegado a ministro de Hacienda.

Después del nombramiento de Calatrava se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes, en las que los progresistas obtuvieron una mayoría absoluta, lo que condiciónó el espíritu del nuevo texto condicional. En 1837 se promulgó una nueva Constitución que sanciónó la soberanía compartida entre el monarca y las Cortes y establecíó una amplia declaración de derechos. Con esto se implantó definitivamente el régimen constitucional en España, que establecíó un sistema parlamentario.

Las guerras carlistas fueron guerras civiles que sucedieron a lo largo del S.XIX entre carlistas e isabelinos.

 La primera Carlista fue tras el regreso de Carlos María Isidro a España de su exilio a Portugal tras la muerte de su hermano Fernando VII, a su vuelta difundíó el manifiesto de Abrantes por el que se autoproclamó rey bajo el nombre de Carlos V. Carlos María Isidro defendíó el absolutismo monárquico y tuvo apoyos del campesinado rural del País Vasco y Navarra y a un sector importante del clero. Entre sus objetivos estaban: instaurar una monarquía absolutista, católica y tradicional, su lema “Dios, Patria y Rey”. Además el carlismo fue apoyado por el

miguelismo en Portugal, el papado y las potencias europeas de Austria, Prusia y Rusia. Por otro lado, Portugal, Reino Unido y Francia apoyaron a Isabel II, lo que se materializó en el Tratado de la Cuádruple Alianza en 1834.

En 1834, el pretendiente Carlos establecíó la Corte de Elizondo (Navarra). Entre sus filas contaba con militares como Tomás Zumalacárregui, que murió en 1835 en el asedio de Bilbao, Miguel Gómez, quien protagonizó la expedición de 1836 que le condujo hasta Andalucía o el general
Ramón Cabrera, quien resistíó el Maestrazgo hasta 1840.

En los inicios de la guerra, los carlistas tomaron la iniciativa pero después de la victoria de los isabelinos en la batalla de Luchana a finales de 1836, se levantó el asedio a Bilbao y los isabelinos tomaron la delantera. Ante la imposibilidad carlista de ganar la guerra, en Agosto de 1839 se reunieron el general carlista Rafael Maroto y el general Baldomero Espartero y firmaron el Convenio de Vergara, escenificado en el célebre abrazo con el que se ponía fin a la guerra. En el texto, los carlistas reconocieron como reina a Isabel II y los liberales se comprometieron a respetar sus fueros y a incorporar al Ejército a los carlistas respetando su graduación. Sin apoyos, en Septiembre de 1839 el pretendiente Carlos marchó a Francia, donde en 1845 abdicó en su hijo.

Tras la primera Guerra Carlista, en 1840 el general progresista Baldomero Espartero aprovechándose de su popularidad, se enfrentó contra la regente, quien terminó renunciando y exiliándose. En Marzo de 1841 las Cortes eligieron a Espartero como regente, cargo que terminó en 1843. Tras su nombramiento Espartero implantó una política autoritaria. En el ámbito económico alcanzó un acuerdo de libre comercio con Reino Unido, lo que provocó que en 1842 estallara un motín en Barcelona en defensa de la industria textil, que se hallaba en plana expansión. Como respresalia, Espartero ordenó el bombardeo de la ciudad. Este hecho provocó el rechazo de progresistas y moderados, que promovieron un pronunciamiento encabezado por el general Narváez, que forzó la renuncia de Espartero. Persuadidos de la inconveniencia de una nueva regencia, se declaró la mayoría de edad de Isabel II.

Años después de estos hechos se dieron lugar a la segunda y tercera Guerra Carlista, cuyo origen reside en las pretensiones de Carlos VI y Carlos VII respectivamente