El problema de Marruecos, el desastre de Annual  (1918-1923)

 Entre 1918 y 1923 se agravó la inestabilidad política.
Al finalizar la Guerra en 1918 se inició una crisis económica:
albajar drásticamente las exportaciones las empresas tuvieron que reducir la producción y las plantillas, lo que aumentó el número de parados y provocóuna alta conflictividad social durante el llamado Trienio bolchevique (1919-21). La patronal respondíó a las huelgas obreras recurriendo al “lock-out”  y al asesinato de líderes sindicales. La  CNT respondíó con la misma moneda: cerca de 300 personas cayeron víctimas del pistolerismo patronal y sindical. Para empeorar el ambiente, el gobierno aprobó en 1921 la Ley de Fugas, que “legalizaba de facto” el asesinato de detenidos por parte de las Fuerzas del orden. Los anarcosindicalistas respondieron a la Ley con el atentado del presidente de gobierno, Dato.
Ese mismo año estalló otro problema: el problema de Marruecos.

                Marruecos era un enclave estratégico para el tránsito por el estrecho. El acuerdo de Algeciras (1906) otorgaba a España el control del norte de Marruecos. Empresas mineras y constructoras, las sociedades  geográficas  y los militares apoyaron este proyecto colonial que compensaba en parte las pérdidas y la humillación del “Desastre del 98”. Pero los rifeños se  alzaron en armas y provocaron el primer incidente bélico en el Barranco del Lobo. Maura ordenó el envío al Rif de tropas “reservistas”, lo que suscitó la indignación popular (Semana Trágica). En los años siguientes, las operaciones militares prosiguieron sin resultados decisorios. En 1921 las tropas españolas sufrieron una severa derrota en Annual infligida por Abd-el-Krim:
más de 12 000 muertos y un gran número de heridos y prisioneros. La opinión pública española, indignada, exigíó responsabilidades y el castigo de los culpables del desastre. El jefe de gobierno, Maura, encargó al coronel Picasso un informe para depurar responsabilidades. Las conclusiones del “expediente Picasso” apuntaban al general Berenguer, a la cúpula militar y al propio Rey. Para encubrir la verdad y evitar ser inculpados, los militares decidieron dar un Golpe de Estado días antes de la prevista sesíón parlamentaria de control.

               El 13 de Septiembre de 1923, Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, declaró el estado de guerra y Alfonso XIII le nombró jefe de gobierno: comenzaba así la Dictadura con la connivencia del Rey. 

La oposición a la Dictadura

        Al comienzo, la dictadura fue recibida con indiferencia popular y las duras medidas represivas impuestas acallaron las escasas voces de protesta. Pero el intento de institucionalización del régimen  suscitó una oposición creciente por parte de las fuerzas políticas, que pidieron el restablecimiento de la Constitución y la convocatoria de elecciones. Los partidos republicanos y nacionalistas así como por las fuerzas obreras: el PSOE,  el PCE y la CNT empezaron a organizarse.

       La punta de lanza de la lucha contra la dictadura fue la Universidad española: Unamuno y otros profesores fueron expulsados de sus cátedras mientras que los estudiantes manténían una abierta confrontación con el régimen. Incluso dentro del ejército surgieron fuertes discrepancias: el arma de artillería se enfrentó con el dictador por cuestiones de ascensos y en 1926 protagonizó un intento insurreccional: la Sanjuanada.
El descrédito de la dictadura en 1929 era general y las movilizaciones contra ella arreciaban. El crack de la bolsa Nueva York (Octubre de 1929) provocó en España una fuerte caída de la peseta y contribuyó a reducir aún más el escaso prestigio del dictador. Abandonado por todos, incluso por el propio rey, Primo dimitíó en Enero de 1930, muriendo poco después en París.

1.   LA DÉCADA MODERADA  (1844-1854)

   El general Narváez, hombre fuerte de esta década, tuvo como principal objetivo  crear un régimen liberal a la medida de los intereses representados por el Partido Moderado:
La Corona, la nobleza, la alta burguésía y la Iglesia, con el objeto de poner fin al ciclo revolucionario iniciado en 1833 y enfriar las expectativas sociales y políticas de los sectores populares.

        Fue el principal inspirador de la CONSTITUCIÓN DE 1845 que establecía una monarquía conservadora basada en el principio de soberanía compartida entre las Cortes y la Corona, reforzaba los poderes del rey, con derecho a nombrar a los senadores y a convocar a las Cortes,  restringía los derechos y libertades ciudadanas con un sufragio censitario, y reconocía el catolicismo como la religión oficial del estado. La ley electoral de 1846 redujo el derecho al voto a un porcentaje de la población inferior al 1%; sólo podían votar los ricos, los propietarios que pagaban un mayor nivel de impuestos. 

  Los Moderados iniciaron la construcción de un sistema legal liberal burgués de carácter muy conservador.
Implantaron un nuevo Código Civil y Penal.
Introdujeron  el Sistema Métrico Decimal,  organizaron el Cuerpo de Funcionarios del Estado y establecieron el sistema de “quintas” para el reclutamiento de soldados en el ejército. Aseguraron el estado centralista pero respetaron los fueros vascos y navarros para así atraer a los sectores carlistas, aunque los derechos aduaneros de estos territorios fueron abolidos. Unificaron el espacio económico  español y crearon un mercado nacional.
El carácter centralista del Estado se tradujo en el poder de los gobernadores provinciales, delegados del Ministerio de la Gobernación (Interior) que nombraban a los Alcaldes: desaparecíó así la autonomía municipal.  En la perspectiva moderada, el “orden público” implicaba un control estricto de la calle y del ámbito público por parte de las fuerzas de seguridad del Estado: por esta razón se restringieron los derechos de expresión, reuníón y manifestación y los gobiernos actuaron con contundencia contra los “transgresores del orden”. Narváez suprimíó la Milicia nacional y creó la Guardia Civil.
Este cuerpo de seguridad con estructura militar acabó con el bandolerismo rural pero será cada vez más percibido por los trabajadores del campo y la ciudad como un instrumento al servicio del nuevo orden burgués. Aseguraba el derecho de los terratenientes, que aplicaban sobre el campesinado formas muy duras de explotación.   Restablecieron las relaciones con la Iglesia mediante el CONCORDATO CON LA SANTA SEDE (1851):
la Iglesia aceptó la Desamortización a cambio de una cantidad anual compensatoria. El Estado se comprometía al sostenimiento del clero y del culto católico y garantizaba a la Iglesia una serie de derechos o privilegios: exclusividad religiosa, representación política en el Senado, exención de impuestos, facultad de desarrollar negocios y de montar escuela para educar a  los hijos de las clases altas y medias.Los gobiernos moderados favorecieron los negocios en los que participaban políticos y personajes relacionados con el poder, incluso de la familia real. Hicieron concesiones para la construcción de obras públicas, para la provisión de material para el ejército, promociones inmobiliarias (marqués de Salamanca) etc. La corrupción y el autoritarismo de los gobiernos (Bravo Murillo, Sartorius conde de San Luis) fueron generando un gran malestar popular. Los escándalos ligados a la construcción del ferrocarril Madrid-Aranjuez provocaron  la reacción de aquellos sectores honrados del partido moderado que querían acabar con esta situación. El descontento político y social  era grande: a la exclusión sistemática de los Progresistas del poder hay que añadir la aparición del P. Demócrata, cuyos objetivos eran la ampliación de los derechos individuales y del sufragio masculino.

La oposición al sistema. Los movimientos antidinásticos:

En el sistema canovista sólo dos partidos (el conservador y el liberal, que representaban a las clases altas y medias)  monopolizaban el poder; la marginación de las demás fuerzas políticas supónía la exclusión de la vida política del 80% de la población, es decir las clases populares. La oposición a este sistema oligárquico fue débil al comienzo de la Restauración, pero se fue intensificando desde finales del XIX. Los principales grupos o movimientos de oposición al sistema fueron:El Republicanismo: el fracaso de la I República provocó el exilio de muchos republicanos y el debilitamiento del republicanismo que tardó mucho en constituir una alternativa política. El ideario republicano basado en una posición anticlerical, la fe en el progreso basado en la educación y la ciencia, y la defensa de reformas sociales se mantuvo vivo.  Tenían diferencias en la organización centralista  o federal  del Estado y la estrategia para llega al poder, medios electorales  o insurrección . Los partidos republicanos comenzaron a recuperar un mayor peso político cuando, desde principios del Siglo XX, concurrieron unidos a las convocatorias electorales: en las ciudades tenían el apoyo de amplios sectores de las clases medias y de los trabajadores.El movimiento obrero:
Las posibilidades de acción de la clase obrera durante la Restauración eran pequeñas, pues los derechos de reuníón y asociación estaban muy limitados. El movimiento obrero aparecía dividido entre anarquistas y socialistas. La  desarticulación de la AIT provocó un retroceso en el movimiento obrero del que se recuperó lentamente. En 1879
Pablo Iglesias fundó el PSOE, de ideología socialista, y posteriormente el sindicato UGT;
Ambos tuvieron mayor influencia en Madrid, norte de España y Extremadura. En Cataluña, Levante y Andalucía arraigó más el anarquismo, difundido por Anselmo Lorenzo:
Éste tuvo tres formas de actuación: la lucha sindical (huelgas), la acción educativa (Escuelas y Ateneos libertarios) y una tercera minoritaria, violenta o terrorista: la “acción directa”. Fruto de ésta última fueron el asesinato de Cánovas del Castillo (1897), la bomba en el Liceo de Barcelona y los atentados contra los “señoritos” andaluces ( la Mano Negra). El Carlismo:
Su derrota en 1876 provocó una grave crisis y división de este movimiento. Una parte fue aceptando el liberalismo (solución al tema religioso) y se integró en el sistema; la otra, los “integristas”, con fuerte arraigo en provincias vascas y Navarra mantuvieron sus tesis antiliberales, pero su capacidad de actuación era muy limitada.

                En 1885 murió Alfonso XII;
Su mujer, María Cristina de Habsburgo, asumíó la regencia hasta que en 1902 su hijo Alfonso XIII accedíó al trono. La necesidad de garantizar la estabilidad durante una larga regencia llevó a Cánovas y Sagasta a establecer un acuerdo que se conoce como Pacto de El Pardo.
Se comprometieron a apoyar a la regente, a facilitar el relevo de gobierno y a mantener la legislación que cada uno de ellos aprobara. Ambos cumplieron el acuerdo y María Cristina  respetó las decisiones de los gobiernos. Sin embargo, este pacto agudizó la corrupción política y alejó a los sectores populares del sistema político, ya que el falseamiento electoral fue la norma, sobre todo a partir del establecimiento del sufragio masculino.

                Las elecciones se manipulaban a través del encasillado, mediante el que las fuerzas políticas se repartían  puestos, incluyendo incluso a personas de otros partidos; y del pucherazo, en el que se cometían todo tipo de irregularidades: desde la compra de votos y la intimidación, hasta el cambio de votos. Lo más destacable del fraude era el acuerdo de los dos partidos para llevarlo a cabo. Esto era posible gracias al caciquismo.
Los caciques eran jefes locales de los partidos que controlaban una zona electoral y aseguraban el éxito electoral a cambio de favores (recomendaciones, empleo, cargos.). Durante este periodo se llevaron a cabo importantes medidas políticas:

El partido liberal, con Sagasta,  impulsó medidas  liberalizadoras como: la Ley de prensa. La Ley de libertad de cátedra y la Ley de Asociaciones; gracias a ésta fueron legalizados los sindicatos y partidos obreros (p.E. El PSOE y la UGT). También se aprobó la Ley del Jurado, el sufragio universal masculino (1890) y un nuevo Código Civil.

En 1883 se creó la Comisión de Reformas Sociales, que tuvo por objeto el hacer un estudio de las condiciones de vida de los trabajadores con vistas a posibles actuaciones de mejora. La CRS fue el precedente del Instituto de Reformas Sociales fundado en 1903 y, posteriormente, del Ministerio de Trabajo.

El partido conservador sustituyó en 1891 la política comercial librecambista (iniciada en el Sexenio Democrático) por otra proteccionista. Este cambio fue el resultado de las fuertes presiones ejercidas por  los cerealistas castellanos, los industriales vascos  y catalanes y los propietarios asturianos de minas, que lograron imponer sus tesis sobre el gobierno conservador de Cánovas.

  En 1885 murió Alfonso XII; su mujer, María Cristina de Habsburgo, asumíó la regencia hasta que en 1902 su hijo Alfonso XIII accedíó al trono. La necesidad de garantizar la estabilidad durante una larga regencia llevó a Cánovas y Sagasta a establecer un acuerdo que se conoce como Pacto de El Pardo.
Se comprometieron a apoyar a la regente, a facilitar el relevo de gobierno y a mantener la legislación que cada uno de ellos aprobara. Ambos cumplieron el acuerdo y María Cristina  respetó las decisiones de los gobiernos. Sin embargo, este pacto agudizó la corrupción política y alejó a los sectores populares del sistema político, ya que el falseamiento electoral fue la norma, sobre todo a partir del establecimiento del sufragio masculino.

                Las elecciones se manipulaban a través del encasillado, mediante el que las fuerzas políticas se repartían  puestos, incluyendo incluso a personas de otros partidos; y del pucherazo, en el que se cometían todo tipo de irregularidades: desde la compra de votos y la intimidación, hasta el cambio de votos. Lo más destacable del fraude era el acuerdo de los dos partidos para llevarlo a cabo. Esto era posible gracias al caciquismo.
Los caciques eran jefes locales de los partidos que controlaban una zona electoral y aseguraban el éxito electoral a cambio de favores (recomendaciones, empleo, cargos.).     Durante este periodo se llevaron a cabo importantes medidas políticas:

El partido liberal, con Sagasta,  impulsó medidas  liberalizadoras como: la Ley de prensa. La Ley de libertad de cátedra y la Ley de Asociaciones; gracias a ésta fueron legalizados los sindicatos y partidos obreros (p.E. El PSOE y la UGT). También se aprobó la Ley del Jurado, el sufragio universal masculino (1890) y un nuevo Código Civil.

En 1883 se creó la Comisión de Reformas Sociales, que tuvo por objeto el hacer un estudio de las condiciones de vida de los trabajadores con vistas a posibles actuaciones de mejora. La CRS fue el precedente del Instituto de Reformas Sociales fundado en 1903 y, posteriormente, del Ministerio de Trabajo.

El partido conservador sustituyó en 1891 la política comercial librecambista (iniciada en el Sexenio Democrático) por otra proteccionista. Este cambio fue el resultado de las fuertes presiones ejercidas por  los cerealistas castellanos, los industriales vascos  y catalanes y los propietarios asturianos de minas, que lograron imponer sus tesis sobre el gobierno conservador de Cánovas.

La Restauración es el periodo que se extiende entre 1875, tras el Sexenio Democrático, y 1931, proclamación de la II República. La primera etapa corresponde al reinado de Alfonso XII, y  la regencia de María Cristina de Habsburgo. Tras la crisis colonial de 1898, entrará en una crisis profunda, coincidiendo con el reinado de Alfonso XIII.

              El periodo se caracteriza por un alejamiento de los militares de la vida política, una estabilidad propiciada por la nueva Constitución de 1876 y la alternancia pacífica en el poder de dos partidos políticos. Sin embargo, en la práctica, el dominio recae en una elite política que se mantiene en el poder gracias a la manipulación electoral y  el caciquismo.

               La I República concluyó de hecho con el golpe del general Pavía, que disolvíó las Cortes  en Enero de 1874 y establecíó un gobierno provisional  encabezado por el general Serrano, en realidad una dictadura . En Diciembre el príncipe Alfonso firmaba el  Manifiesto de Sandhurst,  que ofrecía una monarquía dialogante y constitucional, aunque el principio monárquico se definía en virtud de la legitimidad histórica y no como fruto de la decisión de una asamblea política. Cánovas y el futuro rey querían un regreso pacífico de la monarquía y sin intervención militar. Pero el general Martínez Campos encabezó un alzamiento en Sagunto y proclamó rey a Alfonso XII. Se formó un gobierno provisional dirigido por Cánovas del Castillo. A los pocos días entraba  Alfonso en España  y se producía la restauración de los Borbones.            

               Dos éxitos proporcionaron al nuevo rey (“el pacificador”)  un gran prestigio popular:
el final de la tercera guerra carlista y de la guerra de Cuba.
La derrota carlista de 1876 supuso que las provincias vascas perdieran definitivamente sus fueros (se derogan las exenciones fiscales y militares)  aunque se les reconocíó una autonomía fiscal con los Conciertos Económicos, consistentes en el establecimiento de un cupo como forma de participación en los gastos del Estado. Permanecíó un fuerte sentimiento regionalista y tampoco desaparecíó el movimiento católico tradicionalista: los carlistas participaron en la vida política y se situaron en la extrema derecha del arco parlamentario. El final de la guerra carlista permitíó enviar tropas a Cuba. La Paz de Zanjón puso punto final a la guerra (1878); el gobierno español se comprometíó a aplicar una serie de reformas como la abolición de la esclavitud; pero al no cumplir la promesa de concesión de la autonomía política provocaría  el inicio de la segunda guerra independentista.

El sistema canovista: La Constitución de 1876 y el turno de partidos

  Cánovas  fue el creador del sistema de la Restauración. Pretendía recuperar el prestigio de la monarquía perdido durante el reinado de Isabel II. Pensaba que la Corona debía compartir la soberanía con las Cortes, tener amplias competencias y desempeñar un activo papel en la vida política.La Constitución debía acoger todas las tendencias liberales: antiguos moderados, unionistas, progresistas, y demócratas, con la condición de que aceptasen la Monarquía y la alternancia de gobierno. Quería conseguir una constitución que durase, que permitiera gobernar a partidos distintos y acabara con el pronunciamiento como vía para llegar al poder. El ejército tenía que volver a los cuarteles y cumplir su misión constitucional. A esto ayudó Alfonso XII, un rey con formación militar. El modelo político de Cánovas era el británico: se basaba en la existencia de dos grandes partidos que se turnaran en el poder con el fin de evitar la atomización parlamentaria y garantizar mayorías sólidas. Ambos debían aceptar pasar a la oposición si perdían la confianza del rey o del parlamento, y respetar la obra legislativa de sus predecesores.  El régimen de la Restauración fue muy conservador, tanto en el terreno político como sobre todo en el social y económico. La Corona había sido restablecida por políticos conservadores, hombres de negocios y mandos militares (oligarquía) . Todos ellos compartían intereses comunes: defensa del orden social y la propiedad, el rechazo de fórmulas republicanas que identificaban con la anarquía y la unidad de la patria con el mantenimiento de las colonias.Contó también con la  aceptación de las clases medias temerosas de los movimientos sociales que se manifestaron durante el Sexenio.Para elaborar la nueva constitución se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio masculino, como establecía la Constitución vigente de 1869. El proceso electoral fue manipulado para garantizar una amplia mayoría a los candidatos de Gobierno. Pocos meses después se aprobaba un texto que recogía las ideas políticas de Cánovas.   la CONSTITUCIÓN de 1876, inspirada en la moderada de 1845, establecía una monarquía parlamentaria:
1)  la soberanía compartida entre las Cortes y el Rey,

2)  un poder ejecutivo fuerte en el que el Rey intervénía nombrando al Gobierno y ejerciendo el mando supremo del Ejército.

 3)  un legislativo  bicameral parcialmente sometido al Rey: podía disolver las Cortes, proponer y vetar leyes, nombrar senadores, etc.

4)  declaración de derechos basada (sólo en la teoría, con muchas limitaciones) en la Const  de 1869

5)  Estado centralista:Control del gobierno sobre  ayuntamientos y diputaciones y eliminación  de fueros

 6)  

Estado confesional

La religión oficial era la católica y se garantizaba el sostenimiento del culto y el clero.

               El sufragio no queda especificado, por lo que será el partido gobernante el que decida a través de la ley electoral si debe ser censitario o masculino. Hasta 1890 la ley establecíó el sufragio restringido, con un cuerpo electoral del 5% de la población. Las elecciones nunca fueron transparentes. Alcaldes, gobernadores civiles, caciques y el ministerio de la gobernación se encargaban de fabricar las mayorías necesarias en cada caso.

 Los partidos políticos eran partidos de notables, sin afiliados ni estatutos, de modo que los vínculos entre sus miembros se establecía a través de lealtades personales. Esta circunstancia facilitaba la permeabilidad entre los grupos y hacía que la unidad interna de los partidos fuera muy precaria.

         El Partido Liberal-Conservador estaba liderado por Antonio Cánovas.
Sus miembros ( Francisco Silvela, Francisco Romero Robledo ) eran moderados, unionistas y sectores del progresismo. Su origen estaba en los antiguos alfonsinos del Sexenio. Las bases sociales eran la burguésía terrateniente y de negocios, y el clero.

         El Partido Liberal-Fusionista  era liderado  por Práxedes Mateo Sagasta.
Entre sus dirigentes destacan Manuel Alonso Martínez, Arsenio Martínez Campos y Segismundo Moret. Integraba a sectores del progresismo, radicales, demócratas  y republicanos moderados. Contaba con el apoyo de profesionales liberales, comerciantes, militares y funcionarios. Defendían el orden burgués,  pero no renunciaban al sufragio masculino.

               Las diferencias ideológicas entre ambos eran escasas. Fuera del turno quedaron las organizaciones que no aceptaban la monarquía restaurada y la dinastía borbónica:
los republicanos y los carlistas, por motivos dinásticos. Los partidos y organizaciones obreras quedaran también al margen del sistema.

                    La Restauración supone la consolidación del poder de la oligarquía:
Los grandes terratenientes (nobleza y alta burguésía), la gran burguésía comercial, industrial y financiera. Se vuelve a la alianza de la etapa isabelina: alta burguésía más nobleza y clero. El ejército queda fuera de los órganos de poder (represión interna y guerras coloniales) hasta que el sistema entra en crisis. 

La cuestión foral            comprobar    está sintetizad

 El  tema foral tuvo mucha fuerza en el periodo de las guerras carlistas. Los fueros vascos y navarros otorgaban privilegios: exenciones fiscales y militares,  manténían leyes e instituciones propias y establecían aduanas interiores. Estas disposiciones tienen un origen consuetudinario (no concesión real), y fueron codificados en el Siglo XV.

                     Los liberales pretendían eliminar las particularidades territoriales  y los carlistas hicieron de los fueros un elemento de enganche a su causa en algunas zonas del país. Las guerras carlistas fueron un doble conflicto: entre provincias forales y Corona, y dentro de las provincias entre campesinado y pequeña nobleza frente a burguésía. A pesar de todo, el gobierno liberal no pudo suprimir  los fueros ya que el Convenio de Vergara obligó al Estado liberal a respetarlos siempre que éstos no entraran en conflicto con el nuevo orden constitucional. Se eliminaron  las aduanas del interior, aspecto que defendía la burguésía urbana y se conservaron  algunos privilegios fiscales y militares. Navarra perdíó sus Cortes tradicionales y la condición de reino aunque su contribución al Estado siguió siendo muy pequeña en impuestos y nula en soldados. Algo parecido sucedíó con las provincias vascas: perdieron su principal institución, las Juntas Generales, pero la contribución fiscal y militar quedó en términos similares a la de Navarra. Este régimen foral especial se mantuvo hasta el final de la tercera guerra carlista (1876), cuando quedó finalmente abolido.

       En 1878  Cánovas del Castillo establecíó el sistema de Conciertos Económicos que significaron una gran autonomía fiscal y un trato favorable para estos territorios.

La llegada de los Borbones  a comienzos del XVIII, y el triunfo de Felipe V en la Guerra de Sucesión supusieron la eliminación de los fueros en la Corona de Aragón mediante los Decretos de Nueva Planta. Permanecían los fueros vascos y navarros.

Los fueros a organización política se basaba en las Juntas Generales y la Diputación, instituciones representativas, aunque controladas por la oligarquía; en Navarra las Cortes (estamentales) tenían funciones legislativas. El  sistema foral otorgaba ventajas fiscales y en el cumplimiento de las obligaciones militares. Desde el punto de vista económico, lo más significativo eran las aduanas interiores, que permitían la libre importación de productos del exterior. El aspecto más significativo era el pase foral, que concedía o negaba validez a las disposiciones reales, limitando la autoridad del rey. En Navarra las Cortes examinaban las órdenes del rey para ser ejecutivas.

   Entre 1814 y 1824, reinado de Fernando VII, España perdíó la mayor parte de su Imperio colonial; sólo mantuvo su dominio sobre Cuba, Puerto Rico, Filipinas y algunos archipiélagos de Oceanía. Estas últimas posesiones se perdieron en 1898, el año del “desastre”. Los gobiernos de la Restauración concentraban sus esfuerzos en las cuestiones internas  y se mantuvieron al margen  de las alianzas políticas internacionales, adoptando una posición de neutralidad en los conflictos exteriores relacionados con la expansión imperialista.La política colonial española  pretendía mantener las posesiones de ultramar, sin considerar las demandas de la burguésía criolla. Cuba, la “perla de las Antillas”, proporcionaba altos beneficios económicos a la metrópoli. Pero los cubanos eran tratados como ciudadanos de segunda categoría y consideraban perjudicial la política proteccionista del gobierno de Madrid al impedirles comprar productos más baratos en el mercado norteamericano. El aumento del malestar condujo a un primer levantamiento independentista (“Grito de Yara”) y a la Guerra Larga (1868-78)
Iniciada durante el Sexenio democrático. Tras acceder al trono en 1875, Alfonso XII encargó a Martínez Campos liquidar las guerras carlista y cubana. Ésta última finalizó con la Paz de Zanjón, mediante la cual España se comprometía a acabar con la esclavitud y establecer la autonomía política de la isla. El gobierno se demoró en la aplicación de su compromiso de abolir la esclavitud e incumplíó su promesa de autonomía. Antonio Maura, ministro de Ultramar, hizo un último intento por conceder la autonomía a Cuba en 1893, intento frustrado por la negativa de las Cortes de Madrid;  todo esto agotó la paciencia de los cubanos y  precipitó el estallido en 1895 del segundo alzamiento independentista, el “Grito de Baire”, durante las celebraciones del Carnaval.

Las rebeliones independentistas en Cuba y Filipinas

El conflicto surgíó en un ambiente popular y con un claro apoyo de la población mulata y africana. El Manifiesto de Montecristi proclamaba la libertad de Cuba. Tras la muerte del poeta José Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo plantearon desde el principio una estrategia de guerra de guerrillas que les permitíó el control de la mitad oriental de la isla. El gobierno encargó a Martínez Campos  aplastar la insurrección, pero esta vez no pudo doblegar a los insurgentes (los “mambises”). El jefe de gobierno, Cánovas del Castillo, dispuesto a ganar a toda costa,  lo sustituyó por el general Weyler.
La táctica aplicada por éste tuvo más éxito: establecíó “campos de reconcentración”, donde instalaban a la población rural, para  así aislar a los “mambises” y privarles del apoyo que recibían de los campesinos. A pesar del enorme costo económico y de las numerosas pérdidas humanas  (el 80% eran causadas más por los mosquitos que por las balas) la rebelión parecía sofocada; sin embargo en los Estados Unidos se levantaba una gigantesca campaña de prensa contra Weyler y España dirigida por el magnate Hearst, con su periódico “Journal” y Pulitzer con “World”.

          En Filipinas ocurríó algo similar: los líderes de la independencia, Emilio  Aguinaldo y José Rizal, encabezaron en 1896 el levantamiento contra el dominio español; el general Polavieja, enviado por el gobierno, desbarató la sublevación con una acción contundente:
Rizal fue ejecutado en 1897. Todo parecía ir mal para los rebeldes hasta que los Estados Unidos decidieron implicarse directamente en la guerra

La intervención de los Estados Unidos y el Tratado de París

  El Gobierno norteamericano tenía interés en hacerse con el control económico y político de estas colonias. Había apoyado a los cubanos en la Guerra Larga y lo hizo más en la segunda guerra. Al constatar el fracaso de los insurgentes en 1897, el gobierno norteamericano se planteó intervenir abiertamente en la guerra; contaba con el respaldo de una opinión pública muy favorable gracias a Hearst. Un incidente proporciónó el pretexto para la intervención: la voladura del Maine. Este acorazado, anclado en el puerto de La Habana, saltó por los aires probablemente como consecuencia de un accidente en la sala de máquinas. La prensa norteamericana y su gobierno lo atribuyó a un sabotaje ejecutado por españoles. El presidente McKinley ofrecíó al gobierno de Sagasta 300 millones $ por el abandono de Cuba; en caso contrario declaraba la guerra. Sagasta no aceptó la paz que se le ofrecía y decidíó afrontar el desafío. Fue una decisión temeraria: el gobierno se sentía respaldado por una opinión pública desinformada que creía en una fácil victoria; tan sólo algunos escritores, como Blasco Ibáñez, Pío Baroja y otros, osaron ir contra corriente y avisar del error que se cometía y de la catástrofe que se avecinaba. La guerra, iniciada en Abril, se desarrolló y resolvíó fundamentalmente en el mar. En Mayo la escuadra norteamericana destrozó a la española en Manila y en Julio hizo lo mismo en Santiago de Cuba. Ese mismo mes los marines ocuparon Puerto Rico. La derrota fue total. En Diciembre se firmó la Paz de París:
España aceptó la “independencia” de Cuba y el traspaso de la soberanía de Filipinas, Puerto Rico y de la isla de Guam a los Estados Unidos. Un año después, España vendíó a Alemania, por 15 millones de $, sus derechos sobre las islas Carolinas, las Marianas y las Palaos.Cánovas había sido asesinado en Agosto de 1897.

Las repercusiones del “desastre del 98”

La pérdida de las últimas colonias fue considerada un desastre tanto militar como diplomático, sobre todo porque la prensa y los políticos habían propagado la creencia en la superioridad militar española. La pérdida colonial  privó a España de los ingresos de las colonias, de los mercados privilegiados y de las mercancías (azúcar, cacao, café) que deberían pagarse en el futuro a precios internacionales. Al mismo tiempo se reforzó el proteccionismo económico para defender el mercado interior.  El ejército quedó desprestigiado. En el debate público en torno a las “responsabilidades” del desastre, los militares culparon a los políticos y éstos a los militares. La presencia en ultramar se trató de sustituir con una mayor atención al norte de África. La presencia en Marruecos será una de las obsesiones de Alfonso  XIII. El africanismo sustituyó al colonialismo y al aislamiento diplomático. Crecíó un sentimiento antimilitarista y antibelicista. La guerra de Cuba mostró la arbitrariedad del sistema de “quintas”, que permitía librarse del servicio militar a los hijos de los ricos y hacía que los hijos de familias pobres murieran o quedaran mutilados de por vida. Desde entonces, las fuerzas obreras hicieron se opusieron de forma sistemática a  las quintas, a la guerra y a un ejército cada vez más derechizado. El desastre fue interpretado por muchos sectores sociales como un fracaso del proyecto nacional español. Se potenció unos  nacionalismos muy críticos con España que reivindicaban la autonomía e incluso la independencia de algunos territorios. En el conjunto de España, por el contrario, tomó fuerza el nacionalismo español, que partía de una crítica a la oligarquía y exigía reformas urgentes para impulsar la modernización y europeización de España.

       Éste último se exprésó en el movimiento regeneracionista,  un movimiento intelectual y político que trató de analizar las causas del desastre. Intelectuales como Unamuno, Ganivet, y en general la generación del 98; y otros más preocupados por aspectos económicos y sociales como Joaquín Costa, destacaban el atraso español, cuyo origen encontraban en la práctica política  de la Restauración, que  aislaba al cuerpo electoral de la vida política, y el atraso económico y social.  Para cambiar la situación propusieron programas basados en la dignificación de la vida parlamentaria, la reforma educativa que acabara con el analfabetismo, la acción orientada a las ayudas sociales, las obras públicas, en definitiva, una política encaminada al bien común y no en beneficio de la oligarquía. Los regeneracionistas se quedaron en la teoría, no quisieron formar partidos ni participar en la vida política. Por ello su crítica, que fue un valioso revulsivo, no trascendíó en un movimiento político concreto con capacidad de acción.  

Los partidos dinásticos intentaron una revisión del sistema canovista para despojarle de sus elementos más impopulares: corrupción, caciquismo, etc. El “revisionismo” aprovechó la oleada de optimismo surgida en 1902 con ocasión de la llegada al trono del joven Alfonso XIII:
proyectos del conservador Maura y  del liberal Canalejas.