Entre el movimiento obrero, la actividad clandestina de pequeños grupos del PCE, del PSOE y de la CNT nunca se interrumpíó del todo, pero fue muy difícil por la represión y por el recuerdo de la derrota en la guerra civil.
Los grupos monárquicos practicaron una oposición de salón, basada en la conspiración, con dos episodios importantes: en 1943 varios tenientes generales dirigieron una carta colectiva a Franco en la que le pedían la restauración de la monarquía; en 1945, Juan de Borbón hizo público el Manifiesto de Lausana, en el que solicitaban a Franco que se retirara para restaurar la monarquía parlamentaria.
La oposición armada, llamada maquis o guerrilla tuvo dos frentes. El primero se formó a partir de núcleos que subsistían diseminados por zonas de montaña desde finales de la Guerra Civil; su objetivo era continuar una guerra que no daban por acabada. El segundo grupo lo constituían las unidades que habían luchado victoriosamente contra los alemanes en Francia y que en 1945 se concentraron en los Pirineos para invadir España. Entre 1944 y 1950 intervinieron en varias zonas y su acción más espectacular fue la ocupación del valle de Arán. Pero el aislamiento entre los diferentes grupos, la represión militar y el recuerdo de la guerra, experiencia que la población civil no quería repetir, explican su fracaso.
A finales de la década de 1950, la oposición interior experimentó tres cambios significativos: la renuncia a la práctica violenta, la transformación social y generacional de sus miembro, con una nueva generación que no ha vivido la guerra, para la que el franquismo resulta algo anacrónico y el impulso de la actuación opositora en las universidades y en el movimiento obrero: se crea el frente de Liberación Popular, conocido como “Felipe” y tiene lugar huelgas laborales en Cataluña, Vizcaya y Asturias, en las que nace un nuevo sindicalismo de base que se organiza en torno a Comisiones Obreras. Se está gestando así la nueva oposición que actuará en los años del desarrollismo.
Por otro lado, en estos momentos Europa está dando los primeros pasos en la construcción de lo que hoy es la UE: el Tratado de Roma era reciente, se había firmado en 1957. El objetivo de este Congreso, convocado por el Movimiento Europeo, era defender la democratización de las instituciones europeas, pero la Delegación española orientó estas exigencias hacia la situación en España.
La delegación española fue la más numerosa. Estaba integrada por intelectuales y políticos de diferentes tendencias: liberales, demócratacristianos, monárquicos, republicanos y socialistas. 80 vivían en España, y los 38 restantes estaban en el exilio, de manera que el Congreso se planteó como reconciliación entre españoles de ideologías diferentes que tenían en común su oposición al franquismo y su visión europeísta. Entre los asistentes estaban Salvador de Madariaga, republicano, Joaquín Satrústegui, que había apoyado el Alzamiento pero a partir de 1940 se distanció de Franco por ser partidario de la restauración de la Monarquía con D. Juan de Borbón o el socialista Enrique Tierno Galván. La oposición monárquica, los liberales y democratacristianos, que habitualmente hicieron una oposición de salón, tuvieron en este Congreso su actuación más destacada.
El texto plantea en las líneas 1 a 5 que los países que deseen participar en el proceso de construcción europea deberán reunir unas determinadas condiciones democráticas. Pues bien, en el párrafo final /líneas 15-18) plantea, en términos suaves, la esperanza y la voluntad de que España cumpla también esos requisitos, y hace partícipe de ese deseo a la mayoría de los españoles. Aunque no se alude al régimen de Franco ni se le condena, la crítica es obvia, pues ninguno de los requisitos enumerados en los cinco artículos se cumplía en España:
Los artículos están redactados de manera que dejan de manifiesto las carencias del régimen de Franco y su carácter antidemocrático. A través del articulado se deducen los fundamentos del Régimen de Franco:
El franquismo carecía de “instituciones auténticamente representativas y democráticas” (línea 6). En efecto, las Cortes franquistas, que plasmaban la “democracia orgánica”, no eran elegidas por la población y carecían de poder real, pues el Caudillo acumulaba todos los poderes, incluido el legislativo. Se limitaban a aclamar las decisiones del Dictador.
No existían en España derechos y libertades; el Fuero de los españoles de 1945 establecía unos derechos que eran papel mojado, pues estaban limitados por los Principios del Movimiento Nacional. En la línea 9 alude a la “censura gubernativa”, que se practicaba sistemáticamente.
El tercer artículo alude, de forma vaga, al reconocimiento de la “personalidad de las distintas comunidades naturales”; su inclusión puede deberse a la presencia de nacionalistas vascos y catalanes en el Congreso. El Estado de Franco era férreamente centralista y el bagaje de los vencedores de la Guerra Civil incluía la sagrada unidad de España y el odio al separatismo: cualquier signo de identidad nacionalista era perseguido.
El artículo 4º alude a la libertad sindical y el derecho de huelga, negado en España. El Fuero del Trabajo de 1938, creado a imitación de la Carta del Lavoro italiana, establecía el sindicalismo vertical, de afiliación obligatoria para empresarios y trabajadores por ramas de producción.
Por último, el artículo 5º reclama la libre existencia de partidos políticos y derechos para la oposición: el Decreto de Unificación de 1937 suprimía los partidos políticos y creaba el sistema de partido único, en torno a FET y de las JONS. Ya hemos explicado más arriba la representación que sufríó cualquier tipo de oposición.
La importancia de este Congreso radica en que por primera vez personalidades de gran peso intelectual se manifestaban claramente contra el Régimen en un foro internacional. Esta repercusión molestó profundamente a Franco que en estos años intentaba mejorar su imagen como artífice de la Paz y no tanto como Caudillo Vencedor de la Guerra. El diario falangista “Arriba España” acuñó el término “Contubernio” para referirse a este Congreso. Los congresistas que volvieron a España fueron represaliados, apartados de sus cátedras universitarias y desterrados.