se trata de un gráfico de barras verticales que muestra las cantidades económicas que supusieron las desamortizaciones realizadas en la España liberal entre 1836 y 1867, clasificadas a partir de dos aspectos: las que afectaron a propiedades eclesiásticas, las cuales están representadas por barras de color blancas y las que afectaron a propiedades civiles que están representadas por barras de color negras. La cuantía económica en la que se expresan los valores en millones de reales de vellón, en el eje vertical de la izquierda.
El proceso efectivo de desamortización se inicia en España a partir 1836, como muestra el gráfico. Ya anteriormente, bajo el reinado de Carlos III y durante la breve vigencia de la Constitución de 1812, las autoridades políticas españolas manifestaron en diversas ocasiones la necesidad de desvincular las tierras productivas de las manos muertas (nobleza y clero), sometidas a un régimen feudal que favorecía una escasa producción y productividad, inmóviles en un mercado de la tierra inexistente, con propietarios de mentalidad rentista y sin aportar recursos económicos al estado (impuestos).
Pero es a partir de 1836 cuando se inicia el proceso desamortizador en España. Este consistíó en desvincular la propiedad de la tierra, en manos de la nobleza y el clero, y convertirla en un objeto de compra y venta, tratando así de crear un mercado que permitiese desarrollar las actividades agropecuarias en función de criterios del liberalismo económico.
Así, las desamortizaciones formaron parte de la deconstrucción que el estado liberal español inició del Antiguo Régimen, y que consistíó en: abolición de los señoríos y del régimen feudal, desvinculación de los mayorazgos, libertad de contratación y producción, supresión de la Mesa y los gremios medievales y toda una serie de disposiciones legales más que fueron encaminadas a asemejar a España a los estados liberales europeos, tanto desde el punto de vista económico como político.
En España, el proceso tuvo dos momentos culminantes.El primero de ellos tiene lugar con la llegada de los liberales progresistas al gobierno en 1836 y con la elaboración de la Constitución de 1837, encabezados por Juan Álvarez Mendizábal. Es quien inicia la primera gran desamortización en España, forjada como un intento de reforma agraria que, más allá del objetivo general de transitar hacia un estado libertad en todas sus vertientes (liberalización de la tierra, mejorar el sistema de explotación agropecuario,etc), trataba de obtener recursos económicos para dotar al ejército liberal en su lucha contra los carlistas y disminuir el déficitde la hacienda española, expropiando tierras que se declaran de interés público y concedíéndolas mediante subasta a los mejores postores. Como puede observarse en el gráfico, esta primera desamortización afectó sobre todo a las propiedades en manos del estamento eclesiástico, cuyos efectos fueron en una primera etapa muy destacados pero que se diluyeron a partir de 1845 con la llegada al poder de los moderados. Los bienes civiles, en manos de la nobleza, prácticamente no se vieron afectados en este primer proceso, básicamente porque aún el régimen liberal no estaba bien asentado en España y la nobleza aún tenía enorme influencia y poder, además de formar parte, en numerosos casos, de la administración política isabelina, por lo que no iba a legislar en contra de sus propios intereses económicos.
Una segunda etapa en este proceso se inicia a partir de 1854, con la llegada nuevamente al poder de los liberales progresistas en el denominado Bienio Progresista de 1854-56, tras haberse detenido su progresión en la Década Moderada y haberse llegado a un acuerdo con Papado en 1851 para paralizar la expropiación de las tierras eclesiásticas. El artífice en esta segunda etapa fue Pascual Madoz, y afectó principalmente a los bienes civiles (propiedades del mismo Estado, nobleza y especialmente bienes colectivos de los ayuntamientos), aunque también a los eclesiásticos y de las órdenes militares. Nuevamente se pretendía aumentar los recursos de la hacienda española y crear definitivamente una clase burguesa de propietarios que produjese según criterios de rendimiento capitalista. Esto, en términos generales, se consiguió a medio plazo, aunque en realidad muchos de los nuevos propietarios procedían de la nobleza anterior, cuya relación con las tierras ya no será de señores sino de propietarios agrícolas, explotando la tierra con jornaleros.
Lo más perjudicados en este caso fueron los pequeños campesinos, que además de acelerarse su proceso de jornalerización, se vieron desposeídos del uso de las tierras comunales de los pueblos, tierras que ahora serán objeto las expropiaciones y la privatización y compradas por grandes y medianos terratenientes y funcionarios.
Como puede observarse en la gráfica, la venta de propiedades civiles se inicia con solvencia ya desde 1855, pero es en el periodo de 1858-67 cuando alcanza sus mayores niveles, arrastrando también a los bienes eclesiásticos. Así, esta segunda etapa desamortizadora aceleró el proceso de creación de un mercado liberal de la tierra, una clase de terratenientes burgueses, otra de jornaleros sin propiedades y un sistema de explotación agropecuario teóricamente capitalista, pero en la práctica obsoleto y continuador del sistema anterior. Los antiguos nobles serán ahora los nuevos burgueses, y por tanto la misma casta privilegiada y dirigente que perpetuara a su poder e influencia en España. Los antiguos campesinos medievales y vinculados a la tierra serán ahora las nueva clase jornalera,libre, pero explotada a cambio de un mísero sueldo.