En el último periodo del reinado de Isabel II (1843-1868) estuvo caracterizado por una fase de expansión económica en toda Europa. A mediados de 1860 la situación empezó a cambiar y en el 1866 se produjo el inicio de la crisis económica. La recesión se manifestó a un nivel financiero e industrial y constituyó la primera crisis del tema capitalista a nivel internacional, que coincidió con crisis de subsistencias que tuvo consecuencias en las clases populares.

La crisis financiera, provocada por las acciones en Bolsa se originó debido a la crisis de ferrocarriles. La construcción de la red ferroviaria implicó una gran inversión de capitales en Bolsa pero su rendimiento económico fue menor. El escaso desarrollo industrial español no fue suficiente para que tuviese una gran demanda, y el valor de las acciones se desplomó. La situación provocó la crisis de muchas entidades financieras. La crisis financiera coincidió con la crisis industrial, en Cataluña. La industria textil se abastecía con algodón de EEUU, pero la Guerra de Secesión americana (1861-1865) provocó un periodo de “hambre de algodón”. El sector algodonero no pudo afrontar los elevados precios debido a la crisis económica. La crisis de subsistencia (1866) causó malas cosechas que dieron escasez de trigo. En el 1865 y 1867 el trigo aumentó un 65% y en el 1868 este cereal ya había doblado su precio respecto al 1865. En las ciudades tuvo lugar una oleada de paro que provocó un descenso a nivel de vida de las clases trabajadoras.

A mediados de 1860, gran parte de la población resultó en contra del sistema isabelino. En 1866, después de la revuelta de sargentos del cuartel de San Gil, O’Donnell fue apartado del gobierno por la reina, pero los siguientes gabinetes del Partido Moderado (Narváez y Bravo) continuaron gobernado por decreto, cerraron las Cortes e hicieron oídos sordos a los problemas del país. El Partido Progresista, dirigido por Prim, practicó una política de retraimiento, se negó a participar en las elecciones; el Partido Demócrata se encontraba en la misma situación y ambos firmaron un Pacto de Ostente en 1867, con la voluntad de unificar sus actuaciones para acabar con el moderantismo en el poder.

A dicho pacto, se adhirieron los unionistas en 1867 tras la muerte de O’Donnell. Esta adhesión fue fundamental para el triunfo de l revolución. Los unionistas (Serrano) aportaron ejércitos. Pero por otro lado el cambio social de los unionistas contrarrestó el peso de los demócratas y redujo el levantamiento de 1868.

El 19 de Septiembre de 1868, la escuadra concentrada en la bahía de Cádiz, al mando Juan Bautista Topete, protagonizó un alzamiento militar contra el gobierno de Isabel II. Prim, exiliado y Serrano se reunieron con los sublevados y consiguieron el apoyo de la población gaditana, tras la publicación de un manifiesto con el lema: ¡Viva España con honra! En los días siguientes. Prim fue sublevando a Málaga, Almería y Cartagena.

El gobierno de la reina Isabel II defendió el trono, envió desde Madrid un ejército para enfrentarse con los sublevados que se reagrupaban en Andalucía, al mando de Serrano.

Ambas fuerzas se encontraron en el Puente de Alcolea, donde el 28-S se libró una batalla que dio la victoria a las fuerzas afines a la revolución. El gobierno dimitió y la reina tuvo que exiliarse. Del pronunciamiento militar y de los hechos bélicos tuvieron protagonismo las fuerzas populares dirigidas por un sector de los progresistas En muchas ciudades se constituyeron Juntas revolucionarias que organizaron el levantamiento y lanzaron llamamientos al pueblo. El radicalismo de algunas propuestas de las Juntas revolucionarias no era compartido por los unionistas y progresistas que su objetivo de derrocar a la monarquía. Tras entrar en Madrid los sublevados propusieron a la Junta revolucionaria de la capital, bajo su control un Gobierno provisional de carácter centrista. El general Serrano fue proclamado regente y el general Prim, presidente de un gobierno. El nuevo ejecutivo ordenó disolver las Juntas y desarmar a la Milicia Nacional.

El nuevo gobierno provisional promulgó decretos para dar satisfacción a algunas demandas populares y convocó elecciones a Cortes constituyentes. Los comicios fueron los primeros en España que reconocieron el sufragio universal masculino. Las Cortes se reunieron en el mes de febrero y crearon una comisión parlamentaria encargada de redactar una nueva Constitución, aprobada en junio del 1869.

La Constitución de 1869 estableció un amplio régimen de derechos y libertades: derechos de manifestación, libertad de enseñanza, etc. La Constitución también proclamaba la soberanía nacional, de la que emanaban tanto la legitimidad de la monarquía como los tres poderes. El Estado se declaraba monárquico. Las Cortes se componían de un Congreso y un Senado, que deberían reunirse al mismo tiempo.

Proclamada la Constitución y con el trono vacante, las Cortes establecieron una regencia que recayó sobre el general Serrano y designaron jefe de gobierno a Prim. El nuevo gobierno fue recibido con simpatía por Europa.