Reformas borbónicas s. XVIII , claveS para entender cómo se llegó al proceso emancipador de América, resistencia de la población que protestó contra ellas, límites de visión política, representaron un fracaso en cuanto significaron la alienación de la élite criolla. Una élite que había atravesado un momento álgido de la crisis económica de España: a partir de la segunda mitad del XVII, la Corona mostró un cierto desinterés político hacia sus colonias, debido a los graves problemas financieros que tenía.
El objetivo era la recuperación económica de España, tras el declive en el que había caído entre la segunda mitad del XVII y el Siglo XVIII. La crisis era también política. La venta de cargos perduró hasta 1751, favorecíó a los criollos que por fin accedían a puestos incluso importantes – presidente de las Audiencias .
Con las reformas se trataba de volver a arrebatar a los criollos el poder efectivo que habían adquirido. La compra de cargos y la posesión de los medios económicos les había conducido a una cierta autodeterminación y autonomía.
En España la Monarquía parecía perder autoridad, la muerte de Carlos II tuvo efectos nefastos sobre España que vivíó en su propia piel los efectos de la guerra civil: la Guerra de Sucesión española fue algo más que una guerra dinástica, porque estaban en juego también los derechos para el control del comercio transatlántico.
La Guerra de Sucesión, que se concluyó en los años 1713-14, tuvo dos claros vencedores: Inglaterra, que se quedó con Menorca y Gibraltar, y consiguió el monopolio del asiento de negros en la América Española; y Austria, que recibía todas las posesiones italianas y los Países Bajos, durante siglos en mano hispana; Francia se quedó con un Borbón en el trono español, Felipe V. Además de todas esas pérdidas, España había cedido a Portugal la colonia estratégica de Sacramento, en la frontera entre Rio de la Plata y Brasil. Le será devuelta en los años 50 del XVIII. 2 Tras la paz de Utrecht, la prioridad para España fue la de redirigir sus principales atenciones a sus Américas, entendiendo que su rescate económico y su fuerza política podía volver a avivarse a partir de ahí: los territorios americanos tenían que resultar rentables y la rentabilidad se obténía, en definitiva, creando un equilibrio y una complementariedad entre metrópoli y colonias.
Para ello, se crearon nuevos organismos; los consejos antiguos se convirtieron en simples órganos consultivos y sus funciones se trasladaron a las nuevas Secretarías de Estado. El intento era el de eliminar el carácter pactado y de pleitos típico de los Austrias, actuando a través de un más firme poder ejecutivo. El ejército se reformó del todo con nuevos cuerpos y la supresión de los tercios. Asimismo, se hicieron reformas fiscales con tal de racionalizar la recaudación de los impuestos, en primer lugar recuperando su control que estaba en manos de particulares y eliminando las abundantes exenciones. Estos cambios propiciaron un aumento considerable de ingresos, debido también al crecimiento demográfico y económico, en general. Además, la Corona aumentó la presión fiscal de acuerdo con la producción. Para América fue un problema, pues hasta entonces la presión fiscal había agraviado apenas a los peninsulares y a los criollos.
Comparándola al resto de Europa, España llegaba con retraso a la implantación del estado absoluto, caracterizado por el protagonismo de unos ministros ilustrados que dejaron un papel secundario a los reyes. El absolutismo se implementó mediante dos estrategias: la primera era la de marginalizar a la aristocracia de los Consejos; la segunda era la de reforzar la tradición regalista en detrimento de las pretensiones eclesiásticas vaticanas (el concordato de 1753 entre Santa Sede y España ratificaba esta primacía), valorando la supresión de las órdenes religiosas como un camino posible, pues se les consideraba como una carga inútil para la producción y la sociedad.
Ese largo camino de reformas inició con el monarca Borbón, Felipe V, cuando aún la guerra de sucesión no había acabado, y terminaría con la revolución francesa. El modus operandi consistía en crear nuevos organismos sin abolir los anteriores para no generar conflictos, aunque los viejos organismos como el Consejo de Indias o la Casa de Contratación perdían poder.
A partir de 1717 todos los consejos se transformaron en consultivos, pero el Consejo de Indias continuó a funcionar como Tribunal Supremo hasta las independencias. Sin embargo, todas las demás funciones del Consejo de Indias pasaron a 3 la nueva
Secretaría de Marina e Indias, que a partir de 1720 se conocería como Secretaría de Indias, Marina y Guerra. Ésta se encargaba de asuntos administrativos, emitía cédulas, ordenanzas, nombramientos y determinaba los ceses de funcionarios. En 1747 el rey Fernando VI dio instrucciones para que el Consejo de Indias no se entrometiese en los asuntos financieros, militares y comerciales que la Secretaría debía resolver.
En 1717 la Casa de Contratación se trasladó de Sevilla a Cádiz. Ya hacía tiempo que Cádiz desempeñaba un papel importante en el comercio. El traslado de la Casa de Contratación se puede interpretar como un reconocimiento de la nueva supremacía gaditana, tras años de pleitos y enfrentamiento con Sevilla. Al cabo de pocas décadas, los consulados acabaron arrebatando las funciones a la Casa y en 1790 se suprimíó definitivamente el organismo, en realidad muerto hacía años.
Hubo también una reestructuración territorial con tal de mejorar la defensa fronteriza y captar nuevos recursos. Una novedad del XVIII fue la inauguración de un nuevo virreinato, el de Nueva Granada en 1717 (suprimido en 1723 y restaurado en 1739), que englobaba Colombia, Panamá, Ecuador y Venezuela. Esa creación se debíó a las preocupaciones frente al avance inglés que amenazaba y agredía la costa septentrional de Suramérica. Esa medida fue acompañada por la militarización de los territorios fronterizos, con la creación de Comandancias y nuevas Capitánías que causaron conflictos de competencias con los virreyes, en los que la Corona mantuvo una actitud cambiante. Esta militarización llevó a la institución de las Capitánía general de Venezuela, en 1777, que rompía así su dependencia del virreinato de Nueva Granada, y a la de Chile en 1798, que se separaba de Perú. Los capitanes generales de Provincia eran cargos militares que ejercían el gobierno y dependían directamente de Madrid.
En 1776, quizás demasiado tarde, la gobernación de Río de la Plata se convirtió en un nuevo virreinato, que llegaba hasta Potosí en Bolivia y englobaba el Paraguay y Tucumán, además de Argentina y Uruguay. Todo ello a expensas del virreinato peruano, para el cual fue el comienzo de su desastre económico. En ese caso se trataba de una medida para defenderse de los portugueses y organizarse, incluso, para una contraofensiva.
INTENDENCIAS Desde el punto de vista administrativo, la reforma más interesante e impactante fue la implantación de las intendencias, en 1749 en España y a partir del año 65 en América. Se trata de una institución de origen francés, que pretendía establecer en cada virreinato un superintendente general, como jefe supremo de la hacienda pública. Sometidos a éste, estaban los intendentes, uno por cada provincia o gobernación. Sus tareas tocarían muchas facetas de gobierno: justicia, hacienda, guerra, poder ejecutivo y ejercían de vicepatronos en ámbito eclesiástico. Gracias a ellos se tenían que ejecutar las reformas en su distrito y la reorganización económica. Eran figuras pensadas para insertarse entre el gran poderío de los virreyes, a los que les arrebatarían funciones, y los corregidores, que ahora iban a desaparecer junto a los alcaldes mayores, siendo substituidos por subdelegados del intendente. Es decir, las intendencias se configuraban como unidades administrativas intermedias entre el virreinato y los organismos locales. Se trataba de un sistema que favorecíó la circulación de informaciones y órdenes entre las diferentes provincias y la capital virreinal. La introducción del sistema de intendencias fue al origen del malestar de las burocracias coloniales: los virreyes no querían perder sus funciones y las oligarquías criollas respaldaron sus protestas. Por ende, a través de una actitud “pasota” americana que consistía en ignorar las nuevas disposiciones y no aplicarlas en la medida de lo posible, la implantación de las reformas retrasó por doquier. José Bernardo de Gálvez, considerado como el principal impulsor de las reformas en los años 60 y 70, fue el visitador de Nueva España que denunció toda la lascivia, la corrupción y abusos de los viejos oficios. Apuntó a ganarse el apoyo popular contra algunos cargos, como los alcaldes mayores, tildados de tiránicos: unos funcionarios que no cobraban sueldo, y que sin embargo recaudaban el tributo indígena a cambio del monopolio comercial con las comunidades de nativos. En definitiva, las reformas administrativas supusieron la centralización estatal de cuantas más funciones públicas y significaron el intento de arrancar el poder a las élites criollas, substituyéndolas por unos “hombres nuevos” enviados directamente de la península a los que se les había inculcado los ideales de los reformadores. Éstos, sin 5 embargo, infravaloraron la capacidad de resistencia de las élites criollas y la naturaleza “pactada” de las relaciones de poder entre metrópoli y colonias, que habían caracterizado la segunda mitad del XVII y el comienzo del XVIII. Estas nuevas propuestas destruían la flexibilidad de los tiempos anteriores.