El Gobierno Provisional decretó una serie de medidas de urgencia: concesión de una amnistía para presos políticos, proclamación de las libertades políticas y sindicales y designación de altos cargos de la administración. Se anunció una reforma agraria y del ejército, y medidas para afrontar la crisis económica.

    Apenas accedió al poder, el gobierno provisional tuvo que enfrentarse a diversos problemas:

La proclamación de la República Catalana por Francesc Maciá el mismo día 14. Tras una entrevista en Barcelona, Esquerra Republicana de Cataluña renunciaba a la “República Catalana” a cambio del compromiso del Gobierno Provisional de que aprobaría en las futuras Cortes Constituyentes un Estatuto de Autonomía.

En el mes de mayo se produjo la quema de iglesias y conventos por incontrolados de la izquierda revolucionaria, que veía en los privilegios de que gozaban el clero una causa más de su miseria; la derecha conservadora y católica se sentía ofendida por estos actos y veía peligrar su buena posición ante la creciente influencia de los grupos de izquierda revolucionaria.

   En definitiva, las promesas de cambio contaron con un amplio apoyo popular, pero también con la animadversión de la oligarquía agrícola y financiera, parte del ejército y de la Iglesia.

      Las elecciones del 28 de junio, con una alta participación (70,14%), dieron en general el triunfo a todos los partidos que integraban el Gobierno Provisional, que coparon cerca del 90% de los escaños en disputa. Pero en realidad fue una aplastante victoria de la coalición republicana–
socialista (PSOE 116, Acción Republicana 30), por sólo 50 de los partidos de la derecha monárquica y católica. El Parlamento pasó a ser el centro de la vida política del país y sus sesiones adquirieron una amplia repercusión en la prensa y en la opinión pública, que fue politizándose poco a poco.

Fuerzas políticas de la II República (no todas formadas aún para las elecciones de 1931):

     Partidos republicanos en la izquierda: destacaron dos partidos republicanos de ámbito estatal, con más prestigio que fuerza electoral: el Radical-socialista, con cierta implantación entre las clases medias e intelectuales, y Acción Republicana (luego Izquierda Republicana), que contaba con importantes personalidades como Manuel Azaña. En el ámbito regional, lo mismo sucedía con la Organización Republicana Autonomista Gallega (ORGA), pero no así con Ezquerra Republicana de Catalunya, un partido de amplia militancia y fuerza electoral. Todos estos grupos eran partidarios de grandes reformas, pero no mantuvieron posturas revolucionarias.

      El partido más sólido y estructurado era el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que creció sobremanera durante este período, con dos tendencias: una socialdemócrata, encabezada por Julián Besteiro, partidaria de retrasar los planteamientos revolucionarios, y otra más revolucionaria, liderada por el secretario general de UGT, Largo Caballero, que consideraba la República sólo un camino a la revolución. Más a la izquierda se situaba el Partido Comunista de España (PCE), surgido de la rama revolucionaria del marxismo tras el triunfo bolchevique en Rusia, que creció rápidamente entre el movimiento obrero. 

     Formaciones republicanas de centro-derecha: había algunos partidos que habían contribuido al advenimiento de la República pero que derivaron hacia posiciones conservadoras contrarias a las reformas, como el Partido Radical de Alejandro Lerroux o la Derecha Liberal Republicana de Alcalá Zamora.

     Los partidos conservadores y católicos tradicionales se desmoronaron con la proclamación de la República, sobreviviendo una multitud de pequeños grupos, unos manifiestamente contrarios al nuevo régimen y otros demostrando cierta aceptación pero con posturas muy conservadoras. Cabe destacar el Partido Agrario, el Partido Liberal Demócrata y Acción Española (un núcleo intelectual dirigido por José Mª de Pemán y Ramiro de Maeztu, cuya misión era armar ideológicamente a la derecha y presentar a la monarquía católica y tradicional como la única defensa frente a la revolución social).

     El gran partido de la derecha católica y conservadora fue la Confederación Española de Derechas Autónoma (CEDA), surgida en 1933 y dirigida por José Mª Gil Robles, que defendía la propiedad agraria, la influencia de la Iglesia y el Ejército, así como los intereses de los propietarios. Y con los mismos objetivos, pero con una actitud claramente hostil a la República, se encontraban grupos monárquicos como Renovación Española, liderado por José Calvo Sotelo, que defendía abiertamente la necesidad de un golpe de Estado y que llegó a acuerdos electorales con los carlistas agrupados en la Comunión Tradicionalista.

     En Cataluña los grupos conservadores estaban representados por la Lliga Regionalista, y en el País Vasco por el Partido Nacionalista Vasco (PNV).

     En la extrema derecha antirrepublicana se sitúan pequeños grupos de corte nacionalsocialista y fascista que en 1931 crearon las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), unidas más adelante a Falange Española, partido fundado en 1933 por José Antonio Primo de Rivera, el hijo del dictador. Con una ideología antidemocrática y una defensa a ultranza del nacionalismo español, se organizaron en grupos paramilitares de acción directa, dispuestos a enfrentarse con los militantes de izquierda.

     Por otro lado están los sindicatos. Además de la socialista UGT estaba la anarquista CNT, en cuyo seno se debatían dos corrientes: los moderados de Ángel Pestaña, que mostraban un cierto apoyo a la República y  consideraban que la revolución sería obra de un esfuerzo colectivo de los trabajadores organizados sindicalmente; y los más radicales de la Federación Anarquista Ibérica (FAI), dirigida por Durruti o García Oliver, que defendían la insurrección armada.

Constitución de 1931:

     Los diputados electos formaron las nuevas Cortes Constituyentes (dominadas por la vencedora coalición republicano-socialista), que nombraron una comisión encargada de elaborar una nueva Constitución, la de 1931. Texto corta, de 125 artículos, tenía un marcado carácter democrático-progresista:

a) En su preámbulo establece la soberanía popular y define al Estado español como una “República de trabajadores de toda clase que se organizan en régimen de Libertad y de Justicia y donde los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo”.

b) El Estado se configuraba de forma “integral”, pero se aceptaba la posibilidad de constituir gobiernos autónomos en algunas regiones, al tiempo que reconocía las lenguas nacionales. 

c) Establecía la división de poderes de la siguiente manera:

– El poder legislativo residía plenamente en las Cortes, unicamerales (Congreso de los Diputados), cuyas atribuciones estaban por encima de las demás instituciones. Sus miembros eran elegidos cada 4 años por sufragio universal para mayores de 23 años, incluyendo por 1ª vez en la historia de España a las mujeres.

– El poder ejecutivo recaía en el Consejo de Ministros y en el presidente de la República, elegido por el Congreso de los Diputados por 6 años. Entre sus competencias,  restringidas y siempre bajo el control de la Cámara, se encontraba la de nombrar al jefe del gobierno.

– El poder judicial se confiaba a unos jueces independientes, al tiempo que establecía el jurado popular.

      d) Amplia declaración de derechos y libertades: libertad de expresión, de reunión, de asociación, de circulación, de libre residencia, de correspondencia, de inviolabilidad del domicilio; obligatoriedad (y gratuidad) de la enseñanza primaria; derecho a la propiedad individual; igualdad de ambos sexos en la admisión de cargos públicos y ante el derecho a la educación y el trabajo.

e) Preveía la posibilidad de expropiación forzosa de cualquier tipo de propiedades por causa de utilidad pública, mediante indemnización, así como la opción de nacionalizar los servicios públicos.

f) Establecía nuevos símbolos: bandera tricolor (morada, roja y amarilla) y escudo. El himno de Riego, a pesar de la creencia popular, nunca fue oficialmente el himno de la II República española.

g) El Estado español declara que no tiene religión oficial (laico), estableciendo la separación entre la Iglesia y el Estado. Los artículos referidos a este tema fueron los más debatidos. Al considerar a España un Estado laico, la Constitución estableció, con la oposición de las fuerzas conservadoras y católicas, la libertad de conciencia y culto, la desaparición del presupuesto de culto y clero, el matrimonio civil, el divorcio, los cementerios civiles, la prohibición a las órdenes religiosas de impartir enseñanza y la disolución de las que imponen un voto especial de obediencia distinta al Estado (por ejemplo los jesuitas).

   La Constitución del 31 recogía fundamentalmente las aspiraciones de la conjunción republicano-socialista ganadora de las elecciones del 31, y sentó las bases para las grandes reformas que formaban parte de su programa político (tierra, educación, cuestión religiosa etc.), al tiempo que suponía una democratización de las antiguas estructuras del Estado. Pero no fue aceptada por todos los grupos políticos, lo que sin duda le hubiese otorgado más estabilidad. El texto, aprobada por amplia mayoría pero sin un consenso total, puso de manifiesto las profundas discrepancias entre la izquierda y la derecha, sobre todo en lo referente a la cuestión religiosa y la autonómica. Los sectores católicos se opusieron a la no-confesionalidad del Estado, provocando durante la elaboración del texto la dimisión de los católicos del gobierno Provisional (Miguel Maura y Alcalá Zamora, del partido Derecha Republicana), por lo que Manuel Azaña sustituyó a Alcalá Zamora en la jefatura del Gobierno. La derecha no tardaría tiempo en conspirar contra ella al no ver recogido su ideario católico-conservador. Pero tampoco satisfacía a la extrema izquierda revolucionaria, que veía en ella una muralla contra la revolución social.

    Aprobada la Constitución en diciembre de 1931, se nombra el primer gobierno constitucional: de manera conciliadora las Cortes nombran a Alcalá Zamora (Derecha republicana) como Presidente de la República,  y Manuel Azaña (Izquierda Republicana) como Presidente del Gobierno.