Desamortizaciones en España: Impacto y Consecuencias en el Siglo XIX

Introducción

Durante el siglo XIX, España experimentó un cambio en la estructura agraria que, a diferencia de lo esperado por ilustrados como Campomanes o Jovellanos, no resultó en una mejora económica significativa. Estos pensadores creían que la clave para modernizar la agricultura residía en transformar el sistema de propiedad de la tierra, ya que el atraso se atribuía a la existencia de propiedades «amortizadas» (pertenecientes a la Iglesia), «baldíos» (de los municipios) y «realengos» (del Estado).

El problema radicaba en que estas tierras no generaban rendimiento ni podían ser vendidas, lo que incrementaba el precio de la tierra «libre» e impedía su mejora. Además, sus propietarios gozaban de privilegios que les eximían de tributar a la Hacienda Real.

La Desamortización, un proceso iniciado a finales del siglo XVIII y extendido hasta mediados del XX, consistió en un cambio en la titularidad de la propiedad de la tierra, más que en una reforma agraria integral. Se basó en la confiscación forzosa de tierras amortizadas para convertirlas en propiedad capitalista y permitir su comercialización. El Estado se apropiaba de estos bienes, ahora considerados nacionales, para luego subastarlos y transferirlos a manos privadas.

Sin embargo, la forma en que se llevó a cabo la venta resultó problemática, ya que favoreció la concentración de tierras en manos de unos pocos propietarios que ya poseían grandes extensiones. Esto impidió una mejora sustancial en el rendimiento agrario, agravando la situación.

Las desamortizaciones buscaban sanear la Hacienda, eliminar la Deuda Pública, fomentar el capitalismo en el ámbito rural y crear una clase de propietarios que respaldara el régimen liberal. No obstante, a pesar de la venta de numerosas tierras a bajo precio, el beneficio para el Estado fue limitado.

Desarrollo

El proceso desamortizador se desarrolló a través de varias fases a lo largo del siglo XIX:

1. Primer Proceso Desamortizador

• a) Primera fase (1798-1808): Liderada por Godoy y el ministro Miguel Cayetano Soler, durante el reinado de Carlos IV. Se inició con la autorización de la Santa Sede para expropiar bienes de los jesuitas y obras pías. Se desamortizaron bienes de la Compañía de Jesús, Casas de Misericordia y Colegios Mayores, por un valor superior a 1.500 millones de reales.
• b) Segunda fase: José I Bonaparte desamortizó bienes de órdenes religiosas y confiscó sus rentas para gastos de las tropas francesas. Estos bienes fueron devueltos en 1814.
• c) Tercera fase: Durante las Cortes de Cádiz, se promulgaron leyes para abolir los derechos señoriales, repartir bienes de propios y comunes, e incorporar al Estado bienes de órdenes religiosas disueltas por los franceses.
• d) Cuarta fase: En el Trienio Liberal, se aprobó la Ley de desvinculación de los señoríos, un Decreto que convertía en propiedad particular los baldíos y realengos, y la Ley de incorporación al Estado de bienes de monasterios y conventos disueltos.

Nota: La tercera y cuarta fase tuvieron un impacto limitado debido al regreso de Fernando VII.

2. Proceso de Desamortización General

• a) Desamortización de Mendizábal (clero regular, 1836): Juan Álvarez de Mendizábal impulsó esta desamortización, enfocada en los bienes de la Iglesia. Mediante decretos y leyes, se disolvieron comunidades religiosas (excepto las dedicadas a la enseñanza y beneficencia). El objetivo era sanear la Hacienda, crear propietarios afines al régimen liberal y desarrollar los sectores agrario e industrial. Se confiscaron bienes de comunidades religiosas y se subastaron a bajos precios, beneficiando principalmente a grandes propietarios y autoridades municipales (caciques locales). La Iglesia, al no ser compensada, excomulgó a expropiadores y compradores, lo que llevó a muchos a recurrir a intermediarios. El valor de lo vendido rondó los 3.440 millones de reales.
• b) Desamortización de Espartero (clero secular, 1841): Baldomero Espartero promovió la desamortización de bienes del clero secular, un proyecto elaborado por Pedro Surra Rull. Duró tres años y fue derogada tras la caída del partido progresista. La Iglesia reconoció la titularidad de las propiedades ya desamortizadas con el Concordato de 1851.
• c) Desamortización de Madoz (1855): Pascual Madoz impulsó la Ley de desamortización general, que afectó al resto de bienes de comunidades religiosas, clero secular, propiedades del Estado (incluidas las de órdenes militares como Calatrava) y ayuntamientos. Esta fase generó mayores ventas debido a su duración, volumen de bienes movilizados y repercusiones sociales. Aunque suspendida temporalmente, fue reanudada por los unionistas. En 1867, el Estado ingresó casi el doble de lo obtenido con la desamortización de Mendizábal, fondos destinados a cubrir el déficit presupuestario, amortizar la Deuda, obras públicas y reparar iglesias.

Este período se conoce como «desamortización civil», aunque el término es inexacto, ya que también se vendieron bienes eclesiásticos, principalmente del clero secular. Del total desamortizado, el 30% pertenecía a la Iglesia, el 20% a beneficencia y el 50% a propiedades municipales.

Conclusión

El proceso desamortizador tuvo diversas consecuencias:

• a) Sociales: Se acentuó la división entre una zona sur latifundista y una norte minifundista. En el sur, la tierra se concentró en manos de grandes propietarios, reforzando el latifundismo. Esto fomentó el desarrollo de ideologías conservadoras en el norte y socialistas/anarquistas en el sur, entre los campesinos sin tierras. La privatización de bienes municipales privó a muchos campesinos de recursos, impulsando la emigración a zonas industrializadas o América.
• b) Económicas: Se saneó parcialmente la Hacienda Pública gracias a los ingresos de las subastas. Se reactivó la agricultura, aumentando la superficie cultivada y la productividad. Sin embargo, predominó el cultivo de cereal, protegido por aranceles y de baja rentabilidad. La desamortización también contribuyó a la deforestación, y con el tiempo, muchas tierras fueron abandonadas.
• c) Urbanísticas y culturales: La privatización de bienes religiosos y culturales impulsó cambios urbanísticos, como ensanches y nuevos edificios públicos (ej. Teatro Romea en Murcia). Pero también se perdieron inmuebles y bienes culturales de monasterios, vendidos a precios irrisorios y, en muchos casos, trasladados a otros países.
• d) Políticas e ideológicas: Se buscaba consolidar el régimen liberal creando una nueva clase de pequeños propietarios afines. Sin embargo, la mayor parte de las tierras fue adquirida por grandes propietarios, marginando a ciertos sectores sociales en lo económico y político. Esto generó un cuestionamiento de la élite liberal del siglo XIX, que perdería poder político en el Sexenio Democrático, aunque lo recuperaría en la Restauración, a pesar del creciente rechazo social en el siglo XX.