La Restauración se inicia con el fin del Sexenio Democrático (1874) y se extiende hasta la II República (1931). Durante el Sexenio, Cánovas del Castillo, al frente del Partido Alfonsino, consiguió apoyos nacionales e internacionales que respaldan su proyecto de monarquía bajo el mandato de Alfonso XII. En 1874, tras el golpe del general Pavía, el príncipe Alfonso firmó el Manifiesto de Sandhurst, que ofrecía una monarquía constitucional y dialogante. A pesar de que Cánovas defendía un regreso pacífico a la monarquía, la sublevación en Sagunto encabezada por el general Martínez Campos en 1874 proclamó rey a Alfonso XII. A principios de 1875, Cánovas inició un gabinete-regencia y Alfonso regresó a España, restaurando la dinastía borbónica.
El sistema político de la Restauración, implantado por Cánovas del Castillo, fue la monarquía liberal parlamentaria. Los objetivos políticos del sistema canovista para conseguir la estabilidad política se centraron en el bipartidismo, la Constitución de 1876 y la pacificación del país.
El modelo político de Cánovas, inspirado en el británico, se basaba en la consolidación del Parlamento y la monarquía, y en la alternancia en el poder de dos grandes partidos (el turnismo), con el fin de evitar pronunciamientos liberales. Los dos partidos que se turnaron fueron: el Partido Conservador, liderado por Cánovas y formado por moderados, unionistas y católico; y el Partido Liberal, liderado por Sagasta y formado por progresistas, demócratas y republicanos moderados. El Partido Conservador estaba apoyado por la burguésía financiera y latifundista, y la aristocracia; y el Partido Liberal, por la burguésía industrial y comercial, funcionarios y profesionales liberales. Para lograr el turnismo, con la aceptación de ambos partidos, era necesario el fraude electoral. En un contexto de país agrario y atrasado, este fraude se sustentó en el caciquismo. Los caciques eran personajes ricos e influyentes en la España rural que, siguiendo las instrucciones del Gobernador Civil, amañaban las elecciones. De esta manera, el rey encargaba la formación de gobierno al partido que tocase, se disuelven las Cortes y se ponía en marcha el Encasillado (lista de diputados provinciales que debían salir elegidos). La lista se impónía mediante prácticas antidemocráticas caciquistas como presión, compra de votos y amenazas, y se manipulaba el censo (pucherazo).
Por otra parte, la elaboración de una Constitución era necesaria para legitimar el régimen. La Comisión Constitucional, presidida por Alonso Martínez y formada por una mayoría conservadora redactó la Constitución de 1876. Tuvo un carácter unitario de las constituciones anteriores, especialmente las de 1845 y 1869.
La Constitución establecía la soberanía compartida entre el Rey y las Cortes y una declaración de derechos y libertades fue amplia y parecida a la de 1869. Declara el Estado confesional católico pero permite otros cultos. Su división de poderes asignaba el legislativo a las Cortes bicamerales, formadas por el Congreso de los diputados, elegido por sufragio censitario, y el Senado, formado por figuras representativas y designados por el Rey). El ejecutivo residía en el que el rey y se ejercía mediante el Consejo de Ministros, a cuyo presidente el rey nombraba o cesaba. Además, el rey tenía amplias facultades como sancionar leyes, disolver las cámaras y convocar elecciones. El poder judicial residía en los tribunales, cuyo órgano máximo era el Tribunal Supremo.
El último objetivo, la pacificación del país, fue hacer frente a distintos conflictos. En primer lugar, la Tercera Guerra Carlista (1872-1876) se desarrolló principalmente en Navarra, País Vasco y Cataluña. La rendición de Cataluña supuso el final de la guerra, tras la cual se acordarán las Conciertos Económicos (1878). En segundo lugar, la Guerra de los Diez Años de Cuba finalizó con la Paz de Zanjón (1878), por la cual el general Martínez Campos se comprometíó a dar a Cuba cierto autogobierno. Sin embargo, no se pudo articular un sistema eficaz, desembocando en la Guerra del 95. En cuanto a política exterior, el propósito principal fue conseguir la aceptación del nuevo régimen en los países del entorno. Francia apoyaba a los republicanos mientras que Gran Bretaña y Alemania sí apoyaron la monarquía parlamentaria. Cánovas siguió una política de recogimiento, orientada más a tratados comerciales que a empresas de expansión militar. A su vez, el Vaticano y la Restauración tuvieron ciertos conflictos por la tolerancia religiosa estipulada en la Constitución de 1876 y el control estatal de la educación.
En el reinado de Alfonso XII (1875-1885), el gobierno lo ejercíó principalmente el Partido Conservador, salvo entre 1881 y 1884 que gobernó Sagasta. Cánovas restablecíó el Concordato con la Santa Sede, eliminó a los gobernadores nombrados en el Sexenio, prohibíó las asociaciones obreras y promulgó la Ley Electoral (sufragio censitario) y la Ley de Imprenta. En 1885 murió Alfonso XII, iniciándose la regencia de María Cristina de Habsburgo (1885-1902) con el Pacto de El Pardo, que reafirmaba el sistema de turno. El Partido Liberal tuvo un mayor peso legislativo durante la Regencia. En el Parlamento Largo de Sagasta (1885-1890) se aprobaron diversas medidas de reforma política: libertad de asociación y de prensa, el Código Comercio y el sufragio universal masculino. A pesar de esto, el sistema de turno siguió basándose en la adulteración sistemática de las elecciones.